El Tribunal Electoral Partidario de la Asociación Nacional Republicana (ANR), encabezado por Santiago Brizuela, tiene previsto finalizar mañana la depuración del padrón partidario con miras a las elecciones internas del próximo 18 de diciembre del 2022. El proceso se inició teniendo en cuenta que magistrados, fiscales y defensores públicos no pueden ejercer política alguna, desempeñar cargos en organismos oficiales o privados, partidos, asociaciones o movimientos políticos.

Al respecto, el secretario ejecutivo del organismo electoral, Rubén Rolón, recordó que desde el pasado 26 de marzo el Partido Colorado ya tiene certificado su padrón, pero posterior a la situación comenzaron a llegar los pedidos de suspensión temporal de afiliaciones por parte de magistrados, fiscales, así como de defensores públicos, conforme al artículo 10 del Código de Organización Judicial.

“A raíz de este problema pedimos autorización al TSJE, ya que no se puede modificarlo una vez que se encuentra autorizado, entonces solicitamos depurarlo teniendo en cuenta la cantidad de solicitudes de suspensión de afiliaciones”, indicó en comunicación con el diario La Nación/Nación Media.

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Rolón dijo que para el proceso el TEP remitió notas a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a la Fiscalía y a la Defensoría Pública con el fin de obtener la nómina total de los afectados. “Acá tuvimos una sorpresa porque sus listados no estaban actualizados. Es por eso que recurrimos por nuestra parte a la depuración que finalizará este 8 de agosto, esto es una excepción, no es un procedimiento previsto en el cronograma electoral”, aclaró.

Rubén Rolón, secretario ejecutivo del Tribunal Electoral Parti­dario (TEP) del Partido Colorado. Foto: Archivo.

La depuración surge a raíz de las denuncias que sindican a magistrados y fiscales de haber votado en las pasadas internas tanto del Partido Colorado como del Partido Liberal Radical Auténtico. La denuncia fue formulada días atrás por el senador del Partido Democrático Progresista (PDP) Pedro Santa Cruz, en representación de la Cámara Alta, ante el Consejo de la Magistratura (CM).

“Esto es una irresponsabilidad por parte de los fiscales, jueces y defensores porque ellos tuvieron que solicitar su expulsión o las autoridades de estos estamentos debieron remitir la lista al TSJE, así como hacen los militares y policías, pero no lo hicieron. Esto finalmente nos entorpece a los que cumplimos con las leyes y el cronograma electoral, nos atrasa a todos”, cuestionó.

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