Las revelaciones de unas cuentas bancarias por valor de USD 21 millones a nombre de dos empresas que tienen como beneficiario final al expresidente Mario Abdo Benítez junto con su esposa Silvana López Moreira, generó un sustancioso debate en el programa “Mina en casa” del domingo último, sobre las posibilidades que tiene Paraguay, principalmente a través de su Ministerio Público de poder profundizar investigaciones que esclarezcan oficialmente el caso.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

La mesa del programa “Mina en casa” reunió en la edición de ayer domingo a profesionales del sector privado, altos funcio­narios y exfuncionarios del Estado en un debate de gran relevancia en torno al escán­dalo que sacude al expresi­dente Mario Abdo Benítez, a quien, junto con su esposa Silvana López Moreira, publi­caciones de un periodista argentino atribuyen el oculta­miento de USD 21 millones en cuentas bancarias a nombre de dos empresas en paraíso fiscal de las islas Seychelles.

Los invitados fueron Armindo Torres, director de Decla­raciones Juradas de la Con­traloría General de la Repú­blica; Éver Otazú, gerente general de Impuestos Inter­nos de la Dirección Nacional de Impuestos Tributarios (DNIT); Rossana Escobar, periodista de Investigación del Diario La Nación; Carlos Palacios, abogado de Dere­cho Bancario y Societario; y Juan Emilio Oviedo, exfiscal de Asuntos Internacionales del Ministerio Público.

La opinión predominante en la mesa se orientó hacia la nece­sidad que tiene el Paraguay de esclarecer un hecho escanda­loso de acumulación de for­tuna que tiene en el ojo de la tormenta a un expresidente, en este caso Abdo Benítez. En este contexto, el exfiscal de Asun­tos Internacionales, Juan Emi­lio Oviedo, explicó didáctica­mente la oportunidad que tiene el país de profundizar investi­gaciones que brinden informa­ciones de manera oficial que puedan dar luz al asunto.

En el marco de esa oportunidad país, mencionada por exfiscal Oviedo, el Ministerio Público tiene un rol clave e ineludible, asignado como autoridad cen­tral para el cumplimiento de los tratados y las obligaciones internacionales.

“El Ministerio Público tiene ya hace varios años, varias déca­das, herramientas jurídicas y operativas como para accio­nar y excitar a la jurisdicción de otro país a que comparta información que pueda reali­zar la trazabilidad de cuentas bancarias de dinero, realizar medidas cautelares para poder congelar bien en el extranjero y eventualmente solicitar repatriación de fondos provenien­tes de algún hecho punible”, refirió Oviedo.

Sostuvo que Paraguay tiene la convención de Palermo del año 2000 sobre crimen orga­nizado trasnacional que tiene más de 160 países signatarios. Así también, la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción que tiene casi 190 signatarios, “donde nosotros seguramente no tenemos todos los tratados bilaterales, pero invocando esos instrumentos se establecen las formas para una cooperación internacional para solicitar la extradición de alguien, para congelar o repa­triar bienes producto por ejem­plo del lavado de dinero”, dijo y agregó que incluso se redujeron la cantidad de trámites para la obtención de información desde los bancos que están obligados a la provisión de datos veraces.

“En el caso de las islas Sey­chelles, la autoridad central es la oficina del fiscal general. Entonces hay un trato directo entre ambas fiscalías, salvo que la fiscalía paraguaya requiera una intervención judicial, por ejemplo, para embargar una cuenta”, explicó Oviedo. Por su parte, el director de la Contra­loría, Armindo Torres, subrayó que se encuentran imposibili­tados en dictaminar sobre la correspondencia o no de bie­nes de Abdo, debido a que los organismos pertinentes como el Ministerio Público no pro­porcionaron los resultados de investigaciones con relación al movimiento ganancial de sus empresas de asfalto que no fue­ron consignados en su decla­ración jurada al dejar el cargo.

Cabe recordar que las distri­buidoras de asfalto Aldia SA y Createc SA del expresidente Abdo facturaron 70 veces más durante su gobierno, pero estas multimillonarias ganancias en torno a los USD 45 millones fue­ron ocultas bajo la figura de fondos de reserva y no impactan en su crecimiento patrimonial.

“A mí me llama la atención es que si el presidente, en su declaración jurada de salida, no reveló este incremento patrimonial que tuvieron sus empresas. De entrada me parece una omisión gra­vísima porque si yo soy titu­lar de una empresa que tiene acciones de determinado valor al momento que yo asumí el cargo y estas ganancias exor­bitantes se generaron durante mi presidencia, el hecho que haya decidido durante las asambleas no recibir divi­dendo y haber tomado la deci­sión de llevar todas estas uti­lidades a cuentas de reservas, eso genera un incremento patrimonial en las empresas que correlativamente lleva a un incremento en el valor de la participación accionaria que tienen los accionistas en esas empresas. Si yo cuando entré declaré que mi participación accionaria en la empresa valía 100, pero al salir el patrimonio de estas empresas que se incre­mentó no sé cuánto… eso tam­bién debería declararse como el nuevo valor de mi participa­ción accionaria”, manifestó el abogado Carlos Palacios.

El senador Derlis Maidana resaltó que si bien las islas Seychelles eran consideradas un paraíso fiscal, desde el 2013, este país es miembro del Grupo contra el Lavado de Dinero de África Oriental y Meridional (ESAAMLG), similar al Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI). Por tanto, existen mecanismos de cooperación a los que podría acceder la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o bienes (Seprelad) para buscar esclarecer la denuncia contra el expresidente Mario Abdo Benítez publicada por la prensa argentina.

En conversación con La Nación/Nación Media, explicó que existen los mecanismos de cooperación internacional, así como Interpol coopera entre los países para ayudar a establecer un crimen o a localizar a un detenido. Así también Gafilat o la Gafi, del cual Seprelad es parte, es un grupo de países asociados que promueven un comercio internacional más justo y que lucha contra el lavado de dinero, lavado de activos.

El legislador explicó que la Cámara Alta aprobó la declaración en apoyo a la eventual investigación atendiendo que los hechos denunciados afectan a la investidura de un expresidente de la República, por lo que corresponde que las instituciones del Estado, afectadas abran una investigación para deslindar todas las responsabilidades.

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La investigación periodística del portal argentino PeriodismoyPunto señaló supuestos fondos ocultos que rondarían los 21 millones de dólares, que estarían canalizados a través de empresas offshore, específicamente Star Capital y Exchange Contract, que habrían recibido depósitos desde otras firmas creadas en Hong Kong y Dubái, que se sospecha serían empresas de maletín.

El legislador señaló que las islas de Seychelles trabajan por dejar atrás la imagen de paraíso fiscal desde el año 2013. Por lo que la Seprelad Paraguay puede solicitar cooperación de informes a su par de esa isla, que es la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF Seychelles), a fin de saber a nombre de quién o quiénes figuran las empresas que han realizado los depósitos bancarios, así como sus presuntos beneficiarios.

“Con los informes en mano; en el caso de que sea afirmativa la existencia de dichos fondos en las islas de Seychelles, exparaíso fiscal, naturalmente tienen que entrar a tallar todas las otras instituciones, como la Fiscalía General del Estado, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y, por supuesto, la Contraloría General de la República para hacer un examen de correspondencia”, precisó.

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El senador Maidana insistió en que es una denuncia muy grave que no se debe dejar pasar, por más de que el expresidente Abdo Benítez haya salido a decir que no tiene esas cuentas en ese lugar. Señaló que la información se dio a través de medios de comunicación en la Argentina, que en el pasado también habían investigado a la familia Kirchner y que luego se confirmaron que fueron veraces.

“Entonces, nada cuesta que las instituciones del Estado, puedan recabar los informes pertinentes y actuar en consecuencia”, acotó, destacando que la Seprelad cuenta con técnicos muy capacitados, y protocolos para actuar en la materia, para realizar la correspondencias entre las cuentas millonarias que figuran en el sistema financiero de las islas Seychelles a nombre de un total de seis empresas o firmas, y la declaración de bienes entre sus ingresos y egresos, que presentó el jefe de Estado al término de su mandato.

“Lo importante es poder determinar el rumbo a seguir. Nosotros no decimos todavía con certeza, sino que hay una denuncia de dos portales argentinos con cierta credibilidad y que lo que corresponde es que actúe las instituciones. Acá no hay subjetividad, queremos saber si hay, o no esos 21 millones de dólares a nombre del presidente; o a nombre de algunas empresas de maletín vinculado al exmandatario”, explicó.

Más de 6,7 millones de taiwaneses han acudido este sábado a las urnas para votar la posible destitución de 24 legisladores del Partido Nacionalista chino, a quienes acusan de ser favorables a Pekín, en el marco de una legislatura en la que el oficialismo se encuentra en minoría pese a su victoria en las elecciones presidenciales.

El gobernante Partido Progresista Democrático (PPD) permanece en minoría desde que el Partido Nacionalista chino, conocido como Kuomintang (KMT), lograra 52 escaños en el Yuan Legislativo tras las elecciones celebradas en enero de 2024.

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Desde entonces, los legisladores del Kuomintang han aprobado varios proyectos de ley para recortar presupuesto en defensa, limitar las actividades del Tribunal Constitucional o redistribuir parte del presupuesto nacional a los gobiernos locales, en su mayoría controlados por la oposición.

Varios movimientos civiles respaldados por el PPD del presidente Lai Ching Te -quien ganó las elecciones presidenciales y cuyo partido cuenta con 51 escaños-, han impulsado este proceso de destitución que potencialmente pondría fin al control opositor del poder legislativo, según ha recogido ‘Taipei Times’.

En concreto, los electores deberán decidir si respaldan o no a un total de 24 legisladores en una jornada en la que los residentes de Hsinchu también votarán para decidir si su alcaldesa suspendida, Ann Kao -acusada por una trama de corrupción- será destituida. Una segunda votación está prevista para el próximo 23 de agosto contra otros siete legisladores acusados de ser cercanos a Pekín.

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Los vínculos entre China y Taiwán se rompieron en 1949 después de que las fuerzas del partido nacionalista Kuomintang sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista y se trasladaran al archipiélago. Las relaciones se restablecieron solo a nivel empresarial e informal a finales de la década de los 80.

Fuente: Europa Press

El entorno del expre­sidente Mario Abdo Benítez ya estableció su estrategia: desacreditar la investigación del periodista argentino Luis Gasulla (de Periodismo y Punto) sobre la existencia de sus cuentas en las islas Seychelles. Para ello, envió un exhorto al gobierno de ese país para que respon­dan en la brevedad posible. La respuesta más lógica será que no existe cuentas ban­carias a nombre del expresi­dente y de su esposa, Silvana López Moreira. Situación que la publicación de Gasulla ya lo advertía, por eso insistía la investigación filtrada que en realidad ambos, marido y mujer, son beneficiarios fina­les de las dos cuentas, de Star Capital Financial Service y Exchange Contracts Inter­national Finance.

Para el abogado Ricardo Preda, respondió a esta estra­tegia de la defensa del exman­datario para desligarse for­malmente de las supuestas cuentas bancarias en este país insular africano.

“Una manera correcta de soli­citar información no es pre­guntar si el presidente Abdo Benítez tiene una cuenta por­que la información que fue filtrada por un medio argen­tino ya de por sí descarta que Abdo Benítez sea el titular de la cuenta”, sostuvo Preda en el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media. “El titular de la cuenta en reali­dad son personas jurídicas y, por ende, una pregunta que diga si Mario Abdo es titular de cuentas bancarias, la res­puesta es casi obvia, dirán que no”, expresó.

La estrategia se basa en un pedido de informe formal al Gobierno de Seychelles, a través de la Cancillería para­guaya y con la intermedia­ción de Luigi Piccollo, cón­sul honorario nombrado durante su presidencia. La nota solicita al Estado afri­cano surge para confirmar o negar la existencia de cuen­tas bancarias abiertas directa o indirectamente a nombre del exmandatario y su esposa.

Esa declaración sería utili­zada como prueba exculpato­ria y replicada por medios afi­nes al abdismo, en un intento por desactivar el escándalo y proyectarlo como una ope­ración política promovida por el cartismo para dañar su imagen.

Los fondos ocultos enviados a Star Capital y a Exchange Contract fueron canalizados a través de empresas offshore que habrían recibido depó­sitos desde otras firmas apa­rentemente fantasmas crea­das en Hong Kong y Dubái. “Hay que investigar quiénes integran las empresas que figuran como titulares, quié­nes son los beneficiarios fina­les y si hubo transferencias desde el sistema financiero paraguayo a esas cuentas o a las sociedades intermedia­rias”, dijo.

Preda manifestó que para obtener informaciones sobre las supuestas cuentas ocultas, se debe activar mecanismos de cooperación internacio­nal, ya sea mediante la Fisca­lía en el marco de tratados de asistencia penal, o por medio de las unidades de inteligen­cia financiera, aunque estas últimas no están obligadas a compartir datos y dependen de relaciones de reciprocidad.

“Esto debe ser tomado en serio, es una investigación compleja, que simplemente enviar una carta a bancos. Es muy grave que un expre­sidente de la República tenga una cuenta que excede de una manera considerable su patri­monio total, considerando lo que Abdo declaró en su salida de la función pública, esa es una suma muy supe­rior. Si no es verdad, también es importante esclarecer ya que finalmente queda mal para la imagen del país que se sospeche que un expresi­dente de la República tenga cuentas bastante grandes, no declaradas”, indicó.

El actual mandatario aseguró que su gobierno no usará al Estado como garrote político, como sí lo hizo Mario Abdo.

El presidente de la República, Santiago Peña, respaldó la apertura de una investigación sobre el exmandatario Mario Abdo Benítez, tras los informes periodísticos que lo vinculan con una presunta fortuna no declarada en paraísos fiscales. Sin embargo, aclaró que desde el Poder Ejecutivo no se impulsará ningún tipo de persecución política, como ocurrió durante el gobierno de Abdo.

“Lo que puedo decir y ratificar es que nosotros desde el Poder Ejecutivo no vamos a utilizar el Estado como una herramienta de persecución política”, sostuvo Peña. Afirmó que si bien tiene “enormes diferencias” con su antecesor, no replicará prácticas que, según él, fueron cuestionables y que incluso derivaron en sanciones de otros países hacia los adversarios políticos de Abdo.

El mandatario recordó que el Ministerio Público ya tomó la decisión de abrir una investigación, la cual fue respaldada por un pronunciamiento del Congreso Nacional. También dijo que si la Contralo­ría General de la República confirma los datos publicados por la prensa, esa institución deberá actuar con independencia. “Me parece que es el camino correcto”, expresó.

Peña subrayó que no le corresponde al Ejecutivo investigar este tipo de denuncias, sino al Ministerio Público, al Poder Judicial y a la Contraloría. “Mal podría estar haciendo en tratar de utilizar el Estado con un fin político. No es nuestra intención”, insistió.

En sus declaraciones, también lanzó una crítica directa a la administración anterior: “Lo que más cuestioné de la anterior administración es haber utilizado las instituciones del Estado, llámese Secre­taría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y otras, como herramientas de persecu­ción”, señaló.