Por unanimidad el pleno de la Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto de ley “Que incorpora el hecho punible de sicariato a la Ley N° 1160/1997, Código Penal, modificada por Ley N° 3440/2008, y modifica los artículos 8, 105 y 240″; ahora la propuesta legislativa será devuelta a la Cámara de Senadores para su tercer trámite constitucional. Ante la serie de asesinatos violentos por encargo que se registraron en los últimos tiempos, legisladores plantean establecer la configuración penal del sicariato en el Código Penal, y establecer como pena máxima 30 años de prisión para los infractores del crimen.
Asimismo, dispone que quien matara a otro por orden, encargo o acuerdo, para obtener para sí o para un tercero un reconocimiento, un beneficio económico o de cualquier otra índole, será castigado con pena privativa de libertad de quince a treinta años. Igualmente, el proyecto legislativo establece que con la misma pena se castigará a quien ordenara, encargara o acordara la muerte de otro, o quien actuara como intermediario entre el instigador y el autor.
Por otra parte, establece también que cuando se tratare de un funcionario público cuyas funciones están reconocidas expresamente en la Constitución Nacional, la pena mínima será de 20 años de privación de libertad, entre otros detalles.
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Al respecto, la diputada Rocío Vallejo, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, pidió el acompañamiento, con modificaciones, del presente proyecto, sugiriendo que sean testados los incisos 5 y 6, del artículo 105 b, del Código Penal. De igual modo, los diputados Jorge Ávalos Mariño (PLRA) y Raúl Latorre (ANR), titulares de las comisiones de Legislación y Codificación y Justicia, Trabajo y Previsión Social, se adhirieron para la aprobación del presente documento de ley, en la versión de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Varios legisladores estuvieron de acuerdo para el visto bueno del mismo, al considerar que se vivieron situaciones, particularmente, muy dolorosas dentro del sicariato y del crimen organizado, que golpearon al Estado de derecho y a la capacidad de la nación a imponer la ley en el territorio.
En ese marco de estudio de la propuesta legislativa, el plenario de la Cámara Baja recordó la trágica muerte del fiscal Marcelo Pecci, del intendente de la ciudad de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo, periodistas del departamento de Amambay, entre otros. “Estos hechos nos obligan a establecer políticas públicas claras y de un combate frontal contra el sicariato y el crimen organizado”, enfatizó el diputado Raúl Latorre.
Mencionó que el proyecto presenta novedades particulares como la ampliación de las penas, el combate a la publicidad o la alusión al sicariato, el castigo agravado por la comisión de este tipo de crimen, entre otros. El documento de ley tuvo aprobación de forma unánime y pasa a la Cámara de Senadores para su siguiente trámite constitucional.