La jueza Diana Carvallo, a cargo del caso que involucra al diputado abdista Mauricio Espínola, remitió el pedido de desafuero a la Cámara Baja, confirmó este martes su titular, Raúl Latorre. El pleno deberá resolver si mantiene o retira los fueros del diputado que fue imputado por homicidio culposo por un accidente vial ocurrido el 16 de mayo, en que el motociclista Emilio Benítez Chaparro resultó con un traumatismo craneoencefálico moderado, que derivó en su fallecimiento el 27 de mayo.

“Hemos recibido la solicitud de desafuero del diputado Mauricio Espínola, y hay un grupo de solicitudes de desafueros que habían sido recibido por esta cámara. Tenemos que conversar en la mesa directiva y tenemos que conversar con los colegas porque el desafuero requiere de dos tercios, y en base a la distribución de fuerzas, ninguna facción, ningún equipo político tiene por sí mismo los dos tercios”, dijo el presidente Latorre a los medios.

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El titular legislativo afirmó que “para que se produzcan los desafueros que están pendientes tiene que haber una conversación entre todos y llegar a esa decisión”, teniendo en cuenta que se requieren de 53 votos para la aprobación, y ninguna de las bancadas no cuentan con ese número por sí solos y se requiere de un acuerdo entre todos los sectores, ya que también existen otros pedidos pendientes.

Por otra parte, evitó dar una postura personal al respecto señalando que es una decisión del cuerpo colegiado. “Yo siempre he tenido la misma posición con respecto a los desafueros, no quiero diferenciar una situación de la otra, soy respetuoso con los procesos que lleva adelante la justicia, y en términos de competencia de la Cámara de Diputados de proceder con el desafuero estaba expresando nuestra realidad matemática”, sentenció Latorre.

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El juez penal a cargo del caso deberá remitir la causa a la Cámara de Diputados, donde el pleno deberá resolver mantener o retirar los fueros.

En el marco de la impu­tación por homicidio culposo en accidente de tránsito, la agente fiscal Mercedes Vera, de la Uni­dad Penal n.° 9 de la Sede 1 de Asunción, solicitó al Juzgado Penal de Garantías que remita la comunicación correspon­diente a la Cámara de Dipu­tados, para que se inicie el procedimiento constitucio­nal y dar el tratamiento de desafuero del diputado Mau­ricio Espínola. El Ministerio Público imputó al legislador abdista tras protagonizar un accidente vial, el pasado 16 de mayo, que posteriormente derivó a la muerte de Emi­lio Benítez Chaparro, de 30 años, el 27 de mayo, tras haber padecido un traumatismo cra­neoencefálico moderado.

El juez penal a cargo del caso deberá remitir la causa a la Cámara de Diputados, donde el pleno deberá resol­ver mantener o retirar los fueros de Espínola para que sea sometido al proceso judi­cial correspondiente en esta causa. Asimismo, el órgano extrapoder solicitó para Espínola la aplicación de medidas alternativas a la pri­sión para asegurar su some­timiento a la investigación.

Entre estas medidas figura la obligación de comparecer mensualmente ante el juz­gado para la firma del libro de control, la prohibición de salir del país, la obligación de mantener el domicilio fijado, sin posibilidad de cambiarlo sin autorización judicial y la imposición de una caución real suficiente, acorde a la naturaleza del hecho.

“Según los datos recabados, la motocicleta circulaba por la avenida con dirección sur cuando impactó contra la puerta lateral izquierda de la camioneta. Como consecuen­cia del choque, el conductor del biciclo sufrió lesiones de gravedad y fue trasladado al Hospital de Trauma para reci­bir atención médica”, refiere el informe de la Fiscalía.

En el inicio de la jornada electoral en el departamento de Canindeyú se registraron los primeros incidentes vinculados al proceso de votación, según reportó el corresponsal de Nación Media, Juan Alcaraz, al programa Decisión2026.

En la ciudad de Corpus Christi, la Policía procedió a la detención de cinco personas en el Colegio Nacional de la localidad, luego de que intentaran sufragar con cédulas que no les correspondían y, en algunos casos, con documentos presuntamente apócrifos, aparentemente confeccionados de forma digital.

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Los detenidos, en su mayoría oriundos de la zona de Yby Pytã, quedaron bajo resguardo policial a la espera de la intervención del fiscal Hernán Mendoza, designado para la jurisdicción.

Por otra parte, en la ciudad de La Paloma, específicamente en la Escuela N.º 1980, se registró un altercado entre una candidata y una operadora política, que derivó en agresiones físicas en medio de la confrontación entre sectores antagónicos.

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Las autoridades continúan monitoreando el desarrollo de la jornada electoral en el departamento, en el que se espera mayor afluencia de votantes durante el transcurso de la mañana.

El presidente del Tribunal Electoral Partidario (TEP), Santiago Brizuela, realizó un balance sobre el inicio de la jornada electoral en los 481 locales de votación habilitados por el Partido Colorado. A nivel general, calificó de óptimo a nivel país el inicio de la jornada electoral con la instalación de las mesas de votación y el recibimiento a los electores desde tempranas horas.

Acompañado de Mónica Seifert, Matías Fernández y César González, confirmó además sobre la suspensión de las elecciones en un local de votación de la ciudad de Quyquyhó, debido a una vulneración del protocolo de seguridad. Mencionó que cerca de las 22:00 de ayer sábado, se detectó una gran cantidad de personas dentro del local electoral que ya debía estar completamente lacrado desde las 18:00.

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“A nivel general, las mesas ya están en óptimas condiciones, recibiendo a electores. Están todas instaladas pero tenemos dos denuncias, una que tiene que ver con hechos de violencia generados ayer y personas, incluyendo funcionarios del Tribunal Superior de Justicia Electoral, que no tienen autorización o no tenían autorización para estar en un local de votación ya lacrado”, expresó.

Al respecto, Brizuela remarcó que la competencia de estas elecciones internas recae sobre los tribunales electorales partidarios o independientes de los partidos políticos. “La presencia de cualquier persona fuera de lo que sea el resguardo policial en los locales electorales estaba prohibida desde el momento del lacrado del local de votación”, acotó.

Remarcó que el TEP como los TEI tienen la obligación de velar por la trazabilidad, la garantía que tiene que ver con los útiles electorales, llámese credenciales de máquina de votación o boletines de votación. Agregó que la situaicón vivida en Quyquyhó obligó a suspender provisoriamente el inicio de las elecciones hasta tanto se pueda corroborar mediante la acción del Ministerio Público. En este momento ya se está dirigiendo el fiscal Leonardo Cáceres hasta el lugar para una verificación.

“La única forma de volver a reencauzar la transparencia y poder brindar la garantía a los resultados que se puedan obtener en el distrito es verificando si esos maletines fueron vulnerados o no antes del inicio formal de la instalación de las mesas, solamente puede ser corroborado a través de un agente externo y es la instrucción que tiene el delegado electoral del Tribunal Electoral Partidario, de tal manera que se pueda verificar correctamente y con la imparcialidad debida”, precisó.

Igualmente, Brizuela mencionó que recibieron numerosos reportes sobre credenciales adulteradas mediante herramientas tecnológicas. El caso fue derivado a los apoderados generales para su retiro, asumiendo que muchas veces los comandos principales desconocen estas falsificaciones.

También señaló que recibieron reportes sobre un inconveniente técnico en el distrito de Guayaibí, donde el padrón electoral fue cargado erróneamente en el maletín. Aseguró que el problema se encuentra en proceso de subsanación.

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