La diputada y exagente fiscal Rocío Vallejo afirmó hoy viernes que este es el momento oportuno para que la Fiscalía exija un mayor presupuesto para reforzar sus estructuras en materia de seguridad y tecnologías para afrontar la lucha contra el crimen organizado.
“La falta de tecnología es algo histórico, la falta de recursos, de técnicos, de apoyo logístico”, detalló la legisladora en alusión a las carencias que registra el Ministerio Público. Consideró que este organismo estatal debería plantear de manera fundamentada la necesidad de recursos a fin de fortalecer la seguridad de sus agentes y optimizar el trabajo que llevan adelante.
Calificó de inadmisible que en grandes procedimientos y megaoperaciones, como en el caso de A ultranza Py, la Fiscalía deba de desenvolverse con solo dos peritos especializados, atendiendo la gran cantidad de procedimientos que se deben llevar a cabo, como en el caso ejemplificado en el que se realizaron más de un centenar de allanamientos.
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La diputada y exagente fiscal en el área de Delitos Económicos y Anticorrupción se expresó en esos términos en declaraciones a la radio 1000 AM, en el contexto del atentado a tiros perpetrado el martes pasado en Colombia, donde perdió la vida el fiscal especializado contra el crimen organizado Marcelo Pecci.
“Creo que es el momento oportuno para que la Fiscalía plantee de manera fundamentada la necesidad de recursos porque siempre que se hacían peticiones, eran aumentos de sueldo más que nada (…). Pero acá lo que realmente falta y se nota que falta y si va a haber un pedido, lógicamente, que haremos todas esas averiguaciones sobre lo que hay y lo que falta, son en el área del crimen organizado, el fortalecimiento de todo lo que es tecnología, el tema de seguridad, que es lo que vi que se estaba debatiendo”, puntualizó.
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Ecuador impondrá toque de queda en Quito y Guayaquil en ofensiva contra el narco
El gobierno de Ecuador impondrá en mayo un toque de estancia nocturna en Quito y Guayaquil, las principales ciudades del país, como parte de su ofensiva contra el narcotráfico, informaron el lunes las autoridades.
El presidente Daniel Noboa, en el poder desde 2023, ha declarado frecuentes estados de excepción y toques de queda para enfrentar al crimen organizado, una lucha respaldada por Estados Unidos.
En ese marco, la libre movilización nocturna quedará vedada en mayo en nueve de las 24 provincias de Ecuador, entre ellas Pichincha (cuya capital es Quito) y Guayas (Guayaquil), así como en varias localidades de otras tres jurisdicciones, informó la secretaría de Comunicación.
El toque de queda regirá entre el 3 y el 18 de mayo durante seis horas a partir de las 23H00 (04H00 GMT), “para “proteger a la ciudadanía y reforzar la presencia del Estado en los territorios priorizados”, según un comunicado.
El 2 de abril el gobierno de Noboa renovó por 60 días el estado de excepción decretado en enero para estas mismas provincias ante lo que demostró un estado de “grave conmoción interna” derivado de la violencia del narcotráfico.
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El presidente ordenó la suspensión de los derechos a la inviolabilidad de domicilio y correspondencia, de acuerdo con el decreto.
Por Ecuador circula un 70 % de la cocaína de sus vecinos Colombia y Perú, principales productores mundiales de esa droga.
Las organizaciones criminales se han convertido al país en uno de los más violentos de Latinoamérica, con 51 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2025, según Insight Crime.
La mano dura de Noboa contra el narco cuenta con el respaldo del gobierno de Donald Trump.
En ese marco, el mandatario ecuatoriano se reunió con el administrador de la DEA, Terry Cole, el sábado en Guayaquil, indicó la embajada estadounidense en Quito. Se “discutió estrategias para profundizar la cooperación antidrogas”, añadió la legación.
Noboa declaró en 2024 a Ecuador en conflicto armado interno para desplegar a las calles a los militares, lo que ha generado denuncias de organismos de derechos humanos sobre excesos de la fuerza pública.
- Fuente: AFP
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Anuncian cinco medidas que reforzarán seguridad y evitarán actos violentos en las canchas
El Ministerio del Interior anunció la implementación de cinco medidas de seguridad a fin de evitar actos violentos en los encuentros deportivos, con el respaldo de la Fiscalía.
Estas medidas fueron adoptadas tras los graves desmanes que se registraron durante el clásico entre los clubes Olimpia y Cerro Porteño.
Según el comisario Ángel Franco, director de Prevención y Seguridad, anunció las medidas que deberán cumplirse al pie de la letra para evitar actos violentos dentro de los estadios y también reforzará la seguridad en cada encuentro deportivo. Las cinco medidas fueron desarrolladas por el Ministerio del Interior con la Fiscalía General de Estado.
“Una de las medidas es poseer entradas personales individuales para el ingreso, los cuales serán cruzadas por una base de datos de identificación para corroborar si pertenece a la persona o no“, expresó Franco, en entrevista con el programa ”Tarde de Perros" de canal Gen y Universo 970/Nación Media.
Como segundo punto, el comisario habló sobre la implementación de la tecnología para realizar un control biométrico de reconocimiento facial, para así poder identificar fácilmente a personas que ocasionan incidentes y que estas no puedan acceder a las canchas.
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El listado de medidas sigue con, contar con una nómina de aquellos hinchas con antecedentes que no tendrá acceso a los encuentros. “Es la lista definitiva de personas con antecedentes o tienen pendientes con la justicia y que no podrán ingresar a la cancha”, refirió.
El cuarto punto es la validación de las cédulas de identidad que será realizado por el departamento de Identificaciones de la Policía Nacional. “La implementación de tecnología será muy útil y un elemento probatorio y sostenible para el Ministerio Publico, pudiendo agilizar la aplicación de sanciones", aclaró.
Agregó que se realizará un Registro Nacional de Eventos Deportivos (Renae), que contendrá el registro de todas las personas habilitadas a asistir a los encuentros deportivos. “Por último, el control previo de los buses que trasladarán a las barras, si está en condiciones y si poseen registros de habilitación”, puntualizó.
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Abed ante la UIP: “Paraguay no viene a pronunciar palabras vacías, exigimos acciones”
La diputada del Partido Colorado, Rocío Abed, participó de la 152° Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP), desarrollada en Estambul, Turquía, evento que reunió a parlamentarios de diferentes naciones para debatir sobre paz, Justicia y desarrollo sostenible.
“Vengo desde el Alto Paraná, donde el río Paraná une naciones, fronteras y sueños, y desde allí hemos cruzado continentes, desde Paraguay hasta Turquía, con un propósito claro y firme: alzar nuestra voz en este espacio donde los parlamentos deliberan, construyen consensos y fortalecen la gobernanza democrática de nuestros pueblos”, afirmó Abed.
La legisladora acotó: “Les hablo con la voz de una nación que ha conocido el dolor profundo de los conflictos armados, pero también el valor inmenso de la paz reconstruida con justicia verdadera. Paraguay es una nación marcada por la resiliencia“.
En su intervención agregó que “y si hoy estamos aquí, es también gracias a una verdad histórica que nos define: fueron las mujeres paraguayas quienes, con coraje inquebrantable, reconstruyeron nuestro país tras las guerras. Ese legado no pertenece solo al pasado, vive en cada uno de nuestros compromisos presentes y nos proyecta hacia el futuro. Paraguay no viene a pronunciar palabras vacías, venimos a exigir acciones parlamentarias audaces, concretas y urgentes. Porque frente a guerras que destruyen el futuro de millones, la inacción no es una opción".
Propuestas
Abed como representante de la Cámara Baja afirmó que nuestro país apoya con convicción la resolución sobre el rol de los parlamentos en el establecimiento de mecanismos sólidos de gestión post-conflicto. “Proponemos impulsar sin demora: comisiones mixtas para la reconciliación, el desarme efectivo y la reintegración económica real de víctimas y excombatientes, programas de rendición de cuentas que respeten estrictamente el derecho internacional, combatan sin tregua el terrorismo en todas sus formas y eliminen cualquier sombra de impunidad”, indicó.
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Economía justa y sostenible
La legisladora mencionó también que al mismo tiempo, Paraguay respalda con determinación la resolución orientada a construir una economía global justa y sostenible.
“Ante el proteccionismo que asfixia a los países en desarrollo, exigimos: armonizar normativas regionales contra la elusión fiscal corporativa, reducir aranceles injustos y garantizar total transparencia en los tratados comerciales, reinvertir los recursos recuperados en educación de calidad, inclusión real de mujeres y jóvenes, y en una justicia climática que no admita demoras", dijo.
Abed siguió argumentando que “Paraguay, como nación que mantiene alianzas estratégicas sólidas con Estados Unidos e Israel, países que comparten con nosotros el compromiso con la democracia, la seguridad regional y el respeto al derecho internacional, está listo para liderar desde el Sur con coraje y solidaridad. En el marco del GRULAC, promovemos el diálogo sincero como el único puente posible hacia una paz duradera".
Señaló que “Estambul, ciudad milenaria que une continentes, sea hoy testigo de nuestro compromiso colectivo. Que esta Asamblea no concluya solo con discursos, sino con un verdadero pacto de acción, es momento de actuar con decisión. Cultivemos hoy, con leyes valientes y cooperación genuina, la esperanza, la paz y la justicia que nuestros hijos y las generaciones futuras merecen y esperan“.
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Aumentaron las denuncias de hechos punibles en comunidades indígenas
Un total de 2.402 denuncias relacionadas con los pueblos originarios reportó la Oficina de Estadísticas de la Fiscalía al presentar un análisis de 2.443 causas ingresadas entre los años 2023, 2024 y 2025, en las que estarían involucradas víctimas indígenas de hechos punibles y, en otras, como presuntos autores. Esto en el marco del Día del Aborigen Americano, que se celebra cada 19 de abril.
El informe señala que el año 2023 cerró con 665 denuncias; en 2024 aumentaron a 767, y en 2025 se registró un incremento considerable, alcanzando 970 denuncias. En cuanto a los días de mayor frecuencia, los sábados, domingos y lunes concentran la mayor cantidad de denuncias, según el análisis del Observatorio del Ministerio Público.
En 1.245 denuncias aparece al menos un presunto autor perteneciente a una comunidad originaria, mientras que en 484 causas figuran dos o más, incluso con la participación de grupos de personas, según datos de la Oficina de Estadísticas de la Fiscalía. Los departamentos con mayor cantidad de denuncias en los últimos tres años son: Canindeyú (593), Caaguazú (410), Amambay (368), Concepción (179), Alto Paraná (135), Boquerón (126) y San Pedro (120).
Los 15 hechos punibles más frecuentes: violencia familiar, lesión, amenaza, homicidio doloso, abuso sexual en niños, lesión grave, hurto agravado, daño, hechos punibles contra la ley N.º 716/96 (delitos contra el medio ambiente), coacción, estupro, hurto, violación del deber de cuidado o educación, violación de domicilio.
Drama sin fin
El Ministerio Público puntualiza que los casos de abuso sexual en niños, el embarazo precoz en adolescentes, la violencia familiar y la influencia del crimen organizado son algunos de los hechos que más afectan a las comunidades de pueblos originarios. A esta situación se suman las migraciones hacia las ciudades, lo que genera discriminación y exclusión social. Al encontrarse fuera de sus comunidades, sin la guía y contención de sus líderes naturales y de la familia extendida, muchas personas pierden su identidad y autoestima étnica.
Ante hechos considerados de gravedad o faltas leves cometidos por miembros de estas comunidades, sus líderes analizan cada caso y solicitan que las sanciones se apliquen conforme a la legislación nacional o al derecho consuetudinario.
Trámite para denuncias
1- Comunicación inmediata: la Oficina de Denuncias Penales debe comunicar de forma inmediata el ingreso de la causa al agente fiscal competente y a la Dirección de Derechos Étnicos.
2- El agente fiscal debe solicitar la intervención de la Dirección de Derechos Étnicos, incluyendo la designación de un consultor técnico, y remitir todos los antecedentes del caso.
3- Un equipo de funcionarios de dicha Dirección debe constituirse en la comunidad para recabar más datos sobre el hecho denunciado. Asimismo, se debe informar al líder comunitario sobre los alcances de la investigación penal en curso, dejando constancia en acta. En la comunidad, el líder recomienda si corresponde aplicar la legislación nacional o el derecho consuetudinario, según cada caso.
Cuando existen víctimas que requieren evaluación, acompaña una profesional psicóloga. En casos de abuso sexual, coacción sexual o violencia familiar, la atención se realiza dentro de la comunidad, considerando que muchas víctimas no cuentan con recursos para trasladarse.
4- Finalizada la intervención, se elabora un dictamen jurídico-antropológico con recomendaciones al agente fiscal sobre el derecho aplicable, diligencias pendientes, medidas de protección indígena y posibles salidas del caso. Este documento incluye también la evaluación de la víctima.