El abogado Pedro Ovelar, representante legal del expresidente de la República Horacio Cartes, dijo que a su criterio hay una gran desinformación surgida desde Paraguay que se hizo llegar hasta el Departamento de Estado de los Estados Unidos y afirmó que se trata de una evidente y marcada persecución desde el Gobierno hacia la figura del líder del movimiento Honor Colorado. Mencionó que desconoce las acusaciones y los hechos que supuestamente involucran a su cliente y que pudieran ser calificados como corrupción.

“Entendemos que hay una gran desinformación surgida desde Paraguay para hacerla llegar hasta el Departamento de Estado, desconocemos específicamente cuales son las acusaciones en particular, a qué hechos se refieren, en qué momento estos hechos ocurrieron, y de qué manera pueden ser calificados como corruptos o hechos ilícitos dentro o fuera del país”, manifestó Ovelar durante una conferencia de prensa tras el anuncio de la Embajada de EEUU, que comunicó que de ahora en adelante deniegan el ingreso al país al exmandatario.

“Definitivamente el expresidente es víctima de una persecución desde el Gobierno, la utilización de la Seprelad, de la Comisión Bicameral de Investigación y de otros órganos, como así también denuncias que existieron o el caso del Banco Nacional de Fomento con el cierre de una cuenta, son actos políticos o absolutamente ilegítimos que tienen por fin incidir en cuestiones electorales que, por lo que se ve en las encuestas, no tienen incidencia en los números”, expresó.

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Entre tanto, el abogado de Cartes mencionó que defenderse de una acusación que carece de contenido fáctico es imposible de hacerlo, pues desconocen el hecho en particular. Resaltó que el anuncio provino del Departamento de Estado, un órgano estrictamente político y no jurídico cuando que si hubiese sido en el marco de un proceso, la información se hubiese canalizado de forma distinta.

Decisión política y no jurídica

“El anuncio lo hicieron desde del Departamento de Estado, un órgano político del gobierno americano no es un órgano jurídico, si fuera en el marco de un proceso que se le señale al expresidente como responsable de un acto ilícito sería el departamento de justicia que realice el anuncio o pida una cooperación internacional o haga un pedido de extradición”, mencionó. “Tenemos que diferenciar lo que es una decisión política de una información jurídica”, sentenció Ovelar.

Por último, el abogado mencionó que lo sucedido se basa en un “lobby político” por parte de los adversarios políticos del expresidente que derivaron en esta información sesgada y que no dieron oportunidad siquiera a brindar un argumento. “Lo haremos a partir de ahora para que la información pueda llegar de manera efectiva”, sostuvo.

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