La normativa electoral establece que funcionarios que cumplan cargos públicos y se postulen a unas elecciones deben renunciar 90 días antes de los comicios generales, ya sean municipales o nacionales; sin embargo, en el caso de los cargos legislativos no se da esta misma situación.
En este sentido, la actual ministra de Trabajo y precandidata del oficialismo en la lista para el Senado, Carla Bacigalupo, refirió que la misma normativa debe ser aplicada para los senadores, diputados y miembros de juntas departamentales y municipales.
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“Nosotros somos del pensamiento de que tenemos que ajustarnos a la ley, tanto a la Constitución como la Ley Electoral establecen que 90 días antes de las elecciones generales, la fecha en que los ministros tienen que renunciar, eso estamos hablando desde el mes de enero del 2023, y hay otras fechas establecidas para otros funcionarios”, refirió en entrevista a la radio Universo 970 AM/Nación Media.
Igualmente, refirió que por lógica, los legisladores también ocupan un cargo público y de la misma forma que ministros u otros funcionario públicos utilizan recursos públicos para la campaña electoral. “Si vamos por un razonamiento lógico, fijando la ley que nos ampara, que establece claramente el cronograma, eso también debería trasladarse a los senadores, diputados y juntas de gobernaciones, porque todos están en la función pública. Podríamos partir de la base que todos están utilizando los recursos o sus puestos, para hacer campaña”, apuntó.
Agregó, que si se da el caso, se daría una renuncia en masa de todos los legisladores que quieran volver a sus bancas o que se postulen a otros cargos electorales. “Debería darse una renuncia en masa, no solamente de la parte ejecutiva o los ministros del Poder Ejecutivo, sino también de todos los senadores que están en sus funciones. Hay que entender que esa siempre fue una posibilidad prevista por la ley y el legislador ha tenido en cuenta un calendario para determinados tipos de cargos que tienen que cumplirse al momento de postularse”, puntualizó.
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Parlasur tratará la situación de las islas Malvinas
El Parlamento del Mercosur (Parlasur) se reunirá este lunes en su sede en Montevideo, con la participación de legisladores paraguayos, para debatir iniciativas para el fortalecimiento de la cooperación institucional, el desarrollo sostenible y la integración regional en la 101 sesión ordinaria. Antes de la plenaria, se realizará una sesión especial, en la que se enfocará el “Estado de situación actual de la cuestión Malvinas y sus implicancias para la posición estratégica del Mercosur en el Atlántico Sur”.
Asistirán son los diputados Rodrigo Gamarra, Jazmín Narváez, Virina Villanueva, César Cerini, Pastor Vera Bejarano y Carlos María López, así como los senadores Dionisio Amarilla, Yolanda Paredes, Lilian Samaniego, Noelia Cabrera, Norma Aquino y Javier Zacarías Irún. El Parlasur está presidido actualmente por el parlamentario brasileño Arlindo Chinaglia.
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En el marco de las actividades parlamentarias, se llevará a cabo la tercera sesión especial titulada “Estado de situación actual de la cuestión Malvinas y sus implicancias para la posición estratégica del Mercosur en el Atlántico Sur”, que se desarrollará de 13:30 a 14:30 en la Sala de Plenarios. Toda la jornada parlamentaria será transmitida en vivo a través de los canales oficiales del Parlasur en Facebook y YouTube, permitiendo a la ciudadanía seguir el debate y las decisiones del Parlamento del Mercosur en tiempo real.
La sesión contará con la presencia de invitados especiales: Juan Augusto Rattenbach, abogado y magíster en economía aplicada, asesor del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur; Ernesto Adrián Loffler, juez del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego; y Aldo Leiva, Diputado nacional y ex combatiente de Malvinas. La exposición buscará aportar elementos para una reflexión colectiva sobre la soberanía en el Atlántico Sur y la proyección estratégica del bloque en dicha región.
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Cooperación y Gran Chaco
La agenda de la sesión ordinaria incluye la consideración del Acuerdo de Cooperación entre el Parladur y la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE), orientado a fomentar nuevas fuentes de financiamiento para programas estratégicos regionales. Asimismo, el Pleno tratará el Memorando de Entendimiento con la Corporación Andina de Fomento (CAF), que busca profundizar los vínculos entre el Parlamento del Mercosur y organismos multilaterales dedicados al desarrollo económico y social.
En cuanto a lo ambiental, se presentará el proyecto de creación del Fondo para la Conservación y Desarrollo Sostenible del Gran Chaco Americano, impulsado por Parlamentarios del bloque como respuesta a los desafíos ecológicos y sociales de este ecosistema compartido. Además, será considerado un Acuerdo de Procedimientos entre el Parlasur y el Órgano Electoral Plurinacional de Bolivia, en el marco de las elecciones generales de 2025, como parte del trabajo desarrollado por el Observatorio de la Democracia del Parlamento del Mercosur (ODPM).
Previamente, a partir de las 8.30, iniciarán las reuniones de trabajo parlamentario con la convocatoria de la Mesa Directiva, seguida por las sesiones del Frente Parlamentario contra el Hambre, la Comisión de Asuntos Internacionales, la Comisión de Desarrollo y la Comisión Acuerdo MERCOSUR - Unión Europea. En la tarde, luego de la Sesión Especial, continuará la agenda con la reunión de la Comisión de Integración Fronteriza, que contará con la participación del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos (IPPDH).
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Intervención: ¿se puede tumbar a un intendente sin que existan hechos punibles?
- Por Nadia Denis (nadia.denis@nacionmedia.com).
El pedido del Poder Ejecutivo para intervenir las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este, en proceso en la Cámara de Diputados, generó gran revuelo político y ambos intendentes, y sus respectivos aliados, han salido a defender su gestión, pero, cuáles son los motivos por los cuales se puede solicitar la intervención.
En conversación entre La Nación/Nación Media y el abogado Ricardo Preda, explicó que la existencia de un hecho punible o un indicio del mismo no es el único causal para una intervención; la sospecha de malos manejos administrativos, que no constituyan un delito, también pueden requerir la medida constitucional de la intervención.
“Por ejemplo, si yo utilizo un rubro en otro, es decir, dinero que está para construcciones para pagar salarios de los funcionarios, eso propiamente no es un delito porque no hay un perjuicio patrimonial, pero es una mala administración porque estoy usando incorrectamente los rubros”, detalló.
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Hay un extenso listado de cuestiones que no corresponden a un delito como tal, pero sí habla de una mala gestión del administrador de gastos. Por citar algunos: falta de rendición de cuentas, desorganización en los registros contables y administrativos, inadecuado manejo de bienes patrimoniales, falta de respuesta a requerimientos de órganos de control, entre otros.
“Los defensores de uno de los intendentes, decía que ‘acá no hay perjuicio patrimonial’, yo desconozco porque no profundicé ninguno de los dos casos y no sé si es el caso, pero si una municipalidad paga todo con cheques al portador, eso es una mala administración, no necesariamente es un perjuicio patrimonial porque de por ahí se pagaron deudas que eran reales, pero no está bien que se pague de esa manera porque eso es poco transparente”, sostuvo.
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La intervención
La intervención es una herramienta que está presente en el artículo n.° 165 de la Constitución y que está regulada por la ley n.° 317/1994. En estas normativas, se menciona la atribución de la Contraloría para cursar la solicitud de las intervenciones, mediante el Ministerio del Interior (Poder Ejecutivo), así como de las Juntas Municipales.
La Cámara de Diputados conformó dos comisiones especiales para investigar los motivos del pedido de intervención y que deberán emitir un dictamen en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de su instalación. Posteriormente, el pleno deberá tratar este punto y definir si presta el acuerdo al Poder Ejecutivo para intervenir la municipalidad.
En caso de aprobarse la intervención, el Ejecutivo deberá designar a un interventor que tiene un plazo de 90 días, con posibilidad de prórroga, y deberá realizar una auditoría administrativa, financiera y legal de la gestión del intendente suspendido. Finalizado este trabajo, deberá remitir un informe recomendando la restitución o destitución del intendente
¿Pero, si el intendente renuncia, sigue en pie la intervención? No, si la renuncia presentada por el jefe comunal es aceptada por la Junta Municipal, la intervención queda sin efecto, no obstante, si existen presunciones de hechos punibles, el Ministerio Público tiene atribuciones para investigar.
“El hecho de que se le destituya o renuncie no cambia en absoluto de que el Ministerio Público va a estar obligado a perseguir esos delitos. Desde el punto de vista de los malos manejos que no constituyan hechos punibles que generan algún tipo de responsabilidad, igual la Municipalidad va a poder reclamar a esa autoridad que hizo incorrectamente, hay acciones civiles establecidas si hay algún perjuicio causado por el administrador, pero que no constituya hechos punibles”, puntualizó Preda a LN.
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Caravana de Prieto: con funcionarios y sin contribuyentes esteños, fue un rotundo fracaso
El senador colorado Javier Zacarías Irún se refirió a la caravana “pro Miguel Prieto”, que se desarrolló en Ciudad del Este este domingo. Señaló que fue “un lindo desfile de mototaxis, taxis, transportes alternativos con funcionarios municipales”, pero con una notable falta de acompañamiento ciudadano.
“Absolutamente de personas vinculadas a la Municipalidad de Ciudad del Este y a la vez es evidente que no llegaron a la cantidad de funcionarios que tienen. Para mí fue un rotundo y claro fracaso”, comentó en el programa de Tarde Perros, que se emite por Universo 970Am/Nación Media.
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Agregó que durante la convocatoria hablaron de una movilización nacional, una movilización en simultáneo en Asunción, Encarnación, Villarrica, en la Rotonda de Coronel Oviedo, que iba a paralizar al Paraguay. “Al final no pasó de ser un simple desfile de vehículos”, indicó el legislador.
De hecho, ciudadanos esteños, igualmente habían aclarado que la mayoría de los participantes de la caravana pro-Miguel Prieto no eran personas radicadas en esa localidad, sino más bien fueron desde otras ciudades a apoyar políticamente al intendente acusado de diversas irregularidades. Además, participaron algunos funcionarios municipales con sus familiares.
Al respecto, Zacarías Irún señaló que, si el Partido Colorado llega a hacer una convocatoria similar a la dirigencia política, en menos de 24 horas, van a reunir a un número cuatro veces mayor de lo que se congregó este domingo en el Este.
“Lo digo con toda sinceridad y sin arrogancia, no lo hacemos por mantener la paz, la tranquilidad y ojalá las cosas se lleven con mucha decencia y sobre todo respetando las instituciones. Con relación a la gente que hubo, no nos asusta ni mínimamente y menos de la forma que ellos hablaban”, acotó.
En otro momento de la charla señaló que es llamativo cómo un sector de la prensa, en coordinación con los sectores de la oposición, está buscando hacer creer que por ser de la oposición ya no tiene la obligación de ser controlado.
“Vos sos opositor y ya tenes una coraza de impunidad, vos sos opositor y porque las instituciones están actuando, ya es persecución, tras persecución. Entonces, el opositor puede robar, puede tener planilleros, puede reconocer que tiene familiares dentro de su institución, y no hay problemas, si sos opositor no hay que decirle nada; esto es lo que nos quieren hacer creer un sector de la prensa y la oposición. Realmente causa vergüenza ajena”, cuestionó Zacarías Irún.
El senador Zacarías señaló que supuestamente hacen este tipo de movilizaciones “para asustar” o generar preocupación por la supuesta cantidad de personas que lo están apoyando.
“Quieren que digamos, ah cuidado, ojo, tienen mucha gente. Nos quieren llevar al colmo, de que para repudiar la corrupción vamos a tener en cuenta con relación a la gente que tengamos o no, con el arrastre del pueblo, para tener o no impunidad”, acotó.
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Oposición activa mesa de trabajo con médicos residentes
Senadores y diputados opositores activaron este viernes una mesa de trabajo con médicos residentes con la finalidad de impulsar mejoras laborales para el sector. Durante la ocasión, los profesionales de la salud denunciaron que varios son obligados a trabajar más de 100 horas semanales.
Durante la reunión se debatió sobre la necesidad de impulsar un proyecto de “Residencias médicas”. El encuentro estuvo encabezado por los senadores Esperanza Martínez, Yolanda Paredes, Ignacio Iramain y los diputados Johanna Ortega y Raúl Benítez.
“En algunas unidades formadoras sí existe explotación. Nosotros buscamos que el reglamento de residencias médicas sea respetado. Algunos residentes trabajan más de 100 horas semanales, cuando el reglamento establece 55 horas semanales“, indicó Derlis Martínez, médico residente del Instituto Nacional del Cáncer (Incan).
El trabajador de salud siguió sosteniendo que “deben ser respetados los horarios, los días de guardia, posguardia, el horario de comida y los días libres. Hace años que exigimos todo esto, necesitamos que todos los legisladores se unan a esta iniciativa porque somos considerados como obra barata”.
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La mesa de trabajo es impulsada tras el fallecimiento del joven médico residente del Hospital de Trauma, Marcelo Esteban Barrios, en un accidente de tránsito ocurrido el pasado 1 de mayo sobre la avenida General Máximo Santos, en Asunción. El profesional de la salud estaba yendo al centro asistencial para tomar su guardia.
La muerte de Barrios ocasionó un profundo impacto entre sus colegas y abrió un intenso debate sobre las condiciones laborales de los profesionales de salud residentes, quienes constantemente denuncian maltratos por parte de sus superiores, prácticas abusivas y guardias extremadamente largas.
“Fue una reunión súper interesante, ellos presentaron un diagnóstico y evaluación general de lo que es el programa de residencia médica, que es la base de formación de los médicos. Hay reglamentaciones que no se están cumpliendo acompañado por problemas presupuestarios y carencias estructurales. Existe una variedad de problemas”, indicó la senadora Esperanza Martínez, añadiendo que varias médicos residentes llegaron a caer en las adicciones, poseen cuadros de depresión o llegaron incluso hasta atentar contra sus vidas.
Detalló que la idea es realizar visita a los centros hospitalarios cada 15 días con la finalidad de conocer in situ el funcionamiento. “Necesitamos sentarnos con todas las instituciones de salud para estructurar algo serio para el Paraguay, y luego impulsar una ley”, comentó la legisladora.