El senador Fernando Silva Facetti indicó que el veto parcial del Ejecutivo a la ley que pretendía autorizar la compra directa de combustible a Petropar viene a solucionar parte del problema generado con la aprobación de esta normativa en el Congreso, porque no se puede dejar de lado a la Contraloría General en los procesos de adquisición de bienes del Estado, más aún siendo una empresa estatal que maneja millones de dólares en el mercado de combustible.

En comunicación con el diario La Nación, el parlamentario liberal señaló que es una ley que va contra todo principio de transparencia porque no solo está anulando una ley, al dejar sin efecto la legislación de Contrataciones Públicas para una institución tan sensible como Petropar, que maneja unos 1.500 millones de dólares de combustible al año.

Además de ello, atenta contra los principios mínimos consagrados en la Constitución, entre ellos el principio de la transparencia, la eficiencia, dejando de lado un marco especializado de una institución que recibe millonarios recursos al año, que es la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

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“Empresas oportunistas”

A su criterio, lo que correspondía era vetar totalmente la ley porque la Ley de Contrataciones Públicas, per se, garantiza los principios de publicidad y transparencia, tiene mecanismos para adquirir de forma directa dentro del marco de la razonabilidad, que es el procedimiento abreviado, concurso de precios o contratación directa, como está establecido en la ley.

“Pero al suspender los efectos de la Ley de Contrataciones Públicas lo que hace es convertir a Petropar en un ente enorme, en una despensa de barrio que puede comprar combustible del contrabandista de Nanawa, si total es una adquisición entre dos partes, como si el resto del Estado no existiera. Entonces, en algo por lo menos va a paliar este veto parcial”, explicó.

Por otra parte, el senador Silva Facetti señaló que, por de pronto, está intuyendo que varios de sus colegas acompañaron en su momento la sanción de esta ley considerando solamente el interés de adquirir un petróleo más barato. “Esto sí abre la posibilidad de que empresas oportunistas, de maletín, como ocurrió en casos anteriores, o empresas que ya escuché que se están preparando para ofertar a Petropar, que son pequeñísimas empresas nacionales, dispuestas a intermediar con grandes empresas o países como Venezuela”, comentó.

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Asimismo, recordó que todo negocio que venga de Venezuela, ya por los antecedentes del régimen de Maduro, levanta un manto de sospecha y dudas sobre la legalidad y credibilidad de un negocio que se pueda hacer con un país con una dictadura, que muchos lo consideran incluso un narcoestado, pero en ese marco se repite una y otra vez que es la oportunidad de conseguir petróleo de Venezuela.

Igualmente, señaló la forma como se estudió este proyecto de ley, que luego de estar más de un mes en debate sobre la crisis de combustible en el país se llamó a una reunión, que en dos horas de debate se resolvió algo tan importante como esto.

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Un interés manifiesto

“Yo no digo que sean los de Frente Guasu, pero sí que hay un interés manifiesto de algún sectores, o empresario, o alguien, que haciendo por la izquierda del debido proceso esto pretende que sea beneficioso para el país. Yo estoy seguro de que esto no va ser beneficioso para el país, haga lo que se haga, va a ser revisado en la zona crítica y va a ser criticado con justa razón”, sostuvo.

“Pero no va tener consecuencia jurídica porque no va a haber un marco legal que ampare el derecho del contribuyente y del ciudadano. Va a ser un negocio con la plata del pueblo entre dos personas particulares”, agregó y, finalmente, el senador liberal manifestó que espera que sus colegas, sobre todo del Partido Colorado, que inicialmente acompañaron este proyecto de ley, ahora revean su postura, y atendiendo a que es un veto del Ejecutivo acepten el veto parcial.

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