El Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) ordenó hoy viernes la incautación de varios documentos de la sede del Poder Legislativo tras las denuncias por estafa y lesión de confianza realizadas por funcionarios del Senado. El caso se refiere a un presunto desfalco de casi G. 10.000 millones generada por altos directivos del estamento.

Aproximadamente son 150 trabajadores de la institución que fueron estafados por la entidad financiera que actualmente se encuentra liquidada. Las denuncias surgen ante los embargos de sus salarios que abarcan desde los G. 5 a 10 millones.

“Resulta que la cooperativa está en un proceso de litigación, esto fue dispuesto por varias resoluciones, entre ellas la que ordena el retiro de autorización para su operación luego de procederse un proceso de intervención. Después, salió una resolución reciente nombrando a una comisión litigadora que es el órgano colegiado que se encarga desde ese momento de representar a la cooperativa. Esto porque una vez que se retiró la autorización para que pueda operar dejó de existir”, comentó Narciso Paredes, en contacto con el programa “Dos en la Ciudad” emitido por el canal GEN/Nación Media.

Señaló también que la comisión litigadora conformada por 4 miembros representantes del Incoop y de las confederaciones, de acuerdo a lo establecido por la Ley de Cooperativas, tendrá la función de llevar a liquidación a la cooperativa, es decir, ejecutar sus activos y cancelar sus pasivos.

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“Nosotros somos los responsables ahora de representar a la cooperativa y tenemos la obligación de resguardar los documentos. Además, hay un pedido expreso de la parte administrativa del Senado que nos solicitó liberar el espacio donde se encontraban lacrados los documentos que serán trasladados hasta la sede del Instituto Nacional de Cooperativismo”, detalló.

Antecedentes

Tras una intervención realizada el pasado año el Incoop, expuso detalladamente una serie de anomalías por parte de la multiactiva en donde quedó evidenciado elevados compromisos con casas de créditos y otras cooperativas. En el informe emitido se argumenta que varias actuaciones millonarias realizadas no cuentan con los documentos básicos respaldatorios como básicos contratos y pagarés.

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