Integrantes de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE) requieren a la Contraloría General de la Republica (CGR) que impulse una fiscalización en torno al plantel de funcionarios y empleados públicos de la Municipalidad de Ciudad del Este al denunciar una presunta incompatibilidad y conflicto de intereses por parte de la abogada Gilda María Portillo.

El pedido de la organización surge teniendo en cuenta que Portillo, conforme a la lista de funcionarios y empleados públicos divulgada por la municipalidad, aparece vinculada y remunerada por la institución desde el mes de febrero del 2025 y paralelamente ejercería la defensa técnica particular en las diferentes causas judiciales que enfrenta el destituido intendente por corrupción, Miguel Prieto, y su equipo conformado por el concejal Sebastián Martínez Insfrán, el director de Recursos Humanos, Francisco Arrúa, y la funcionaria Maggi Elizabeth Fariña Almada.

“La denuncia se sustenta en la posible existencia de incompatibilidad, conflicto de intereses y eventual utilización inadecuada de recursos o información institucional, atendiendo a que la citada profesional, mientras mantiene un vínculo remunerado con la Municipalidad de Ciudad del Este, ejercería la defensa técnica particular de autoridades, exautoridades y funcionarios vinculados con dicha institución”, refiere el documento que será remitido al órgano auditor.

Señala también que “asimismo, se solicita verificar si la denunciada cumplió con su obligación de presentar ante la Contraloría General de la República su Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos, dentro del plazo legal correspondiente”.

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En el escrito mencionan que algunas de las causas judiciales guardarían relación con hechos denunciados, actuaciones administrativas, recursos públicos o circunstancias vinculadas directa o indirectamente con la Municipalidad de Ciudad del Este.

“Esta situación podría colocar a la profesional en una posición de intereses contrapuestos, debido a que, por una parte, mantiene un vínculo remunerado con la institución municipal y se encuentra obligada a privilegiar y proteger los intereses públicos; mientras que, por otra, asume la defensa particular de personas investigadas o procesadas por hechos presuntamente vinculados con la misma institución”, indican desde la Contraloría Ciudadana de acuerdo a las informaciones e investigaciones recopiladas por sus miembros.

Agregan que la situación requiere verificar si la denunciada tiene acceso, por razón de sus funciones, a documentos, antecedentes, datos personales, expedientes administrativos, informes jurídicos o cualquier otra información institucional que pudiera resultar relevante para las causas en las que ejerce la defensa técnica.

Solicitan también determinar si la defensa de las personas individualizadas es abonada de manera particular por cada defendido o si, directa o indirectamente, se utilizan recursos, contratos, honorarios, personal, instalaciones, información o fondos de la Municipalidad de Ciudad del Este.

En el requerimiento, la Contraloría Ciudadana hace alusión a la Ley 7445/2025 “De la Función Pública y del Servicio Civil” el cual resulta aplicable a los funcionarios y empleados públicos de los gobiernos municipales. A la vez citan artículo 51 de la ley que establece, entre las obligaciones de los servidores públicos, la de privilegiar los intereses del Estado sobre los intereses propios o particulares, observar el principio de probidad administrativa y actuar con imparcialidad.

También hacen mención al artículo 52, inciso m, prohíbe a los servidores públicos efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas o judiciales bajo su ámbito de actuación, con las excepciones previstas en el ordenamiento jurídico.

Igualmente, citan los incisos k, l, n, p y r del mismo artículo argumentando que en los mismos se detallan prohibiciones relacionadas con la obtención de beneficios, el conflicto de intereses, la prestación de servicios a determinados particulares y el ejercicio de ocupaciones que no puedan conciliarse con las obligaciones del puesto público.

Además citan en la solicitud el artículo 61, inciso p, considera falta grave efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas o judiciales, se encuentren o no directamente bajo el ámbito de actuación del servidor público.

También hacen referencia a la ley 6919/2022 sobre la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos el cual comprende como sujetos obligados a las personas nombradas, contratadas o electas para prestar servicios en organismos o entidades del Estado. La declaración jurada debe presentarse ante la Contraloría General de la República dentro del plazo legal contado desde la toma de posesión o inicio de las funciones.

“Los hechos expuestos ameritan una investigación destinada a determinar la naturaleza exacta del vínculo contractual, las funciones asignadas, los pagos efectuados, la existencia de posibles conflictos de intereses y el cumplimiento de las obligaciones legales de transparencia”, sostienen.

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La abogada Leticia Bóbeda lleva adelante la defensa de Marcos Gómez en el caso de violencia familiar contra su expareja, la exmodelo Graciela Núñez. La profesional, en conversación con La Nación/Nación Media, hizo algunas aclaraciones.

“Nosotros estábamos en conocimiento de que ella hizo una denuncia por violencia familiar, pero en la carpeta fiscal señala que la declaración testifical no es clara, no manifiesta específicamente tiempo, fechas de los hechos ordenados, y apunta más bien hacia una cuestión de infidelidad y supuestos hechos ocurridos hace muchos años”, mencionó.

No obstante, el Ministerio Público aplicó el protocolo respectivo, trasladando a la víctima hasta la sede de Atención a víctimas del Ministerio Público en Asunción.

Asimismo, el informe remitido por dicha dependencia establece que no se ha obtenido un relato fáctico y la profesional se ha limitado solamente a sugerir una nueva evaluación psicológica para la víctima debido a que “en este estado no se cuenta con suficientes elementos de sospecha para formular una acta de imputación”.

No obstante, la causa queda abierta, prosiguiendo la investigación. “Eso es lo que existe en la causa”, indicó la defensora. Añadió que su defendido apeló a una denuncia penal porque “ya era insostenible la situación” de violencia hacia su cliente.

Y se agravó porque “la señora andaba armada”. En su indagatoria, “ella admitió que tenía arma de fuego”, expresó.

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En se sentido, cuentan con denuncias policiales que fueron agregadas a la carpeta fiscal. “Nosotros hicimos la denuncia porque ella ahora le utiliza a los niños como instrumento para amedrentar al padre”, puntualizó. Los niños viven con su papá.

“Marcos tiene dos hijos mayores que son de un matrimonio anterior que viven con él por voluntad propia y los niños que tiene con Graciela Núñez”, precisó.

Aseguró que los episodios de violencia fueron constantes de parte de la mujer. “Ella dice que se le manipula y es mentira porque a pesar de las amenazas, incluso con armas, Marcos esperó mucho tiempo porque la violencia fue sostenida. Y se agravó en los últimos seis meses. A su hijo de 14 años le dijo que le iba a matar a su papá si le quitaba la camioneta”, aseveró.

Además, agregarán todos los mensajes y videos “Tenemos videos en donde ella le rompe una botella de vidrio. También hay otro video, donde ella le escupe, le araña. En otra ocasión, Marcos se despierta con una pistola en la cabeza, donde ella le decía “no me vas a dejar”. Sin embargo, ella se fue”.

Tampoco aceptó el divorcio. “Ella tiene muchos bienes a su nombre gracias al señor Marcos y él nunca le reclamó. Le mandamos incluso, una minuta de divorcio de mutuo consentimiento y la señora no quiso firmar”, comentó.

En relación al video donde él aparentemente golpea a la mujer, “haciendo zoom del video, se ve que ella se da vuelta y él golpea un mueble”, explicó.

Por otro lado, cuando se retiró de la residencia familiar. “Ella arrancó todo el circuito cerrado. El señor Marcos Gómez nunca tuvo acceso porque él confiaba en su señora”, subrayó.

En conclusión, dijo que “hay muchas inconsistencias en el relato de ella”.

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• Por Karina Ríos Torales

La joven abogada Silvana Astigarraga Aldama, de 26 años, se graduó con mucho éxito en el programa de Master of Laws (LL.M.) en Harvard Law School. Tras un año de muchos desafíos académicos en Estados Unidos, alentó a los jóvenes a derribar el miedo y pelear por sus sueños.

Silvana culminó con honores sus estudios en el Colegio Lumen de la ciudad de Asunción y luego estudió Derecho en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA). Luego trabajó por siete años en el estudio PSTBN Abogados, donde desarrolló todas sus habilidades en la rama del Derecho.

“Me gradué como alumna sobresaliente. Durante la carrera también participé en actividades extracurriculares como la revista jurídica de la facultad y competencias de arbitraje, experiencias que complementaron enormemente mi formación académica”, dijo Silvana en entrevista con La Nación/Nación Media.

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Hace un año, la joven viajó a Estados Unidos para cursar la maestría en Harvard Law School. Aseguró que para llegar a una institución tan reconocida a nivel mundial el desempeño académico es importante, como las buenas calificaciones, pero que eso no es todo.

“Mi experiencia fue la contraria. Creo que estas instituciones buscan personas completas: personas con intereses diversos, con inquietudes, con pasiones y con una historia propia. No buscan solamente excelencia académica; buscan autenticidad y distintas perspectivas sobre el mundo”, confirmó.

Silvana indicó que aún existe una deuda pendiente como país en materia de apoyo financiero para quienes son admitidos en universidades de primer nivel en el exterior. “Sería importante que en el futuro más paraguayos pudieran acceder a estas oportunidades sin que el aspecto económico represente una barrera tan grande”, apuntó en nuestro medio.

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La ahora magíster, manifestó que permanecerá un año más en territorio estadounidense para adquirir experiencia laboral en el ámbito internacional. Pero su metas es regresar a Paraguay para ejercer como abogada corporativa y en la docencia universitaria.

“Mi intención es regresar a Paraguay y continuar desarrollándome como abogada corporativa. Me gustaría combinar el ejercicio profesional con la docencia. Sería una enorme satisfacción poder enseñar en la Universidad Católica y compartir con futuros abogados parte de lo que aprendí durante estos años”, refirió en LN.

Agradeció a todas las personas que la acompañaron es este proceso, especialmente a su familia. “Me siento muy agradecida. Hay una cuota de suerte en este tipo de historias que creo importante reconocer. Por eso siento una enorme gratitud hacia mis padres, mis amigos, mis profesores, mis mentores y mis colegas”, confirmó.

Resaltó que fue un año extraordinario, pero también muy desafiante, ya que compartió aulas con personas de tantos países, culturas y trayectorias diferentes. “Fue una experiencia transformadora tanto en lo académico como en lo personal”, puntualizó.

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Silvana aprovechó para destacar que el Paraguay tiene mucho talento y que está muy feliz porque este programa le dejó con una enorme sensación de gratitud hacia todas las personas que la ayudaron a llegar hasta esta meta.

“Siento orgullo por haber representado a Paraguay en un espacio tan diverso e internacional. Los animo a preguntar, buscar orientación, acercarse a quienes ya recorrieron ese camino y confiar en el trabajo que uno ha venido construyendo. Muchas veces estamos más preparados de lo que creemos“, subrayó.

Instó a los jóvenes paraguayos a no autoexcluirse por temor al rechazo o a las limitaciones económicas, asegurando que en el país sobra capacidad. "Les diría que no se autoexcluyan antes de intentar. A veces el principal obstáculo no es la capacidad, sino el miedo: miedo a no ser suficientes, miedo a ser rechazados o miedo a no encontrar financiación", puntualizó.

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“El caso de Marilina nos deja una lección muy importante: que te nieguen o te revoquen la visa no significa que no tengas opciones”, dice María Fernanda Melgarejo Ainsworth, una abogada paraguaya especializada en temas migratorios que vive hace 15 años en Miami (Estados Unidos), al compartir en Instagram “cuatro lecciones que todos deberían saber”.

La cantante villarriqueña sigue en el debate mediático y de las redes sociales por haberse perdido la oportunidad de participar de la gala de apertura de la Copa Mundial de Fútbol 2026 de la FIFA en Norteamérica, debido a una situación anterior en que habría viajado a Estados Unidos para realizar conciertos con visa de turista, cuando correspondía que fuera la visa de trabajo, lo que le valió el veto desde Washington.

“Uno, si te niegan o te revocan la visa, busca asesoría legal inmediata”, puntualiza la compatriota. “En inmigración los tiempos importan y muchos casos tienen plazos específicos donde se puede buscar una solución. Dos, una visa no es solo un formulario, es un proceso legal donde estás solicitando un beneficio, no un derecho, al gobierno de los Estados Unidos”.

“Tres, muchas personas creen que la visa de turista da autorización ilimitada. Eso no es correcto. Si bien la visa de turista autoriza ciertas actividades comerciales limitadas, existen muchas restricciones, y violaciones o incumplimiento puede tener consecuencias muy graves. Cuatro, que la negación, la revocación o que te digan que no se puede apelar o que no existe solución, eso no significa que sea el final del camino”, agregó.

“Los Estados Unidos es un país de leyes y existen muchas excepciones. Cada caso requiere un análisis jurídico personalizado. La moraleja es simple: en cuanto a temas migratorios de los Estados Unidos, nunca, nunca tomes decisiones o tomes acciones sin una asesoría legal personalizada. Solo un abogado licenciado y matriculado en los Estados Unidos puede asesorarte”, ratifica María Fernanda en su video.

En otro posteo, la abogada guaraní refiere su propia experiencia: “Tenía 27 años cuando emigré a los EE. UU., ya era abogada en Paraguay con una maestría de la Universidad de Salamanca, pero como la mayoría de los inmigrantes solo vine con una maleta de ropas viejas a empezar desde cero, y con un corazón lleno de esperanzas en busca del sueño americano”.

“Hoy vivo mi sueño americano y te afirmo que sí existe. Después de ‘sufrir’ mi propio proceso migratorio, encontré mi pasión en las leyes de inmigración de negocios y talentos lo que me motivó a también emprender y crear mi propio bufete. Como inmigrante, entiendo tus miedos y frustraciones”, explicó la profesional que se dedica específicamente a casos de inmigración.

En un posteo en X de Jorge Torres Romero, periodista de Nación Media, en que señalaba que el presidente Santiago Peña intentó mediar si había alguna opción a favor de Marilina, una usuaria llamada Gladis Payne dio su versión de lo que habría acontecido con la artista para que perdiera la posibilidad de acceder a una visa de Estados Unidos para volver a ingresar a su territorio.

“En honor a la verdad esta persona hace un año o dos aproximadamente tenía previsto actuar en Nueva York, Nueva Jersey y Washington D. C., incluso los organizadores ya estaban vendiendo los tickets, hasta el lugar donde haría su presentación ya estaban listos, publicitó por todos los medios sociales, todo esto antes de ir a la Embajada de Estados Unidos para pedir su visa, al fin fue por su visa y le negaron por qué tenían todas la pruebas que no iría como turista si no como artista y haría evasión de impuestos al Tío Sam y, ojo, ni le negaron por 10 años, de por vida ya no puede entrar en los EE. UU.

“Sabiendo todo esto se hizo de la callada, dejó que el pueblo se divida en dos, fue a intentar de vuelta con la carta de la FIFA y de nuevo un no rotundo, ahora resulta que el presidente Santiago Peña tiene la culpa, la ilusionó que prometió que hablaría con el presidente Donald Trump, como si ella fuera el ombligo del mundo para molestar al presidente más poderoso por una visa y explicar por qué la negaron un y dos veces, pisa tierra y deja de llorar, no vas a entrar en este país y acepta tu responsabilidad”.