El abogado Pedro Ovelar, representante legal del exmandatario Horacio Cartes, repudió la falta de objetividad en el trabajo hecho por la Comisión Bicameral de Investigación al Lavado de Dinero y otros Delitos Conexos (CBI), presidida por el senador del Frente Guasu (FG) Jorge Querey. Sostuvo que el informe emitido por la instancia legislativa apuntará como un elemento de presión por parte del oficialismo y la Concertación para que el Ministerio Público paraguayo cumpla los caprichos de ambos sectores.

Lamentó que los integrantes del órgano de investigación, cuyo reporte se centró en publicaciones periodísticas e informes judiciales provenientes del Brasil, insistan en utilizar a la CBI como un garrote político, cuando la única causa que fue abierta en contra de Cartes fue anulada ayer martes por el Supremo Tribunal del Brasil, con sede en Brasilia, en tercera instancia.

“Por un lado nosotros tenemos la decisión de un Tribunal Superior del Brasil, objetivo e independiente que analiza los hechos en toda su dimensión y por el otro lado tenemos instituciones manipuladas al poder de turno, al interés subjetivo y sectarios de grupos políticos que sacan conclusiones totalmente erradas respecto a situaciones que son totalmente legales”, mencionó Ovelar en una entrevista en el programa “Tempranísimo”, emitido por el canal GEN/Nación Media.

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Denuncia presión a la Fiscalía

La causa guarda relación específicamente con el caso Patrón, derivado del Lava Jato, en donde quedó finalmente constatado que la vinculación o el aporte económico de Cartes al empresario Darío Messer no constituye un crimen en Brasil ni siquiera en Paraguay.

“Esos análisis errados son las que restan seriedad a su informe presentado. Acá es lamentable lo que está ocurriendo, están presionando a la Fiscalía para que indague como ellos quieren, ¿por qué debe estar sujeta a los caprichos del poder político? Utilizan la misma fórmula del estronismo para perseguir políticamente”, mencionó el abogado.

Por otra parte, Ovelar indicó que tras las decisiones adoptadas por el Tribunal Regional Federal de Río de Janeiro y el Superior Tribunal de Justicia de Brasil, no existen otras instancias para analizar los hechos sobre el caso. “Yo no llego a comprender cómo una comisión de estas características e importancia pueda afirmar cuestiones que son totalmente fuera de la ley o darle una connotación ilegal a situaciones totalmente legales. Es un absurdo”, puntualizó.

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