El precandidato presidencial de Honor Colorado enfatizó que su compromiso como el próximo presidente de la República será trabajar para que las fábricas puedan crecer y contratar a más paraguayos. Foto: Christian Meza.
Santiago Peña se comprometió a apoyar a industrias que trabajan por el país y fomentar la inversión
Compartir en redes
El precandidato para la Presidencia de la República por el movimiento Honor Colorado, Santiago Peña, expresó su satisfacción al recorrer nuevamente el departamento de Guairá, pero sobre todo, visitando a comunidades donde se encuentran instaladas importantes industrias.
En ese sentido, prometió que en su gobierno darán un fuerte respaldo a las industrias que ya están trabajando, así como buscar inversores interesados en crear nuevas industrias en el departamento de Guairá en distritos como Fassardi y Garay, que son comunidades humildes.
El precandidato Peña, junto con su compañero de dupla Pedro Alliana, recorrió la fábrica de maderas terciadas Margo & CIA, ubicada en la localidad de José Fassardi. Esta industria que ya está próxima a cumplir 100 años, pese a las grandes dificultades, sigue operando y brindando oportunidades contratando mano de obra local.
Al respecto, Peña señaló que le llena de satisfacción ver a la gente comprometida con su comunidad, más con esta industria que tiene cerca de 100 años. Así mismo, el precandidato enfatizó que su compromiso como el próximo presidente de la República será trabajar para que la fábrica pueda crecer y contratar a más paraguayos.
“Hoy vengo a comprometerme para que esta fábrica sea de la industria más pujantes del departamento y en el distrito de Fassardi. Vamos a apoyarles desde el Gobierno, porque recorremos el país y lo único que escuchamos es el reclamo de adultos y jóvenes que quieren trabajar, que quieren que vengan industrias. Acá tenemos una industria que en la adversidad, en la dificultad se ha remangado para que este pueblo tenga una de las pocas industrias en el departamento de Guairá”, resaltó.
La fábrica de maderas terciadas Margo & CIA. ubicado en la localidad de José Fassardi, que visitó la dupla presidencial Santiago Peña y Pedro Alliana, es una industria que ya está próximo a cumplir 100 años, pese a las grandes dificultades sigue operando y brindando oportunidades laborando contratando mano de obra local. Foto: Christian Meza.
Asimismo, el precandidato presidencial Santiago Peña afirmó que su compromiso con los inversores que ya están trabajando en el país brindando fuente de trabajo, desde el Gobierno es brindarles las herramientas para que sigan operando y generando aún más fuentes de trabajo. “Serán los primeros a los que les estaremos apoyando. Pero también tenemos que trabajar en traer más industrias, traer más fuente de trabajo, para que más paraguayos puedan vivir mejor, ese es nuestro compromiso”, remarcó.
Vamos a estar mejor
Por otra parte, a la dirigencia del distrito de Garay, que le recibió al mediodía de este viernes, el precandidato Santiago Peña remarcó que están recorriendo el país asegurando y confiando en que todos los paraguayos van a estar mejor, aún siendo conscientes de que actualmente se viven momentos difíciles donde las condiciones sociales y económicas no son muy buenas, pero aseguró que sabe que se puede salir de este pozo.
“Estamos convencidos de que podemos cambiar, estamos convencido que falta poco para que este gobierno que trajo miseria se vaya y que termine. Sabemos que se vienen tiempos mejores”, remarcó.
Gremio del sector telecomunicaciones apoya gestión de Borgognon al frente de Copaco
Compartir en redes
El Sindicato Nacional de Telecomunicaciones (Sinattel) respalda la gestión de la Ing. Natalia Borgognon al frente de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco), y manifiesta el apoyo a su continuidad en la institución.
Este respaldo se fundamenta en los avances alcanzados durante su gestión, especialmente en materia de estabilidad laboral y cumplimiento de las obligaciones con los trabajadores, afirmó el secretario general del sindicato Alejandro Villamayor.
En efecto, destacó la regularización de los salarios, una reivindicación histórica y fundamental para devolver tranquilidad y previsibilidad a las familias de los funcionarios.
Asimismo, ante las versiones y cuestionamientos relacionados con la empresa Nubicon, “consideramos importante aclarar que Copaco le otorgó el mismo tratamiento comercial que a cualquier otro operador de telecomunicaciones, mediante el alquiler de espacios en sus torres de infraestructura”, señaló. Se trata de una actividad comercial legítima que forma parte de los servicios que la empresa ofrece a distintos operadores del sector, recordó.
Explicó que como organización sindical, entiende que Copaco necesita estabilidad institucional, continuidad en las políticas de recuperación y una administración comprometida con el fortalecimiento de la empresa estatal.
“Nuestra posición es clara: defender a Copaco es defender sus fuentes de trabajo, su patrimonio, su infraestructura y su futuro como empresa estratégica del Estado paraguayo”, manifestó Villamayor.
Por ello, Sinattel ratifica su respaldo a la gestión de la la presidenta y considera que su continuidad puede contribuir a consolidar los avances obtenidos y profundizar el proceso de recuperación y fortalecimiento de Copaco.
Finalmente dijo que la institución necesita estabilidad, compromiso y trabajo, afirmando que los avances deben continuar en beneficio de sus trabajadores y de toda la ciudadanía paraguaya.
Inversión brasileña avanza con operaciones y producción apunta a la expansión
Compartir en redes
Las inversiones industriales brasileñas en Paraguay mantienen su ritmo operativo pese al escenario generado por el proceso de resolución de Ueno Bank. Uno de los casos es el de Lupo, fabricante de medias y ropa interior que continúa produciendo con normalidad en Ciudad del Este.
Así lo indicó Carlos Mazzeu, director ejecutivo de la firma, quien indicó a la revista brasileña Exame, que no se registraron impactos directos y explicó que la inversión continúa formando parte de los planes industriales de la empresa.
“Las operaciones de Lupo en Paraguay se están desarrollando con normalidad y no se han visto afectadas por los recientes acontecimientos relacionados con el sistema financiero del país”, destacó. La inversión realizada por la firma ya asciende a 30 millones de reales y la utilización de la planta asciende a casi el 70 % de la capacidad instalada.
Respecto al resultado de la evolución de los procesos industriales desde su inauguración, indicó que la empresa también presenta un balance positivo. “Los costes operativos están en línea con las estimaciones de los estudios preliminares”, afirmó el director general.
Asimismo, destacó la reducción de los gastos relacionados con las materias primas importadas como uno de los principales beneficios de la operación, por lo cual continúan evaluando oportunidades de expansión y mejoras en la eficiencia.
Uno de los principales atractivos que captó la atención de la firma es la Ley de Maquila que cuenta con beneficios, tales como la suspensión de impuestos a la importación de maquinaria y materias primas, y un impuesto del 1 % sobre el valor agregado en el país.
En mayo de este 2026, la entonces directora general Liliana Aufiero, quien ahora dirige el Grupo Lupo, reveló al medio brasileño que gracias a la operación en Paraguay ya se habían reducido los costos en un 15 % y se estiman que los ahorros lleguen al 30 % a medida de que aumente la producción.
En tanto, los desafíos apuntan a contratar y capacitar a profesionales, adaptar los procesos industriales y lidiar con las diferencias lingüísticas y culturales en el trabajo. Asimismo, se depende de una infraestructura fronteriza marcada por un intenso tráfico de camiones, especialmente en el Puente de la Amistad.
Caso Ueno: Fiscalía imputa por asociación criminal a Peña y cinco autoridades del BCP
Compartir en redes
La Fiscalía formuló este viernes 13 de noviembre una nueva imputación por el supuesto hecho punible de asociación criminal contra el expresidente de la República Santiago Peña y cinco autoridades y exautoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades financieras que derivaron en el colapso de Ueno Bank.
El Acta de Imputación N.º 9, correspondiente a la causa penal N.º 92/2026, sostiene que los investigados habrían integrado una estructura organizada y jerárquica dentro del aparato estatal para favorecer los intereses del conglomerado empresarial Grupo Vázquez, controlador de la entidad bancaria.
La nueva imputación alcanza a Santiago Peña Palacios, expresidente de la República; Carlos Carvallo Spalding, expresidente del BCP; Holger Insfrán Ibarrola, exsuperintendente de Bancos; y los exdirectores Marco Aurelio González Maldonado, Liana Emilce Caballero Krauze y Miguel Ángel Mora.
En el caso de los tres exintegrantes del directorio, la Fiscalía también atribuye otros hechos punibles relacionados con presuntas omisiones de supervisión y el manejo de documentos oficiales.
Peña habría encabezado la presunta estructura criminal
Según la hipótesis del Ministerio Público, Santiago Peña habría utilizado su posición como presidente de la República para colocar y mantener en cargos estratégicos a personas de su confianza o con vínculos corporativos previos.
Los investigadores sostienen que estas designaciones habrían permitido establecer un esquema de protección institucional para Ueno Bank, mediante la participación de autoridades encargadas de regular y supervisar el sistema financiero.
La Fiscalía señala que Peña habría actuado como jefe de la presunta organización, mientras que los demás integrantes habrían cumplido funciones específicas desde sus respectivas responsabilidades públicas.
En ese contexto, el documento menciona la designación de Carlos Carvallo, expresidente de financiera ueno, como titular del BCP, además de la permanencia de Holger Insfrán en la Superintendencia de Bancos y la actuación de los tres integrantes del directorio. La imputación sostiene que el objetivo de la presunta estructura habría sido subordinar los mecanismos de control financiero a los intereses particulares del Grupo Vázquez.
Reuniones reservadas con Miguel Vázquez en Mburuvicha Róga
Otro de los aspectos centrales del acta fiscal es la presunta relación entre el expresidente Peña y Federico Miguel Vázquez Villasanti, principal referente del conglomerado empresarial. Los investigadores sostienen que ambos habrían mantenido reuniones reservadas en Mburuvicha Róga para coordinar necesidades e intereses del grupo financiero.
De acuerdo con la imputación, Peña habría impartido directivas destinadas a evitar la intervención de Ueno Bank y frenar las alertas públicas relacionadas con su situación de insolvencia.
El documento también menciona el presunto hallazgo y entrega de USD 200.000 en efectivo, distribuidos en sobres dentro de la residencia presidencial, como parte de las contraprestaciones ilícitas que la Fiscalía atribuye al exmandatario. Estas afirmaciones forman parte de la hipótesis fiscal y deberán ser acreditadas durante el proceso penal.
Carvallo habría ocultado información sobre la insolvencia
La imputación también señala a Carlos Carvallo Spalding, expresidente del Banco Central, como uno de los presuntos responsables de impedir la aplicación oportuna de los mecanismos regulatorios. Según el Ministerio Público, Carvallo habría paralizado procedimientos de regularización y suscrito documentación dirigida al Congreso Nacional que no reflejaba íntegramente las advertencias técnicas sobre la situación financiera de Ueno Bank.
En particular, se cuestiona la Nota BCP/P N.º 016/2026, remitida a la Cámara de Senadores, cuyo contenido habría omitido información relevante sobre operaciones financieras investigadas. La Fiscalía sostiene que estas actuaciones habrían contribuido a mantener la operación del banco sin restricciones, pese a los informes que advertían sobre su deterioro patrimonial.
En cuanto a Holger Insfrán, la Fiscalía sostiene que habría utilizado su posición al frente de la Superintendencia de Bancos para evitar la aplicación de medidas correctivas. Entre los hechos investigados figura la venta de una cartera crediticia de Ueno Bank a Vinanzas S.A. por USD 74,4 millones, operación que, según los informes técnicos, habría sido financiada indirectamente con recursos del propio banco.
El Ministerio Público también cuestiona el tratamiento dado a un informe elaborado por el exgerente de Supervisión Fernando Rivarola, fechado el 10 de julio de 2026, que advertía sobre presuntas irregularidades en esa operación. De acuerdo con la hipótesis fiscal, la falta de aplicación de sanciones y medidas preventivas habría permitido que la entidad continuara captando fondos del público.
Exdirectivos del BCP habrían permitido continuidad de operaciones
La imputación atribuye a Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González presuntas omisiones en sus deberes de control como integrantes del directorio del Banco Central. Según la Fiscalía, los tres habrían conocido las alertas relacionadas con el deterioro patrimonial de Ueno Bank desde junio de 2026, sin impulsar oportunamente las medidas previstas en la legislación bancaria.
El acta señala que, pese a los informes técnicos disponibles, el directorio se habría limitado a disponer la apertura de un sumario administrativo, sin ordenar la suspensión preventiva de determinadas operaciones. En particular, la Fiscalía atribuye a Marco Aurelio González una presunta participación directa en la modificación de un informe institucional remitido al Senado, que habría omitido observaciones técnicas relevantes.
Respecto de Liana Caballero, sostiene que habría recibido una versión del documento cuestionado sin promover posteriormente una rectificación oficial. En cuanto a Miguel Ángel Mora, los investigadores señalan que habría presidido interinamente una sesión del directorio en la que no se impulsaron medidas más restrictivas contra la entidad financiera.
El Ministerio Público sostiene que la presunta actuación coordinada de los investigados permitió que Ueno Bank continuara operando entre junio y octubre de 2026, pese a las observaciones sobre su solvencia. En ese periodo, la entidad habría desarrollado campañas comerciales para atraer nuevos depósitos y certificados de depósito de ahorro, incluyendo promociones con reintegros del 50 %.
La Fiscalía considera que la continuidad de estas operaciones habría incrementado la exposición del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y comprometido recursos públicos y previsionales. El acta señala que, al 30 de septiembre de 2026, los fondos públicos depositados en la entidad ascendían a aproximadamente G. 3,6 billones y USD 233,4 millones.
La situación desembocó en el procedimiento de resolución dispuesto por el BCP el 2 de noviembre, luego de constatarse que la solvencia del banco había caído por debajo del límite establecido por la normativa.
Prisión para González y arresto domiciliario para Caballero y Mora
La nueva imputación también contiene solicitudes de medidas cautelares contra los exintegrantes del directorio del BCP. El Ministerio Público requirió la prisión preventiva de Marco Aurelio González Maldonado, mientras que para Liana Caballero Krauze y Miguel Ángel Mora solicitó arresto domiciliario.
Asimismo, pidió la inhibición general de vender y gravar bienes de los tres imputados y la identificación de sus cuentas, depósitos, inversiones y otros activos financieros, a fin de determinar eventuales medidas de inmovilización.
Nueva dimensión en la investigación
La imputación por asociación criminal representa una ampliación de la investigación que inicialmente apuntaba a presuntas irregularidades financieras, omisiones de supervisión y decisiones administrativas relacionadas con ueno bank.
Ahora, el Ministerio Público sostiene la hipótesis de que los hechos no habrían respondido únicamente a actuaciones individuales, sino a una presunta organización que habría funcionado mediante una división de tareas entre autoridades del Poder Ejecutivo y del Banco Central. La Fiscalía atribuye a Santiago Peña el supuesto liderazgo político de esa estructura y a las autoridades del BCP la presunta utilización de sus cargos para favorecer la continuidad operativa del banco.
Presunto esquema criminal encabezado por el expresidente Santiago Peña. Foto: Gentileza
El expresidente de la República, Santiago Peña, se encuentra imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio, en calidad de autor. Foto: Néstor Soto
Fiscalía aguarda autorización judicial para peritaje al teléfono de Peña
Compartir en redes
La fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Verónica Valdez, indicó que el Ministerio Público aguarda una autorización judicial para proceder al peritaje del teléfono celular del expresidente de la República, Santiago Peña, imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio, en calidad de autor, en el marco de la causa Ueno Bank.
“Todavía no tenemos un resultado porque debe realizarse un proceso técnico con autorización judicial, entonces, una vez que tengamos esa autorización, vamos a poder conocer el contenido del teléfono”, dijo en una conferencia de prensa acompañada por sus colegas Nancy Salomón y Francisco Cabrera.
El Ministerio Público incautó un teléfono celular de Peña el pasado domingo 8 de noviembre, luego de que el exmandatario, destituido vía juicio político, haya negado en reiteradas ocasiones (durante su audiencia de imposición de medidas ante el juez Humberto Otazú y en su declaración ante la Fiscalía) poseer o utilizar un aparato móvil.
El proceso se concretó mediante el aporte de informaciones extraoficiales que indicaban que el economista contaba con comunicación libre en su lugar de reclusión. El aparato celular fue encontrado oculto ensu equipaje dentro del Regimiento Escolta Presidencial, donde cumple prisión preventiva.
Desde el órgano extrapoder detallaron que los procedimientos en la causa judicial que salpica al expresidente de la República y en la otra referente a los directivos de Ueno Bank, que se encuentran ligadas entre sí, se centran actualmente en la recolección de elementos probatorios, la reconstrucción del esquema de operaciones y la preservación precautoria de bienes para su eventual recuperación a favor del Estado paraguayo.
Con relación a la detención de los exdirectivos del Banco Central del Paraguay (BCP), Marco Aurelio González, Liana Emilce Caballero Krause y Miguel Ángel Mora, concretado este viernes, la agente mencionó que durante el allanamiento de sus respectivas viviendas se logró “obtener elementos que consideramos relevantes para el avance de las investigaciones”.
Valdez agregó que “se recabaron documentos, también dispositivos electrónicos, y se dispuso la detención de las tres personas que serán citadas a fin de que presten declaración indagatoria si lo consideran o se abstengan y posteriormente se tomarán las determinaciones que el equipo considere pertinentes”.
A la vez, los agentes reiteraron que la calificación legal actual es de carácter provisional. La ausencia momentánea de imputaciones por tipos penales más severos, como por ejemplo lavado de dinero o asociación criminal, no restringe la investigación de estas conductas a medida que surjan nuevos elementos.