El senador Colym Soroka adelantó que presentará ante la Cámara Alta un proyecto de declaración para que las Fuerzas Armadas custodien Itapúa, específicamente los puntos de acceso al departamento y también la zona marítima, esto teniendo en cuenta los últimos asaltos de gran magnitud que se produjeron en poco tiempo.

“El miércoles voy a presentar un proyecto de declaración para que la Armada haga patrullajes en el río porque varios distritos tienen orillas con el Paraná, somos zona de frontera, pero nunca tuvimos esta ola delincuencial tan violenta, estos son profesionales no son improvisados y van a seguir haciendo si no hay una reacción”, aseveró el legislador.

El pronunciamiento del parlamentario se dio luego de que se produjera un asalto a la sucursal del Banco Nacional de Fomento (BNF) de Natalio, Itapúa. Según el reporte policial, un grupo de 15 a 20 personas mediante explosivos, lograron ingresar a la sede bancaria y se alzaron con una suma millonaria de dinero.

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“Este ya es el tercer hecho y expone a toda la población, estos tipos vienen a hacer esto porque saben que la gente no va a poder reaccionar. El primero fue en Pirapó, reventaron el Banco Regional, el segundo en Yatytay, llevaron un cajero como si nada en una carrocería y ahora esto, por eso amerita una reacción, porque no puede continuar así”, manifestó a la 1020 AM.

Soroka señaló que está seguro que los delincuentes no son de Itapúa, pero que por la falta de control en los puntos de acceso al departamento, especialmente con Alto Paraná, pueden ingresar y realizar asaltos de gran magnitud, aprovechando también que las comisarías no cuentan con un gran número de oficiales.

“Esto en Itapúa es algo nuevo, en el departamento éramos conocidos por ser un departamento de trabajo, de tranquilidad y esta situación amerita una reacción inmediata. Ya estuve tratando de comunicarme con gente del Poder Ejecutivo para que vuelvan los militares, estamos importando delincuencia”, lamentó.

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Un grupo de legisladores y miembros de la Coordina­dora de la Fuerza Pública, Oficiales y Suboficia­les Retirados de las Fuer­zas Armadas y la Policía Nacional se reunió con el presidente de la Junta de Gobierno del Partido Colo­rado, Horacio Cartes, para solicitar el apoyo a una ini­ciativa legislativa.

Se trata del proyecto de ley que modifica el artículo 9 de la Ley 4493, que esta­blece el aumento del 10 % de subsidio para policías y militares retirados, con la finalidad de equiparar con los efectivos activos de las fuerzas públicas.

En el encuentro partici­paron los diputados Pedro Ortiz e Ida Cattebeke, y el senador Carlos Núñez.

“Este proyecto de ley se trató, menos mal se levantó la sesión antes de la deci­sión. He visto las argu­mentaciones de los seño­res senadores, yo me doy cuenta como presidente del círculo de suboficiales retirados que ellos no tienen toda la información, noso­tros queremos recuperar lo nuestro que en el 2011 las­timosamente se nos quitó, quedaron afuera”, indicó el diputado Ortiz durante el encuentro con el presidente de la ANR.

El legislador refirió que los policías y militares están actualmente sin cobertura, por lo que con este proyecto de ley se pretende equiparar el subsidio.

El Senado mexicano fue escenario ayer miércoles del sacrificio de una gallina para ofrendar su sangre a Tlaloc, el dios prehispánico de la lluvia, en una ceremonia promovida por un senador oficialista, blanco de una ola de críticas. La inédita escena era transmitida en redes sociales oficiales del Legislativo pero fue interrumpida momentos después de que uno de los participantes, con el tronar de tambores de fondo, degollara a la gallina para recuperar la sangre en una vasija.

La ceremonia fue promovida por el senador Adolfo Gómez, del partido oficialista Morena, y convocada en las redes institucionales del Senado. Pero por la tarde, la mesa directiva de la cámara, controlada por el oficialismo, se deslindó de los hechos y dijo que eran responsabilidad individual de Gómez.

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El Legislativo “no respalda de ninguna manera los hechos acontecidos y tomará las medidas disciplinarias pertinentes con el senador responsable”, señaló un comunicado. Gómez se escudó en las tradiciones indígenas para justificar la ceremonia. La constitución consagra que “se tienen que respetar las prácticas de los pueblos originarios”, dijo a periodistas.

Sin embargo, grupos defensores de animales recordaron que en Ciudad de México está prohibido el maltrato y sacrificio de animales. La organización Anima Naturalis México informó en la red social X que denunciará al legislador oficialista ante la fiscalía de la capital y convocó a una protesta para el jueves en Senado a fin de exigir su renuncia.

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Fuente: AFP.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dio trámite a la acción de inconstitucionali­dad presentada por la exse­nadora Kattya González, que fue destituida tras ser acu­sada por sus excolegas por tráfico de influencias, y resol­vió rechazar la medida caute­lar de González, que preten­día volver al Senado.

El pasado 27 de febrero, a tra­vés de sus abogados, González recurrió a la máxima ins­tancia judicial para presentar una acción de inconstitucio­nalidad y buscar la nulidad de la resolución que la despojó de su investidura el pasado 15 de febrero.

En aquella oportunidad, un total de 23 senadores acom­pañaron la expulsión de Gon­zález, se registraron siete abstenciones y 15 ausencias. Con esta resolución, la Corte Suprema mantiene a Kattya fuera del Senado.

Luego de la incidentada sesión, González anun­ció que iba a recurrir a instancias internaciona­les para revertir el hecho; sin embargo, luego de una semana de silencio absoluto, presentó la inconstituciona­lidad ante la Corte.

Sin embargo, no tuvo en cuenta que tras su expul­sión ya juró su suplente y tomó posesión del cargo. Esta situación hacía invia­ble su reincorporación a la Cámara Alta, pero de igual manera recurrió a la Justicia, que ahora, como era de espe­rarse, falló en contra de Kattya González, quien con esta resolución ya no tiene instan­cia donde recurrir y definiti­vamente se queda sin banca en el Senado.

En el libelo acusatorio se mencionó el caso de pla­nillerismo de los asesores de la parlamentaria, Sole­dad Blanco y José Torales; este último se desempeñaba como presidente del Partido Encuentro Nacional (PEN) y era funcionario de la Con­traloría General de la Repú­blica (CGR).

Torales percibía doble sala­rio por parte del Estado, configurando el hecho una situación irregular, sin mencionar que contaba con el beneficio atribuido por la senadora González para no marcar su ingreso y salida del Senado. En ambos casos, se argumentó la inducción de la exsenadora.