Durante la reunión de la Comisión Nacional para la Restauración y Puesta en Valor de la Casa de Serafina Dávalos, creada por Ley Nº 7679/2026, se analizaron acciones para la recuperación integral del inmueble y su futura transformación en un espacio de memoria, cultura y promoción de los derechos de las mujeres. Además, se coordinó el acto de homenaje y conmemoración previsto para el 27 de septiembre, en coincidencia con los 149 años del nacimiento de Serafina Dávalos.

El encuentro estuvo encabezado por las senadoras Lizarella Valiente y Esperanza Martínez, quienes remarcaron la importancia de encontrar mecanismos que permitan preservar este patrimonio, teniendo en cuenta las restricciones para la utilización de recursos públicos en inmuebles de propiedad privada que no cuenten con la autorización correspondiente.

En ese sentido, también se analizaron mecanismos para garantizar la sostenibilidad del espacio una vez restaurado. Valiente planteó la posibilidad de generar recursos para su mantenimiento. “Estos espacios debemos buscar una alternativa para mantener, como, por ejemplo, cobrar entrada”, propuso.

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Mientras que su colega, Esperanza Martínez indicó que buscan conservación del inmueble, señalando la necesidad de encontrar una alternativa que permita avanzar con la restauración de la histórica vivienda. En otro momento, se recordó que el inmueble, ubicado en el Centro Histórico de Asunción, fue declarado “Bien de Valor Patrimonial Cultural” por la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) y actualmente pertenece al Instituto de Previsión Social (IPS).

Desde el IPS se explicó que la institución no puede enajenar el inmueble debido a las disposiciones establecidas en su carta orgánica. En ese contexto, se recordó que la legislación sobre patrimonio cultural contempla mecanismos mediante los cuales el Estado puede disponer medidas de conservación cuando los propietarios de un bien patrimonial no cumplen con las obligaciones correspondientes.

Por su parte, Rosemary Dávalos, sobrina de Serafina Dávalos y representante de la Asociación “Rescatando a Serafina”, expresó su preocupación por las condiciones actuales del inmueble y manifestó que la vivienda se encuentra en estado de deterioro. “Nos preocupa que la casa está asaltada, saqueada, en estado deplorable”, señaló, al insistir en la necesidad de avanzar con acciones concretas para su recuperación.

Asimismo, la senadora Esperanza Martínez informó sobre el acto de homenaje y conmemoración previsto para el 27 de septiembre, en coincidencia con los 149 años del nacimiento de Serafina Dávalos. La actividad tendrá como propósito rendir homenaje a la destacada mujer e informar a la ciudadanía sobre los avances alcanzados en el proceso de rescate y puesta en valor de la histórica vivienda. “Es un trabajo colectivo, con mucha responsabilidad y con mucho compromiso con la gente”, manifestó la legisladora.

Durante la reunión también se detalló que, una vez restaurado, el inmueble podría convertirse en un centro cultural de memoria y derechos de las mujeres, con espacios destinados a auditorio, biblioteca, museo y salas de capacitación.

También se planteó incorporar áreas que puedan ser administradas mediante alianzas con el sector privado, como una cafetería o espacio gastronómico, además de sectores para la comercialización de productos elaborados por artesanas, mujeres emprendedoras y comunidades indígenas, vinculados con la cultura y la artesanía popular.

En ese marco, se propuso que la vivienda restaurada lleve la denominación “Centro Cultural de Derechos y Memorias de la Lucha de las Mujeres – La Casa de Serafina”, como reconocimiento a la trayectoria y al legado de quien fuera la primera abogada del Paraguay y una de las principales referentes históricas en la lucha por los derechos de las mujeres.

De la reunión participaron representantes del Instituto de Previsión Social (IPS), la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Ministerio de la Mujer, la Procuraduría General de la República y organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la preservación de la memoria de Serafina Dávalos.

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El senador Basilio Núñez, presidente de la Cámara de Senadores, encabezó la instalación de la Comisión Especial de Investigación de carácter transitorio para el estudio de los hechos relacionados con la emisión, comercialización y utilización de títulos, diplomas y certificaciones de educación superior, formación técnica, profesional y de posgrado, presuntamente falsos o irregulares, que se llevó a cabo este lunes en la Cámara Alta.

Como primera medida, se conformó la mesa directiva, que quedó integrada por el senador Patrick Kemper, como presidente; la senadora Esperanza Martínez, como vicepresidenta; y el senador Dionisio Amarilla, como relator.

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Asimismo, integran la comisión los senadores Blanca Ovelar, Derlis Maidana, Lizarella Valiente, Juan Carlos Galaverna Ortega, Zenaida Delgado, Rafael Filizzola, Celeste Amarilla, Noelia Cabrera y Yolanda Paredes.

Tras su designación como presidente de la Comisión, el senador Patrick Kemper explicó que durante la reunión se definieron los lineamientos iniciales de trabajo y los mecanismos que permitirán recepcionar denuncias ciudadanas.

“Conversamos sobre los canales que vamos a habilitar para que cualquier ciudadano pueda presentar denuncias, así como sobre una plataforma virtual que estaremos socializando próximamente. Básicamente, hemos definido la hoja de ruta del trabajo que desarrollaremos”, señaló.

Indicó además que la comisión convocará a representantes de las distintas instituciones vinculadas al ámbito educativo y desarrollará una labor investigativa con el objetivo de elaborar un informe final dentro del plazo inicialmente establecido de seis meses, periodo que podría ampliarse si las circunstancias así lo requieren. Adelantó que el informe incluirá recomendaciones y eventuales propuestas legislativas.

Entre las primeras convocatorias previstas figuran autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), así como representantes de universidades públicas y privadas. No obstante, aclaró que aún no se definieron los días ni los horarios de las reuniones de la comisión.

Por su parte, la senadora Esperanza Martínez sostuvo que uno de los primeros casos a ser investigados debería ser el de la Universidad Sudamericana, atendiendo a las denuncias que la involucran.

Según manifestó, dicha institución habría expedido alrededor de 2.500 títulos en un periodo de tres a cuatro años en unas veinte carreras, por lo que consideró necesario que sea uno de los primeros casos analizados para desarrollar una metodología de investigación.

Añadió que la comisión buscará identificar y exponer posibles mecanismos de corrupción que pudieran haberse instalado dentro del sistema de educación superior.

A su turno, el senador Dionisio Amarilla ratificó las expectativas generadas en torno a la comisión y destacó la importancia de profundizar las investigaciones.

Consideró que una de las primeras medidas debería ser solicitar al Ministerio de Educación y Ciencias un informe detallado sobre el registro de títulos de grado y posgrado expedidos en los últimos años.

La senadora Lizarella Valiente enfatizó que la situación resulta especialmente grave para quienes han obtenido sus títulos mediante años de esfuerzo, inversión y sacrificio personal.

Asimismo, advirtió que el uso de títulos presuntamente irregulares para el ejercicio profesional o para acceder a beneficios dentro de la función pública podría configurar un perjuicio para el Estado paraguayo, por lo que consideró necesaria la participación del Ministerio Público.

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Algunas autoridades y referentes de la oposición paraguaya se pronunciaron a favor de la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro, por parte del ejército de los Estados Unidos, y abogaron para que el régimen dictatorial en el país bolivariano llegue a su fin. A la vez, sostienen que la presidencia debe ser ocupada por el dirigente de la Mesa de la Unidad Democrática, Edmundo González Urrutia, asilado en España.

Mediante sus redes sociales oficiales, el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Hugo Fleitas, dijo: “Celebramos la liberación de Venezuela del régimen opresor. Esperamos el restablecimiento de la democracia en base al respeto de la autodeterminación del pueblo venezolano expresada en las urnas en el 2024 con la elección de Edmundo González como presidente”.

Sus declaraciones fueron acompañadas por los senadores Celeste Amarilla y Eduardo Nakayama. “No siempre el fin justifica los medios, pero cuando el fin es a favor de un pueblo hambreado, humillado, empobrecido, ignorado, abusado, robado y cuyas libertades hace mucho fueron conculcadas, por un dictador y ladrón como cualquiera, ignorante y megalómano, creo que entonces y por única vez el fin justifica los medios. Ahora Venezuela libre que decida su futuro. Fuerza venezolanos”, indicó Amarilla.

Mientras que Nakayama argumentó que “la captura de Maduro marca el inicio del fin de una narcodictadura ilegítima nacida del fraude, consolidada con tanquetas, tortura, muerte y éxodo masivo de millones de venezolanos; mi deseo para ese sufrido pueblo es que el régimen que le arrebató su democracia llegue a su fin”.

Sin embargo, una ala de la oposición expresó su rechazo a la intervención militar impulsada por el país norteamericano, como es el caso de la senadora del Frente Guasu (FG), Esperanza Martínez: “Cualquier acción militar que ponga en riesgo a la población civil, el uso de la fuerza, así como la violación de la integridad territorial y de la soberanía de un Estado, constituyen gravísimos atentados contra los principios del derecho internacional y el futuro mismo de la humanidad”.

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La dirigente del progresismo acotó: “La comunidad internacional debe expresar su rechazo rotundo a cualquier agresión militar contra Venezuela y exigir al gobierno de los EE. UU. el respeto irrestricto de las normas del derecho internacional. Estas no son consignas vacías: constituyen la última línea de defensa ante quienes buscan un mundo de caos y conflictos para sostener su poder hegemónico global”.

La captura de Maduro fue concretada ayer sábado mediante la orden del presidente republicano Donald Trump. Varias puntos del país bolivariano fueron bombardeados. El heredero de Hugo Chávez se enfrentará ante la justicia americana por los hechos de narcotráfico y terrorismo.

Ante esta situación, los miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ordenaron que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asuma como presidenta encargada de manera provisoria.

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Durante la Convención Nacional Extraordinaria del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), desarrollada desde tempranas horas de este domingo 12 de octubre, los convencionales trataron varios puntos, entre ellos y uno de los más importantes, fue la aprobación de la figura de Alianza y Concertación para las Elecciones Municipales del 2026.

Finalmente, luego de un largo e incidentado debate, aprobaron el mencionado punto por mayoría de votos. También acordaron el segundo punto, que trata de la modificación del estatuto del PLRA, para adecuarlo a las normativas vigentes sobre financiamiento político y control de fondos.

La Convención Liberal se desarrolló en el Polideportivo Municipal de la ciudad de Caacupé y contó con una importante cantidad tanto de dirigentes como de convencionales partidarios.

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Durante el desarrollo de la convención, uno de los hechos más llamativos fue que un grupo de mujeres integrado por Fiorella Fiorestieri, Alba Talavera, Magdis Duarte y Jazmín Ruiz Díaz, presentó un pedido de amparo para prohibir que se trate sobre la eliminación de paridad de candidatos hombres y mujeres en las elecciones.

Estas mujeres argumentaron que había intenciones de incluir este tema como uno de los puntos del orden del día a ser tratado, aunque oficialmente eran solamente dos los temas a debatir durante la jornada de este domingo.

Finalmente, el Juzgado Electoral resolvió “Rechazar in limine litis” el mencionado pedido de amparo constitucional, bajo el argumento de que “es un requisito indispensable para la procedencia de toda acción de esta naturaleza, pues el derecho no puede amparar aquello que no ha ocurrido o que depende de un hecho incierto o hipotético”.

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