El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que desde este lunes 16 de junio se inicia el periodo de inscripciones para el XVIII Concurso Público de Oposición y Méritos para el ingreso al Servicio Diplomático y Consular, en el rango de Tercer Secretario.

Están disponibles 20 cupos para todos aquellos interesados que tengan la vocación de servir al país desde el ámbito de las relaciones internacionales. El anuncio de las plazas disponibles se formalizó en abril pasado, mediante la Resolución 316, donde se dispuso la convocatoria del concurso público. La inscripción se podrá realizar íntegramente en línea, a través del portal electrónico del Ministerio de Relaciones Exteriores. El periodo se extenderá hasta el lunes 11 de agosto de 2025.

En dicho portal electrónico, los interesados podrán encontrar también el reglamento del concurso, los requisitos, las documentaciones necesarias para anexar en formato digital, el sistema de carga, el orden de presentación, los programas de estudio y las bibliografías.

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Explican que los postulantes que se inscriban deberán dejar constancia de su consentimiento expreso para someterse a las normativas, disposiciones y evaluaciones que se determinen, así como una declaración jurada donde afirme que todos los documentos que anexa son verdaderos.

Una vez completado el formulario y anexada correctamente la documentación requerida, el inscripto recibirá la notificación en su correo electrónico, con un código, que será el único medio de identificación a ser utilizado por el postulante durante todo el proceso del concurso.

Las materias obligatorias para las evaluaciones, con carácter eliminatorio, son: Historia de las relaciones internacionales del Paraguay en el contexto mundial, Lengua inglesa (Nivel B2), Lengua española, Derecho Internacional Público, Nociones de Economía y Comercio Internacional. Otras materias obligatorias (pero no eliminatorias) son: Lengua adicional (Portuguesa o Francesa) Nivel A2, Evaluación de expresión oral y escrita y Evaluación Psicotécnica.

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Los exámenes serán administrados conforme a la normativa vigente para este concurso en el cuarto trimestre del presente año. Las fechas y el orden de los mismos se irá dando a conocer progresivamente en el citado portal durante el periodo de inscripción y de revisión de las documentaciones presentadas.

Recuerdan que la preparación y ejecución de este concurso público está a cargo de la Academia Diplomática y Consular. La convocatoria se encuentra en etapa de una amplia divulgación a nivel nacional mediante charlas informativas en diferentes puntos del país.

La profesionalización de la carrera diplomática en el Paraguay se inició en el año 2000, con la aprobación de la primera Ley del Servicio Diplomático y Consular. Siete años después, se lanzó el primer concurso nacional para ingresar a dicha carrera con diez plazas.

El Jurado de Enjuicia­miento de Magistra­dos (JEM) se plan­teará reglamentar la Iniciativa 8, de la Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción, que restringe las comunicaciones de sus miembros con jueces o fiscales procesados. Esta reco­mendación formó parte de la declaración que realizara la Cumbre de Poderes que se realizó el lunes en Palacio de Gobierno, por iniciativa del presidente Santiago Peña.

El senador colorado Derlis Maidana, uno de los repre­sentantes del Senado ante el JEM, explicó a La Nación/ Nación Media que esta reco­mendación fue bien recibida y que incluso podría debatirse ya la próxima semana.

El planteamiento que sugiere el Punto 7 de la Declaración señalabásicamentequeseregla­mente y estipule normas para evitar las comunicaciones pri­vadas entre miembros del JEM con los magistrados encausa­dos, una práctica frecuente y que ha sido criticado abierta­mente tras la divulgación de los chats del caso Lalo Gomes “Tenemos un Código de Ética que se aplica a los directores generales y funcionarios que no pueden hablar con las per­sonas encausadas en el JEM. Yo creo que no habría mayo­res inconvenientes en que la mayoría del Jurado decida adoptar esa medida, tam­bién para los integrantes en el sentido que sean públicas las visitas, el derecho a la defensa garantizado en la Constitu­ción y que se prohíba el con­tacto directo entre el encau­sado y el miembro”, expuso el senador Derlis Maidana.

El legislador, representante de la Cámara Alta ante el JEM, manifestó que no ve obstácu­los en que los miembros apues­ten por reforzar sus normati­vas de modo de permitir una mayor transparencia y que la ciudadanía pueda tener cono­cimiento sobre el descargo de los jueces, fiscales, defensores, síndicos y todo aquel que tenga una causa abierta en el Jurado.

“Nosotros tomamos en cuenta esas recomendaciones y las tenemos que analizar como órgano extrapoder creado por la Constitución. Creo que nadie está ajeno en este momento a luchar para trabajar todos jun­tos y restaurar la credibilidad en el sistema de Justicia en gene­ral y en la institución en par­ticular. Esto lo trataríamos el próximo jueves a las 9:30 en sesión ordinaria”, adelantó.

“El llamado al diálogo entre los poderes es clave en cualquier país. Cuando se convoca a una cumbre hay que darse cuenta que esto refleja un compromiso institucional”, dijo el politólogo y consultor Víctor Genes, tras destacar el interés del gobierno del mandatario Santiago Peña en debatir sobre la problemática judicial. La reunión realizada el día lunes culminó con una declaración de siete ejes para la lucha contra la corrupción.

“Si no tenemos una solidez institucional con un respaldo político, no se podrá consolidar el Paraguay, y la corrupción estará desarro­llándose continuamente. Desde la voluntad política se consolidan las instituciones. La consolidación institucional genera buenas prác­ticas y las buenas prácticas se traducen en un ejercicio de buenas costumbres”, manifestó Genes, este martes, al programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM.

Las afirmaciones del analista surgieron ante el intento por parte de políticos opositores y disidentes colorados de desmeritar la iniciativa celebrada en el Palacio de Gobierno, calificándola como una “cumbre de la impunidad y un acto protocolar”, sin plantear propuestas para combatir la corrupción dentro del sistema judicial como consecuencia de la permeación del crimen organizado en las instituciones.

En el marco de la cumbre de poderes que convocó el Poder Ejecutivo el pasado lunes en Palacio de López, el presidente Santiago Peña hizo el anuncio de la próxima instalación del Consejo Nacional Anticorrup­ción, organismo que suplantaría a la Secretaría Nacional Anticorrup­ción (Senac), que quedó desmantelada porque no cumplía con los fines para los cuales había sido creada. La ley que crea este Consejo, que fue sancionado por el Congreso paraguayo en noviembre de 2024, establece que la Contraloría General de la República ejercerá la coordinación general de dicho consejo en conjunto con el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República. Se estipula, además, la creación de unidades de transparencia y anticorrupción en cada orga­nismo público, bajo la supervisión de la Contraloría General.

Camilo Benítez consideró que la declaración se enfoca en una idea común, el combate a la corrupción y el crimen organizado.

El contralor general de la República, Camilo Benítez, calificó la declaración de la Cumbre de Poderes como bastante relevante, seña­lando que aún sabiendo que puede haber diferen­cias entre sus integrantes, hay un aspecto en común: la lucha contra el crimen organizado. Por otra parte, destacó que la implementa­ción de la Iniciativa 28 de la Estrategia Nacional de Com­bate a la Corrupción podría traer más transparencia al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, según señaló a “Arriba hoy”, por GEN/Uni­verso 970.

Benítez recordó que esta reglamentación impone la restricción a los miembros del Jurado de mantener reunio­nes o comunicaciones priva­das con magistrados en gene­ral y que las comunicaciones de los miembros del JEM con cualquier magistrado debe­rán ser oficiales y públicas. Además, plantea sanciones a lo que considera una “falta grave” en el caso de la inob­servancia de esta disposición que ahora el Jurado deberá reglamentar.

“A mí me parece que el comunicado no es vacío, yo creo que contiene elemen­tos sustanciales de muchí­sima relevancia para aque­llos operadores de Justicia, para aquellas personas que pasamos alguna vez por el Poder Judicial, conoce­mos la presión que ejercen los miembros del Jurado de Enjuiciamiento sobre los jueces, fiscales, defen­sores y síndicos, y sabemos la enorme importancia que va a tener la reglamenta­ción”, destacó el funcionario.

La idea que se pretende con esta reglamentación es que no se vuelvan a repe­tir casos como el de Óscar González Daher o última­mente con Eulalio “Lalo” Gomes, en aparente con­nivencia con el ahora exdi­putado Orlando Arévalo, que actuaban como ope­radores o directamente influían sobre las decisio­nes que se tomaran desde este órgano.

La presentación de las cartas credenciales de los embajadores de Japón, España y Costa Rica fue el momento aprovechado por el presidente de la República, Santiago Peña, para entablar conversación con los diplomáticos que estarán prestando servicio en nuestro país.

El mandatario recibió este martes las cartas credenciales de los nuevos embajadores de Costa Rica, España y Japón y se tomó su tiempo de conversar con cada uno, haciendo un repaso de la agenda bilateral que mantiene Paraguay y sus respectivas naciones, así como el fortalecimiento de esos vínculos en beneficio de la ciudadanía.

La bienvenida oficial se dio durante una ceremonia que tuvo lugar en Palacio de Gobierno. El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano.

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Desde la Presidencia de la República compartieron breves informaciones para la presentación del nuevo representante diplomático del Estado de Japón, Katsumi Itagaki, quien fue el primero en entregar sus cartas credenciales.

El mismo es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Artes Liberales de la Universidad de Saitama, Japón, y diplomado en Relaciones Internacionales por la Escuela Diplomática de España.

Asimismo, ejerció funciones como diplomático en Colombia, Perú, España, Panamá, Guatemala, Ecuador y México. También fue cónsul general en León, México. Habla japonés, inglés y español.

Al embajador japonés le siguió el embajador del Reino de España, Javier Parrondo Babarro, quién igualmente presentó sus cartas credenciales al jefe de Estado.

De acuerdo a su fe de vida, el representante español es licenciado en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid y diplomático de carrera desde el 2004.

Estuvo como responsable del Departamento de Cooperación con el Mundo Árabe y Asia, en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), fue cónsul adjunto en el Consulado General de España en Jerusalén.

También se desempeñó como director general de Casa Asia, organismo de diplomacia pública sobre Asia-Pacífico en España, con sede en Barcelona y estuvo destinado en la representación permanente de España ante las Naciones Unidas con sede en Ginebra, y en las embajadas en Vietnam y Afganistán.

Fue condecorado con la Cruz de la Orden de Isabel la Católica en el 2015.

Por último, el jefe de Estado recibió las cartas credenciales del embajador de Costa Rica, Jeison Granados Sánchez, quién es profesional en comunicación y mercadeo.

Cuenta con 24 años de experiencia en Periodismo televisivo, radio, prensa escrita y comunicación institucional. Fue director de Radio Fides y San José TV, medios oficiales de la Arquidiócesis de San José, especialista en Marketing digital con habilidad para aumentar la visibilidad de las marcas. Comprometido con el trabajo y la innovación constante.

Como habilidades destaca el manejo del cambio, desarrollo gerencial, resolución de problemas, comunicación y de manejo personal, negociación influencia, inteligencia emocional, servicio al cliente. Así como la toma de decisiones, innovación, planeamientos y procesos.

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El Gobierno, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, remitió una nota a la Misión Permanente de las Naciones Unidas en Paraguay, expresando su absoluto desacuerdo a la decisión tomada por el Comité de los Derechos del Niño de dicha organización, que resolvió responsabilizar al Paraguay por la muerte de dos niñas durante una operación militar contra el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en el año 2020.

En el descargo de la Cancillería se señala que las conclusiones de este comité se apoyan en facultades asignadas unilateralmente a través de “metodologías internas de trabajo”, que contravienen abiertamente a disposiciones de superior jerarquía emanadas del Protocolo Facultativo, relativo a un procedimiento de comunicaciones.

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Asimismo, manifiesta que el informe conclusivo fue resultante de la investigación confidencial desarrollada por el Comité de los Derechos del Niño, y la representación diplomática recuerda que, de acuerdo al Reglamento del propio comité, establece que tanto la investigación como los documentos, y actuaciones relacionadas a ella deben tener carácter confidencial. Además, el Comité no tuvo en cuenta la información contextual y sustantiva proveída en su momento por el Estado paraguayo, “lo cual afecta seriamente la coherencia y rigurosidad” de la investigación.

“El Estado paraguayo considera especialmente grave que el Comité haya ignorado su requerimiento, oportunamente remitido mediante MPG/OI/n.° 107/2024, de que todos los documentos y actuaciones de la investigación se mantengan, como corresponde, con carácter confidencial y no sean publicados, por guardar relación con procesos y diligencias investigativas que aún se encuentran en curso en el ámbito de la jurisdicción interna”, expresa el documento.

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La Cancillería solicita a la Misión Permanente en Paraguay que se requiera al citado comité que la nota sobre la posición nacional sea publicada junto con los demás documentos relativos al proceso de investigación. Por tanto, el descargo del gobierno paraguayo rechaza categóricamente la posición que considera “poco objetiva y carente de imparcialidad”.

“Esta situación afecta seriamente la coherencia y rigurosidad de la investigación, por lo que lamentamos que el enfoque del comunicado de prensa del Comité empleó un lenguaje poco responsable, excesivamente generalizador, desbalanceado y terminológicamente impreciso, lo cual pone en duda la predisposición del Comité para entablar una colaboración realmente constructiva y de buena fe”, expresa finalmente el documento.