La Comisión Transitoria para Investigación de Lavado de Activos y Delitos Contra el Patrimonio, presidida por el senador liberal Dionisio Amarilla, entregó este lunes a la Presidencia de la Cámara Alta su informe final.

“Hemos cumplido con la misión. Nosotros habíamos trazado los ejes de investigación, el primero guardaba relación con el financiamiento político, la Justicia Electoral había accedido a datos sobre fondos que fueron a los partidos y candidatos políticos desde las oenegés. La otra guardaba relación con el lavado de activos a través del tráfico de armas y el sistema financiero. Con esto confirmamos que el Congreso tiene un rol relevante en efectuar la tarea de control“, comentó Amarilla en una entrevista con los medios de comunicación.

Agregó que el informe final también emite una serie de recomendaciones para diversas instituciones como la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la Contraloría General de la República (CGR), la Fiscalía entre otros. “Son recomendaciones de mejoras de gestión, no está en nuestro ánimo interferir en los trabajos que hacen estas instituciones que tienen su carta orgánica, autoridades, lógica y dinámica de acción, pero hay cuestiones que se pueden mejorar”, dijo.

Entre los puntos más resaltantes discutidos fue la necesidad de establecer un control riguroso sobre los fondos manejados por las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), tanto los recibidos del interior como del exterior, teniendo en cuenta las sospechas de que los recursos terminaron siendo utilizados para costear campañas políticas.

Durante el proceso de las indagaciones algunas de las organizaciones sin fines de lucro se negaron a contestar a la comisión sobre el uso que le dieron al dinero público. De un total de 12.000 organizaciones sin fines de lucro, apenas 6.000 tienen sus documentos en regla, según se reveló.

Durante su vigencia, la comisión también se interiorizó sobre el contrato de fideicomiso firmado entre la previsional y el Banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo por valor de G. 828.000 millones, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. La millonaria suma debió ser utilizada exclusivamente para obras: la terminación de Hos­pital Ingavi, construcción de Policlínica, construcción de Hospital Día y construcción de Hospital Hema­to-Oncológico, sin embargo, las mismas no están y el dinero se esfumó.

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Mediante una consultoría externa impulsada por la actual administración del IPS se detectaron desvíos en la utilización de los fondos para obras no previstas dentro del contrato, incumplimiento de cláusulas contractuales, descalce financiero debido a obras no contempladas inicialmente y la firma de certificados de obras por funcionarios no autorizados.

Entre los grandes temas que fueron indagados por la comisión se encuentran las denuncias impulsadas por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), que pudieran afectar a bancos y financieras por posibles hechos punibles de lavado de activos. Respecto a este caso, también estuvo en la mira la citada entidad bancaria.

Esto teniendo en cuenta la existencia de causas judiciales abiertas por presunto lavado de dinero que involucra al banco Atlas y al fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz.

El Banco Atlas acordó con Leoz la constitución de millonarios fideicomisos cuando ya existía sobre el dirigente una orden de captura internacional con fines de extradición, emitida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por lavado de activos entre otros delitos. Desde la Conmebol refieren que la entidad bancaria no activó las debidas diligencias establecidas por las normas vigentes para el combate al lavado de dinero.

También el bloque bicameral se interiorizó sobre el intento de despojo de la estancia Cielo Azul, por parte del Grupo Zuccolillo. La propiedad perteneciente al narco brasileño Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, se encuentra localizada en el distrito de Paso Barreto, departamento de Concepción, cuenta con 5.945 hectáreas y está valuada en USD 18 millones.

También fue objeto de estudio el caso del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista. El dirigente político de Amambay, sindicado de mantener vínculos con el narcotráfico había asegurado que aportó USD 1 millón para costear la campaña política del movimiento Fuerza Repu­blicana, del exmandatario Mario Abdo Benítez.

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En el marco de la causa por el homicidio de la adolescente María Fernanda Benítez, el juez José Armando Mendoza confirmó la medida de prisión preventiva para Franco Antonio Acosta Céspedes, dueño de la farmacia de donde el supuesto autor del homicidio habría comprado las píldoras abortivas.

La defensa de Acosta Céspedes había solicitado la libertad ambulatoria, pero el juzgado determinó que no se dan los presupuestos legales. Anteriormente ya habían solicitado también el cambio de calificación de la causa, pero el juez Gustavo Ovelar no dio lugar a la solicitud.

La causa figura como frustración de la persecución penal, atendiendo a que Acosta Céspedes no habría proporcionado toda la información solicitada por las autoridades al inicio de las investigaciones, lo que posteriormente llevó a varios allanamientos y más indagaciones.

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En el marco de las investigaciones, no solo se había corroborado la compra de las pastillas, sino que se encontraron otros medicamentos que también habrían sido comercializados en el mismo lugar. Se cuenta además con imágenes de circuito cerrado que ubican al supuesto autor del crimen en la farmacia en varias ocasiones.

Los encargados de la causa destacaron que este tipo de solicitudes aún no pueden ser aprobadas, ya que el caso se encuentra en pleno análisis de pruebas, remarcando que todas las aristas de este crimen, al igual que las evidencias que surgieron, están siendo analizadas.

La fiscal Alicia Fernández no descarta que la niña asesinada junto con su madre y su abuela en Capiatá haya sido víctima de abuso sexual por parte del presunto feminicida, identificado como Blas Ramón Serafini Báez (23).

Dijo que la investigación es aún incipiente, pero sí se pudo colectar información de que había “discusiones constantes” entre los miembros de la familia y el sospechoso del triple crimen.

Para la agente del Ministerio Público no hay dudas de que sería un agravante para el acusado sus antecedentes penales y haber sido exconvicto.

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“A la vista todavía no existen constancias efectivas, solamente hablamos de posibles. Y en caso de que así sea, sí obviamente es un agravante”, señaló a la 1020 AM. En cuanto a los cuerpos que se encuentran en la morgue judicial para la autopsia pertinente, se busca determinar además si hubo abuso sexual en la menor fallecida.

“No se descarta (abuso sexual), todo lo que podamos a través de la autopsia determinar, es el objetivo principal y primordial”, acotó. La agente fiscal afirmó que los cuerpos presentan muchas heridas, sobre todo en la cabeza, realizadas con distintos elementos: arma blanca y otros objetos contundentes.

“Tiene entre 10 y 18 horas la rigidez cadavérica. O sea que ocurrió entre la noche de ayer (por el sábado) y la madrugada”, expresó. Nada se descarta, respondió la fiscal cuando se le consultó si previo al crimen las mujeres fueron víctimas de abuso sexual. “No puedo anticiparme a nada, antes de que tenga los resultados de la autopsia”, sostuvo.

Aseguró que en el lugar del crimen no se hallaron drogas ni alcohol. “Solamente encontramos algunos medicamentos y que también vamos a analizar exactamente qué es”, puntualizó.

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En el marco de los 138 años de fundación del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el pasado 10 de julio, el longevo referente partidario, Julio César “Yoyito” Franco, realizó un análisis de la situación actual de la agrupación política en una entrevista para el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media, llamando a un diálogo entre todos los sectores internos.

“Las peleas del liberalismo, vamos a ir un poco más hacia atrás, siempre se producen porque en el liberalismo siempre estuvo fuerte la tendencia de decir no al manus militaris, el que tenía el mando en los cuarteles era el que ejercía el poder, así de claro. El partido siempre estuvo en esa tendencia”, expresó y señaló que el partido siempre pasó por divisiones enmarcadas en el personalismo o de equipos grupales.

“Las tendencias que yo veo hoy en el partido, yo veo que son más bien tendencias que pueden ser personalizadas, o de equipos grupales, pero no hay una gran diferencia sustancial en la forma de pensar. Hay diferencias en los liderazgos personales, porque lo que falta, para mí, es un diálogo, yo creo que en este país se tiene que imponer una política de diálogo”, describió.

Por otra parte, se refirió al desempeño y la participación en la puja por el poder en las últimas elecciones nacionales, por lo menos en la era democrática. El Partido Liberal no ha logrado una victoria, salvo concertaciones, como el caso de Fernando Lugo, con quien llegaron al Poder Ejecutivo con una vicepresidencia liberal. O, en su caso, cuando asumió la vicepresidencia de la República (2000-2002), luego de la vacancia consecuente al magnicidio de Luis María Argaña.

“Tenemos que llamarnos al diálogo, el diálogo con respeto, sin necesidad de ofendernos mutuamente, por eso es que la gente, cuando el liberalismo presenta un candidato de partido, se resiste. La gente que no es colorada que le va a votar a una alianza, como pasó con Lugo, por ejemplo, le va costar votarle a un liberal, por eso repito hasta el hartazgo, lo primero que tiene que hacer el partido es llamarse a un diálogo y analizar a profundidad este tema, y tener la actitud de opositor”, manifestó el exsenador y exvicepresidente de la República.

Para recuperar la imagen y la “confianza” de la ciudadanía, principalmente en unas elecciones, afirmó que primero el Partido Liberal debe resolver sus problemas internos. “Darle esa imagen de cambio a la imagen de solamente tener una posición de crítica, donde la crítica en muchos casos sirve y vale en este país, pero en algunos casos creo que se está exagerando”, sentenció.