El edificio del Parlamento será sede el próximo lunes del acto central de conmemoración del 30° aniversario de la sanción, promulgación y jura de la Constitución Nacional de la República del Paraguay. Foto: Pánfilo Leguizamón.
Anuncian acto por el 30° aniversario de la promulgación de la Constitución Nacional
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El edificio del Parlamento será sede el próximo lunes del acto central de conmemoración del 30° aniversario de la sanción, promulgación y jura de la Constitución Nacional de la República del Paraguay, vigente desde el 20 de junio de 1992. También se prevé la exhibición del texto original de la Carta Magna y una serie de conferencias sobre la misma.
“Lo que se pretende es que las máximas autoridades de los tres poderes del Estado den algunas palabras en recordación a este importante evento que vamos a realizar”, expresó el secretario general del Senado, Antonio Sánchez, en una entrevista con Universo 970 AM/Nación Media.
El funcionario detalló que el presidente del Congreso y de la Cámara de Senadores, Óscar Salomón, dará el discurso de apertura en el acto previsto para las 10:30 en la Sala Bicameral y que se espera, además, los discursos de las autoridades de la Corte Suprema de Justicia, así como del Poder Ejecutivo.
Simultáneamente, en esa esa misma jornada serán exhibidos, en un cofre en el hall central de la sede legislativa, el texto original de la Constitución Nacional en sus dos versiones oficiales, en español y en guaraní, y el acta original de la Convención Nacional Constituyente. Esos documentos se encuentran actualmente bajo la guarda de la Biblioteca del Parlamento.
Al término del acto de recordación, se iniciará una serie de charlas y disertaciones de tres jornadas con la participación de convencionales constituyentes, entre ellos Eusebio Ramón Ayala, Julio Frutos, Diógenes Martínez, Marciano Torales, Luis Lezcano Claude y Cristina Muñoz. Entre los temas a ser abordados en cada encuentro se citan, respectivamente, “El Paraguay de hace 30 años, contexto histórico, balance y perspectivas”, “Instituciones creadas con la Constitución Nacional de 1992, evolución institucional y situación actual” y “Situación legislativa a 30 años de la Jura de la Constitución Nacional”.
El día martes 21 de junio estarán como disertantes autoridades del Consejo de la Magistratura, del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y de la Contraloría General de la República y, para el día 22, se prevé la ponencia de los convencionales constituyentes Miguel Abdón Saguier, Carlos Mateo Balmelli, José Nicolás Morínigo, Euclides Acevedo y Emilio Camacho, según detalló la fuente.
Hugo Duarte, analista, recordó que la Constitución Nacional es clara al señalar que la banca le pertenece al candidato electo y no al partido. FOTO: ARCHIVO
Constitución establece que la banca le pertenece al legislador, recuerda analista
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El analista político Hugo Duarte hizo un análisis sobre el tema de la representación política en el Congreso Nacional, ante los cuestionamientos que ha generado la renuncia del senador Orlando Penner al Partido Patria Querida (PPQ). En ese sentido, recordó que la Constitución Nacional es clara al señalar que la banca le pertenece al candidato electo y no al partido.
En comunicación con el Diario La Nación/Nación Media, señaló que el problema del fondo viene a raíz de la decisión de establecer el Voto Preferencial, legislación que justamente fue promovida por Patria Querida, y que ahora evidencia su total falta de lectura política profunda, en su momento, de las consecuencias que traería este cambio.
Comenzó señalando que prefiere hacer un análisis más bien por el lado de la representación, ya que una evaluación de la parte ética, si corresponde o no renunciar a un partido, en post de buscar alianzas estratégicas para alcanzar objetivos concretos; pasa más por la parte subjetiva y hay personas que lo ven como algo positivo, mientras que otros lo cuestionan.
“Nunca vamos a ponernos de acuerdo en cuestiones subjetivas, como esto. Imagino que los que le apoyan al senador, y algunos grupos de su comunidad menonita dirán que está bien, porque para eso lo eligieron. Son criterios divisivos, que probablemente se pueda llegar a acuerdos”, comentó.
En lo que respecta a la representación parlamentaria, el analista señaló que en la Constitución Nacional de 1992 ya le despojó a los partidos políticos el tutelaje sobre la representación de los legisladores. Conforme al artículo 201 que establece que los senadores y diputados no están sometidos al mandato imperativo de los partidos políticos.
“Esta legislación es clara, al señalar que ningún partido político puede obligar a un legislador a adoptar una u otra postura de manera imperativa. Entonces, allí hay una debilidad de la representación partidaria o del argumento que la banca le pertenece al partido. Según la Constitución Nacional, la banca le pertenece al legislador electo”, explicó.
El analista señaló que se hace efectivo el ejercicio de la representación, al momento de la toma de decisiones, al momento que el parlamentario toma una decisión de una postura sobre un tema determinado.
Problema de fondo
Por otra parte, el analista Duarte indicó que a esta situación se suma la complejidad que trajo el Voto Preferencial, que justamente fue promovido por Patria Querida en su momento, y seguramente con muy buena intención, pero sin haber hecho un análisis profundo de cómo esto iba a impactar en sus propias filas.
“Con la vigencia del voto calificado o preferencial, el partido político es ya prácticamente una institución jurídica que presta su organización para que el ciudadano pueda competir por una banca y nada más. Simplemente el candidato usa la chapa para que cada uno pueda hacer su campaña, buscar los votos y si consigue los números representar a un sector de la sociedad en el Parlamento”, explicó.
Insistió que el problema no está en el legislador, sea este diputado o senador, sino que el problema está en el sistema, que hoy es un sistema híbrido de representación entre lo unipersonal y el proporcional.
“Porque la definición de los candidatos electos surge primero de la suma total de los votos que tuvo el partido y luego se hace un recuento de vuelta para ver quiénes son los que obtuvieron la mayor cantidad de votos, para poder entrar en la representación parlamentaria. Entonces, ahí es donde surge la discusión, si a quién le pertenece la banca”, acotó.
El senador colorado Basilio Núñez indicó que es de vital importancia que las comisiones de la Cámara Alta avancen en el estudio de dicha iniciativa. Foto: Archivo
Sanción de ley contra nepotismo debería darse en mayo, dice Núñez
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El senador Basilio Núñez informó que ha iniciado conversaciones con sus colegas de otras bancadas para dar tratamiento al proyecto de ley contra nepotismo que ya cuenta con media sanción por parte de Diputados. El legislador indicó que es de vital importancia que las comisiones de la Cámara Alta avancen en el estudio de dicha iniciativa.
“El tratamiento no debería pasar mayo, ya estamos llegando este mes, entonces las comisiones se deben mover”, manifestó el líder de la bancada de Honor Colorado en conversación con varios medios de prensa. Al respecto, mencionó que planteó propuestas a sus pares a modo de avanzar en una legislación que es necesaria para sancionar el nepotismo y sobre el cual existen tres proyectos.
“Estaba comentando con el senador Eduardo Nakayama de aprovechar que ya hay una media sanción de Diputados, entonces podemos ver con los colegas y hacer la modificación respectiva si es necesaria y si estamos de acuerdo, damos media sanción con modificaciones, eso vuelve a Diputados, ahí ellos vuelven a aprobar y así la ley ya es enviada al presidente de la República”, explicó.
Expulsión a Vallejo
Asimismo, Núñez afirmó que no corresponde el planteamiento de pérdida de investidura para la diputada Rocío Vallejo, cuya hija se encuentra como comisionada en la misión paraguaya ante la Organización de Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos.
“No corresponde la pérdida de investidura en este caso de la diputada Rocío Vallejo teniendo en cuenta nuestra legislación. No es tráfico de influencias, no corresponde la de Rocío ni la de otros de acuerdo a nuestra legislación actual, amenazar a cualquier parlamentario con el ‘cháke’ con una ley que no establece eso sería totalmente fuera de lugar. No va a pasar”, aseveró.
No obstante, el senador mencionó que el tráfico de influencia y los casos de nepotismo son hechos que trascienden al Partido Colorado dado que hubo denuncias de dichos hechos en diferentes organizaciones políticas, por lo cual el Congreso tiene la obligación de establecer una legislación que sancione y tipifique estos actos.
En la propia Seprelad funcionaba la oficina paralela montada para fraguar y filtrar información con el fin de perseguir enemigos políticos del abdismo.FOTO: ARCHIVO
Documento fraguado en oficina paralela, enviado a EE. UU. para provocar sanción
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La causa penal abierta contra el expresidente Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores contiene detalles de cómo se gestó un esquema paralelo, con el único fin de perseguir a los enemigos políticos. La asociación criminal, encabezada por Abdo y montada desde la Seprelad, se encargó de enviar a EE. UU. un informe fraguado con el objetivo de provocar sanciones contra Cartes y sus empresas.
Por Cinthia Mora
El acta de imputación firmada por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grissetti revela un esquema de asociación criminal liderado por Abdo Benítez y ejecutado por miembros de su gabinete y otros funcionarios públicos. El documento fiscal sostiene, con un cúmulo importante de evidencias, 42 en total, que el engranaje funcionaba en una oficina paralela ubicada dentro mismo de la Seprelad.
En la improvisada dependencia fue ubicado un personaje clave de la historia: Daniel Farías Kronawetter, funcionario que no pertenecía a la Seprelad, es más, se desempeñaba como asesor de inteligencia financiera del Ministerio del Interior (hasta junio de 2022) y respondía directamente a las órdenes de Carlos Arregui, Carmen Pereira, René Fernández y Arnaldo Giuzzio, estos eran quienes operaban el esquema de garrote político.
La pesquisa del Ministerio Público afirma, con base en elementos de prueba innegables, que la base del Informe de Inteligencia utilizado contra Cartes y sus empresas (10/2022) y luego enviado a EE. UU. fue elaborado utilizando como base el documento secreto redactado en esa oficina paralela por Daniel Farías Kronawetter y René Fernández, ambos funcionarios ajenos a la institución y sin atribución legal para realizar tales funciones.
Entre las evidencias que sustentan la tesis de la Fiscalía aparecen dos correos electrónicos enviados por Carmen Pereira, secretaria adjunta de la Seprelad y encargada de despacho de la Dirección de Análisis Financiero y Estratégico. El primer correo fue enviado por Pereira en fecha 28 de marzo de 2022, dando instrucciones al funcionario Francisco Pereira Cohene para que el documento secreto sea utilizado como base para el informe de inteligencia que sería luego remitido al Ministerio Público y a EE. UU.
Con esta estrategia, los cerebros de la operación daban la fachada de “institucional” a un operativo de investigación ejecutado por personas que no pertenecían a la Seprelad y por fuera de lo que establece la ley.
INFORMACIÓN FALSA
El otro correo electrónico que, según la Fiscalía, incrimina a la exviceministra Carmen Pereira fue enviado el 31 de marzo de 2022 a las 8:58. Aquí la misma daba expresas instrucciones para que el archivo secreto (elaborado por Farías y Fernández) sea remitido en carácter de información espontánea a la Unidad de Inteligencia Financiera de EE. UU. (FinCen).
En los archivos de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico (DGAFE) de la Seprelad quedaron registrados los metadatos (huellas digitales) del documento, gracias a lo cual el Ministerio Público pudo descubrir que el documento fue redactado por Daniel Farías Kronawetter y que la última modificación del documento fue hecha por René Fernández en fecha 26 de marzo de 2022 a las 21:58.
Los fiscales Cantero y Grissetti sostienen que en el documento enviado a FinCen, la agencia de prevención de lavado de dinero de EE. UU., se incluyeron datos y juicios de valor que no se adecuarían a la realidad, esto es, informaciones falsas tendientes a lograr la persecución penal del expresidente Horacio Cartes.
En tal sentido, en el acta de imputación se sostiene lo siguiente: “En tal sentido, CARMEN MARÍA PEREIRA BOGADO, GUILLERMO PREDA GALEANO y FRANCISCO PEREIRA COHENE, bajo la dirección de CARLOS ARREGUI ROMERO, habrían incluido información sobre la firma Unicanal SA atribuyéndole la compra de cigarrillos de Tabacalera del Este. Sin embargo, la circunstancia apuntada en el informe de inteligencia no se adecuaría a la realidad ya que Unicanal SA no adquirió cigarrillos, sino que, conforme a las facturas emitidas por Tabesa, recibió préstamos de dinero. Por lo tanto, la actividad comercial entre ambas firmas no estuvo vinculada a las ventas de cigarrillos como se afirmará en el informe de inteligencia”.
Esta fecha es clave, 1 de abril de 2022, tres meses antes de las designaciones, la Seprelad remite a FinCEN (oficina del Tesoro de EE. UU.) copia del “informe espontáneo” generado por la institución con informaciones parciales y fraguadas
PERSEGUIR Y PROVOCAR SANCIONES
La remisión por parte de la Seprelad de un informe elaborado por fuera de la ley y con datos falsos y tergiversados a una agencia norteamericana sin que exista pedido previo por parte de esta es un hecho agregado a la investigación fiscal y sustentado con evidencias colectadas durante la investigación.
El informe enviado a EE. UU. contiene de base, según los fiscales, el documento secreto hecho por Farías y Fernández. Esta “colaboración espontánea” quedó registrada en los archivos de Seprelad y fue descubierta por los fiscales del caso.
Las normas de procedimiento interno de la Seprelad estipulan de forma taxativa que el “contenido de los informes de inteligencia no puede ser utilizado como elemento probatorio en algún procedimiento administrativo o judicial ni como material de evidencia ante los órganos jurisdiccionales dentro de un eventual juicio o en cualquier otra etapa de un debido proceso”. Este informe remitido a EE. UU. posee el agravante de haberse hecho completamente por fuera de la ley.
El presidente de la República, Santiago Peña, promulgó el viernes el proyecto de “Hambre cero en las escuelas”, el cual fue sancionado por el Congreso Nacional el pasado 4 de abril. Desde el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) habían adelantado que el equipo interinstitucional ya avanzó en varios puntos apuntando a la rápida reglamentación y aplicación de la ley.
“Luchamos para que miles de niños, niñas y adolescentes paraguayos puedan alimentarse y aprender. Con la promulgación de la ley que crea el ‘Programa Hambre Cero en Nuestras Escuelas y el Sistema Educativo’ vamos a lograrlo. Agradezco de corazón a quienes han apoyado esta causa para que nuestros niños sean felices hoy y tengan más oportunidades de un futuro mejor”, expresó vía X el mandatario.
“Hambre cero” fue una iniciativa del Poder Ejecutivo el cual busca llegar a aproximadamente 1.300.000 niños de todo el país, buscando garantizar la alimentación escolar, especialmente en los departamentos y distritos más vulnerables del país, puesto que con el sistema actual, solo tiene una cobertura del 5% a nivel nacional.
“Celebro la madurez política de la mayoría para tratar con la seriedad necesaria y sin sesgos este proyecto clave para el desarrollo de nuestro capital humano e instalar a la alimentación escolar universal como un programa fundamental de nuestro país. Es innegable, que un programa de esta envergadura siempre trae consigo cuestionamientos que nacen de legítimas inquietudes y es entendible, por eso nos tomamos el tiempo para aclarar punto por punto cada una de las dudas”, expresó el mandatario en un mensaje compartido a través de redes sociales.
El mandatario destacó que la vigencia de “Hambre cero”, no representa una amenaza para otras leyescomo la del “Arancel Cero” para universitarios, dado que el mismo será vigente y sus recursos están garantizados por el tesoro público. Asimismo, la investigación también cuenta con financiamiento asegurado para los próximos años.
“Los proyectos aprobados por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI) seguirán vigentes hasta su culminación, posteriormente serán financiados con recursos del tesoro para garantizar su continuidad. Ambos programas estaban sustentados en fondos transitorios, por lo que no estaba garantizada su sostenibilidad en el tiempo. Hoy al financiarse a través del tesoro público, se asegura que continúen de forma permanente”, dejó en claro el presidente.