La influencer y exreina de belleza Bethania Borba desató polémica por criticar públicamente la edición que realizó el fotógrafo Josué Otazú para su imagen. Se trata de una campaña que realizó la también modelo hace ya dos años para la revista Aleiram Chic, pero que se volvió a viralizar luego de que el profesional compartiera recientemente el detrás de cámara. En medio del revuelo en redes, el joven reveló que fue contactado incluso por el abogado de la famosa.

Invitado al programa Aire de Todos, de Montecarlo FM y el canal GEN, Josué Otazú se mostró sorprendido por la reacción de Bethania Borba a la publicación. Según comentó el profesional, la exreina de belleza prefirió comentar el posteo criticando públicamente su edición, “denigrando” su trabajo, antes de contactarlo personalmente.

“Luego ella me escribió al privado pidiendo que baje la publicación. Si hubiera hecho esto antes de dejar el comentario, sin ningún problema lo hubiera hecho. Todo se soluciona conversando”, expresó. Ya esta tarde, el abogado de la influencer se contactó con el profesional tras la polémica.

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Fue en este contexto que Otazú explicó que, como profesional, tiene contrato con la productora que hizo la campaña de Bethania Borba para Aleiram Chic. De ahí que la decisión de lo que pasará con el posteo de la controversial edición no recae exclusivamente en él. “Es la gente de la revista la que tiene los derechos. Ella firmó con ellos. A quien corresponde decidir eso (lo que pasará) es a la revista”, agregó.

El fotógrafo explicó que su única intención con el posteo era mostrar el despliegue que conlleva esta clase de producción y realizar un estudio acerca de lo que prefieren sus seguidores. ”Sé que el arte es subjetivo. Lo que quería es mostrar cómo hacer un estudio de marcado a la gente que me sigue. Quiero aprender qué le gusta a mi público”, añadió.

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El exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, quien estará sentado en el banquillo de los acusados por cohecho pasivo agravado por mantener vínculos con el presunto narcotraficante detenido en Brasil, Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, estará representado por el defensor público Francisco Acevedo, debido a que su abogado particular, Guillermo Duarte, renunció a seguir ejerciendo su representación legal.

Se manejan varias hipótesis sobre la renuncia de Duarte a la defensa de Giuzzio debido a que se menciona que dicha situación sería a los efectos de poder dilatar el inicio del juicio oral y público atendiendo a que el día que se llegue a querer realizar el juicio oral, Giuzzio designará a un abogado particular para que le asista y por ende la audiencia oral se tendrá que posponer nuevamente.

Ahora el tribunal de Sentencia que preside la jueza Adriana Planás deberá fijar la fecha para el inicio del juicio oral para Giuzzio.

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El 16 de agosto del 2023, los agentes del Ministerio Público, Jorge Arce y Diego Arzamendia, presentaron acusación contra Giuzzio por la supuesta comisión del ilícito de cohecho pasivo agravado y solicitaron juicio oral y público.

El exministro ocupó la titularidad del Ministerio del Interior hasta el 22 de febrero de 2022, cuando fue destituido por el presidente Mario Abdo Benítez, luego de trascender pruebas del trato que mantenía con el presunto narco brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, hoy procesado en Brasil.

Se había comprobado cómo Giuzzio viajó en el vehículo prestado del capo-narco brasileño para ir a Brasil en plan de vacaciones. Esto sin mencionar que Espíndola pretendía convertirse en proveedor de equipos de blindajes y chalecos antibalas para el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, cuando Giuzzio seguía al frente de la cartera.

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El abogado Óscar Tuma se refirió sobre la reciente decisión del Senado en restituir sus fueros a Erico Galeano, Hernán Rivas y Rafael Filizzola. Para el exdiputado, la medida no constituye un atropello a la Carta Magna ni al principio de la separación de los poderes del Estado.

“La injerencia de un poder del Estado sobre otro se refiere a la intromisión inapropiada de una rama del gobierno en las funciones que constitucionalmente corresponden a otra rama. En un sistema de gobierno, donde coexisten poderes separados, como el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, es fundamental mantener su independencia para asegurar un equilibrio democrático”, indicó mediante sus redes sociales oficiales.

En ese contexto, Tuma argumentó: ”la facultad de retirar o no la inmunidad parlamentaria a un legislador, permitiendo o no que este se enfrente a procesos judiciales, es una prerrogativa exclusiva del Poder Legislativo. Esto implica que solo la cámara correspondiente, ya sea el Senado o la Cámara de Diputados, según el caso, puede decidir sobre la remoción o el restablecimiento de dichos fueros. Por lo tanto, esta acción en sí misma no constituye una violación al principio de separación de poderes establecido en el artículo 248 de la Constitución Nacional, ya que está prevista dentro de las competencias legislativas”.

Asimismo, dijo que en el artículo 191 de la Constitución no se encuentra explícitamente fijado el proceso de restablecimiento de los fueros. No obstante, argumenta que “en la práctica y según la lógica del sistema legal y parlamentario, si se puede suspender la inmunidad de un legislador para permitir un proceso judicial, implícitamente se entiende que se debe aplicar ese mismo mecanismo para su restablecimiento, y esto ocurre una vez que se resuelvan las causas que llevaron a dicha suspensión, especialmente si el legislador es encontrado no culpable o si el proceso judicial concluye sin una condena”.

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De esta manera, afirma que el restablecimiento de los fueros puede interpretarse como un “retorno al estado de protección original que gozaban los legisladores antes del proceso de desafuero”. Agrega, a la vez, que “la falta de una mención explícita sobre el restablecimiento de fueros en el artículo 191 no impide que este se lleve a cabo; más bien, la capacidad para restablecer los fueros se entiende como parte integral del principio de inmunidad parlamentaria, que busca proteger la independencia del legislativo y asegurar que sus miembros puedan realizar sus funciones sin temor a represalias injustas”.

Tuma argumenta que el restablecimiento de los fueros a un parlamentario se puede considerar como “una consecuencia lógica y necesaria del sistema de inmunidades parlamentarias, siempre y cuando se realice siguiendo los procedimientos adecuados y bajo las circunstancias que justifiquen dicha acción”.

La situación refleja a una interpretación constitucional, prosiguió con su argumento. “Por un lado, algunos argumentan que, si la Constitución no menciona expresamente la posibilidad de restablecer los fueros, entonces tal acción no estaría permitida. Por otro lado, debemos usar la lógica y entender que no todos los procedimientos y facultades necesitan estar detallados explícitamente en el texto constitucional para ser válidos”.

Sostiene que “desde esta perspectiva, si el Congreso tiene la facultad de desaforar a un miembro, implícitamente debe tener la facultad de revertir esa decisión si las circunstancias que llevaron al desafuero cambian, especialmente si la finalidad de la inmunidad parlamentaria es proteger la función legislativa y la independencia del Poder Legislativo”.

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El abogado colombiano Iván Cancino González, representante legal de Horacio Cartes en Colombia, afirmó que analizan acciones penales ante los falsos testimonios que pretenden vincular al exmandatario paraguayo en el caso del fiscal Marcelo Pecci, luego de que su nombre fuera excluido de la matriz de colaboración de la Fiscalía colombiana con el sicario Francisco Luis Correa Galeano en la investigación del crimen ocurrido en dicho país en mayo de 2022.

“No hay absolutamente ninguna posibilidad de vincular al expresidente Horacio Cartes”, manifestó Cancino, este miércoles, al programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media. “Yo creo que aquí debemos dar un paso definitivo y preguntarle a este testigo (Correa Galeano) qué lo llevó a poner el nombre de Horacio Cartes”.

El pasado 19 de marzo, un juez de Cartagena ratificó el principio de oportunidad con inmunidad parcial otorgado a Correa Galeano, que suspende por un año la acción penal en su contra por el delito de homicidio agravado, luego de delatar a los hermanos Andrés y Ramón Pérez Hoyos, y a Margareth Chacón como financistas del asesinato. Al declarar contra Chacón, en octubre de 2022, Correa mencionó por única vez a Cartes y a Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, como presuntos implicados.

“A nosotros también nos interesa seguir preguntando quién está detrás de la muerte de Marcelo Pecci, quien esté detrás de este homicidio también está detrás de todos los intentos de injuriar, calumniar y dañar a Horacio Cartes”, comentó el abogado colombiano a Nación Media. “Seguiremos insistiendo en Colombia y Paraguay para que se encuentre a quien entregó el dinero a los hermanos Pérez Hoyos y a la señora Margareth Chacón porque nos interesa saber quién está detrás no solo de la muerte de un fiscal, sino también de dañar los intereses y la imagen de Horacio Cartes”.

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Agregó que los representantes legales del expresidente se encuentran analizando demandar a Correa Galeano y contra quienes busquen perjudicar a su cliente con falsas declaraciones. “Siempre se tenía la puerta abierta para iniciar acciones penales sobre cualquier persona que quisiera atacar la honra o la imagen de Horacio Cartes, para tratar de desviar la investigación y para vincular al expresidente en algo que no tiene y jamás tuvo nada que ver”, comentó.

“Estamos muy cerca de tomar esta decisión. Llega el momento de no más contención, sino ser proactivos buscando protección de la administración de justicia tanto en Paraguay y Colombia. Vamos a perseguir a todas esas personas que se puedan convertir en falsos testigos contra Cartes. Ya llegó el momento de pasar a la acción con querellas y demandas, y no esperar más”, acotó.

Señaló que su defendido es víctima de una “de las más grandes persecuciones” que pudo observar a lo largo de su carrera como abogado, tanto a nivel nacional como internacional. “Una mano negra que opera con gran poder económico y político. Tiene que ser un gran músculo político, económico, transnacional, con algún interés económico el que está detrás de perjudicar a Cartes, no se descarta ninguna hipótesis”, comentó.

Por otra parte, Cancino se refirió a las expresiones del criminólogo colombiano Daniel Rico, quien afirmó que Tabacaleras del Este SA (Tabesa) forma parte del mercado ilícito. “Yo no creo que una persona con la educación que tiene este criminólogo se haya equivocado, creo que hay una equivocación a propósito y es el hacer daño. El informe de la Federación Colombiana de Departamentos refiere que entre los 5 primeros países de donde proviene el contrabando de cigarrillos no está Paraguay. Si miramos las primeras 7, 8 o 9 marcas de cigarrillos que se contrabandean en Colombia no aparece ninguno de Tabesa”, indicó.

El abogado puntualizó que “hoy el expresidente Cartes no tiene ninguna vinculación con Tabesa, se desprendió empresarialmente, de tal manera que a Tabesa le corresponderá mirar también si inicia o no acciones contra esa persona que miente y hace daño. Era solo entrar a hacer una pequeña búsqueda en internet para darse cuenta que es una compañía uruguaya, no paraguaya, y que incluso algunas cajetillas dicen que están hechas en los Estados Unidos”.

Cancino siguió sosteniendo que “ese vínculo que se quiere hacer que Rumba, Tabesa, Cartagena, Pecci, Horacio Cartes es mal intencionado, es una mentira, desinformación con el único propósito de hacer daño al expresidente. Ojalá Tabesa tome acciones legales”.

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