En la Cámara de Diputados se presentó un proyecto de ley que por primera vez busca establecer un marco jurídico integral para el uso de drones en el país, conocidos técnicamente como Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPA) y Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPAS). Son firmantes del documento los diputados Diego Candia (ANR-Central); María Ida Cattebeke (ANR-Pdte. Hayes); Yamil Esgaib (ANR-Capital); Pedro Ortíz (ANR-Central); y Francisco Petersen (ANR-Boquerón).

La iniciativa es el resultado de una Mesa Técnica Interinstitucional que funcionó durante cuatro semanas, integrada por representantes de la Comisión de Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno de Diputados, la Fuerza Aérea Paraguaya, la Dirección General de Material Bélico (Digemabel), la Policía Nacional y la Dirección de Técnica Legislativa de la Cámara Baja, explican los proyectistas.

La normativa apunta a establecer el registro obligatorio de los drones ante la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), la Fuerza Aérea Paraguaya o la Digemabel, según el tipo de aeronave y su uso; así como la identificación electrónica remota (Remote ID), que permitirá rastrear en tiempo real la ubicación de cada equipo.

Otro aspecto destacado es la categorización de drones por peso y por tipo de operación, que van desde el uso recreativo hasta operaciones de seguridad y defensa. Igualmente, la habilitación de pilotos, con distintos niveles según la complejidad de la operación, y la creación de centros de instrucción supervisados por la Dinac; así como fijar zonas restringidas, como los alrededores de aeropuertos, instalaciones militares, centrales eléctricas, cárceles y zonas fronterizas, donde el vuelo de drones estará prohibido salvo autorización expresa.

Un apartado importante aborda los sistemas de mitigación y neutralización, que quedarán bajo control de la Digemabel y la Fuerza Aérea, incluyendo la creación de un Sistema Integrado de Detección y Neutralización de Aeronaves Pilotadas a Distancia (Sidenrpa). Además de un régimen de sanciones, que clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves, con multas, decomiso de equipos y suspensión o cancelación de habilitaciones, además de la posible remisión de casos a la justicia penal.

El proyecto “que regula el uso de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPA) y Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPAS) en la República del Paraguay” define que Dinac se encargará de la regulación técnica y la habilitación de pilotos; la Fuerza Aérea Paraguaya, de la defensa del espacio aéreo; Digemabel, del control de los componentes de doble uso; la Policía Nacional, de la fiscalización en tierra; y el Mitic junto con Conatel, de la gestión del espectro radioeléctrico que utilizan estos equipos.

La diputada Rocío Vallejo anunció que en las próximas dos a tres semanas serán reabastecidos 180 medicamentos en el Instituto de Previsión Social (IPS), tras reunirse este viernes con su presidente, el doctor Isaías Fretes, resaltando que “es el momento de salvar al IPS” al respaldar su gestión en sus tres primeros meses. Así también, señaló la grave falencia de personal de enfermería y la importancia del proyecto de ley para declarar a la previsional en emergencia.

Tras ser recibida por Fretes en su oficina, a tempranas horas de este viernes, la legisladora compartió con la prensa buenas noticias sobre los procesos licitatorios: “Próximamente ya se estarían reabasteciendo muchísimos medicamentos que estaban en falta. Y también explicarle a la ciudadanía que hace tres meses que está el doctor Isaías Fretes, donde él encuentra una institución con stock cero. Me explicó que estos procesos llevan su tiempo, incluso que tienen una mesa de trabajo con las farmacéuticas, como así también con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas para buscar la agilización de procesos”.

“Y que se entienda también que muchos de los medicamentos, no es que están a disposición en las cantidades que necesita IPS, muchos de ellos requieren insumos del extranjero. Me explicó todos esos procesos, pero se está bastante avanzado en cuanto a lo que él ha encontrado en la institución, que todos sabemos la situación en la que él encontró la institución”, explicó Vallejo.

“Por otro lado, existe una preocupación muy angustiante con relación a recursos humanos y ahí es muy importante esa ley de emergencia que sea aprobada, en sentido de flexibilizar también la contratación de recursos humanos para el área de salud”, puntualizó la parlamentaria. “El tema de enfermeras, tienen una gran cantidad de personal de enfermería en falta, pero ahí tenemos otro problema bastante grave, que acá los enfermeros ganan menos del sueldo mínimo. Esa es una situación por la que tampoco la gente quiere venir, y que debe ser abordada por el Congreso para establecer los mecanismos de un aumento para poder pagar mejor al personal de salud”.

“Y la cuestión de las leyes que se fueron aprobando también de la reducción de la carga horaria de los médicos, que lógicamente eso implica que se necesitan más personales médicos para poder cubrir y eso también implica presupuesto. Es decir, yo creo que este es el momento porque tenemos la disposición técnica y política del presidente de IPS de hacer los cambios, de detectar los problemas, de demostrarlos tal cual son y de combatir aquellos procesos de corrupción. Hablamos en realidad de muchísimos temas”.

Vallejo también indicó su preocupación por los asegurados desprotegidos porque las patronales se encuentran en falta con su compromiso: “Algo que quedó en el tintero que tengo que venir a hablar con el director jurídico son las empresas que deben más de 800 millones de dólares al IPS, que no pagan por sus aportantes. Esa es otra reunión que voy a solicitar para ver cuáles son las acciones legales, porque en realidad eso es un hecho punible, ya desde el 2016”.

“También conversamos sobre varias otras posibilidades de ir descongestionando la atención de la gente, algunos proyectos de ley muy interesantes que fueron surgiendo y brindarle nuevamente el apoyo al doctor Fretes, que vuelvo a reiterar, él no puede hacer milagros en tres meses, pero sí se está avanzando mucho en esos procesos, sobre todo, de poner al asegurado en primer lugar. Todo es importante. Son importantes las denuncias, pero sobre todo es importante ese asegurado que pueda acceder a los medicamentos”, acotó la diputada.

Seguidamente, reiteró el próximo avance con los insumos y la urgencia de tomar acciones concretas: “Van a llegar muchos medicamentos en quince días, veinte días. Muchos de los, de los procesos no dependen ya de ellos, sino la provisión de los medicamentos, pero son más de 180 medicamentos que van a estar siendo reabastecidos, por lo menos para un tiempo importante para el usuario. Así que confiamos en que esto va a seguir teniendo un desarrollo de ir para adelante. Es muy importante esa ley de emergencia, con la propuesta también del senador (Juan) Afara, que ojalá pueda encontrar una receptividad en el Gobierno, que emite bonos todo el tiempo, pero acá es el momento de salvar al IPS”.

En otro pasaje, la congresista relató: “Me comentó también que tiene un equipo de personas asesoras, exministros de Hacienda, personas que estudiaron en el Ministerio de Hacienda, que lo están asesorando técnicamente para realizar esta reingeniería financiera y poder dar una respuesta también al pago de los proveedores. Acá se está debiendo más de 800 millones de dólares. Es decir, la emisión de bonos por 300 millones tampoco soluciona el problema total. Por eso hay que ver, es el momento de ver una solución integral. Y en ese punto, el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, que lo ha designado al presidente Isaías Fretes, debe proporcionarle todas las herramientas y todos juntos debemos buscar todas las herramientas necesarias, dotarle de las leyes que se necesiten para poder hacer sustentable al IPS”.

En la sesión del jurado se puso a conocimiento las publicaciones que denuncian presuntas irregularidades del magistrado Édgar Rivas.

El Jurado de Enjui­ciamiento de Magis­trados (JEM) tomó conocimiento de la presunta actuación irregular que habría cometido el juez en lo civil y comercial de Asunción, Édgar Rivas, en el expediente caratulado “Ypyta SA Inmo­biliaria, Ganadera y Comer­cial sobre convocatoria de acreedores”, donde firmó un título de propiedad a pesar de que aún no correspondía hacerlo.

Ahora, los miembros del JEM, Alicia Pucheta, Enri­que Berni, Manuel Ramírez, César Garay, Pedro Díaz Verón y Mario Varela, Alejan­dro Aguilera y Diego Candia, deberán esperar hasta el 21 de agosto para poder iniciar de oficio la investigación por presunto mal desempeño en sus funciones contra el juez Rivas, debido a la cadena de irregularidades cometidas en el citado expediente judicial.

El Jurado de Enjuiciamiento decidió tomar conocimiento ante la serie de publicacio­nes periodísticas del diario La Nación, que se hizo eco de las presuntas y arbitrarias irregularidades cometidas por el juez Rivas en el juicio civil mencionado. En caso de que el JEM decida iniciar la investigación, podría enjui­ciar y solicitar la suspensión en sus funciones del magis­trado Rivas.

Días atrás, la abogada Patri­cia Rebollo, representante legal de Ypyta, señaló estar sorprendida por la actua­ción del juez Rivas sobre la firma del título de propiedad, debido a que el citado magis­trado no intimó a la firma Ypyta ni al síndico de quie­bras para realizar dicho acto.

Rebollo señaló: “El hecho de que el juez no haya inti­mado a la firma Ypyta para poder firmar la transferen­cia del inmueble en litigio podría causar lesiones a los derechos procesales y lesio­nes a la propiedad que posee la empresa que represento”. Fue tajante al aclarar que “todas las actuaciones que se realicen en el presente jui­cio civil deben ser comunica­das a la firma Ypyta porque la misma fue rehabilitada legal­mente”.

El criticado juez Édgar Rivas integra una terna para el cargo de miembro del Tribu­nal de Apelación en lo Civil y Comercial, Segunda Sala de la Capital, junto con el camarista Carlos Escobar y Amy Lezcano. Sin embargo, el magistrado acumula seve­ras críticas por fallos judi­ciales dictados presunta­mente al margen de la ley. En su momento, Rivas también ordenó el remate de la estan­cia Cielo Azul, perteneciente al presunto narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), por mayoría, decidió iniciar de oficio el enjuiciamiento contra el integrante de la Cámara de Apelación de la ciudad de Filadelfia, Chaco, César Denis Macoritto, por el incumplimiento de los plazos procesales en cuatro expedientes judiciales. En contrapartida, el ministro Manuel Ramírez Candia votó por el archivo del caso al señalar que no existió una queja previa por retardo de Justicia, requisito exigido por la ley.

El enjuiciamiento del camarista Macoritto tuvo su origen en dos informes de auditoría: uno de gestión jurisdiccional, en el que se denunciaron presuntas irregularidades en expedientes del fuero laboral y penal; y otro de gestión administrativa, relacionado con su desempeño en carácter de presidente de la Circunscripción Judicial de Boquerón.

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El ministro y superintendente del Chaco, César Garay, indicó en su voto que la acusación señala el incumplimiento de los plazos legales para el dictado de resoluciones, en inobservancia de los artículos 15 y 162 del Código Procesal Civil, entre otros.

En ese sentido, Garay votó por iniciar el enjuiciamiento en relación con ambos informes. Participaron de la sesión del JEM la presidenta Alicia Pucheta, Enrique Berni, Manuel Ramírez, César Garay, Pedro Díaz Verón, Mario Varela, Alejandro Aguilera y Diego Candia.

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