DESDE MI MUNDO

• Por Carlos Mariano Nin
• marianonin@gmail.com

Confieso que cada vez que escucho la palabra “sanción” asociada a la libertad de expresión, algo me incomoda. No me gusta.

No porque crea que todo está permitido, ni porque piense que el insulto sea una virtud. Tampoco porque considere que la grosería deba convertirse en argumento.

Me incomoda porque conozco la historia.

Las sociedades no suelen perder sus libertades de un día para otro. No ocurre con una explosión ni con un decreto espectacular.

Casi siempre sucede de manera gradual, con pequeñas concesiones. Con castigos que parecen razonables. Con decisiones que muchos celebran porque afectan a alguien con quien no simpatizan.

Hasta que un día descubrimos que el miedo se volvió costumbre.

Lo sabemos de sobra los paraguayos. Lo aprendimos durante décadas de dictadura, cuando el silencio fue ocupando espacios que antes pertenecían a la palabra, al pensamiento y a la crítica.

Esta semana, la FIFA decidió retirar de forma definitiva la acreditación mundialista al periodista paraguayo Jorge “Chipi” Vera, luego de sus exabruptos contra un árbitro tras la expulsión de un jugador de la selección paraguaya. Dijo en palabras lo que muchos pensamos.

Pero no voy a defender los insultos.

Las palabras tienen consecuencias y quienes trabajamos en los medios sabemos que la responsabilidad forma parte del oficio. En la radio y en la televisión existen normas, horarios de protección al menor y organismos encargados de velar por su cumplimiento.

Pero mientras observaba la polémica, mi preocupación caminaba por otro lado.

Pensaba en el poder, en quién establece los límites y quién tiene la capacidad de aplicarlos.

Porque el fútbol dejó hace tiempo de ser solamente fútbol. Se convirtió en una estructura global con influencia económica, política y cultural sobre millones de personas. Una organización capaz de decidir quién participa, quién accede y quién queda fuera.

Y allí aparece una cuestión que merece atención.

Cuando las instituciones más poderosas comienzan a regular cada vez más aspectos de la expresión humana, la línea entre la disciplina y el control se vuelve difusa.

La FIFA no es la única. El fenómeno atraviesa a buena parte del mundo moderno. Plataformas digitales, corporaciones, gobiernos y organismos internacionales avanzan sobre espacios que antes pertenecían al debate público, al disenso o simplemente al derecho de equivocarse.

La intención suele presentarse como razonable: promover el respeto, evitar excesos, mantener la convivencia.

Sin embargo, la historia enseña que la libertad rara vez desaparece por un acto dramático. Generalmente se desgasta por acumulación o por pequeñas renuncias. Por la costumbre de obedecer antes de hablar.

Por eso este episodio trasciende a un periodista y a una organización deportiva.

Habla de una época.

Una época en la que las herramientas para sancionar crecen más rápido que las herramientas para escuchar y muchas personas empiezan a medir cada palabra no por convicción, sino por temor a las consecuencias.

Y cuando el miedo ocupa el lugar de la conciencia, la libertad comienza a encogerse sin hacer ruido, imperceptible al comienzo. Así como una luz que se apaga lentamente mientras todos seguimos mirando hacia otro lado.

Pero esa… es otra historia

El mandatario Santiago Peña y el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, conmemoraron ayer, los 34 años de la jura de la Constitución Nacional, ocasión en que ambos líderes políticos instaron a todos los paraguayos a seguir construyendo bajo la unidad un país fuerte, justo y soberano.

“Hoy conmemoramos 34 años de la jura de nuestra Constitución Nacional de 1992, el pacto fundamental posibilitó la primera época verdaderamente democrática de su historia, con goce pleno de las libertades y derechos fundamentales de todos los paraguayos”, afirmó Peña a través de sus redes sociales oficiales.

Peña acotó: “Un régimen basado en las ideas de la república, democracia y derechos humanos ha dado al Paraguay años de inusitado crecimiento económico e inclusión social”.

El jefe de Estado agregó: “Celebremos hoy con alegría que hemos alcanzado todo esto los paraguayos con una de las Constituciones más garantistas y pluralistas del hemisferio, y sigamos construyendo juntos un país más fuerte, justo y soberano, bajo el amparo de nuestra Ley Suprema”.

Las afirmaciones de Peña fueron respaldadas por Alliana, quien abogó por la cohesión de todos los sectores de la sociedad como el camino indispensable para consolidar un Paraguay más justo y con instituciones fuertes.

“A 34 años de la Jura de la Constitución Nacional, renovamos el compromiso con los principios que sostienen nuestra República: democracia, institucionalidad y respeto a la voluntad ciudadana. Que su espíritu siga guiando el desarrollo, la unidad y el futuro del Paraguay”, refirió el segundo del Ejecutivo.

Por primera vez, esta fecha es conmemorada como feriado nacional y la idea fue planteada por el gobierno de Peña, teniendo en cuenta que la promulgación y jura de la Carta Magna vigente, aprobada por la Convención Nacional Constituyente del año 1992 marcó un hito fundamental para la consolidación de la democracia y el Estado de derecho en el Paraguay. A la vez sirve para incentivar el patriotismo y el turismo.

La Cámara de Senadores sancionó la propuesta que dispone la “identificación, inscripción y asistencia, en la educación básica y superior, de los estudiantes con altas capacidades”, más conocidos como “superdotados”. El documento fue remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto con la aprobación inicial de Diputados.

El pleno del Senado solo logró reunir 15 de los 30 votos necesarios para ratificar su rechazo al proyecto que es impulsado por los diputados liberales Luis Federico Franco Alfaro, Carlos Alberto Pereira Rieve y la colorada María Cristina Villalba.

Los senadores argumentaban que, de promulgarse, generará una duplicidad legislativa innecesaria debido a la existencia de la ley de Educación Inclusiva. La misma estipula la creación de un Registro Nacional de Estudiantes con alta capacidad intelectual y faculta al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) a establecer acuerdos con gobiernos departamentales y municipales para el desarrollo conjunto del proceso de identificación y seguimiento.

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En el proyecto se establece la identificación temprana para la atención individualizada, oportuna y completa para la debida inscripción y asistencia, en la educación básica y media, de los estudiantes con altas capacidades.

A la vez hace referencia a su aplicación obligatoria y general para las instituciones públicas, privadas y privadas subvencionadas por el Estado de todos los niveles.

También hace referencia a la capacitación de docentes de todos los niveles educativos y detalla que el MEC, en coordinación con las municipalidades y gobernaciones, establecerá los criterios, elementos y mecanismos de evaluación psicopedagógicos que permitan identificar a los estudiantes con alta capacidad intelectual.

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Por Lourdes Torres - Periodista - lourdes.torres@nacionmedia.com

Este sábado 20 de junio se conmemoran 34 años de la jura de la Constitución Nacional de 1992, un pacto fundamental que marcó el inicio de la era democrática e institucional moderna en Paraguay. A más de tres décadas, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) reivindica el valor del pacto democrático construido en 1992.

En una entrevista exclusiva para el Diario La Nación/Nación Media, el ministro del TSJE, Jorge Bogarín González, reflexionó sobre el legado democrático de la Carta Magna, la vigencia de sus principios, los desafíos actuales de las instituciones y la importancia de fortalecer la confianza ciudadana en el sistema electoral paraguayo. El magistrado recordó que este pacto democrático nació sobre las “ruinas del autoritarismo” tras un alto costo de “sangre, sudor y lágrimas” de ciudadanos que lucharon por la libertad.

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- ¿Qué representa para Paraguay la jura de la Constitución Nacional del 20 de junio de 1992?

- Representa el pacto fundamental que marcó el inicio de una nueva etapa en nuestra vida institucional y democrática: el momento en que la voluntad popular, expresada a través de una Convención Nacional Constituyente, decidió construir un Estado social de derecho sobre las ruinas del autoritarismo. Cada 20 de junio, no solo conmemoramos un texto, sino un compromiso: el que el poder emana del pueblo y se ejerce con límites, control y responsabilidad. Mantener ese compromiso renovado es, precisamente, la misión que esta Justicia Electoral asume todos los días.

- ¿Cuáles considera que fueron los principales avances que introdujo la Constitución tras la transición democrática?

- Introdujo los pilares sobre los que hoy se sostiene nuestra institucionalidad: la separación efectiva y equilibrio de poderes, un catálogo de derechos y garantías, y la creación de una Justicia Electoral autónoma e independiente, ajena a las injerencias que en el pasado distorsionaron la voluntad ciudadana. Ese diseño no fue un punto de llegada, sino el cimiento sobre el cual cada elección libre, transparente y pacífica desde entonces ha ido fortaleciendo la cultura democrática del país.

- A más de tres décadas de su promulgación, ¿cuál cree que es el legado más importante de la Constitución de 1992?

- Su legado más importante es haber demostrado que la democracia paraguaya puede sostenerse en el tiempo cuando las instituciones cumplen su rol. Treinta y cuatro años de continuidad institucional, de alternancia pacífica y de elecciones reconocidas tanto interna como internacionalmente, son la prueba de que ese pacto constitucional funciona. El desafío de cada generación de funcionarios públicos, y particularmente de quienes integramos la Justicia Electoral, es honrar ese legado fortaleciéndolo, no dándolo por garantizado.

- ¿La democracia paraguaya atraviesa uno de sus momentos más sólidos o todavía tiene deudas pendientes?

- Atraviesa un momento de solidez institucional, especialmente en materia electoral, pero la solidez democrática no es un estado permanente sino un ejercicio constante. Las deudas pendientes —por ejemplo, la lucha contra la corrupción—, no deben leerse como fracasos, sino como la agenda de trabajo que toda democracia madura se exige a sí misma. Reconocerlas con honestidad es, en sí misma, un acto de fortalecimiento institucional.

- ¿La Constitución sigue respondiendo a las necesidades del Paraguay actual?

- Sí, y de manera particularmente vigorosa en lo que respecta a la arquitectura democrática y electoral. El texto constitucional dotó al país de instituciones con suficiente autonomía para adaptarse a los desafíos de cada época, incluyendo la modernización tecnológica de los procesos electorales que hoy llevamos adelante. La vigencia de la Constitución se mide en su capacidad de seguir garantizando elecciones libres y confiables, y en eso sigue demostrando solidez.

- ¿Considera que los derechos y garantías consagrados en la Constitución se cumplen plenamente hoy?

- El ejercicio pleno de los derechos políticos y electorales es, hoy, una realidad consolidada en Paraguay, y constituye uno de los activos más valiosos de nuestra democracia. Persisten brechas en otros ámbitos de derechos económicos y sociales, y cerrarlas es tarea de todas las instituciones del Estado. Desde la Justicia Electoral, nuestro aporte concreto al fortalecimiento del Estado de derecho es garantizar que el derecho político más esencial —elegir y ser elegido— se ejerza sin ningún tipo de restricciones.

- ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta actualmente la Justicia para garantizar el respeto a la Constitución?

- El desafío central es sostener y profundizar la confianza ciudadana en las instituciones de justicia, lo cual exige transparencia, celeridad y modernización constante de los procesos. En el ámbito específico de la Justicia Electoral, ese desafío se traduce en blindar cada etapa del proceso —desde el padrón hasta el escrutinio— con protocolos de seguridad verificables, de modo que ningún actor político ni ciudadano tenga motivos legítimos para dudar de los resultados.

- ¿Cómo evalúa la independencia de los poderes del Estado en el marco constitucional vigente?

- El diseño constitucional de independencia de poderes es sólido y ha resistido pruebas de tensión institucional a lo largo de estos años. La tarea permanente —y en esto la Justicia Electoral tiene experiencia concreta que aportar— es traducir esa independencia formal en autonomía real frente a cualquier presión, mediante procesos técnicos, protocolos claros y rendición de cuentas constante ante la ciudadanía.

- ¿Cree que Paraguay necesita una reforma constitucional o la prioridad pasa por cumplir mejor la Constitución actual?

- La prioridad inmediata, y la más eficaz para fortalecer el Estado de derecho, es el cumplimiento cabal del texto vigente. La experiencia de la Justicia Electoral lo demuestra: gran parte de los avances logrados en materia de transparencia electoral no requirieron reforma constitucional, sino voluntad institucional y mejora continua de procesos dentro del marco existente. Una eventual reforma debe ser fruto de consenso amplio y nunca un atajo frente a la falta de cumplimiento.

- ¿Qué aspectos podrían debatirse en una eventual reforma constitucional?

- Cualquier discusión de esta naturaleza debe darse con amplitud democrática, evitando que se convierta en instrumento de coyuntura, y siempre con el objetivo de fortalecer —nunca debilitar— la institucionalidad construida desde 1992.

- Si tuviera que resumir en una frase la importancia de la Constitución de 1992 para las nuevas generaciones, ¿qué les diría?

- Que la Constitución de 1992 les pertenece tanto a ellas como a quienes la juramos hace más de tres décadas, y que su fortaleza dependerá siempre de que cada generación la defienda, la practique y luche en forma permanente por su estricto cumplimiento.

Finalmente, quiero manifestar que la Constitución de 1992 no es un simple texto jurídico, sino el reflejo de un anhelo colectivo de libertad y justicia para construir un Paraguay basado en el respeto a la ley y las instituciones. Lejos de ser un regalo de la historia, la democracia paraguaya conllevó el sacrificio, dolor y vidas de compatriotas, lo que hoy impone a la sociedad la enorme responsabilidad de defenderla día a día a través del diálogo y el respeto a las diferencias.

Ante este legado, la mejor manera de honrar el sacrificio histórico es trabajar incansablemente por la plena vigencia del Estado de Derecho. En este escenario, el Tribunal Superior de Justicia Electoral reafirma su compromiso de custodiar la voluntad popular, garantizando elecciones libres, transparentes y confiables como la máxima expresión de la libertad ciudadana.

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