De un pequeño abasto no quedaron ni los cables. No había terminado de temblar la tierra cuando comenzaron los robos y saqueos en la zona más devastada por el doble sismo en Venezuela. Las denuncias abundan en el estado costero de La Guaira, vecino a Caracas y convertido en una gran montaña de escombros.

En un video en redes sociales, un grupo de personas se pasa cajas de electrodomésticos desde una tienda colapsada; en otros se ven también cajas similares sobre techos de autos o en motos. También circulan en las redes acusaciones contra policías y militares que supuestamente roban en casas o incluso a los muertos.

La sucursal de una importante cadena de farmacias fue desvalijada, al igual que supermercados y otros comercios. Es una situación que algunos atribuyen al llamado “turismo de la desgracia” y otros al hambre y necesidad que se crean al perderlo todo en un país en crisis crónica.

“¿Es justo que nuestro pueblo se coma al pueblo?”, lamenta María Esther Bernal, de 71 años, que alquilaba locales a comerciantes chinos, todos saqueados. “No dejaron ni el papel de las paredes”, resume. “Se llevaron hasta los cables”.

“Allí al lado un señor se murió, era un señor chino, pasaban por encima del muerto para saquear, eso era un automercado”, lamenta.

La población no esconde su ira por la lenta y escasa ayuda de las autoridades ante el doble sismo que ya dejó 1.450 muertos y decenas de miles de desaparecidos.

Reclaman no solo en las labores de rescate en La Guaira sino en el mantenimiento de la seguridad y la atención con comida, agua, medicinas.

El gobierno militarizó el estado y restringió el acceso a un salvoconducto que hay que tramitar con los militares en Caracas.

Las casas tampoco se salvaron. “Aquí no hay nada”, dice a la AFP Zulay de Carvajal, de 72 años. “Nos robaron todo, la ropa... zapatos, corotos (utensilios), ollas, tazas, vasos”.

“Encontramos un desastre”, completa su hijo, Gregory Carvajal, de 37 años. “Nosotros estábamos sacando personas que estaban muertas y en ese momento estaban saqueando, la gente estaba loca, saqueando, llevándose todo”.

En otro barrio de La Guaira, lo mismo. Un hombre encontró a un grupo tratando de desatascar un camión en una casa para llevárselo.

Hay personas que extraen combustible de los carros tapiados; otros que se hacen pasar por bomberos. Hay denuncias de todo tipo.

Un video que circula en redes sociales muestra a un hombre que expulsa de su casa a un militar y otro funcionario que encuentra esculcando.

“Siguen sacando vainas (cosas), no aguanto”, protesta la persona que graba con su teléfono.

Los funcionarios le dicen que solo comprobaban si había gente. “Fuera, fuera, que me han saqueado todo”. La Guaira ya había sido devastada en 1999 por lluvias y deslaves que dejaron más de 10.000 muertos. Y esa época “también hubo el fenómeno de la delincuencia”, explica Marino Alvarado, excoordinador de la ONG de derechos humanos Provea.

“No es extraño que nos podamos conseguir con tres situaciones que también se vivieron en el deslave”, añade. “La delincuencia; dos, el abuso policial que ya empieza a ser denunciado; y tres, funcionarios policiales o militares participando también del saqueo”. Después de que una de las sucursales de la cadena farmacéutica Farmatodo fue saqueada en La Guaira, la empresa limpió el local con ayuda de la comunidad. Ahora funciona ahí una clínica de atención primaria.

Fuente: AFP.

El presidente electo de Colombia, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, anunció este viernes como futuro ministro del Interior a un excongresista de larga data y huérfano de la violencia política ejercida por el barón de la cocaína Pablo Escobar.

El derechista Rodrigo Lara es el primer miembro de gabinete anunciado por el abogado millonario, que asumirá el 7 de agosto con el desafío de lograr mayorías en el Congreso donde la oposición de izquierda tiene fuerte peso con el liderazgo del presidente saliente Gustavo Petro.

Su padre, Rodrigo Lara Bonilla, entonces ministro de Justicia en plena batalla para doblegar al narco, fue acribillado cuando estaba de camino a su casa en Bogotá en 1984 por órdenes de Pablo Escobar. Entonces el cartel de Medellín estaba en guerra contra el Estado colombiano para evitar la extradición de sus capos a Estados Unidos.

De la Espriella anunció el cargo con un llamativo video hecho con inteligencia artificial plagado de tigres, símbolo del ultraderechista.

“El que NUNCA, a pesar de haber sido víctima de la violencia, dejó de trabajar por su patria”, dijo en X el futuro presidente.

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Lara tenía 8 años cuando Escobar ordenó matar a su padre y se exilió con su familia en Europa, donde pasó varios años antes de volver a Colombia.

“Forjaremos un gran acuerdo sobre lo fundamental que nos una y que se proyecte en el tiempo”, escribió en X Lara, abogado, exrepresentante a la Cámara Baja y exsenador hasta 2022.

A pesar de presentarse como un político independiente, Lara ha estado vinculado a la derecha tradicional. En 2006 trabajó en el gobierno del expresidente de derecha Álvaro Uribe (2002-2010) como zar anticorrupción.

También impulsó como congresista políticas relacionadas con el histórico acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC durante el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018).

Está casado con la bisnieta de un expresidente, su hermano ha sido alcalde y él mismo intentó sin éxito llegar al poder de Bogotá. Sin experiencia en política, De la Espriella defiende la mano dura contra el crimen y promete reducir el Estado en un 40 %.

• Fuente: AFP

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En el cierre del quincuagésimo sexto período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, celebrado del 22 al 24 de junio del 2026 en la Ciudad de Panamá, el Estado paraguayo planteó que la lucha contra el crimen organizado debe convertirse en una prioridad regional basada en la cooperación internacional, el fortalecimiento institucional y la coordinación entre Estados.

El gobierno de Paraguay estuvo representado por el vicecanciller Víctor Verdun y el primer secretario, Luis Jerónimo Sann Irún, quienes coincidieron en el planteamiento de dejar de lado las diferencias ideológicas para enfrentar amenazas transnacionales que afectan la seguridad, la democracia y el desarrollo de las naciones.

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Este encuentro multilateral se desarrolla bajo el lema "América unida en el bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá“, y con el tema ”Multilateralismo firme en defensa de la democracia, la seguridad hemisférica y la estabilidad en los Estados miembros“.

Al respecto, Vedun señaló que la inseguridad es el principal problema de la región; si bien, indicó que América Latina suele considerarse una zona de paz por la ausencia de guerras, recordó que solo el año pasado hubo unas 100.000 víctimas de crímenes violentos, de los cuales el 30 % fueron víctimas vinculadas al crimen organizado.

“Estamos ante un problema endémico que es la falta de seguridad. Escuchamos a uno de los panelistas decir cómo las generaciones jóvenes se están desencantando del sistema democrático, por la falta de respuesta y una que usualmente se nos achaca es la falta de respuesta efectiva contra la ola de inseguridad. No podemos olvidar que sin seguridad no hay inversión y sin inversión no hay crecimiento”, remarcó Verdún.

Uno de los conceptos más fuertes que planteó el vicecanciller paraguayo es que el crimen organizado afecta a todos los países sin distinción ideológica y que la cooperación debe estar por encima de diferencias políticas. Sostuvo que ante esto, el principal desafío es construir confianza entre los jóvenes, independientemente a las ideologías políticas.

“El crimen organizado nos afecta a todos, afecta a todas nuestras sociedades en sus diversas gamas de delitos. Así que tenemos que eliminar el componente ideológico de la lucha contra el crimen organizado. Construir confianza entre los actores gubernamentales, particularmente entre nuestros organismos de seguridad y entre nuestros organismos de inteligencia”, acotó.

En tanto que, el primer secretario Sann Irún, destacó el papel de los países observadores y de la cooperación internacional para dotar a los Estados de mayores capacidades institucionales frente a amenazas complejas y transnacionales.

Remarcó que Paraguay agradece y valora el respaldo técnico y financiero que los observadores aportan a los proyectos de la OEA. Teniendo en cuenta que su cooperación impacta directamente en el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los Estados para enfrentar amenazas complejas y transnacionales, como la lucha contra el crimen organizado, la trata de personas, los desafíos emergentes de la ciberseguridad, entre otros.

“Frente a un panorama global marcado por múltiples retos e incertidumbres, Paraguay reafirma que el éxito de nuestra acción colectiva radica en el respeto mutuo a las realidades nacionales, las prioridades de cada Gobierno y fundamentalmente el bienestar directo de nuestras comunidades”, acotó.

Asimismo, destacó que el Estado paraguayo renueva el reconocimiento por el constante apoyo a las misiones de observación electoral de la OEA. “El Paraguay las ha defendido siempre como una herramienta insustituible para el perfeccionamiento, blindaje y transparencia de nuestros sistemas democráticos”, remarcó.

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Desde la Unión de Ingenieros de la ANDE (UIA) de la Administración Nacional de Electricidad plantean establecer límites al consumo de las industrias electrointensivas con el objetivo de preservar la seguridad energética del país y evitar comprometer recursos estratégicos en el mediano y largo plazo.

Durante una entrevista en “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, el ingeniero Manuel Mattel, presidente de la UIA, explicó que la propuesta surge tras un análisis técnico realizado luego de la derogación de los decretos que otorgaban condiciones tarifarias especiales para grandes consumidores de energía.

Según indicó, el gremio considera necesario establecer una hoja de ruta para futuras inversiones vinculadas a industrias de alto consumo eléctrico, entre ellas los centros de datos, proyectos de inteligencia artificial y otras actividades tecnológicas que demandan grandes volúmenes de energía.

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La principal propuesta consiste en fijar un límite de 700 megavatios para este tipo de emprendimientos, equivalente aproximadamente al 10 % de la capacidad actual de generación disponible para Paraguay.

“Pensamos principalmente en la seguridad energética. Lo que buscamos es limitar el impacto que estas industrias pueden tener sobre la necesidad futura de nuevas fuentes de generación”, explicó.

Desde la perspectiva de los ingenieros, el país enfrenta un escenario en el que el excedente energético disponible comienza a reducirse progresivamente debido al crecimiento de la demanda interna y al desarrollo de nuevas actividades económicas.

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Advirtieron que, de mantenerse el actual ritmo de consumo, Paraguay deberá acelerar inversiones en nuevas fuentes de generación eléctrica en los próximos años, las cuales tendrían costos superiores a la energía hidroeléctrica proveniente de Itaipú y Yacyretá.

El análisis de la Unión de Ingenieros toma como referencia la experiencia reciente de la criptominería, actividad que ya opera en Paraguay desde 2022 y que comparte características similares con los centros de datos y proyectos de inteligencia artificial debido a su elevada demanda energética.

Según Mettel, los beneficios económicos inicialmente proyectados para este tipo de industrias no se materializaron en la magnitud esperada. Sostuvo que no se observó un impacto significativo en términos de industrialización, desarrollo tecnológico ni generación masiva de empleo.