Los fiscales generales de Paraguay y Colombia, Emiliano Rolón Fernández y Luz Adriana Camargo Garzón, celebraron una reunión bilateral en Madrid (España) sobre el caso de Marcelo Pecci y dialogaron mecanismos de cooperación penal. El fiscal paraguayo fue asesinado en la playa colombiana de Barú (Cartagenas), el 10 de mayo de 2022.

Las autoridades intercambiaron información sobre las respectivas carpetas fiscales abiertas en Paraguay y Colombia, evaluaron el funcionamiento del Equipo Conjunto de Investigación (ECI), que fue conformado para este caso, y reafirmaron la voluntad institucional de continuar fortaleciendo los canales de colaboración penal internacional, según un comunicado oficial.

El encuentro se dio en el marco de la 32.ª Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), que reúne a representantes de veintiún países miembros en la capital de España, del 28 al 30 de mayo.

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Por otra parte, a propuesta del procurador general de la Nación Argentina, Dr. Eduardo Ezequiel Casal, en su carácter de presidente, la Asamblea General otorgó el reconocimiento honorífico póstumo “Medalla del Ministerio Público” al exagente fiscal Marcelo Daniel Pecci Albertini, por los servicios relevantes prestados a la causa de la justicia.

Además, el fiscal general Emiliano Rolón Fernández participó como panelista en el panel “Canal de Equipos Conjuntos de Investigación (ECI). El PAcCTO 2.0 y sinergias con AIAMP/REDCOOP”.

El conversatorio abordó el Canal de Equipos Conjuntos de Investigación (ECI), herramientas de cooperación internacional que se han convertido en estrategias clave para: la persecución efectiva de la criminalidad compleja y organizada en todas sus modalidades, y de importancia superlativa para la recuperación transnacional de activos que sirven de fuente de financiamiento de las estructuras del crimen.

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El uruguayo Federico Ezequiel Santoro Vassallo, alias Capitán, de 44 años, considerado como testaferro de Sebastián Marset Cabrera, en el rol de blanqueador de dinero transnacional del narcotráfico, se declaró culpable ante la justicia estadounidense, reportó la Fiscalía del Distrito Este de Virginia, a través del portal del Departamento de Justicia, el 21 de mayo. Santoro fue extraditado desde Paraguay en julio de 2024.

En este marco, el Gobierno norteamericano anunció una recompensa de hasta 2 millones de dólares en el marco del Programa de Recompensas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (TOCRP) por información que conduzca al arresto o condena de Marset, que se suma a la recompensa de 100.000 dólares en Bolivia, anunciada en 2023.

El narcotraficante uruguayo también es sospechado de haber ordenado el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, y las autoridades de Estados Unidos manifestaron la posibilidad de que se encuentre actualmente prófugo en Venezuela. Su esposa, Gianina García Troche, fue extraditada de España a Paraguay, el pasado 21 de mayo, y fue recluida en la cárcel militar de Viñas Cue, en Asunción.

Este último anuncio fue realizado por Erik S. Siebert, fiscal dederal para el Distrito Este de Virginia, y Louis A. D’Ambrosio, agente especial a cargo de la División de Operaciones Especiales de la Administración de Control de Drogas (DEA), en una coordinación entre el Departamento de Justicia, la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado.

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Santoro se declaró culpable de una conspiración para lavar dinero que involucró millones de dólares provenientes del narcotráfico. El acusado era un estrecho colaborador del uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera, de 29 años, quien, según se alega en un auto de procesamiento abierto esta semana, es un narcotraficante transnacional responsable del traslado de toneladas de cocaína con valor millonario desde Sudamérica a Europa. Santoro se desempeñó como blanqueador de dinero transnacional para organizaciones narcotraficantes y facilitó el traslado de millones de dólares provenientes del narcotráfico desde varios países de Europa a Sudamérica y otros lugares.

Marset presuntamente lideraba una organización de narcotráfico a gran escala que distribuía miles de kilogramos de cocaína, incluyendo hasta diez toneladas a la vez, desde Sudamérica, generalmente a Europa. La organización Marset traficaba cocaína en Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Bélgica, Países Bajos, Portugal y otros lugares.

Santoro y sus cómplices organizaban la recaudación de las ganancias del narcotráfico y utilizaban mensajeros y fichas para entregar de forma encubierta grandes cantidades de dinero ilícito, generalmente en euros. Los cómplices de Santoro se especializaban en introducir el dinero ilícito en el sistema bancario global. Posteriormente, Santoro dirigía la transferencia internacional de los fondos, generalmente mediante transferencias bancarias. Santoro solía indicar que los fondos se entregaran en dólares estadounidenses y que un banco corresponsal en Estados Unidos facilitaba la transacción.

Santoro utilizaba al menos siete empresas para facilitar la transferencia de dinero y ocultaba la ubicación y la propiedad de los activos blanqueados mediante empresas no relacionadas, todas registradas como presuntamente operando en industrias diferentes y no relacionadas. Santoro utilizó empresas registradas en Sudamérica y Asia para recibir el producto blanqueado del narcotráfico y ocultó el origen de los fondos mediante la creación de facturas falsas para justificar las transferencias bancarias.

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Santoro y, presuntamente, Marset amenazaron con violencia para proteger sus actividades de narcotráfico y blanqueo de capitales. Santoro blanqueó millones de dólares procedentes del narcotráfico y, en menos de cinco meses, dirigió el movimiento de al menos 8 millones de dólares procedentes del narcotráfico a través de bancos estadounidenses. Como pago, Santoro se apropió de un porcentaje del dinero ilícito que blanqueaba.

En enero de 2021, se adeudaba a Marset presuntamente más de 17 millones de euros procedentes de un único cargamento de cocaína. Santoro organizó la recaudación y el blanqueo de al menos 5 millones de euros de esos fondos, la gran mayoría de los cuales se blanquearon a través del sistema bancario estadounidense.

La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y sus socios policiales en Paraguay brindaron asistencia sustancial para lograr el arresto y la extradición de Santoro Vassallo. Los fiscales federales adjuntos Anthony T. Aminoff y Catherine Rosenberg están a cargo del caso.

“Se insta a cualquier persona que tenga información sobre las operaciones de Marset, incluyendo su tráfico de drogas, lavado de dinero y uso (o amenazas de uso) de la violencia, o sobre su paradero, a contactar a la DEA por correo electrónico a MarsetTips@dea.gov”, señala el informe del Departamento de Justicia en su portal oficial.

Esta investigación forma parte de la Operación “Recuperemos América”, una iniciativa nacional que moviliza todos los recursos del Departamento de Justicia para repeler la invasión de la inmigración ilegal, lograr la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales (OCT), y proteger a nuestras comunidades de los autores de delitos violentos.

Una copia de este comunicado de prensa se encuentra en el sitio web de la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia. Los documentos e información judicial relacionados se encuentran en el sitio web del Tribunal de Distrito para el Distrito Este de Virginia o en PACER, buscando el caso n.° 1:23-cr-143.

• Bogotá, Colombia. AFP.

El cantante de rock argentino Andrés Calamaro completó el lunes último dos días de agravios contra el movimiento antitaurino en Colombia al que trató como “panda de resentidos, incultos hijos de puta”, tras ser abucheado en Cali en el recital que dio en la plaza de toros de esa ciudad. El conocido cantautor de temas como “Mil Horas”, “Loco” o “Paloma” mezcló su lista de canciones en vivo con críticas a la prohibición de las corridas de toros en sitios como la Arena Cañaveralejo, antigua plaza de toros donde presentó su gira “Agenda 1999” frente a casi 5.000 espectadores.

En medio de “Flaca”, uno de sus grandes éxitos, Calamaro dejó de cantar, arrojó el micrófono y su chaqueta al suelo, y retomó dedicando la canción a “todos los toreros, ganaderos, banderilleros y aficionados que se quedan sin trabajo...”. En ese punto, tuvo que alzar la voz ante una fuerte rechifla. “¿Por qué votaron por eso? Dejarlos en la calle”, preguntó el cantante de 63 años, quien abandonó por unos segundos el escenario. “Lo siento, están cancelados y bloqueados. Hasta nunca”, remató. El video del episodio se hizo viral en pocas horas.

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La senadora Esmeralda Hernández, autora de la Ley #NoMásOlé aprobada en 2024 y que prohíbe las corridas de toros en Colombia y otros espectáculos de maltrato animal a partir de 2027, criticó al cantante por sus declaraciones.

“Siempre dijiste que eras como el salmón, que nadabas contra la corriente, pero ir contra la corriente es atreverse a romper contradicciones centenarias, no seguir nadando por la misma agua manchada con sangre”, escribió la legisladora el lunes en una carta dirigida al argentino.

La discografía de más de cuatro décadas de Calamaro, abiertamente amante de la tauromaquia, incluye en sus letras y estética a la tradición taurina con algunas canciones célebres como “Me arde”, “Buena suerte”, “Soy tuyo” o “Media verónica”.

El cantante, considerado un pilar del rock hispanoamericano, es famoso por su tono elocuente y provocador. Sectores progresistas también lo critican por su simpatía hacia el partido español de extrema derecha Vox.

“Para eso está el rocanrol también, para ofender y gustar también a los bienpensantes”, reflexionó en una entrevista con la AFP en 2023.

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Desde el sábado, Calamaro ha publicado en Instagram una serie de reclamos en los que condena “la arbitraria” prohibición de las corridas de toros en Colombia.

Horas después de su concierto publicó una foto del escenario con el mensaje: “Cali, uno menos...”. En otra publicación, el domingo, explicó que dio “el recital completo” y que solo lamentó “estar en una plaza de toros sin toros”.

Este lunes, el cantante volvió a referirse al debate en un largo mensaje, donde se quejó de quienes llama “nazi animalistas (...) panda de resentidos, incultos hijos de puta que no tienen más argumentos que acusarme de borracho”.

Calamaro asegura que es abstemio y que nunca ha subido ebrio a un escenario.

“Vi toros en Colombia, vine a Manizales para la fiesta de la virgen y las velas (...) la gente del toro (siendo yo un extranjero) siempre me demostró amistad, gratitud y respeto”, concluyó.

La plataforma Alto, que defiende los derechos de los animales en Colombia, aseguró en X que “Andrés Calamaro no canceló a Cali, Cali lo canceló al no hacerle coro y chiflarlo por promover el vil negocio de la tortura animal en las corridas de toros”.

Algunos asistentes al concierto confirmaron que el público dejó claro su descontento. “Un grupo pequeño se quedó haciendo ‘el olé’ con Calamaro. La mayoría del público, en silencio, se fue rabiosa”, dijo el asistente Carlos Rendón a la AFP.

La agenda de conciertos de Calamaro continuará en Colombia hasta el 31 de mayo, en ciudades como Barranquilla, Bogotá, Manizales y el 23 de mayo en La Macarena de Medellín, otra plaza de toros convertida en escenario cultural.

La ley antitaurina, considerada histórica en uno de los países de mayor tradición en América, entrará en vigor en dos años, tiempo en el que el Gobierno debe buscar alternativas de empleo para los trabajadores de la tauromaquia. Colombia se sumó a la lista de países que la prohíben en la región, al igual que Brasil, Chile, Argentina, Uruguay y Guatemala.

El gobierno de Gustavo Petro radicó ayer lunes una nueva propuesta de consulta popular ante el Congreso colombiano, que se resiste a apoyar las reformas de izquierda y mantiene un enfrentamiento con el presidente.

El mandatario intenta ampliar los beneficios y derechos en materia laboral y de salud con una consulta popular que ahora tiene 16 preguntas, luego de que el Senado rechazara en una confusa votación una primera propuesta de consulta la semana pasada.

Petro acusó al Legislativo de “falta de razón” y “humanidad”, señaló un presunto “fraude” y llamó a la movilización social. El mecanismo de consulta popular debe contar con la aprobación del Senado antes de convocar a los colombianos a las urnas.

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“Nos ha tocado recurrir al pueblo” ante el bloqueo, dijo el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en una rueda de prensa. El sindicato obrero más grande del país, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), convocó huelgas nacionales en pro de las reformas el 28 y 29 de mayo.

Además de los cambios al sistema laboral, la segunda propuesta incluye cuatro nuevas preguntas sobre la reforma de salud, también bloqueada en el Congreso. Aborda temas como la producción y comercialización de medicamentos o el acceso para los colombianos a un sistema de salud “integral”.

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El mandatario denuncia un supuesto “bloqueo institucional” del Congreso y ha advertido que, si el proceso electoral no avanza en el Legislativo, aprobará los cambios por decreto.

Fuente: AFP