El Consejo de Defensa Nacional (Codena) se reunió ayer de manera extraordinaria para abor­dar sobre los últimos hechos ocurridos en varios puntos del país y la supuesta nueva aparición del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Las autoridades anunciaron que evalúan ampliar la capacidad de respuesta para la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en áreas de amenaza.

“Dado algunos hechos, ya del mes pasado y ahora otra vez, se necesita que elementos de las Fuerzas Militares actúen en coordinación con las otras instituciones en terri­torios que están fuera de los departamentos, que tienen límites para la actuación de la FTC, eso no quiere decir que va a haber un aumento, ni una migración en otros departamentos, pero sí la posibilidad de que las Fuer­zas Armadas hagan su tra­bajo donde vaya la ame­naza”, detalló Cíbar Benítez, ministro de Codena, en una conferencia de prensa.

La nueva disposición se rea­lizará vía decreto del Poder Ejecutivo con el objetivo de dar mayor y más rápida res­puesta en las áreas de ame­naza, en cualquier territo­rio, no solo en las limitantes donde operan la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).

“No podríamos quedarnos con una institución nacional atada a unos límites internos territoriales, siendo nosotros una República unitaria, ahí donde vaya la amenaza van a estar los elementos de las Fuerzas Armadas, limitadas, por supuesto, para algo espe­cífico. Eso va a salir proba­blemente en un decreto casi inmediatamente”, anunció el ministro del Codena.

Por su parte, el ministro del Interior, Enrique Riera, indicó que el presidente de la República, Santiago Peña, realizó un pedido claro para reforzar el trabajo en las áreas de amenazas y la pre­sencia de grupos criminales.

“La misión clara de la Poli­cía tiene dos puntos: uno trabajar coordinados con la dirección Antisecuestro, Inteligencia policial en su máxima expresión y expe­riencia, con el Batallón Mili­tar de Inteligencia, en forma conjunta para tener toda la información disponible para que conforme al decreto y al anuncio anterior podamos tener la respuesta en función a la amenaza”, detalló.

También, la Policía Nacio­nal va a aumentar de manera importante su presencia en un perímetro suficien­temente grande como para garantizar la seguridad de productores, de ciudadanos, y personas que se movilicen hacia esas zonas.

“Se podrán armar retenes para pedir documentos, cédula de identidad, docu­mentación de vehículos, de las personas que lo acompa­ñan, algunas explicaciones propias dentro del marco de la Constitución y la ley a los efec­tos de que en esa área se pueda sentir la presencia del Estado, de hecho lo venían haciendo, pero el pedido concreto del presidente de la República es hacer un plan, que de hecho, se estaba haciendo, pero que­remos aumentar la presen­cia policial en las comisarías y en las calles, en las rutas, en los caminos vecinales, en todos los lugares donde haya movimientos y trán­sito”, concluyó Riera.

“Dispuse el despliegue coor­dinado de elementos de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional en puntos estratégicos. Nues­tra prioridad absoluta es el retorno sano y salvo del compatriota secuestrado y el acompañamiento constante a su familia. Refor­zamos la presencia en el terreno para proteger a los productores, a las comunidades indígenas y a cada ciudadano de bien”.

El ministro de Defensa sostuvo que el principal objetivo del Gobierno es devolver a Almir a su familia.

El ministro de Defensa Nacio­nal, Óscar González, se refi­rió al plagio de Almir Brum, secuestrado el pasado sábado 21 de febrero presumible­mente por el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), en la localidad de Curuguaty. El ministro sostuvo que el prin­cipal objetivo del Gobierno es devolver a Almir a su familia.

“Hemos estado ayer en el terreno con el comandante de las Fuerzas Militares para cerciorarnos que todos los ele­mentos de combate, todos los elementos logísticos y de per­sonal estén puestos a dispo­sición de la búsqueda de este ciudadano que ha sido secues­trado por un grupo terrorista, presumimos, todavía tene­mos duda sobre eso”, refirió durante la conferencia de prensa del Consejo Nacional de Defensa (Codena).

González aseguró también que “las actividades de Inte­ligencia de reconocimiento en el terreno fueron incre­mentadas y van a seguir siendo incrementadas por­que el objetivo principal del Gobierno es devolver a este ciudadano sano y salvo al seno de su familia”.

Mientras tanto, reveló que el propio presidente de la Repú­blica, Santiago Peña, se comu­nicó con la familia para ase­gurar que desde el Gobierno se están realizando todos los trabajos y esfuerzos para dar un final positivo a la familia y la sociedad.

“Estuvimos conversando con los familiares ayer, le dimos la contención necesaria, le lle­vamos un mensaje del señor presidente de la República, es más, el propio presidente de la República habló tele­fónicamente con los padres, con la esposa y con los her­manos de la víctima. Todo el Gobierno de Paraguay está concentrado en esa parte del territorio paraguayo para que este caso de secuestro tenga definitivamente un resultado positivo”, sentenció.

En el marco de la “Operación Escudo Guaraní”, fuerzas de seguridad pertenecientes al Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi - FTC) destruyeron unos 186 mil kilos de marihuana en la localidad de Amaro Cué, distrito de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay.

Estos trabajos de erradicación de los cultivos ilícitos se realizaron con el apoyo del Ejército Paraguayo, la Armada Paraguaya y el Ministerio Público.

Con este esfuerzo coordinado entre las instituciones permitió alcanzar la eliminación de 5 campamentos precarios utilizados por las estructuras criminales para la producción ilícita.

Con la intervención, se sacó de circulación un total de 186.000 kilos de la droga, generando un impacto económico devastador para los narcotraficantes: un perjuicio de USD 4.500.000 en el mercado nacional y de USD 22.500.000 en el extranjero.

El trabajo conjunto reafirma el compromiso de las instituciones en la lucha contra el crimen organizado, debilitando sus estructuras, desgastando su cadena logística y protegiendo la seguridad y el bienestar de la población paraguaya, señalaron en un comunicado.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) afirmó que aumentar impuestos como el Impuesto a la Renta Personal (IRP) o el Impuesto al Valor Agregado (IVA) no es una alternativa viable para cubrir el déficit creciente de la Caja Fiscal, que financia las jubilaciones del sector público.

La postura fue expuesta durante una sesión de trabajo de la Comisión Permanente del Congreso Nacional. El viceministro de Economía y Planificación, Felipe González Soley, señaló que las propuestas de algunos sectores, docentes, policías y militares, de elevar impuestos para sostener el sistema no resultan sostenibles en el tiempo.

Al respecto, la gerente de Desarrollo Económico del MEF, Liz Coronel, presentó proyecciones financieras que muestran que el déficit del sistema ya se cubre con impuestos generales y seguirá creciendo si no se aprueba una reforma estructural.

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“Simulamos el impacto de subir impuestos como plantean algunos sectores. En el caso del IRP, la tasa debería subir del 10 % al 48 % en 2025, y luego aumentar cada año hasta llegar al 86 % en 2028”, explicó. En cuanto al IVA, detalló que una suba del 10 % al 14 % permitiría recaudar unos USD 1.144 millones anuales, pero sólo alcanzaría para cubrir el déficit de 2026 y 2027, y apenas una parte del de 2028.

Coronel advirtió que el 100 % del déficit de la Caja Fiscal en 2028 será cubierto con impuestos generales, lo que equivaldrá a unos USD 683 millones, un monto cercano al límite establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Según el MEF, la principal causa del desequilibrio es la ausencia de una edad mínima de jubilación, lo que beneficia principalmente al Magisterio Nacional, docentes universitarios, Fuerzas Militares y Policías.

Con esos USD 683 millones, el Estado podría financiar 10 hospitales de alta complejidad, otorgar pensión al 86 % de los adultos mayores, refaccionar 350 escuelas, pavimentar 3.200 kilómetros de rutas o ejecutar 16.000 hectáreas de alcantarillado sanitario.

El proyecto de reforma impulsado por el Poder Ejecutivo propone establecer una edad mínima gradual de 57 años, con nuevas tasas de sustitución y mayores incentivos para permanecer más tiempo en actividad. También prevé aumentar el aporte obrero-patronal del 16 % al 19 % y sumar un aporte estatal adicional del 3 % como empleador.

Desde el MEF reiteraron que sin cambios estructurales, el sistema seguirá presionando las finanzas públicas y comprometiendo recursos destinados a salud, educación e infraestructura.

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El presidente de la República, Santiago Peña, informó a través de sus redes sociales que este martes convocó la primera reunión del año del Consejo de Defensa Nacional (Codena). Indicó que el objetivo principal fue establecer la planificación estratégica de seguridad para todo el 2026, integrando los proyectos de cada institución del Estado.

“Trabajamos con firmeza y organización para asegurar que cada rincón del territorio nacional cuente con la seguridad necesaria para su desarrollo“, expresó el jefe de Estado.

En comunicación con La Nación/Nación Media, el ministro de Defensa, Óscar González, explicó que como primera reunión del año, fue con el propósito de que cada ministro que integra esta mesa de trabajo presente sus planteamientos sobre las cuestiones que se irán desarrollando durante todo el año 2026 en lo que respecta a seguridad interna y defensa nacional.

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Indicó que el objetivo principal de toda esta planificación estratégica es fortalecer, así como incrementar las tareas que se estarán llevando adelante, en el marco del Plan Estratégico de Defensa y Seguridad para el Desarrollo. Enfatizó que esa es la línea clara que marcó el presidente de la República en su carácter de titular del Codena.

Mencionó que son miembros plenos del Codena, los titulares del Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa Nacional, la Comandancia de las Fuerzas Militares, el Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el Jefe de Estado Mayor Conjunto, el Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otros miembros de las fuerzas militares.

Aclaró que si bien no podría brindar mayores detalles sobre lo conversado por tratarse de un tema de seguridad nacional e interna, no obstante señaló que se estuvo hablando sobre los protocolos de actuación conjunta y fortalecimiento institucional, el fortalecimiento de la cooperación internacional y la imagen del país en el ámbito militar, así como la construcción de equipamientos de infraestructura para la conferencia.

“Hemos hablamos del mejoramiento de las capacidades aeronavales a través de la recuperación y puesta a punto de un helicóptero de la Armada Paraguaya, finalización del mejoramiento de las instalaciones de la Escuela de Suboficiales de la Armada Paraguaya, que se encuentra en Puente Remanso, y la transición de medios aéreos, para que tengan mayor efectividad”, comentó.

Justamente, respecto a la adquisición de aeronaves, recordó que para marzo próximo están aguardando la llegada de dos nuevos aviones Super Tucanos, que con esto se completará lote de seis aviones que fueron adquiridos por el Estado paraguayo.

“Se va a completar el lote de seis aviones que fueron ya adquiridos por el gobierno de Paraguay, ya llegaron cuatro aeronaves el año pasado y en marzo vamos a recibir las dos últimas aeronaves de la empresa Embraer. También, esperamos la llegada de radares, que ya fueron adquiridos por el Paraguay, pero cuyo plazo de entrega de 30 meses está corriendo desde de enero del 2025. Estamos tratando de minimizar, de acortar ese plazo de entrega”, acotó.

Por otra parte, mencionó que le tocó informar al presidente Peña que para este año está previsto presentar varios proyectos normativos al Congreso Nacional.

Indicó que estarán planteando modificaciones a varias leyes militares, entre ellas la Ley 1.115/97 del Estatuto del Personal Militar. También plantearán modificaciones al Código Penal Militar, el Código Procesal Penal Militar, la Ley 1337 de Defensa y Seguridad, así como propuesta de modificación de Ley Orgánica de los Tribunales Militares.

“Le comento que la ley de organización de los Tribunales Militares es muy antigua, todavía no está adecuada a los tiempos modernos, porque con la nueva Constitución Nacional se modificó el sistema inquisitorio. Antes la carga de la prueba correspondía al que era acusado, y eso se modificó a la carga de la prueba a la persona que acusa, es decir a la Fiscalía. Entonces, todas esas modificaciones necesitamos hacer para que nuestras leyes realmente sean modernas y respondan a las necesidades actuales”, concluyó.

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