El exfiscal Álvaro Rojas confirmó este viernes que la pistola que habría sido utilizada por los sicarios del atentado contra el intendente de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo, fue entregada a Mirta Raquel López, viuda de Fernando Javier Lezcano, alias Gordo.
“Una vez que se agotaron todas las diligencias, la Fiscalía a mi cargo resolvió hacer lugar a la devolución de esa arma de fuego. La señora Mirta López se presentó acompañada de profesionales abogados y se le ha entregado el arma, en la carpeta fiscal obran todos los documentos”, explicó el exfiscal en comunicación con la radio 780 AM.
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Sostuvo que él en su momento investigó el asesinato de Fernando Javier Lezcano, alias Gordo, ocurrido en el 2017 en la ciudad de Pedro Juan Caballero y posteriormente el arma que era su propiedad fue entregada a su esposa Mirta López. La misma pistola habría sido utilizada por los sicarios que atacaron a balazos al intendente José Carlos Acevedo.
Rojas indicó que se ordenó en aquel entonces realizar el cotejo del arma y con base en la prueba científica, que es el IBIS, se pudo comprobar que no tenía correlatividad con ningún hecho punible, esto tras el asesinato de Fernando Javier Lezcano, alias Gordo, y posteriormente se entregó a su esposa.
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“También habíamos solicitado a la Dimabel informes para ver la veracidad del documento que presentaba la señora. Esta institución informó que estaba registrada esa arma a nombre del finado (Fernando Lezcano). Está totalmente documentado, hay actas de entrega donde está estampada la firma de la señora. Nosotros hemos solicitado todos los informes previos para hacer entrega del arma”, agregó el exfiscal.
La viuda de Fernando Javier Lezcano, alias Gordo, Mirta Raquel López, es una de las detenidas en el marco de la investigación por el atentado contra el intendente de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo. También está demorada la abogada Liz López Peña.
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Justicia en Amambay cumple 41 años con foco en transparencia y acceso
Desde la Corte suprema de Justicia destacaron el aniversario 41° de la Circunscripción Judicial de Amambay, que este sábado 2 de mayo conmemora su aniversario institucional. En la fecha remarcaron su evolución y consolidación como estructura clave del sistema judicial en el departamento, con incidencia directa en la atención de las demandas ciudadanas.
“El ministro de la Corte y superintendente de la circunscripción, Dr. César Diesel, valoró el proceso de fortalecimiento institucional registrado en la región y expresó su reconocimiento a magistrados, funcionarios y colaboradores que integran el sistema judicial, destacando su contribución sostenida al funcionamiento del servicio en el departamento”, indicó.
A continuación dijo que el funcionamiento del sistema de justicia en el interior del país es resultado del compromiso cotidiano de magistrados y funcionarios. “Este aniversario permite reconocer ese trabajo y proyectar su fortalecimiento en beneficio de la ciudadanía”, señaló.
Servicio accesible
Diesel también subrayó la importancia de continuar consolidando un servicio judicial accesible, imparcial y orientado a responder de manera eficiente a las necesidades de la población, en línea con los principios que rigen la función jurisdiccional.
Un hecho especial que destacó fue el papel de la Circunscripción Judicial de Amambay en la atención de las demandas ciudadanas, así como la necesidad de seguir fortaleciendo una gestión basada en la transparencia, la responsabilidad institucional y la cercanía con la comunidad.
Finalmente comentaron que esta conmemoración se inscribe en un proceso institucional orientado a fortalecer el servicio de justicia en el interior del país, mediante el reconocimiento al capital humano del Poder Judicial y la mejora continua en la calidad de la atención a los usuarios del sistema.
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Fiscalía pidió juicio oral de Miky Zaldívar por lavado en caso Atlas
La acusación del Ministerio Público cuenta con 128 páginas donde detalla la participación de cada uno de los acusados.
Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez presentaron una acusación por lavado de dinero y solicitaron que el proceso penal contra Miguel Ángel Zaldívar, presidente del banco Atlas, y otros directivos de la entidad bancaria, sea elevado a juicio oral y público. La denuncia fue impulsada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).
Asimismo, los agentes fiscales solicitaron el comiso especial y el embargo preventivo sobre bienes del banco Atlas hasta cubrir la suma de USD 718.570. Este pedido deberá ser estudiado por el juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú.
Por su parte, el abogado Claudio Lovera, representante legal de la Conmebol, también presentó una acusación contra Zaldívar y los demás implicados por el mismo hecho, ratificando el pedido de juicio oral. Además de Zaldívar –esposo de Natalia Zuccolillo–, están acusados por lavado de dinero: Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez Duarte, Eduardo Queiroz García y José Miguel Ángel Páez Corvalán.
LA ACUSACIÓN
El 11 de febrero de 2016, se suscribieron en Asunción contratos de fideicomiso de administración de valores entre el fideicomitente, Nicolás Leoz Almirón, y el fiduciario, banco Atlas SA. El monto total de dichos contratos ascendía a G. 23.014.526.050 y USD 2.160.791, integrados por certificados de depósitos de ahorro constituidos en el propio banco Atlas.
Según la investigación, estos fondos provenían de actividades ilícitas realizadas por Leoz durante su gestión como presidente de la Conmebol. Según la acusación fiscal, Atlas debió obtener información adicional sobre el cliente (ocupación, volumen patrimonial y datos públicos disponibles en internet), así como verificar el carácter de la relación comercial y las razones de las transacciones.
Además, la entidad debió realizar una verificación in situ para corroborar la existencia y actividad del cliente. En caso de no realizarse, la institución estaba obligada a justificar por escrito los motivos en el legajo del cliente. El escrito del Ministerio Público refiere, igualmente, que los directivos de Atlas estaban obligados a monitorear constantemente la relación comercial. Sin embargo, no aplicaron la “debida diligencia ampliada” en los años 2013 y 2016, a pesar de la existencia de prensa negativa y de un pedido de extradición contra Nicolás Leoz.
Finalmente, se menciona que en 2016 el propio Manual de Prevención de Lavado de Dinero del Banco Atlas establecía que, ante el lanzamiento o modificación de cualquier producto, se debía realizar una evaluación de riesgos. Pese a esto, los directivos acusados habrían recibido activos provenientes de las actividades ilícitas de Leoz, aprobando la celebración de los contratos de fideicomiso el 4 de febrero de 2016.
Abogado subraya rigurosidad de investigación fiscal
“Esto fue la culminación de una actividad de investigación larga, realmente es un buen ejemplo de lo que implica recopilar información”, dijo el abogado Claudio Lovera.
“Acá se trata de la Confederación Sudamericana de Fútbol como víctima reclamando sus derechos. Esperamos que se aplique correctamente la ley y recuperar sus recursos”, manifestó el abogado Claudio Lovera, representante legal de la Conmebol al referirse a la acusación fiscal y el pedido de juicio oral y público contra el titular del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, y otros ocho procesados por lavado de dinero. “Esto fue la culminación de una actividad de investigación larga, realmente es un buen ejemplo de lo que implica recopilar información, no fue fácil porque tuvieron que acceder a varias fuentes. Es muy relevante el pronunciamiento del Ministerio Público y no hay que olvidar que es un caso de lavado de activos y está en juego la imagen del Paraguay de llevar con seriedad una investigación de este tenor, y yo creo que es lo que ocurrió”, afirmó Lovera, a la 650 AM.
El requerimiento de juicio oral y público fue realizado ayer jueves por los agentes fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez. Asimismo, la Fiscalía solicitó el comiso de USD 718.000, que deberá ser embargado de los bienes del banco Atlas.
El abogado dijo que Zaldívar y los demás implicados, Jorge Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte, Eduardo Queiroz, José Miguel Páez Corvalán, entre otros, se exponen a una expectativa de pena de 5 años por lavado de dinero, pero no descartó que en la discusión jurídica pueda elevarse hasta 10 años si se determinan circunstancias especialmente graves durante el juicio oral.
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La Fiscalía caracteriza el delito de rufianería con 35 denuncias registradas
La rufianería consiste en la explotación económica de una persona que ejerce la prostitución, un delito que se sancionado con una pena privativa de libertad de hasta 5 años, según el Código Penal Paraguayo (Ley 1.160/97), según el artículo 129, inciso a, de la ley modificatoria 3440/08. La Fiscalía realizó la caracterización de este hecho punible basándose en 35 denuncias ingresadas entre 2021 y 2025.
Un informe elaborado por el departamento de Estadísticas del Ministerio Público, orientado a analizar el perfil del hecho punible de rufianería, evidencia que una proporción significativa del vínculo entre víctima y victimario es de carácter familiar, lo que implica la participación de personas del entorno cercano de las afectadas en el ilícito.
El reporte aclara que la prostitución en sí, no constituye un hecho punible en Paraguay. No obstante, cuando una persona obliga a otra a ejercerla, se configura un delito, el cual se agrava si el autor es un familiar de la víctima. La ley 5777/16 establece en su artículo 6, inciso d, que la violencia sexual comprende toda acción que vulnere el derecho de la mujer a decidir libremente sobre su vida sexual, mediante cualquier forma de amenaza, coacción o intimidación.
Asimismo, se identifica la participación de propietarios o responsables de establecimientos que, bajo la promesa de empleo digno, captan a las víctimas para posteriormente someterlas a situaciones de explotación. Este grupo representa el 29 % de las personas denunciadas. Por su parte, los conocidos, vecinos, amigos, allegados y personas desconocidas concentran en conjunto el 16 %, según datos del Observatorio del Ministerio Público.
Condiciones de vulnerabilidad
En relación con las condiciones de vulnerabilidad, el informe señala que el 40 % de las víctimas fue sometida a maltrato. Asimismo, el 30 % presenta adicción a sustancias y otro 30 % se encuentra en situación de pobreza. En cuanto al contexto de ocurrencia, se observa que los hechos se registran principalmente en residencias o viviendas particulares, las cuales son utilizadas como espacios de explotación.
Esta situación agrava el estado de vulnerabilidad, considerando que el entorno familiar se configura como un espacio de riesgo y no como un espacio de seguridad y protección como lo es el seno familiar. Otros ámbitos identificados incluyen: casas de citas; ofertas laborales engañosas; bares, cabarets y clubes; y situaciones de criadazgo.
Perfil de víctimas y victimarios
El 93 % de las víctimas corresponde al sexo femenino. El análisis revela además una alta incidencia en menores de edad, quienes deberían contar con protección en el ámbito familiar, pero se encuentran expuestos a contextos de riesgo bajo el control de sus victimarios. En cuanto a la edad, el 50 % de las víctimas tiene entre 0 y 17 años, el 40 % se ubica en el rango de 18 a 29 años y el 6 % corresponde a personas de 30 años o más, señala el informe de estadística de la Fiscalía.
La totalidad de las personas sindicadas como responsables supera los 30 años de edad. En cuanto al sexo, el 68 % corresponde a mujeres, mientras que el 32 % restante a hombres. El informe identifica además la concurrencia de otros hechos punibles vinculados, entre los que se destacan la trata de personas, que representa el 54 % y la coacción sexual y violación el 46 %, según el Observatorio del Ministerio Público.
Temporalidad de los hechos
La mayor cantidad de denuncias se registra en horas de la mañana, particularmente los días lunes y jueves, lo que sugiere que los hechos se producen con mayor frecuencia durante los fines de semana. En relación con la distribución temporal, se identifican como meses de mayor incidencia febrero, abril, octubre y noviembre.
El comportamiento de este hecho punible presenta características cíclicas, con incrementos asociados a periodos de mayor interacción social y consumo. Asimismo, factores climáticos inciden en la dinámica delictiva, dado que durante las épocas cálidas se intensifican las actividades nocturnas y los desplazamientos vinculados a las vacaciones. Finalmente, Asunción y los departamentos de Caaguazú, Itapúa, Central y Canindeyú son las áreas con mayor incidencia.
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Fiscalía de EE. UU. acusa de narcotráfico a gobernador del estado mexicano de Sinaloa
La fiscalía federal de Nueva York inculpó este miércoles de narcotráfico al gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, indicó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Rocha Moya, miembro del partido oficialista Morena, gobierna ese estado violento desde 2021. Durante su gestión, Sinaloa se ha visto sacudida por las disputas entre dos facciones del Cártel del mismo nombre.
Según un comunicado, la fiscalía dijo que Rocha Moya y otros “antiguos o altos funcionarios del gobierno y de las fuerzas del orden” se asociaron con el Cártel de Sinaloa “para distribuir cantidades masivas de narcóticos en los Estados Unidos”.
Entre los funcionarios señalados están el senador por Morena Enrique Inzunza; el presidente municipal de Culiacán (capital estatal), Juan de Dios Gámez; el vicefiscal estatal, Dámaso Castro, y el secretario de Administración y Finanzas local, Enrique Díaz Vega.
La fiscalía dijo que la facción de los hijos de Joaquín “Chapo” Guzmán del cártel de Sinaloa, conocida como “Los Chapitos”, ayudó a que Rocha Moya fuera electo a la gobernación.
“A cambio, tanto antes como después de convertirse en gobernador, Rocha Moya se reunió con los ‘Chapitos’, a quienes les prometió protección mientras distribuían cantidades masivas de drogas a los Estados Unidos”, dice el documento.
El Cártel de Sinaloa es uno de los seis grupos mexicanos de narcotráfico designados como organizaciones terroristas por el presidente estadounidense Donald Trump.
- Fuente: AFP
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