La doctora Cintia Cardoso, directora de Apoyos y Servicios del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS), dijo que se aguarda que concluya la revisión de los lotes de medicamentos que eran vendidos en albergues de la previsional para obtener la trazabilidad de las farmacias y de los funcionarios implicados en esta irregularidad. Alertó que gran parte de las medicinas estaban vencidas y que se reforzarán los controles de estos espacios.

“La denuncia fue de un familiar de paciente y las intervenciones fueron en los albergues de las terapias intensivas de adultos y pediátricos. En ambos albergues había medicamentos”, relató la funcionaria médica, este jueves, al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media. “La denuncia empezó con un paciente al se le dio una receta manual. Entonces, al familiar le comentan que en uno de los albergues podía comprar ese medicamento”.

“Nos envían la foto de la receta y de la puerta del albergue, de manera que nosotros podamos ubicar. Y nos vamos inmediatamente ahí a intervenir y encontramos la misma receta que habíamos recibido por WhatsApp ya en la mesa de la señora, que fue demorada. Cuando le preguntamos qué función estaba cumpliendo, nos dijo que ella era la encargada de los medicamentos de ese lugar. No es funcionaria de la institución. Ella es una persona que trabaja como una cuidadora particular, que normalmente le contratan los familiares de los pacientes”, describió sobre el descubrimiento de esta situación.

“Esos lugares se les asigna una vez que quedan internados y Servicio Social es el que les asigna los lugares, controlan que sea cierto que el familiar sigue internado. Se hacen visitas para controlar la limpieza del lugar, de que sigue internado el paciente”, explicó Cardoso sobre el trámite formal para la habilitación y control de los albergues de IPS.

También mencionó que en otra oportunidad ya se descubrió la venta de medicamentos a cargo de otra persona. “Se había encontrado también, pero no en esta cantidad ni esta organización, porque la señora tenía todo tipo de medicamentos. Tenía medicamentos vía oral, vía endovenosa. Lo, lo más peligroso es que ya había productos vencidos, había productos controlados, productos anestésicos, había insumos también de terapia intensiva y aparte de eso tenía venta de ropa, de alimentos enlatados, envasados”, refirió.

“Y ella, digamos que se aprovechaba de que tenía el contacto con los familiares, en el sentido de que por más que a lo mejor su paciente se iba de alta o fallecía, ella ya era contratada otra vez por otro familiar y continuaba ella ahí, prácticamente todos los días, encadenaba un cuidado a otro”, especificó.

Consultada si la mujer demorada habría estado hace tiempo con este “negocio” en el albergue, la funcionaria respondió: “Obviamente que no es muy corto el tiempo, porque estaba ella con un somier ahí en el box que tenía asignado y en otro box, fue que nos llamó la atención una persona, nos hizo unos gestos para que revisemos el lugar. Y entonces ya se hizo una revisión completa por eso y se encontró que había otro lugar donde ella escondía cosas”.

Agregó que “si uno levantaba la cortina, aparecía una persona descansando, pero en realidad eran medicamentos escondidos bajo la cama, tapado con frazada, tenía un roperito, todo. Así que tiene que haber sido ya un tiempo importante y que probablemente los controles hayan sido muy superficiales, porque esos son lugares donde ellos descansan y muchas veces uno no puede entrar a revisar todo porque supuestamente son insumos, o sea, elementos personales”.

“Encontramos también del Ministerio de Salud, del Hospital de Clínicas. Y ayer, con el inventario que se estaba haciendo en la Fiscalía, como ya fue una revisión más tranquila y uno a uno, se encontró también medicamentos con leyenda del Hospital Policial Rigoberto Caballero”, comentó Cardoso.

“Vamos a tener que ver un poco una reorganización de funcionarios también, porque obviamente va a tener que ser mucho más estricto el control”, manifestó la responsable de Apoyo y Servicios ante esta grave irregularidad en los albergues del IPS. “Vamos a tener que ver si ponemos controles ya también nocturnos. Vamos a tener que ver cámaras que antes no habíamos puesto en esos lugares porque uno respetaba más o menos la intimidad de ellos, pero vamos a tener que poner ciertas cosas porque yo creo que abusaron de la confianza y del respeto que se les tenía como familiares y también pusieron en riesgo la vida de los propios pacientes, porque esos medicamentos, casi la mayor parte estaban vencidos y también la forma en que estaban ahí guardados y mantenidos, no respetaban las condiciones mínimas de cuidado que se deben tener con un medicamento. Algunos requieren refrigeración y nada de eso se cumplía”.

Respecto a lo que sigue con esta investigación, aseguró que “gracias a la incautación de los medicamentos, ahora cuando tengamos todos los lotes, vamos a poder individualizar en qué farmacia fue el movimiento y también con la trazabilidad se puede ver dónde entró, dónde salió, inclusive identificar los funcionarios implicados, porque obviamente tendría que haber complicidad o contacto con funcionarios de las diferentes instituciones”.

“Ayer ya se empezó. Yo creo que esta semana vamos a poder ir viendo todo, porque con la informática es mucho más fácil ya después el trabajo. Ahora se están sacando todos los datos. Hoy continúa el equipo de farmacia, auditoría interna. También van a seguir trabajando en Fiscalía, porque los medicamentos incautados están todos en Fiscalía. Ayer prácticamente la mitad de las cajas, porque más o menos como 23, 24 cajas se cargaron de medicamentos encontrados. Ayer habían revisado ya 11 cajas y era menos del 20 % era de IPS de lo encontrado. Pero sí es preocupante de que en todos los hospitales existe la sustracción de estos medicamentos”, concluyó.

El extitular del IPS está imputado por supuesta lesión de confianza y un presunto perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones.

El juez de Delitos Eco­nómicos Rodrigo Estigarribia admi­tió la imputación y procesó penalmente al extitular del Instituto de Previsión Social (IPS) Vicente Bataglia, quien se puso a disposición de la Jus­ticia mediante su abogado. Esto ocurre en el marco de la causa en la que fue imputado por supuesta lesión de con­fianza y un presunto perjui­cio patrimonial de G. 61.000 millones, relacionado con la provisión de quirófanos modulares para el Hospital Central.

Asimismo, el magistrado fijó para el próximo 20 de agosto a las 9:00 la audien­cia de imposición de medi­das cautelares, en la que se definirá si ordena la prisión preventiva de Bataglia o si se le beneficia con medidas alternativas.

Bataglia, quien se encon­traba fuera del país, compa­reció primeramente ante el fiscal Julio Ortiz, se abstuvo de declarar y logró que se levantara la orden de deten­ción en su contra.

La defensa sostiene que no existe hecho punible atri­buible a Bataglia. Su abogado también consideró relevante que la Fiscalía haya desesti­mado la denuncia contra el representante de la empresa que habría sido beneficiada con las adendas contractua­les cuestionadas.

Según la imputación, Bata­glia, como presidente del IPS y firmante de las adendas N.° 3 y 4, habría otorgado junto con otros funcionarios condi­ciones favorables a Neighpart S.A., permitiendo pagos por aproximadamente G. 61.000 millones y ocasionando un supuesto perjuicio patrimo­nial a la previsional.

El vicepresidente agradeció al Congreso Nacional por la sanción de dos proyectos de ley que habilitan financiamiento externo para obras de conectividad vial en distintas regiones del país.

La Cámara de Diputados san­cionó el proyecto que aprueba un préstamo de USD 75 millo­nes destinado al programa de mejoramiento de la conectivi­dad rural, a cargo del Minis­terio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). La iniciativa había generado un impasse entre algunos dipu­tados y el senador Silvio Ove­lar. Previo a la sesión extraor­dinaria de ayer, Alliana se reunió con el presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, y otros legisladores, en su rol de nexo entre el Ejecutivo y el Legislativo, para respaldar la aprobación del proyecto.

“La aprobación del crédito de USD 75 millones para caminos rurales es una muy buena noticia para varios departa­mentos de nuestro país. Mi agradecimiento a los diputa­dos nacionales por acompa­ñar este proyecto, que per­mitirá mejorar los caminos, conectar comunidades y facilitar el trabajo de miles de compatriotas”, señaló el vicepresidente.

Por su parte, la Cámara de Senadores aprobó por una­nimidad el contrato de prés­tamo con la Agencia de Coo­peración Internacional del Japón (JICA) para financiar la construcción del Corredor Bioceánico Suroeste, obra estratégica de casi 200 kiló­metros de asfalto que unirá Yabebyry con Pilar y bene­ficiará especialmente a los departamentos de Misiones y Ñeembucú.

“Agradezco a la Honorable Cámara de Senadores por la aprobación del financia­miento para hacer realidad el Corredor Suroeste, una obra largamente esperada por nuestra gente.

Después de tantos años de espera, seguimos dando pasos firmes para saldar una deuda histórica con Misiones y Ñeem­bucú. Vamos a seguir cum­pliendo y llevando obras donde durante décadas solo hubo pro­mesas”, expresó Alliana a través de su cuenta de X.

El juez de Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia admitió la imputación y procesó penalmente al extitular del Instituto de Previsión Social (IPS), Vicente Mario Bataglia, quien se puso a disposición de la Justicia mediante su abogado. Esto ocurre en el marco de la causa en la que fue imputado por supuesta lesión de confianza y un presunto perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones, relacionado con la provisión de quirófanos modulares para el Hospital Central.

Asimismo, el magistrado fijó para el próximo 20 de agosto a las 09:00 la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se definirá si ordena la prisión de Bataglia o si se le beneficia con medidas alternativas. Bataglia, quien se encontraba fuera del país, compareció primeramente ante el fiscal Julio Ortiz, se abstuvo de declarar y logró que se levantara la orden de detención en su contra.

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La defensa sostiene que no existe hecho punible atribuible a Bataglia. Su abogado también consideró relevante que la Fiscalía haya desestimado la denuncia contra el representante de la empresa que habría sido beneficiada con las adendas contractuales cuestionadas.

Según la imputación, Bataglia, como presidente del IPS y firmante de las adendas N.° 3 y 4, habría otorgado junto con otros funcionarios condiciones favorables a Neighpart S.A., permitiendo pagos por aproximadamente G. 61.000 millones y ocasionando un supuesto perjuicio patrimonial a la previsional.

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