Un Estado que no protege y aplica políticas de seguridad hacia sus magistrados no tiene idea de a qué tipo de enemigos se está enfrentando, aseveró este jueves el exfiscal Jorge Figueredo, redactor de la revista digital internacional “Antimafia Dos Mil”. Advirtió, además, que el Paraguay corre el riesgo de convertirse en un “Estado-mafia”.

El abogado y exagente fiscal se expresó en esos términos en el contexto de las reacciones de condena tanto a nivel nacional como internacional sobre el asesinato del fiscal de la Unidad contra el Crimen Organizado, Marcelo Pecci, perpetrado el martes pasado en Colombia.

“Nosotros desde la revista digital ‘Antimafia Dos Mil’ ya lo veníamos diciendo, hace cinco a 10 años en los análisis que habíamos hecho, que si el Estado paraguayo no toma medidas drásticas a nivel Legislativo, a nivel del sistema penitenciario, a nivel de cambios en el Código de Ejecución Penal, en el Código Penal, a nivel de cambio en las políticas ya sea del Ministerio Público y del Poder Judicial podríamos convertirnos en un Estado-mafia”, apuntó.

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Mencionó que muchos hablan de que en Paraguay existe un “narco-Estado”, pero aclaró que en su opinión, “estamos peor que un narco-Estado, estamos en un proceso de convertirnos en un Estado-mafia”.

Al respecto, explicó que la diferencia radica en que “en un narco-Estado solamente algunos pocos, en forma aislada, autoridades de un Estado están ligadas al crimen organizado, hay relaciones de algunos pocos corruptos del Estado que trabajan con organizaciones criminales en forma aislada, no en forma institucional”. En contrapartida, en un “Estado-mafia ya hay presidentes de la República, ministros de la Corte que tienen relación orgánica con organizaciones criminales, es decir, son el brazo largo de la mafia en forma institucional”, detalló.

Aludiendo y recordando a las palabas del juez italiano Giovanni Falcone, el exfiscal comentó que el trabajo profesional de un Estado contra el crimen organizado comienza cuando se aplica o implementa una política de seguridad y de protección hacia sus magistrados.

“Si no hay política de seguridad hacia sus propios magistrados, quiere decir que ese Estado no tiene ni idea de a qué enemigo se está enfrentando. Acá nosotros necesitamos muchas medidas”, enfatizó Figueredo en entrevista con la radio 1000 AM.

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