La Cámara Baja aprobó este miércoles los pedidos de intervención a las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este. Durante el debate, los legisladores de la oposición tuvieron diferentes criterios al momento de considerar si era necesaria o no la presencia de auditores en ambas comunas, lo cual fue calificado como un “festival de hipocresía” por parte del diputado Alejandro Aguilera.

“Ellos atacaban diciendo que el pedido de la Contraloría General de la República era inconstitucional, esa fue la defensa utilizada por la mayoría de los diputados de la oposición que hizo uso de palabra cuando se estaba tratando la intervención en Ciudad del Este, pero después de 10 minutos, cuando se tenía que votar lo de Asunción, ahí ya era constitucional y votaron todos por la intervención”, afirmó.

Aguilera manifestó que existe un doble discurso por parte de los opositores cuando se trata de realizar controles, dado que cuando se trata de fiscalizar la actuación de sus referentes, califican el hecho de persecución política o de inconstitucionalidad, no obstante, cuando el control está dirigido a un municipio liderado por un colorado, aplauden y celebran el hecho.

“Esa es la realidad y hoy quedó demostrada la hipocresía de la oposición, era una brillante oportunidad para que ellos, de los grandes discursos que dan cuando hablan de que son pro transparencia, lleven a los hechos, acompañando el pedido de intervención a Ciudad del Este, pero no lo hicieron, no hay argumento válido para ellos cuando se trata de un miembro de su equipo”, cuestionó ante la 1020 AM.

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El Poder Ejecutivo debe designar a los interventores, tanto para Asunción como para Ciudad del Este. Una vez realizado el nombramiento, ambos equipos tienen un plazo de 60 días para realizar el proceso, con la posibilidad de pedir prórroga por única vez por un plazo de 30 más. Posteriormente, deberán presentar un informe a la Cámara de Diputados con los resultados de la intervención.

“Ahí tomaremos la decisión de si son destituidos o si son absueltos porque la Cámara de Diputados es la que tiene la palabra final. Por el momento, los intendentes están suspendidos en sus funciones, pero la municipalidad no para, los contribuyentes pueden seguir haciendo sus gestiones, el municipio va a seguir funcionando, solo que va a funcionar con un interventor a la cabeza que va a estar recabando datos de acuerdo a los indicios de hechos punibles señalados”, explicó.

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El senador Ever Villalba manifestó públicamente su intención de postularse a la presidencia del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), asegurando que su candidatura surge del diálogo con las bases y del clamor del “pueblo liberal” por una renovación auténtica del principal partido de oposición.

“Hay que limpiar el partido de los tibios y de la gente que acuerda con el Gobierno, las bases del Partido Liberal no quiere esa dirigencia, los arreglos de cúpula, quieren un Partido Liberal de oposición fuerte y claro, que se diferencia de su tradicional rival, ese es el clamor del pueblo liberal”, afirmó ante La Nación/Nación Media.

El legislador indicó que la intención de presidir su partido nace del diálogo con las bases, con el pueblo, que pide que el Partido Liberal recupere su línea histórica, su rol opositor y contralor del gobierno. Subrayó además que su equipo político representa una nueva generación dentro del partido: “Gente joven con una mirada al futuro, pero sustentada en los principios del liberalismo y el legado de los grandes hombres del partido”.

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El legislador criticó duramente la situación actual del PLRA, al que calificó como ausente del debate nacional. “El partido está en silencio, hay representantes que alzan su voz en el Parlamento, pero la institución partidaria como tal no se manifiesta. Debemos volver a ejercer nuestro rol como partido político y como representantes de una parte importante de la sociedad”, sostuvo.

Villalba también apuntó contra la actual conducción partidaria, a la que responsabilizó por no poner luz sobre las deudas acumuladas de campañas anteriores y por la falta de medidas para revertir la situación financiera. Propuso como solución la creación de un comité económico que rinda cuentas de manera pública y transparente. “La deuda no es mucha considerando que el partido tiene 1.500.000 afiliados. Con un aporte de G. 10.000 por correligionario, sería posible saldarla. Pero hoy no hay confianza en la conducción actual”, enfatizó.

De llegar a la presidencia del PLRA, el senador prometió instalar mecanismos de rendición de cuentas como audiencias públicas y una administración participativa. “Los correligionarios están dispuestos a apoyar cuando ven transparencia y compromiso con los principios partidarios”, afirmó.

Finalmente, valoró el respaldo que está recibiendo a nivel nacional e internacional. “Muchos dirigentes del país e incluso del exterior se han puesto a disposición. Me dijeron que esto era lo que esperaban. Eso me da fuerza, porque para encarar una gran campaña, también hay que estar bien anímicamente”, concluyó.

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El Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) inició este jueves su primera sesión del año para analizar el reajuste del salario mínimo, con participación de representantes del Estado, trabajadores y empleadores.

Al finalizar el encuentro, se resolvió declarar un cuarto intermedio hasta tanto se reciba oficialmente el informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) interanual elaborado por el Banco Central del Paraguay, según informaron desde el Ministerio de Trabajo.

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La reunión estuvo liderada por el viceministro de Trabajo, César Segovia. Luego de haberse conformado el consejo, se dio inicio a los debates en un espacio tripartito, presidido por el director del Trabajo, Enrique Galeano, en su calidad de presidente del Conasam.

Como representante del sector trabajador asumió Bernardo Rojas, en tanto el sector empleador estuvo representado por Enrique Vidal Lovera, conforme a lo dispuesto en el decreto 3.921. Luego de que los integrantes del Conasam analicen el informe del IPC, elevarán una propuesta al Poder Ejecutivo para el reajuste del salario mínimo, antes del 30 de junio.

En Paraguay se realiza el reajuste del salario mínimo legal de manera anual y entra en vigencia en julio de cada año. Este 2025, el aumento será de 3,6 %, lo que representa G. 100.739, con lo cual el nuevo salario total quedará en G. 2.899.048, esto en base al IPC, dado a conocer el martes. La inflación mensual de mayo fue de 0 %, mientras que la interanual (últimos 12 meses) fue de 3,6 %, punto de referencia para el reajuste salarial.

Las cinco centrales sindicales (CUT, CNT, CUT-A, CPT y CGT) piden un reajuste del 15 % sobre el salario actual, es decir, que suba a G. 3.207.705. Según una de las obreras, manifestaron que el costo de vida mínimo actual es de G. 6.379.630 mensuales para una familia tipo de 4 miembros. Según datos del Ministerio de Trabajo, cerca de 230.000 personas cobran el salario mínimo en Paraguay. Además, los jornaleros también deben recibir el reajuste.

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El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, afirmó que la responsabilidad de avanzar en la identificación de los autores intelectuales del crimen del exfiscal Marcelo Pecci recae principalmente en la Fiscalía colombiana.

Según explicó, los elementos centrales del caso, incluyendo el asesinato del propio Pecci y de Francisco Correa Galeano, uno de los implicados, ocurrieron en dicho territorio, lo que marca el foco geográfico de la investigación penal.

“Desde el comienzo hemos afirmado que la atención de un conflicto penalmente relevante tiene que ver con el territorio. Los casos esenciales que encierran al caso Pecci ocurrieron en Colombia. Todo va a Colombia”, señaló Rolón en alusión a las competencias jurisdiccionales del caso.

En conversación con “Tarde de perros”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media, relató que durante una entrevista privada con su par colombiana, Adriana Camargo, Rolón dijo haberse hecho eco del estado actual de la investigación.

Según expuso, la pesquisa se estructura en al menos tres niveles: el primero vinculado a los autores materiales, ya procesados y condenados en Colombia; un segundo que se enfoca en la autoría intelectual, y un tercero aún en desarrollo que apunta a conexiones más amplias dentro del crimen organizado.

En ese sentido, mencionó que informes internacionales atribuyen la autoría intelectual del crimen al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Sin embargo, enfatizó que esa información todavía se encuentra en una etapa de investigación preliminar y requiere de “comprobaciones y contrastes” bajo el debido proceso.

Rolón también cuestionó lo que consideró una interpretación errónea del estado procesal del caso que se asumió como certero en determinado momento.

“Eso de que el trabajo de la Fiscalía colombiana ya terminó al determinarse los autores materiales y que a partir de eso quedaba todo en manos de la Fiscalía de Paraguay es una información errónea. Nació de algún abogado de la zona y no es apropiada”, aseveró.

Además, lamentó que en Paraguay se haya instalado un “sentimiento exacerbado” en torno al rol del Ministerio Público en este caso, generando expectativas que, a su criterio, no se corresponden con la realidad jurisdiccional.

“Nosotros abrimos una carpeta porque coadyuvamos a esa necesidad de la Fiscalía de Colombia, aportando los datos que podíamos recabar de nuestro país. Naturalmente, los hilos que pudimos ver hasta ahora no nos conducen hasta una fuente muy propia”.