La administración colorada durante la presidencia de Pedro Alliana también había sido reconocida por la Contraloría General de la República (CGR). Foto: Archivo.
Contraloría destaca control interno en la Cámara de Diputados
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La Cámara de Diputados mantiene los parámetros de eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos públicos, según una nueva evaluación de la Contraloría General de la República (CGR). Durante el mandato del colorado y actual candidato a vicepresidente de la República por el movimiento Honor Colorado, Pedro Alliana, también esta institución se destacó por el mecanismo de control interno aplicado para asegurar una gestión transparente.
En esta ocasión fue el subcontralor general de la República, Augusto Paiva, quien resaltó que la Cámara Baja es la institución con mejor calificación en cuanto a los procesos de control interno y los procedimientos para el cumplimiento de la misión institucional. Fue en el marco de una jornada de inducción en control propiciada por la citada entidad contralora.
En su intervención, Paiva resaltó que “la institución legislativa tiene excelencia en el manejo de los mecanismos de control institucional en cuestiones que hacen al manejo financiero y en la producción legislativa”, informó el departamento de Comunicaciones de la Cámara Baja.
A su vez, el presidente de Diputados, Carlos María López recordó precisamente que no es la primera vez que la Cámara Baja obtiene el reconocimiento de la Contraloría por su gestión transparente. “Debemos entender la importancia de todo esto que realmente nos enorgullece”, aseveró.
En su intervención, el subcontralor general de la República, Augusto Paiva resaltó que la Cámara de Diputados tiene excelencia en el manejo de los recursos públicos. Foto: Gentileza.
Agregó que la Cámara de Diputados siempre está evaluada como la mejor institución. “Esta es una cuestión transversal que involucra a todos los funcionarios de la institución y a todos los diputados que conformamos esta gran familia. La idea es seguir mejorando porque siempre se puede mejorar”, destacó, al tiempo de instar a sus colegas y colaboradores a seguir manteniendo la calificación.
Recordemos que en octubre del año pasado, la Contraloría General de la República (CGR) otorgó un reconocimiento especial a la Cámara de Diputados, durante la presidencia del colorado Pedro Alliana. Se destacó el involucramiento, liderazgo y compromiso de la máxima autoridad y de su equipo directivo en la implementación de su sistema de control interno.
“El equipo que tuvo a su cargo la evaluación del sistema de control interno de la Honorable Cámara de Diputados en virtud a los resultados comparativos de los ejercicios fiscales 2018 y 2020 quiere expresar su reconocimiento a las autoridades y funcionarios”, decía parte del documento emitido por el equipo evaluador de la CGR.
Se busca establecer mecanismos que permitan que las disposiciones reglamentarias puedan aplicarse de manera efectiva.
La mesa directiva de la Cámara de Diputados analizó la posibilidad de introducir modificaciones al reglamento interno, con el fin de fortalecer las disposiciones relacionadas con la asistencia y puntualidad de los legisladores.
Al término de la reunión, explicaron que está en estudio una propuesta que contempla la revisión de los descuentos establecidos actualmente para los parlamentarios que registren llegadas tardías o ausencias injustificadas.
Según indicaron, el reglamento vigente establece descuentos de G. 300.000 por llegada tardía y G. 600.000 por ausencia. También comentaron que se están desarrollando un trabajo técnico orientado a evaluar la actualización de estos montos. Se busca establecer mecanismos que permitan que las disposiciones reglamentarias puedan aplicarse de manera efectiva.
“Es un tema que preocupa constantemente por el impacto que tienen las ausencias de los colegas en la imagen de la Cámara. El presidente Raúl Latorre dio instrucciones específicas para que un equipo técnico trabaje en una propuesta que permita actualizar los descuentos y garantizar su aplicación efectiva”, recordaron.
Camilo Benítez fue reelecto como contralor general de la República
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La Cámara de Diputados también eligió con 49 votos a Armindo Torres como nuevo subcontralor general de la República.
El actual titular de la entidad contralora, Camilo Benítez, fue reelecto para ocupar el cargo de contralor general de la República, para el siguiente periodo. El Senado remitió las ternas a la Cámara de Diputados, donde en una sesión extraordinaria, el pleno con 64 votos definió la continuidad de Benítez en el cargo para el periodo 2026- 2031.
El mandato de este periodo fenece el próximo 1 de noviembre, y con su reelección su mandato se extenderá hasta el 2031. La Constitución Nacional establece que pueden ser confirmados solo por un periodo más.
El presidente de la Cámara de Diputados dio lectura al resultado de la votación nominal resaltando que Camilo Benítez Aldana obtuvo 64 votos. Dijo que solo dos votos fueron para la otra integrante de la terna: Mabel Bogado Oviedo.
“De esta manera queda designado como contralor general de la República por el período comprendido desde el 2 de noviembre de 2026 al 1 de noviembre de 2031 el ciudadano Camilo Daniel Benítez Aldana”, expresó Latorre.
La Cámara de Diputados también eligió con 49 votos a Armindo Torres como nuevo subcontralor general de la República, en la sesión realizada ayer. Latorre defendió en entrevista con los medios previamente a la sesión, que están cumplidos los requisitos necesarios para que el pleno pueda proceder a la elección del contralor y subcontralor de la República, tras la conformación de la terna por parte del Senado y el tratamiento correspondiente en la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Así también expuso el perfil del actual contralor general de la República. “A mi entender, hizo un gran trabajo en su rol de contralor, muchas veces asumiendo posiciones difíciles y viendo con una mirada que trascendía una mirada partidaria. Es una persona que tiene un reconocimiento internacional, llegó a ser presidente de la Olacef, que es la entidad internacional que rige a las entidades fiscalizadoras”, afirmó el titular de la Cámara Baja.
Cartes destaca el WRC ueno Rally como una vidriera de Paraguay ante los ojos del mundo
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El expresidente de la República y titular de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, destacó el desarrollo del WRC ueno Rally Paraguay 2026. Al cierre de este evento internacional, el exmandatario resaltó no solo la organización sino también el acompañamiento de los paraguayos.
“Hoy culmina el WRC ueno Rally del Paraguay en Encarnación. Este gran evento volvió a poner a Paraguay ante los ojos del mundo y refleja la capacidad de nuestra gente, la calidez con que recibimos a los visitantes y el orgullo con el que mostramos nuestra tierra”, expresó el titular partidario a través de sus redes sociales.
Ante esta participación y la gran organización, Cartes sostuvo que el país demostró una vez más la gran capacidad para el desarrollo de este tipo de eventos internacionales. “Itapúa vibró, el país acompañó y Paraguay demuestra, una vez más, que está preparado para grandes desafíos”, apuntó.
Paraguay organizó la segunda edición del WRC ueno Rally del Paraguay 2026, un evento que combinó la actividad deportiva con propuestas vinculadas al turismo, entretenimiento y cultura, además de un gran dinamismo económico en el departamento de Itapúa. La actividad no solo recibió a los turistas internos sino también visitantes de otros países que resaltaron la organización, así como la gran calidez de los paraguayos.
Contraloría Ciudadana cuestiona al equipo legal de Prieto por vínculo laboral con municipio
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Integrantes de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE) requieren a la Contraloría General de la Republica (CGR) que impulse una fiscalización en torno al plantel de funcionarios y empleados públicos de la Municipalidad de Ciudad del Este al denunciar una presunta incompatibilidad y conflicto de intereses por parte de la abogada Gilda María Portillo.
El pedido de la organización surge teniendo en cuenta que Portillo, conforme a la lista de funcionarios y empleados públicos divulgada por la municipalidad, aparece vinculada y remunerada por la institución desde el mes de febrero del 2025 y paralelamente ejercería la defensa técnica particular en las diferentes causas judiciales que enfrenta el destituido intendente por corrupción, Miguel Prieto, y su equipo conformado por el concejal Sebastián Martínez Insfrán, el director de Recursos Humanos, Francisco Arrúa, y la funcionaria Maggi Elizabeth Fariña Almada.
“La denuncia se sustenta en la posible existencia de incompatibilidad, conflicto de intereses y eventual utilización inadecuada de recursos o información institucional, atendiendo a que la citada profesional, mientras mantiene un vínculo remunerado con la Municipalidad de Ciudad del Este, ejercería la defensa técnica particular de autoridades, exautoridades y funcionarios vinculados con dicha institución”, refiere el documento que será remitido al órgano auditor.
Señala también que “asimismo, se solicita verificar si la denunciada cumplió con su obligación de presentar ante la Contraloría General de la República su Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos, dentro del plazo legal correspondiente”.
La abogada Gilda María Portillo acompañando al destituido intendente por corrupción Miguel Prieto en la Fiscalía. Foto: Captura de pantalla
Intereses contrapuestos
En el escrito mencionan que algunas de las causas judiciales guardarían relación con hechos denunciados, actuaciones administrativas, recursos públicos o circunstancias vinculadas directa o indirectamente con la Municipalidad de Ciudad del Este.
“Esta situación podría colocar a la profesional en una posición de intereses contrapuestos, debido a que, por una parte, mantiene un vínculo remunerado con la institución municipal y se encuentra obligada a privilegiar y proteger los intereses públicos; mientras que, por otra, asume la defensa particular de personas investigadas o procesadas por hechos presuntamente vinculados con la misma institución”, indican desde la Contraloría Ciudadana de acuerdo a las informaciones e investigaciones recopiladas por sus miembros.
Agregan que la situación requiere verificar si la denunciada tiene acceso, por razón de sus funciones, a documentos, antecedentes, datos personales, expedientes administrativos, informes jurídicos o cualquier otra información institucional que pudiera resultar relevante para las causas en las que ejerce la defensa técnica.
Solicitan también determinar si la defensa de las personas individualizadas es abonada de manera particular por cada defendido o si, directa o indirectamente, se utilizan recursos, contratos, honorarios, personal, instalaciones, información o fondos de la Municipalidad de Ciudad del Este.
Mensajes de apoyo de la abogada Gilda María Portillo Vera a favor del exintendente Miguel Prieto. Foto: Gentileza
En el requerimiento, la Contraloría Ciudadana hace alusión a la Ley 7445/2025 “De la Función Pública y del Servicio Civil” el cual resulta aplicable a los funcionarios y empleados públicos de los gobiernos municipales. A la vez citan artículo 51 de la ley que establece, entre las obligaciones de los servidores públicos, la de privilegiar los intereses del Estado sobre los intereses propios o particulares, observar el principio de probidad administrativa y actuar con imparcialidad.
También hacen mención al artículo 52, inciso m, prohíbe a los servidores públicos efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas o judiciales bajo su ámbito de actuación, con las excepciones previstas en el ordenamiento jurídico.
Igualmente, citan los incisos k, l, n, p y r del mismo artículo argumentando que en los mismos se detallan prohibiciones relacionadas con la obtención de beneficios, el conflicto de intereses, la prestación de servicios a determinados particulares y el ejercicio de ocupaciones que no puedan conciliarse con las obligaciones del puesto público.
Además citan en la solicitud el artículo 61, inciso p, considera falta grave efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas o judiciales, se encuentren o no directamente bajo el ámbito de actuación del servidor público.
También hacen referencia a la ley 6919/2022 sobre la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos el cual comprende como sujetos obligados a las personas nombradas, contratadas o electas para prestar servicios en organismos o entidades del Estado. La declaración jurada debe presentarse ante la Contraloría General de la República dentro del plazo legal contado desde la toma de posesión o inicio de las funciones.
“Los hechos expuestos ameritan una investigación destinada a determinar la naturaleza exacta del vínculo contractual, las funciones asignadas, los pagos efectuados, la existencia de posibles conflictos de intereses y el cumplimiento de las obligaciones legales de transparencia”, sostienen.
Documento que será presentado por los miembros de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este a la Contraloría General de la República. Foto: Gentileza