El exfiscal Álvaro Rojas confirmó este viernes que la pistola que habría sido utilizada por los sicarios del atentado contra el intendente de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo, fue entregada a Mirta Raquel López, viuda de Fernando Javier Lezcano, alias Gordo.
“Una vez que se agotaron todas las diligencias, la Fiscalía a mi cargo resolvió hacer lugar a la devolución de esa arma de fuego. La señora Mirta López se presentó acompañada de profesionales abogados y se le ha entregado el arma, en la carpeta fiscal obran todos los documentos”, explicó el exfiscal en comunicación con la radio 780 AM.
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Sostuvo que él en su momento investigó el asesinato de Fernando Javier Lezcano, alias Gordo, ocurrido en el 2017 en la ciudad de Pedro Juan Caballero y posteriormente el arma que era su propiedad fue entregada a su esposa Mirta López. La misma pistola habría sido utilizada por los sicarios que atacaron a balazos al intendente José Carlos Acevedo.
Rojas indicó que se ordenó en aquel entonces realizar el cotejo del arma y con base en la prueba científica, que es el IBIS, se pudo comprobar que no tenía correlatividad con ningún hecho punible, esto tras el asesinato de Fernando Javier Lezcano, alias Gordo, y posteriormente se entregó a su esposa.
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“También habíamos solicitado a la Dimabel informes para ver la veracidad del documento que presentaba la señora. Esta institución informó que estaba registrada esa arma a nombre del finado (Fernando Lezcano). Está totalmente documentado, hay actas de entrega donde está estampada la firma de la señora. Nosotros hemos solicitado todos los informes previos para hacer entrega del arma”, agregó el exfiscal.
La viuda de Fernando Javier Lezcano, alias Gordo, Mirta Raquel López, es una de las detenidas en el marco de la investigación por el atentado contra el intendente de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo. También está demorada la abogada Liz López Peña.
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Proyecto de Ley Mafe permitirá visualizar la real problemática de personas desaparecidas
La Cámara de Diputados se dio entrada a un proyecto de ley que busca crear un Registro Nacional de Personas Desaparecidas (Renad) que, a su vez, establecerá el Sistema de Alerta Mafe, en memoria de la adolescente María Fernanda Benítez. Este mecanismo se activará ante los casos de desapariciones, similar a la alerta AMBER, que se aplica en otros países.
En el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media estuvieron como invitados el diputado Rodrigo Blanco, uno de los proyectistas, y Rubén Riquelme, director de auditoría de gestión fiscal del Ministerio Público.
La propuesta surgió con el objetivo de socializar y visualizar esta problemática, teniendo en cuenta que solo en el 2024 se reportaron más de mil desapariciones de personas, de los cuales un importante número han vuelto a sus hogares, pero no se maneja con exactitud el número real de personas que no han sido encontradas.
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El diputado Blanco recordó que esta situación ya había sido ampliamente discutida a inicios de este periodo legislativo, cuando en el 2023 se había planteado un proyecto de ley similar, que buscaba un marco legal para la búsqueda y localización de personas.
Refirió que tomaron contacto con la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidos del Paraguay; lo que muestra la magnitud del problema, ya que incluso ya existen organizaciones que ayudan a las familias que pasan por esta situación; y que incluso hablan de cifras mucho mayores a las que se manejan.
“De acuerdo a los reportes que nos brindaron, existirían entre 2.000 a 2.500 personas desaparecidas al año. De este número se menciona que el 50 % se tiene reporte sobre el retorno o aparición, y los motivos pueden variar por conflictos familiares, económicos. Ahora qué pasa con ese otro 50 %, hay una alta probabilidad de desaparición forzosa”, explicó el legislador.
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Protocolos de alertas inmediatas
El diputado Blanco señaló que ahora lo que se busca con la nueva propuesta es abordar un marco legal que plantee establecer protocolos que ya son utilizados en otros países con éxito. Explicó que, por ejemplo, que, al reportarse una persona desaparecida, los ciudadanos reciben en el celular las alertas sobre la búsqueda de la persona, con su fotografía y las características que ayudarán a su identificación.
“Se hace un trabajo coordinado con los organismos de seguridad, la sociedad, los medios de comunicación, sector público y privado de forma masiva y sobre todo en las primeras 24 horas para poder tener mínimas chances de poder dar con el paradero de la persona buscada”, describió.
Mencionó que las estadísticas señalan que, en el caso de desaparición forzosas hoy en el Paraguay, el 70 % corresponde a niñas y adolescentes de entre 11 a 17 años. Blanco cuestionó qué está pasando en el Paraguay con estos casos de niñas desaparecidas y que en muchos casos tienen que ver con el crimen organizado, la trata de personas y el comercio ilícito de órganos.
“El proyecto habla de una respuesta rápida como acción para que las familias sepan dónde tienen que ir a denunciar, ante qué autoridad, cuál será el protocolo a seguir. Porque hoy las familias están a la deriva, y dentro de su desesperación van de institución en institución pidiendo auxilio y un mínimo de hoja de ruta sobre qué es lo que tienen que hacer”, especificó.
Propuesta saludable y conveniente
A su turno, el director de auditoría de gestión fiscal, Rubén Riquelme, comentó que, si la denuncia de desaparición de persona tiene algún matiz o sospecha de hecho punible, ahí la Fiscalía tiene la facultad de urgir la ordenar la búsqueda y localización. Si bien, la orden de búsqueda surge, en cualquier caso, a través del sistema de difusión que tiene la Policía Nacional.
“El proyecto de ley considero saludable su propuesta, al momento que delega la intervención, sobre todo en las primeras horas que se presente la denuncia, se activa de forma inmediata la difusión. Además, se crea un registro que facilita el seguimiento”, destacó.
Resaltó la importancia de que, aparte de hacer la difusión en todos los estamentos de la Policía Nacional, pase de manera automática y sin necesidad de una intervención judicial o fiscal a los medios de comunicación.
Asignación presupuestaria
Además de los componentes de creación del registro de personas desaparecidas, y la activación del Sistema de Alerta Mafe, la propuesta incluye el aspecto financiero para dotar de las asignaciones presupuestarias necesarias para la Dirección de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional, que según el diputado Blanco, está muy debilitada por la cantidad de casos que existen.
“Si bien el trabajo es conjunto con el Ministerio Público, esta dirección debe contar con las herramientas que le permitan identificar qué es lo que pasa con cada caso, cuáles son los vínculos con el narcotráfico, microtráfico, trata de personas, tráfico de órganos. Se tiene que saber qué está ocurriendo en el Paraguay profundo, en la sociedad para que se puedan adoptar las medidas necesarias de prevención y de combate a estos hechos”, acotó.
Desde el Ministerio Público, el doctor Riquelme explicó que muchas veces a la fiscalía le toca acompañar el trabajo de búsqueda de la Policía Nacional, cuando se presenta como denuncia de desaparición. Ahora bien, si existe indicio de algún hecho punible, es ahí cuando se inclina a la persecución del presunto delito.
“La tarea es encontrar a esa persona, y justamente ese es el abordaje especial que hay que entender sobre lo que hay que comenzar a investigar. Cuando se mira la estadística, son niñas y adolescentes de 11 a 17 años el 70 % de los casos, es una señal de que algo está pasando en la sociedad y es lo que ocurre a nivel mundial, según nos explicaban. Por ello, es sumamente necesaria esta ley, para el protocolo, pero sobre todo para abordar como Estado esta problemática”, remarcó Blanco.
Finalmente, el doctor Riquelme insistió que las primeras horas son esenciales, y se debe evitar el centralismo. “Considero que crear una dirección o un departamento en la fiscalía solamente, no coadyuva en estos casos de desaparición. Debe ser en toda la República, usando los medios de comunicación y las plataformas para que de una forma casi automática al ingreso de la denuncia se active el sistema de alerta”, enfatizó.
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A 9 años del atentado que sacudió PJC: el legado violento de la muerte de Jorge Rafaat
Este domingo 15 de junio se cumplen 9 años del terrible asesinato de Jorge Rafaat Toumani, alias Sadam, quien fue acribillado con armas de guerra en la ciudad fronteriza de Pedro Juan Caballero, capital del departamento de Amambay. El crimen organizado demostró su fuerza con este atentado en que se utilizó una poderosa ametralladora antiaérea.
El terrible ataque contra el empresario fronterizo se registró a las 20:00 horas del miércoles 15 de junio de 2016, cuando el capo narco estaba a bordo de su camioneta Hummer, con chapa paraguaya OAN 927. Fue emboscado repentinamente por una camioneta Ford 250 y otras dos camionetas Toyota Hilux.
De los rodados descendieron más de doce personas que formaban parte de distintas organizaciones criminales, que se juntaron para poder perpetrar el brutal y fatal ataque para liquidar a Rafaat. La camioneta del fallecido recibió más de 200 disparos de una ametralladora antiaérea de calibre 50, que perforaron el doble blindaje y acribillaron al objetivo con 16 proyectiles.
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La ametralladora
La ametralladora antiaérea estaba empotrada en una base de metal en el interior de una camioneta, especialmente adaptada para que uno de los sicarios pueda maniobrar el arma de alto poder. Rafaat estaba custodiado por dos camionetas de su seguridad personal, pero sus guardias nada pudo hacer ante la logística de los sicarios.
Los atacantes cubrieron todos los ángulos en la zona de la emboscada sobre la popular avenida Teniente Herrero de Pedro Juan Caballero, frente al Mercado Municipal y a metros de una institución educativa.
Minutos de terror y pánico
La tranquilidad en el barrio San Gerardo se alteró bruscamente por momentos de terror y pánico ante el brutal atentado. Los disparos se escucharon durante varios minutos, y los vecinos se vieron obligados a resguardarse del tiroteo lo mejor posible en sus casas; mientras los transeúntes, totalmente desorientados, apenas atinaron a arrojarse al suelo e intentar escapar.
Los custodios de Rafaat respondieron a los disparos, pero luego tuvieron que huir ante la superioridad de los criminales. A 200 metros de la zona del atentado estaba situada la Comisaría Segunda de Pedro Juan Caballero, por lo que los agentes policiales llegaron rápidamente y comenzaron a disparar para intentar repeler a los criminales, quienes dejaron abandonada la ametralladora de guerra, con cientos de municiones y chalecos antibalas, tras lograr su objetivo.
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Juicio oral y condena
Los jueces de Sentencia de Pedro Juan Caballero, Mirna Ocampos y Santiago Núñez, aplicaron una condena de 28 años de cárcel, más 7 años de medida de seguridad, totalizando 35 años de pena para Sergio Lima Dos Santos por el asesinato de Rafaat. Estará recluido en Tacumbú hasta julio de 2053.
El Ministerio Público logró demostrar la responsabilidad del acusado en los hechos punibles de homicidio doloso, asociación criminal y tenencia de armas de fuego, en un juicio oral y público. El fiscal del caso fue Marcelo Pecci, asesinado en Colombia en mayo de 2022.
Empresario y narco
En Paraguay, Rafaat era conocido como un próspero empresario de Pedro Juan Caballero, donde tenía una compañía dedicada a la comercialización de neumáticos; mientras que, para Brasil, representaba una pieza clave en el tráfico de drogas.
Para las autoridades brasileñas, Sadam disputó la herencia dejada por Fernandinho Beira-Mar, líder de la organización criminal Comando Vermelho, preso en Brasil desde 2002 tras haberse refugiado en Paraguay a fines de los años 1990. Además, Rafaat había sido procesado por enviar desde Paraguay unos 492 kilos de cocaína en agosto de 2004. En ese momento, la operación fue abortada por agentes federales que interceptaron el enorme cargamento en Sao José do Rio Preto, en el estado de São Paulo (Brasil).
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“Después de años de show”, caen las denuncias falsas del abdismo, afirma diputado
El diputado Rodrigo Gamarra también se pronunció ante el pedido de la Fiscalía de desestimar la causa en contra del expresidente Horacio Cartes, impulsada por el exministro abdista, Arnaldo Giuzzio. El legislador sostuvo que finalmente la verdad sale a la luz luego de años de mentiras y persecución del sector político liderado por Mario Abdo Benítez.
“La verdad no necesita gritar. Solo espera su momento. Hoy, la Fiscalía confirmó lo que el tiempo ya había dejado claro: no hubo delito, ni enriquecimiento ilícito, ni lavado, ni nada. Persecución política en solitario”, afirmó Gamarra a través de su cuenta de red social X.
Así mismo, indicó que este sector por años llevó adelante un show mediático, con el apoyo de algunos medios de comunicación para atacar, tanto al actual presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, como al movimiento que lidera, Honor Colorado.
“La causa contra Horacio Cartes se cae por falta de pruebas. Después de años de show mediático, denuncias sin sustento, tapas y titulares comprados y mentirosos, la Justicia empieza a limpiar lo que sicarios ensuciaron”, sostuvo el diputado Rodrigo Gamarra.
Por otra parte, refirió que el “narcoministro”, en referencia a Arnaldo Giuzzio, “debería pedir perdón en cadena nacional, y varios sicarios mediáticos tendrían que bañarse con agua bendita”. Finalmente detalló que, con la postura de la Fiscalía, se puede constatar que la Justicia no encontró pruebas.
“Pero nosotros sí encontramos una vez más: los verdaderos mentirosos; los que usaron al Estado como garrote político; los que hoy se tragan su propio veneno. Hoy ganan como siempre la verdad, el tiempo, y Horacio Cartes”, sentenció Gamarra.
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MDS pide a Fiscalía investigación por cobro de pensión de adultos que ya fallecieron
El Ministerio de Desarrollo Social denunció ante la Fiscalía el supuesto hecho punible de adquisición fraudulenta de subvenciones a nombre de personas ya fallecidas.
El caso se refiere a personas desconocidas que estaban cobrando la pensión destinada a los adultos mayores, pero a nombre de personas que ya habían fallecido, según la denuncia presentaao por el abogado Alberto Lezcano, director general de Auditoría Interna.
Según el escrito, los casos fueron detectados gracias a los controles efectuados por funcionarios de esta auditoría en los departamentos de Caaguazú y Alto Paraná.
En uno de los casos, en la ciudad de Carayaó, departamento de Caaguazú, se detectó que la señora María Magdalena González de Medina, falleció en Argentina, hace varios años. Tras una verificación en la casa de la señora, una familiar confirmó que la señora falleció el 13 de agosto de 2018, en Buenos Aires, y que no contaba con los documentos.
Según la verificación realizada en el Sistema Integrado de Pensión para las Personas Adultas Mayores (SIPPAM), al 19 de mayo pasado, la cuenta seguía activa.
Teniendo en cuenta estos datos, según los cálculos realizados se cobró en forma indebida más de G. 48 millones.
En otro caso, en Alto Paraná, afecta a Félix Cantalicio Díaz, de Hernandarias, quien según los datos falleció en el 2018, en su domicilio y que no procedieron a gestionar el acta de defunción. El registro arroja que la cuenta seguía activa, y que el monto cobrado irregularmente alcanzaría más de G. 45 millones.
Otro de los casos detectados, registra que la señora De las Nieves Paredes Vda. de Urbina falleció en abril de este año, pero en mayo, la cuenta continuaba activa.
Las sospechas recaen sobre personas innominadas, familiares o personas de confianza, quienes no comunicaron el fallecimiento y siguieron utilizando las tarjetas de débito para realizar el cobro irregular.
Atendiendo a las instrucciones recibidas del ministro Tadeo Rojas, el abogado Lezcano solicita la investigación de estos hechos por parte de los fiscales, que se solicite informes al Banco Nacional de Fomento (BNF), así como se pidan datos a la Policía Nacional a fin de identificar a los responsables de estos hechos irregulares.