Divulgar documentos de investigaciones complejas con fines políticos “es totalmente irresponsable”, dicen
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Tras la denuncia de Desirée Masi, senadora del PDP, en la que aseguró que la Fiscalía contaba con información sobre los casos del avión iraní y el operativo A Ultranza Py, el fiscal Lorenzo Lezcano, uno de los encargados de la investigación con el comando tripartito, explicó a La Nación que desde el Ministerio Público se colaboró con todo lo solicitado.
“Lo que ella tiene es un informe de inteligencia del desarrollo que veníamos haciendo y que hasta el término de ese trabajo no teníamos condiciones de operativizar, aclarando que en ningún momento se me sugirió pedir órdenes de detenciones ni tampoco realizar allanamientos”, remarcó Lezcano.
También destacó que para el efecto de ese trabajo se había conformado un equipo compuesto por la dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior y también gente del Comando Tripartito, enfatizando a su vez que la documentación filtrada por la senadora nunca salió del Ministerio Público porque esto solo lo manejaban los integrantes del Comando Tripartito.
“Nosotros juzgamos conductas penalmente relevantes y lo que ella filtró son documentos donde aparecen fotografías de personas tomando café en una conocida confitería, entrenamientos y seguimientos que se le hacía a Sebastián Marset, incluyendo ubicaciones de su domicilio”, destacó y al mismo tiempo aclaró que ellos para juzgar necesitan pruebas de acciones ilícitas que cometa la persona investigada, y que en ese momento no estaban ante eso.
Lezcano hizo hincapié en que cuando ocurrió lo de Mauricio Schwartzman, su equipo se enteró de que existía otra investigación y que ya estaba mucho más avanzada que la otra en la que ellos trabajaban, ya que la misma había empezado en el año 2019 con los mismos protagonistas investigados por ellos y esta investigación resultó ser la del operativo A Ultranza Py.
Por otro lado, el fiscal afirmó que por de pronto no se está analizando qué medidas tomar al respecto de la filiación, pero calificó de un acto totalmente irresponsable la divulgación de legajos de investigaciones complejas y más que sean utilizados con fines totalmente políticos, teniendo en cuenta toda la coyuntura que está atravesando la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez.
“Por de pronto no estamos analizando qué medidas tomar, pero sí es un acto totalmente irresponsable y se utiliza con fines totalmente políticos, teniendo en cuenta toda la coyuntura que está atravesando la fiscal general del Estado”, dijo.
“Al vulnerarse este tipo de investigaciones se está poniendo en evidencia a personas que trabajaron e inclusive aportaron elementos para ese trabajo de inteligencia, desde mi punto de vista todo esto forma parte de una orquestación que tiene seguramente objetivos que van mucho más allá de solo pedir mi cabeza”, finalizó el fiscal.
Caso Ueno: Fiscalía imputa por asociación criminal a Peña y cinco autoridades del BCP
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La Fiscalía formuló este viernes 13 de noviembre una nueva imputación por el supuesto hecho punible de asociación criminal contra el expresidente de la República Santiago Peña y cinco autoridades y exautoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades financieras que derivaron en el colapso de Ueno Bank.
El Acta de Imputación N.º 9, correspondiente a la causa penal N.º 92/2026, sostiene que los investigados habrían integrado una estructura organizada y jerárquica dentro del aparato estatal para favorecer los intereses del conglomerado empresarial Grupo Vázquez, controlador de la entidad bancaria.
La nueva imputación alcanza a Santiago Peña Palacios, expresidente de la República; Carlos Carvallo Spalding, expresidente del BCP; Holger Insfrán Ibarrola, exsuperintendente de Bancos; y los exdirectores Marco Aurelio González Maldonado, Liana Emilce Caballero Krauze y Miguel Ángel Mora.
En el caso de los tres exintegrantes del directorio, la Fiscalía también atribuye otros hechos punibles relacionados con presuntas omisiones de supervisión y el manejo de documentos oficiales.
Peña habría encabezado la presunta estructura criminal
Según la hipótesis del Ministerio Público, Santiago Peña habría utilizado su posición como presidente de la República para colocar y mantener en cargos estratégicos a personas de su confianza o con vínculos corporativos previos.
Los investigadores sostienen que estas designaciones habrían permitido establecer un esquema de protección institucional para Ueno Bank, mediante la participación de autoridades encargadas de regular y supervisar el sistema financiero.
La Fiscalía señala que Peña habría actuado como jefe de la presunta organización, mientras que los demás integrantes habrían cumplido funciones específicas desde sus respectivas responsabilidades públicas.
En ese contexto, el documento menciona la designación de Carlos Carvallo, expresidente de financiera ueno, como titular del BCP, además de la permanencia de Holger Insfrán en la Superintendencia de Bancos y la actuación de los tres integrantes del directorio. La imputación sostiene que el objetivo de la presunta estructura habría sido subordinar los mecanismos de control financiero a los intereses particulares del Grupo Vázquez.
Reuniones reservadas con Miguel Vázquez en Mburuvicha Róga
Otro de los aspectos centrales del acta fiscal es la presunta relación entre el expresidente Peña y Federico Miguel Vázquez Villasanti, principal referente del conglomerado empresarial. Los investigadores sostienen que ambos habrían mantenido reuniones reservadas en Mburuvicha Róga para coordinar necesidades e intereses del grupo financiero.
De acuerdo con la imputación, Peña habría impartido directivas destinadas a evitar la intervención de Ueno Bank y frenar las alertas públicas relacionadas con su situación de insolvencia.
El documento también menciona el presunto hallazgo y entrega de USD 200.000 en efectivo, distribuidos en sobres dentro de la residencia presidencial, como parte de las contraprestaciones ilícitas que la Fiscalía atribuye al exmandatario. Estas afirmaciones forman parte de la hipótesis fiscal y deberán ser acreditadas durante el proceso penal.
Carvallo habría ocultado información sobre la insolvencia
La imputación también señala a Carlos Carvallo Spalding, expresidente del Banco Central, como uno de los presuntos responsables de impedir la aplicación oportuna de los mecanismos regulatorios. Según el Ministerio Público, Carvallo habría paralizado procedimientos de regularización y suscrito documentación dirigida al Congreso Nacional que no reflejaba íntegramente las advertencias técnicas sobre la situación financiera de Ueno Bank.
En particular, se cuestiona la Nota BCP/P N.º 016/2026, remitida a la Cámara de Senadores, cuyo contenido habría omitido información relevante sobre operaciones financieras investigadas. La Fiscalía sostiene que estas actuaciones habrían contribuido a mantener la operación del banco sin restricciones, pese a los informes que advertían sobre su deterioro patrimonial.
En cuanto a Holger Insfrán, la Fiscalía sostiene que habría utilizado su posición al frente de la Superintendencia de Bancos para evitar la aplicación de medidas correctivas. Entre los hechos investigados figura la venta de una cartera crediticia de Ueno Bank a Vinanzas S.A. por USD 74,4 millones, operación que, según los informes técnicos, habría sido financiada indirectamente con recursos del propio banco.
El Ministerio Público también cuestiona el tratamiento dado a un informe elaborado por el exgerente de Supervisión Fernando Rivarola, fechado el 10 de julio de 2026, que advertía sobre presuntas irregularidades en esa operación. De acuerdo con la hipótesis fiscal, la falta de aplicación de sanciones y medidas preventivas habría permitido que la entidad continuara captando fondos del público.
Exdirectivos del BCP habrían permitido continuidad de operaciones
La imputación atribuye a Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González presuntas omisiones en sus deberes de control como integrantes del directorio del Banco Central. Según la Fiscalía, los tres habrían conocido las alertas relacionadas con el deterioro patrimonial de Ueno Bank desde junio de 2026, sin impulsar oportunamente las medidas previstas en la legislación bancaria.
El acta señala que, pese a los informes técnicos disponibles, el directorio se habría limitado a disponer la apertura de un sumario administrativo, sin ordenar la suspensión preventiva de determinadas operaciones. En particular, la Fiscalía atribuye a Marco Aurelio González una presunta participación directa en la modificación de un informe institucional remitido al Senado, que habría omitido observaciones técnicas relevantes.
Respecto de Liana Caballero, sostiene que habría recibido una versión del documento cuestionado sin promover posteriormente una rectificación oficial. En cuanto a Miguel Ángel Mora, los investigadores señalan que habría presidido interinamente una sesión del directorio en la que no se impulsaron medidas más restrictivas contra la entidad financiera.
El Ministerio Público sostiene que la presunta actuación coordinada de los investigados permitió que Ueno Bank continuara operando entre junio y octubre de 2026, pese a las observaciones sobre su solvencia. En ese periodo, la entidad habría desarrollado campañas comerciales para atraer nuevos depósitos y certificados de depósito de ahorro, incluyendo promociones con reintegros del 50 %.
La Fiscalía considera que la continuidad de estas operaciones habría incrementado la exposición del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y comprometido recursos públicos y previsionales. El acta señala que, al 30 de septiembre de 2026, los fondos públicos depositados en la entidad ascendían a aproximadamente G. 3,6 billones y USD 233,4 millones.
La situación desembocó en el procedimiento de resolución dispuesto por el BCP el 2 de noviembre, luego de constatarse que la solvencia del banco había caído por debajo del límite establecido por la normativa.
Prisión para González y arresto domiciliario para Caballero y Mora
La nueva imputación también contiene solicitudes de medidas cautelares contra los exintegrantes del directorio del BCP. El Ministerio Público requirió la prisión preventiva de Marco Aurelio González Maldonado, mientras que para Liana Caballero Krauze y Miguel Ángel Mora solicitó arresto domiciliario.
Asimismo, pidió la inhibición general de vender y gravar bienes de los tres imputados y la identificación de sus cuentas, depósitos, inversiones y otros activos financieros, a fin de determinar eventuales medidas de inmovilización.
Nueva dimensión en la investigación
La imputación por asociación criminal representa una ampliación de la investigación que inicialmente apuntaba a presuntas irregularidades financieras, omisiones de supervisión y decisiones administrativas relacionadas con ueno bank.
Ahora, el Ministerio Público sostiene la hipótesis de que los hechos no habrían respondido únicamente a actuaciones individuales, sino a una presunta organización que habría funcionado mediante una división de tareas entre autoridades del Poder Ejecutivo y del Banco Central. La Fiscalía atribuye a Santiago Peña el supuesto liderazgo político de esa estructura y a las autoridades del BCP la presunta utilización de sus cargos para favorecer la continuidad operativa del banco.
Presunto esquema criminal encabezado por el expresidente Santiago Peña. Foto: Gentileza
Los fiscales se constituyeron en la casa presidencial a los efectos de recolectar más evidencias con relación al proceso penal del expresidente Santiago Peña y otros. Foto: Gentileza
Fiscalía se incautó de documentos y registros de cámaras en Mburuvicha Róga
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La agente fiscal Silvia González encabezó un procedimiento de constitución en la residencia presidencial Mburuvicha Róga, en el marco de la causa abierta contra el expresidente de la República, Santiago Peña Palacios, quien se encuentra imputado por los supuestos hechos punibles de lesión de confianza y administración en provecho propio.
Durante la diligencia, que contó con el acompañamiento y la colaboración de las autoridades correspondientes de la casa presidencial, la comitiva del Ministerio Público procedió a la recolección de diversos documentos administrativos y registros del sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV). Según indicaron los intervinientes, estos materiales son considerados elementos clave para el esclarecimiento de los hechos investigados.
Al término de la intervención, la representante fiscal explicó que todo el caudal probatorio incautado pasará por un peritaje técnico y documental para determinar su relevancia en el expediente. “Todas las pruebas son importantes para nosotros y vamos a realizar un análisis integral de todas ellas”, concluyó González ante los medios de prensa.
Igualmente, la fiscal indicó que entre las documentaciones retiradas figuran libros de registros de visitas, además de otras evidencias que serán minuciosamente estudiadas y evaluadas por el equipo de agentes fiscales asignados a la investigación, con el objetivo de avanzar en las siguientes etapas del proceso penal.
El Ministerio Público informó que personas no identificadas usan sin autorización el nombre de la fiscala Ingrid Cubilla para solicitar dinero y por ello ya se denuncio ante la Fiscalía el hecho. FOTO: ARCHIVO
Ministerio Público advierte sobre suplantación de identidad de agente fiscal en WhatsApp
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El Ministerio Público informa que personas aún no identificadas estarían utilizando, sin autorización, una fotografía de perfil de la agente fiscal Ingrid Cubilla en una cuenta de WhatsApp asociada al número 0985 126 358, desde la cual solicitan transferencias de dinero bajo la promesa de recuperar el acceso a cuentas de la aplicación.
La fiscala Cubilla presentó una denuncia penal para que se investiguen los hechos y se identifique a los responsables de la utilización indebida de su imagen. La institución aclara que el número telefónico señalado no corresponde a la agente fiscal y advierte sobre posibles intentos de estafa mediante la suplantación de identidad.
Asimismo, recomienda no realizar transferencias de dinero ante este tipo de solicitudes, no compartir información personal ni códigos de verificación y comprobar la autenticidad de los mensajes antes de responder.
El Ministerio Público insta a extremar las precauciones frente a posibles maniobras fraudulentas realizadas a través de aplicaciones de mensajería instantánea.
El mecanismo internacional permitirá rastrear propiedades, bienes y activos que podrían estar relacionados con actividades ilícitas. La herramienta fue incorporada a la investigación del caso Ueno Bank, que ya involucra pedidos de cooperación a otros países. FOTO: ARCHIVO
Fiscalía utiliza por primera vez en Paraguay la notificación plateada de Interpol
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El Ministerio Público implementa por primera vez en Paraguay la notificación plateada de Interpol, una herramienta de cooperación internacional que permite identificar y localizar bienes, propiedades y activos que podrían estar vinculados con actividades delictivas. Su utilización representa un nuevo paso en las investigaciones patrimoniales que buscan seguir el recorrido del dinero más allá de las fronteras nacionales.
En Paraguay, la herramienta fue activada en el marco de la investigación del caso Ueno Bank, con el propósito de ampliar las averiguaciones sobre el destino de los fondos y detectar eventuales activos fuera del territorio nacional. En ese contexto, la Fiscalía también solicitó cooperación a Luxemburgo para localizar y procurar el aseguramiento de posibles bienes vinculados con la causa.
La notificación plateada de Interpol fue activada por primera vez en Paraguay en el marco de la investigación de Ueno Bank. Foto: Archivo
Este mecanismo, incorporado por Interpol en 2025 como parte de un programa piloto, facilita el intercambio de información entre los países miembros para rastrear patrimonios que podrían tener origen ilícito o estar relacionados con investigaciones penales. Entre los bienes que pueden ser objeto de búsqueda figuran inmuebles, vehículos, cuentas y otros activos financieros.
Según explicaron, la notificación plateada no implica por sí misma el congelamiento o decomiso de los bienes, sino que facilita su identificación y ubicación para que las autoridades competentes puedan solicitar las medidas judiciales correspondientes.
Su aplicación abre una nueva vía de cooperación entre los sistemas de investigación de distintos países y fortalece las posibilidades de recuperar activos eventualmente relacionados con hechos punibles.