Los gremios de la producción, la ganadería y el comercio sentaron postura sobre el proyecto de ley sancionado por el Congreso Nacional que despenaliza las declaraciones juradas de bienes para los funcionarios públicos. Recomiendan al Poder Ejecutivo apostar por la transparencia y, en consecuencia, vetar la controvertida ley.
“Las declaraciones juradas de funcionarios públicos no deben ser despenalizadas porque abre la puerta a la impunidad, a la corrupción, facilita el lavado de dinero y va contra la transparencia que permite el control ciudadano de los actos del sector público”, señala un comunicado conjunto de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), la Unión de Gremios de la Producción (UGP), la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) y la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP).
Los empresarios de diferentes sectores defienden la idea de que “lo público es público”, por lo que consideran que debe cumplirse lo establecido en la propia Constitución Nacional. “La despenalización de las declaraciones juradas permitirá circunvalar el deber constitucional de los funcionarios públicos de prestar declaración jurada de bienes y rentas (artículo 104). La declaración jurada es una obligación establecida por la Constitución, que se fundamenta en la obligación de transparentar las actuaciones de los funcionarios públicos”, añade el manifiesto.
Así también, destacan el rol que desempeñan la Contraloría, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), la Superintendencia de Bancos, la Dirección General de los Registros Públicos y el Servicio Nacional de Catastro. Es por ello que todas estas instituciones deben cooperar estrechamente para comprobar y validar las declaraciones juradas, de manera a verificar que sean reales y legítimas. “Si no lo hacen son cómplices o encubridores”, afirma.
Con estas argumentaciones, los gremios exigen al presidente Mario Abdo Benítez que vete la ley sancionada la semana pasada por la Cámara de Senadores. “El presidente de la República, tiene en sus manos la herramienta legal para objetar este proyecto de ley, esto podrá fortalecer la institucionalidad de la República y demostrar su compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción, ‘caiga quien caiga’”, finaliza el comunicado, citando una expresión del mandatario.
Los senadores aprobaron, el pasado 12 de mayo, el proyecto de ley que elimina la obligación de la Contraloría de comunicar al Ministerio Público cuando un funcionario omite algún dato en su declaración jurada de bienes, por lo que el delito ya no será considerado como un hecho punible, pasible de sanciones.
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