El titular del Ministerio del Interior, Federico González, indicó que entregaron al Ministerio Público documentos correspondientes a la administración de Arnaldo Giuzzio en la mencionada cartera, quien está siendo investigado por sus vínculos con el narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, detenido en Brasil. La documentación entregada incluye rendiciones de cuentas, listado de vehículos administrados por la institución y sobre reparaciones realizadas a los mismos.
En comunicación con la 650 AM, el ministro González indicó que esta documentación fue entregada al fiscal Silvio Corbeta, quien fue designado como encargado de la investigación a Giuzzio luego de que este recusara a los fiscales Osmar Legal y Alicia Sapriza, quienes lo imputaron por cohecho pasivo agravado, es decir, por coima. El actual ministro del Interior afirmó que en la institución no hay registros referentes a la firma de contratos con Black Eagle ni otras empresas vinculadas a Marcus Vinicius.
“Hay una dirección de Inteligencia, se trabaja coordinadamente. Hay varios organismos del Estado que tienen dirección de Inteligencia”, señaló el ministro, hecho que genera la duda de cómo Arnaldo Giuzzio pudo reunirse con alguien que en ese momento estaba siendo investigado por narcotráfico sin que nadie de la institución se percatara de este hecho. “Es un riesgo al que estamos expuestos todas las autoridades porque diariamente la gente pide audiencias”, indicó González y añadió que él se encarga de chequear con quiénes va a entablar una reunión con el fin de evitar hechos similares.
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Chats proveídos por Brasil
El extitular del Interior, Arnaldo Giuzzio, incluso había utilizado una camioneta de la empresa de Vinicius para ir de vacaciones al Brasil; luego de que esto se revelara, el exfuncionario indicó que él había arrendado el rodado. Sin embargo, desde la firma aseguraron que no se había realizado ningún pago y que el vehículo fue prestado en el marco de un próximo contrato con el Ministerio del Interior. Por si esto fuera poco, desde el Brasil se proporcionaron chats que compartieron Giuzzio y Vinicius una noche antes del allanamiento que tenía por objetivo atrapar al capo narco.
Marcus Vinicius es dueño de varias propiedades en el Paraná Country Club de Hernandarias, predio que fue allanado en el marco del operativo Turf, en febrero pasado, y de donde logró escapar Lindomar Reges Furtado, asociado al esquema del empresario brasileño, en las narices de las autoridades. Las informaciones indican que Vinicius integraría una red narco internacional e incluso tendría vínculos con la mafia italiana instalada en el Brasil, atendiendo que el principal destino de los cargamentos de estupefacientes es el continente europeo.
Todos estos antecedentes, al parecer, eran desconocidos por el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, quien además de mantener chats, utilizar su vehículo, lo defendió el pasado 9 de agosto ante la Comisión Bicameral de Investigación de lavado de dinero y otros delitos conexos del Congreso Nacional, afirmando que él hasta el momento no sabía si Vinicius realmente era un narcotraficante.
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Varios países hallan activos vinculados a escándalo de Ueno Bank en Paraguay
Varios países hallaron fondos vinculados al banco digital paraguayo Ueno Bank, cuyo colapso destruyó la caída del presidente Santiago Peña, informó el viernes la fiscalía de Paraguay.
El fiscal Francisco Cabrera dijo en conferencia de prensa que varios países “ya han contestado en forma afirmativa la presencia de activos” y que “se están haciendo las diligencias correspondientes para pedir el congelamiento” de estos valores.
El fiscal no especificó a qué países se refería.
El lunes, la fiscalía había anunciado el inicio de gestiones informales con Estados Unidos, Luxemburgo y Argentina para rastrear y recuperar dinero de Ueno y sus empresas vinculadas.
Cabrera informó que el jueves tuvo “una reunión preliminar con los fiscales de Luxemburgo y se afinaron detalles para lo que va a ser el eventual pedido de cooperación con ellos”.
El Banco Central de Paraguay (BCP) intervino Ueno Bank el 3 de noviembre por graves problemas de solvencia, y cientos de millas de clientes quedaron sin acceso a sus depósitos.
El BCP informó el jueves a la AFP que ya devolvió mendiante un fondo de garantías la totalidad de sus ahorros al 80% de los 1,8 millones de depositantes de Ueno.
Sin embargo, el grueso del dinero depositado sigue sin aparecer, incluidos más de 800 millones de dólares en fondos públicos.
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La justicia paraguaya lleva adelante dos investigaciones en paralelo.
Una está centrada en los directivos del Ueno Bank, diez de los cuales se encuentran detenidos. La otra, en torno a Peña y al expresidente del BCP Carlos Carvallo, ambos en prisión preventiva.
La Fiscalía detuvo este viernes a tres exintegrantes del directorio del Banco Central (BCP), por presunción de haber ignorado advertencias sobre la insolvencia de Ueno Bank, tras allanar sus viviendas.
Según la orden de detención de la Fiscalía publicada en la prensa local, los tres presuntamente conocieron desde diciembre de 2025 las irregularidades financieras de Ueno, pero omitieron adoptar correctivas y permitieron que la entidad siguiera captando depósitos.
Las detenciones se produjeron un día después de que fuera arrestado el superintendente de Bancos del BCP, Holger Insfrán.
- Fuente: AFP
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Caso Ueno: Fiscalía imputa por asociación criminal a Peña y cinco autoridades del BCP
La Fiscalía formuló este viernes 13 de noviembre una nueva imputación por el supuesto hecho punible de asociación criminal contra el expresidente de la República Santiago Peña y cinco autoridades y exautoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades financieras que derivaron en el colapso de Ueno Bank.
El Acta de Imputación N.º 9, correspondiente a la causa penal N.º 92/2026, sostiene que los investigados habrían integrado una estructura organizada y jerárquica dentro del aparato estatal para favorecer los intereses del conglomerado empresarial Grupo Vázquez, controlador de la entidad bancaria.
La nueva imputación alcanza a Santiago Peña Palacios, expresidente de la República; Carlos Carvallo Spalding, expresidente del BCP; Holger Insfrán Ibarrola, exsuperintendente de Bancos; y los exdirectores Marco Aurelio González Maldonado, Liana Emilce Caballero Krauze y Miguel Ángel Mora.
En el caso de los tres exintegrantes del directorio, la Fiscalía también atribuye otros hechos punibles relacionados con presuntas omisiones de supervisión y el manejo de documentos oficiales.
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Peña habría encabezado la presunta estructura criminal
Según la hipótesis del Ministerio Público, Santiago Peña habría utilizado su posición como presidente de la República para colocar y mantener en cargos estratégicos a personas de su confianza o con vínculos corporativos previos.
Los investigadores sostienen que estas designaciones habrían permitido establecer un esquema de protección institucional para Ueno Bank, mediante la participación de autoridades encargadas de regular y supervisar el sistema financiero.
La Fiscalía señala que Peña habría actuado como jefe de la presunta organización, mientras que los demás integrantes habrían cumplido funciones específicas desde sus respectivas responsabilidades públicas.
En ese contexto, el documento menciona la designación de Carlos Carvallo, expresidente de financiera ueno, como titular del BCP, además de la permanencia de Holger Insfrán en la Superintendencia de Bancos y la actuación de los tres integrantes del directorio. La imputación sostiene que el objetivo de la presunta estructura habría sido subordinar los mecanismos de control financiero a los intereses particulares del Grupo Vázquez.
Reuniones reservadas con Miguel Vázquez en Mburuvicha Róga
Otro de los aspectos centrales del acta fiscal es la presunta relación entre el expresidente Peña y Federico Miguel Vázquez Villasanti, principal referente del conglomerado empresarial. Los investigadores sostienen que ambos habrían mantenido reuniones reservadas en Mburuvicha Róga para coordinar necesidades e intereses del grupo financiero.
De acuerdo con la imputación, Peña habría impartido directivas destinadas a evitar la intervención de Ueno Bank y frenar las alertas públicas relacionadas con su situación de insolvencia.
El documento también menciona el presunto hallazgo y entrega de USD 200.000 en efectivo, distribuidos en sobres dentro de la residencia presidencial, como parte de las contraprestaciones ilícitas que la Fiscalía atribuye al exmandatario. Estas afirmaciones forman parte de la hipótesis fiscal y deberán ser acreditadas durante el proceso penal.
Carvallo habría ocultado información sobre la insolvencia
La imputación también señala a Carlos Carvallo Spalding, expresidente del Banco Central, como uno de los presuntos responsables de impedir la aplicación oportuna de los mecanismos regulatorios. Según el Ministerio Público, Carvallo habría paralizado procedimientos de regularización y suscrito documentación dirigida al Congreso Nacional que no reflejaba íntegramente las advertencias técnicas sobre la situación financiera de Ueno Bank.
En particular, se cuestiona la Nota BCP/P N.º 016/2026, remitida a la Cámara de Senadores, cuyo contenido habría omitido información relevante sobre operaciones financieras investigadas. La Fiscalía sostiene que estas actuaciones habrían contribuido a mantener la operación del banco sin restricciones, pese a los informes que advertían sobre su deterioro patrimonial.
En cuanto a Holger Insfrán, la Fiscalía sostiene que habría utilizado su posición al frente de la Superintendencia de Bancos para evitar la aplicación de medidas correctivas. Entre los hechos investigados figura la venta de una cartera crediticia de Ueno Bank a Vinanzas S.A. por USD 74,4 millones, operación que, según los informes técnicos, habría sido financiada indirectamente con recursos del propio banco.
El Ministerio Público también cuestiona el tratamiento dado a un informe elaborado por el exgerente de Supervisión Fernando Rivarola, fechado el 10 de julio de 2026, que advertía sobre presuntas irregularidades en esa operación. De acuerdo con la hipótesis fiscal, la falta de aplicación de sanciones y medidas preventivas habría permitido que la entidad continuara captando fondos del público.
Exdirectivos del BCP habrían permitido continuidad de operaciones
La imputación atribuye a Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González presuntas omisiones en sus deberes de control como integrantes del directorio del Banco Central. Según la Fiscalía, los tres habrían conocido las alertas relacionadas con el deterioro patrimonial de Ueno Bank desde junio de 2026, sin impulsar oportunamente las medidas previstas en la legislación bancaria.
El acta señala que, pese a los informes técnicos disponibles, el directorio se habría limitado a disponer la apertura de un sumario administrativo, sin ordenar la suspensión preventiva de determinadas operaciones. En particular, la Fiscalía atribuye a Marco Aurelio González una presunta participación directa en la modificación de un informe institucional remitido al Senado, que habría omitido observaciones técnicas relevantes.
Respecto de Liana Caballero, sostiene que habría recibido una versión del documento cuestionado sin promover posteriormente una rectificación oficial. En cuanto a Miguel Ángel Mora, los investigadores señalan que habría presidido interinamente una sesión del directorio en la que no se impulsaron medidas más restrictivas contra la entidad financiera.
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Captación de depósitos pese a advertencias
El Ministerio Público sostiene que la presunta actuación coordinada de los investigados permitió que Ueno Bank continuara operando entre junio y octubre de 2026, pese a las observaciones sobre su solvencia. En ese periodo, la entidad habría desarrollado campañas comerciales para atraer nuevos depósitos y certificados de depósito de ahorro, incluyendo promociones con reintegros del 50 %.
La Fiscalía considera que la continuidad de estas operaciones habría incrementado la exposición del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y comprometido recursos públicos y previsionales. El acta señala que, al 30 de septiembre de 2026, los fondos públicos depositados en la entidad ascendían a aproximadamente G. 3,6 billones y USD 233,4 millones.
La situación desembocó en el procedimiento de resolución dispuesto por el BCP el 2 de noviembre, luego de constatarse que la solvencia del banco había caído por debajo del límite establecido por la normativa.
Prisión para González y arresto domiciliario para Caballero y Mora
La nueva imputación también contiene solicitudes de medidas cautelares contra los exintegrantes del directorio del BCP. El Ministerio Público requirió la prisión preventiva de Marco Aurelio González Maldonado, mientras que para Liana Caballero Krauze y Miguel Ángel Mora solicitó arresto domiciliario.
Asimismo, pidió la inhibición general de vender y gravar bienes de los tres imputados y la identificación de sus cuentas, depósitos, inversiones y otros activos financieros, a fin de determinar eventuales medidas de inmovilización.
Nueva dimensión en la investigación
La imputación por asociación criminal representa una ampliación de la investigación que inicialmente apuntaba a presuntas irregularidades financieras, omisiones de supervisión y decisiones administrativas relacionadas con ueno bank.
Ahora, el Ministerio Público sostiene la hipótesis de que los hechos no habrían respondido únicamente a actuaciones individuales, sino a una presunta organización que habría funcionado mediante una división de tareas entre autoridades del Poder Ejecutivo y del Banco Central. La Fiscalía atribuye a Santiago Peña el supuesto liderazgo político de esa estructura y a las autoridades del BCP la presunta utilización de sus cargos para favorecer la continuidad operativa del banco.
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Caso ueno: Peña, Carvallo y exdirectivos del BCP, bajo la lupa de la Fiscalía
La investigación por la crisis de Ueno Bank también alcanza a las autoridades que tenían responsabilidades sobre la supervisión del sistema financiero y a quienes ejercieron funciones en el Poder Ejecutivo durante el periodo en que se habrían producido las irregularidades.
En una causa separada de la investigación contra los directivos y empresas vinculadas al banco, el Ministerio Público analiza la actuación del expresidente Santiago Peña, del extitular del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo Spalding, y de otros integrantes del organismo regulador.
Las pesquisas buscan determinar si existieron omisiones en los controles, decisiones irregulares u otras conductas que permitieron que la entidad bancaria continuara operando pese a las alertas sobre su situación financiera.
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Peña y Carvallo, imputados y privados de libertad
Entre los principales procesados se encuentra el expresidente Santiago Peña, quien fue detenido el 6 de noviembre e imputado posteriormente por presunta lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio.
También fue imputado Carlos Carvallo Spalding, expresidente del BCP, por presunta lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio.
Ambos permanecen privados de libertad, de acuerdo con las últimas informaciones publicadas sobre la causa. La Fiscalía investiga las decisiones adoptadas durante sus respectivas administraciones y la posible existencia de responsabilidades relacionadas con las operaciones de Ueno Bank.
Superintendente de Bancos también fue detenido
Otro de los investigados es Holger Aníbal Insfrán Ibarrola, superintendente de Bancos del BCP, cuya actuación quedó bajo cuestionamiento por el control ejercido sobre la entidad financiera.
Insfrán fue detenido el 12 de noviembre e imputado por presunta lesión de confianza. La representación fiscal también solicitó su prisión preventiva.
La investigación busca establecer qué información manejaban las autoridades de supervisión y qué medidas adoptaron durante el periodo en que se detectaron las primeras irregularidades.
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Exdirectivos detenidos este viernes
Las diligencias continuaron este viernes 13 de noviembre con la detención de otros dos exintegrantes del directorio del Banco Central. Uno de ellos es Miguel Ángel Mora, quien fue detenido en el marco de los procedimientos fiscales relacionados con las presuntas irregularidades en la supervisión de Ueno Bank.
También fue detenida Liana Emilce Caballero Krause, exdirectora y expresidenta interina del BCP, durante un allanamiento realizado en su vivienda. En el procedimiento se incautaron documentos y dispositivos que serán analizados por los investigadores.
Mientras que Marco Aurelio González, exprocurador general de la República y exmiembro del Directorio del Banco Central del Paraguay, quien también fue incluido en la investigación, se presentó en la sede de la Comisaría 1.ª del barrio Sajonia de Asunción.
González no fue localizado en su domicilio durante un allanamiento llevado a cabo esta mañana, por lo que se impartió orden de detención en su contra. Al llegar a la dependencia policial a bordo de una camioneta particular, se procedió a su detención en cumplimiento de la orden del Ministerio Público.
Fiscales que investigan a Peña y autoridades del BCP
El equipo de fiscales encargado de esta causa está integrado por Elena Fiore Franco, Silvia González Vester, Christian Manuel Benítez Cáceres, María Verónica Valdez, Laura Mercedes Giacummo, Ruth Karina Benítez y Marlene González. La coordinación está a cargo de la fiscal adjunta Nancy Salomón Marín.
La investigación comprende la revisión de documentos del Banco Central, decisiones del directorio, informes de supervisión y operaciones relacionadas con la colocación de fondos públicos y previsionales en ueno bank.
Uno de los aspectos centrales es determinar desde cuándo las autoridades conocían los problemas financieros de la entidad y si las medidas adoptadas fueron suficientes y oportunas.
Durante las explicaciones ofrecidas tras el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank, el entonces titular del BCP, Carlos Carvallo, reconoció que las investigaciones técnicas habían comenzado en junio de 2026, a partir de operaciones crediticias con empresas vinculadas. Sin embargo, los investigadores también examinan antecedentes y advertencias que podrían remontarse a periodos anteriores.
La Fiscalía busca establecer si existieron conductas con relevancia penal en el ejercicio de las funciones públicas de supervisión y control. Con las nuevas detenciones, la causa continúa ampliándose.
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Caso Ueno: quiénes son los 27 imputados por las presuntas irregularidades financieras del banco
La causa penal por las presuntas irregularidades financieras de Ueno Bank avanza con 27 personas inicialmente imputadas, entre ellas directivos de la entidad y representantes de sociedades vinculadas que habrían participado en operaciones crediticias irregulares.
Las investigaciones también apuntan a determinar si estas maniobras se realizaron con el conocimiento, la complicidad o la omisión de autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), organismo responsable de supervisar el funcionamiento de la entidad financiera.
El Ministerio Público abrió la investigación luego de recibir una comunicación del organismo regulador sobre supuestas irregularidades detectadas durante la supervisión del banco, cuyo procedimiento de resolución fue dispuesto el 2 de noviembre.
La Fiscalía formuló el acta de imputación el 4 de noviembre, en el marco de la causa N.º 89/2026, por presuntos hechos punibles de lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio.
Entre los principales investigados está Federico Miguel Vázquez Villasanti, presidente de Grupo Vázquez, conglomerado empresarial que controlaba Ueno Bank.
Los 27 imputados de la causa
Entre los imputados se encuentran directivos y exdirectivos de Ueno Bank y de empresas vinculadas con el Grupo Vázquez. Los cargos corresponden a antecedentes societarios y perfiles de los directivos publicados durante la investigación.
- Federico Miguel Vázquez Villasanti: vicepresidente primero de Ueno Bank y presidente del Grupo Vázquez.
- Juan Manuel Gustale Cardoni: presidente de Ueno Bank.
- Julio Daniel Rey Fernández: exvicepresidente segundo de Ueno Bank.
- Diana Leticia Mongelós González: vicepresidenta segunda de Ueno Bank.
- Mariana Torres Rubiani: exdirectora titular de Ueno Bank.
- Alejandro Gómez Abente: director titular de Ueno Bank.
- Diego Fernando Duarte Schussmuller: director titular de Ueno Bank y vicepresidente primero de Ueno Seguros.
- Miguel Ángel Almada Frutos: exsíndico titular de Ueno Bank.
La lista continúa con representantes, directivos y accionistas de empresas vinculadas.
- José Augusto Sala Cardozo: presidente y representante legal de MOWI S.A.
- Sergio Amado Pizurno Zsarán: vicepresidente de MOWI S.A. y director titular de Grupo M S.A.
- Vanessa Esther Godoy Ayala: presidenta de Grupo Hendy S.A.
- Óscar Urdapilleta: vicepresidente de Grupo M S.A.
- César Javier Mengual Mazacotte: presidente de Grupo Hendy S.A.
- Miguel Ángel Garay: director titular de Grupo Hendy S.A.
- César Manuel Astigarraga Lambaré: presidente y CEO de ITTI S.A.E.C.A.
- Luis Ernesto Angulo Rivera: vinculado a Grupo M S.A.
- Guillermo Vázquez Muniagurria: director titular de Grupo M S.A.
- Diego Sebastián Gómez Arce: presidente de Grupo M S.A.
- Luis Fernando Ríos Espínola: vicepresidente de TUIU S.A.
- André Gayol Pires: accionista y beneficiario final de TUIU S.A.
- Nicolás S. Di Iorio Olivares: accionista y beneficiario final de TUIU S.A.
- Rodrigo Ramón Franco Ortiz: presidente y representante legal de TUIU S.A.
- Mauro Vargas Wildberger: presidente y accionista de FRANDEDE S.A., además de accionista de AIME S.A. Corredores de Seguros.
- Cecilia Domínguez Elizeche: vicepresidenta de FRANDEDE S.A.
- Martín Vargas Wildberger: accionista de AIME S.A. Corredores de Seguros.
- Gloria Villasanti Farinha: presidenta de AIME S.A. Corredores de Seguros.
- Raúl Fernando Sánchez Gómez: director titular de AIME S.A. Corredores de Seguros.
La imputación alcanza a personas con distintos grados de vinculación con las operaciones examinadas. Su inclusión en la causa no implica que todas hayan sido detenidas ni que exista una responsabilidad penal demostrada.
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Préstamos millonarios y movimientos entre empresas
La investigación se concentra en un presunto esquema de operaciones crediticias realizadas entre 2025 y 2026, mediante préstamos y sobregiros concedidos a sociedades vinculadas.
Según los antecedentes fiscales, una parte de los recursos habría sido transferida entre distintas empresas para financiar operaciones diferentes de los destinos originalmente declarados.
Uno de los movimientos investigados corresponde a la adquisición de una cartera crediticia por USD 74,4 millones, operación que habría involucrado a Vinanzas S.A. y otras sociedades vinculadas con el grupo empresarial.
La Fiscalía busca determinar el origen y destino de los fondos, las garantías utilizadas y la eventual responsabilidad de quienes participaron en las operaciones.
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Fiscales encargados de la investigación
El equipo del Ministerio Público está integrado por Francisco Cabrera, Silvio Corbeta Dinamarca, Jorge Arce Rolandi, Yeimy Adle, Ruth Benítez, Luz Guerrero, Luis Piñánez y Belinda Bobadilla Biscouto, bajo la coordinación de la fiscal adjunta Nancy Salomón Marín.
Los investigadores también desarrollan diligencias patrimoniales destinadas a identificar bienes y recursos que eventualmente puedan ser utilizados para reparar los perjuicios ocasionados a los afectados.
En paralelo, se realizaron allanamientos y se solicitaron medidas cautelares sobre cuentas y bienes de sociedades relacionadas con las operaciones investigadas.
Investigación podría alcanzar a más personas
El Ministerio Público informó posteriormente que las pesquisas se ampliaron y que se identificaron aproximadamente 35 personas y 37 empresas relacionadas con los movimientos financieros examinados.
Esto no significa que todas ellas estén imputadas, sino que sus vínculos y operaciones forman parte del análisis fiscal. La investigación continúa abierta y no se descarta la presentación de nuevas imputaciones conforme se incorporen elementos de prueba.
El caso Ueno Bank mantiene así un frente judicial centrado en las operaciones financieras de la entidad y las sociedades vinculadas, mientras la Fiscalía intenta reconstruir el destino de los recursos y establecer eventuales responsabilidades penales.