De acuerdo a las explicaciones de Santiago Brizuela, presidente del Tribunal Electoral Partidario (TEP), las discusiones y análisis en torno a las chapas del Partido Colorado aún deben someterse al pleno del tribunal para una consideración final. “Con respecto al vicepresidente de la República y el ministro de Obras Públicas, son especulaciones porque hoy, materialmente no se tiene formalizada ninguna renuncia y tampoco se tiene un petitorio formal de Fuerza Republicana sobre lo que eventualmente podemos expedirnos”, afirmó para el programa Show de Noticias de GEN/Nación Media.

Así, Brizuela manifestó que prefiere referirse al contexto electoral enfocándose en los plazos. De igual modo, aclaró que todo dependerá del petitorio que envíe el movimiento Fuerza Republicana del cual a través de los principios procesales básicos relacionados a la bilateralidad o la contradicción, realizarán una acción para escuchar las voces y los argumentos de los movimientos legítimamente interesados en la cuestión.

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“Esos movimientos hacen referencia a otras nucleaciones que también están interesadas en la propuesta de un precandidato a la presidencia. Por otro lado, el proceder implica la firma de una providencia de traslado y a partir de ahí se emplaza a las partes para que contesten y sean escuchadas las posiciones de los movimientos”, explicó el presidente del TEP.

Teniendo en cuenta todos estos elementos, Brizuela expresó que la cuestión consiste en un aspecto técnico y jurídico procesal, aparte de considerarse también como una determinación política porque se trata de escuchar a los sectores internos del partido, más aún teniendo en cuenta que la situación adquiere una relevancia específica por la implicancia del cargo en discusión.

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Las garantías a establecerse

“El Tribunal Electoral no puede hacer oídos sordos y tampoco dejar de reconocer el aspecto político que implica toda la definición de las precandidaturas presidenciales. Nuestro objetivo central es garantizar todo el proceso electoral y todos los resultados”, declaró además el titular del TEP.

Así también, reconoció que, respetando siempre el aspecto legal, existen muchas variables a ser desarrolladas en torno a las precandidaturas presidenciales. Al respecto, ejemplificó que dentro del proceso electoral ya se vio que del 1 al 16 de junio se cerraron las inscripciones de las precandidaturas para cargos partidarios, procediendo así a las cargas informáticas de más de 75.000 aspirantes; a inicios de julio se abrió el periodo de impugnaciones y se debieron subsanar las observaciones de oficio.

“Luego de eso empezó el periodo de bilateralidad e impugnaciones, el 18 de julio se dio la resolución final de esas impugnaciones. Una vez terminado todo ese proceso de depuración jurídica se oficializaron las precandidaturas y candidaturas que en total consisten en 73.400 aproximadamente”, informó Brizuela, exponiendo la serie de etapas electorales que implica el reconocimiento de alguna aspiración partidaria.

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