El alto funcionario de Estado comentó que esta decisión surge teniendo en cuenta que ya existe una solicitud de extra­dición del criminal planteada con anticipación por parte de las autoridades mexicanas.

“Tenemos un pedido de extra­dición, esa es la figura que nos rige. Él se negó al procedi­miento abreviado de la extra­dición, quiere pelear jurídica­mente”, indicó Rachid en una conferencia de prensa.

Entre las principales hipóte­sis manejadas por las auto­ridades de seguridad sobre la presencia de Bermúdez Requena en Paraguay figura la probabilidad de que haya tenido la intención de instalar en Paraguay una red crimi­nal. A la vez, no se descarta la pretensión de utilizar a nues­tro país como un refugio, teniendo en cuenta los con­flictos que mantiene con otras gavillas mexicanas.

“En su momento acumuló mucho poder en México, luego huye por los proble­mas judiciales y con su pro­pia estructura.

Hay elementos que hacen suponer que él pretendía instalar una red criminal en Paraguay, como el hecho que su sobrino suyo se haya instalado, haya sido inves­tigado y aprendido en nues­tro país. No hay que descar­tar que haya querido buscar una especie de refugio por sus conflictos con otros líderes criminales”, dijo Rachid.

El ministro detalló que las investigaciones para cap­turar a Bermúdez Requena fueron complejas tanto para México como para Paraguay, debido a que “se manejaba bajo un círculo muy íntimo”. Rachid agregó que el hombre de 72 años de edad, vinculado direc­tamente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), antes de radicarse en Paraguay, permaneció en Panamá y luego en Brasil.

“La facilidad del ingreso a través de la ciudad de Foz de Iguazú hizo que se ins­tale en Paraguay, lo hizo de manera clandestina, es decir, no ingresa por los conductos administrativos pertinen­tes. Como país no podemos permitir que estas perso­nas vinculadas con delitos transnacionales se insta­len en Paraguay”, refirió. En marzo de 2025, a partir del intercambio de informa­ción, se obtuvieron indicios sólidos de la presencia irre­gular de Bermúdez en Para­guay. Su captura se realizó en la madrugada del pasado sábado 13 de setiembre en el barrio cerrado Surubi’i, de la ciudad de Mariano Roque Alonso, departamento Cen­tral. Rachid afirmó que este periodo de tiempo no fue sufi­ciente para que Bermúdez Requena haya logrado instalar una red criminal en Paraguay.

“Yo no puedo ir más allá de lo que me soliciten las autoridades mexicanas”, explicó el agente fiscal Manuel Doldán.

“Yo no puedo ir más allá de lo que me soliciten las autorida­des mexicanas, yo no tengo ninguna petición extendida a ningún familiar de Bermú­dez, el caso es exclusivamente con respecto a él”, sostuvo en una entrevista con el pro­grama “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El hombre, de 72 años de edad, es considerado uno de los más importantes objetivos cri­minales de México y vincu­lado directamente al Cár­tel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Fue capturado en la madrugada del pasado sábado mediante un operativo ejecu­tado entre instituciones para­guayas y mexicanas, en el barrio cerrado Surubi’i, de la ciudad de Mariano Roque Alonso, departamento Central, donde el detenido residía en una lujosa vivienda que utilizaba como centro de resguardo y oculta­miento.

Durante su detención, Bermúdez Requena se encon­traba acompañado de su esposa, quien según las informacio­nes proveídas no posee orden de captura en Paraguay ni en México y una compatriota del interior, quien se desempeñaba como servicio doméstico.

El titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, descartó este lunes que Paraguay acuda a expulsar a Hernán Bermúdez Requena, alias “Comandante H” o “El Abuelo”. El alto funcionario de Estado comentó que esta decisión surge teniendo en cuenta que ya existe una solicitud de extradición del criminal planteada con anticipación por parte de las autoridades mexicanas.

“Tenemos un pedido de extradición, esa es la figura que nos rige. Él se negó al procedimiento abreviado de la extradición, quiere pelear jurídicamente”, indicó Rachid en una conferencia de prensa.

Entre las principales hipótesis manejadas por las autoridades de seguridad sobre la presencia de Bermúdez Requena en Paraguay figura la probabilidad de que haya tenido la intención de instalar en Paraguay una red criminal. A la vez, no se descarta la pretensión de utilizar a nuestro país como un refugio, teniendo en cuenta los conflictos que mantiene con otras gavillas mexicanas.

“En su momento acumuló mucho poder en México, luego huye por los problemas judiciales y con su propia estructura. Hay elementos que hacen suponer que él pretendía instalar una red criminal en Paraguay, como el hecho que su sobrino suyo se haya instalado, haya sido investigado y aprendido en nuestro país. No hay que descartar que haya querido buscar una especie de refugio por sus conflictos con otros líderes criminales", dijo Rachid.

Lea también: Así fue la captura en Paraguay de Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo”

El ministro detalló que las investigaciones para capturar a Bermúdez Requena, fueron complejas tanto para México y Paraguay, debido a que “se manejaba bajo un círculo muy íntimo”. Rachid agregó que el hombre de 72 años de edad, vinculado directamente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), antes de radicarse en Paraguay, permaneció en Panamá y luego en Brasil.

“La facilidad del ingreso a través de la ciudad de Foz de Iguazú hizo que se instale en Paraguay, lo hizo de manera clandestina, es decir, no ingresa por los conductos administrativos pertinentes. Como país no podemos permitir que estas personas vinculadas con delitos transnacionales se instalen en Paraguay”, refirió.

En marzo de 2025, a partir del intercambio de información, se obtuvieron indicios sólidos de la presencia irregular de Bermúdez en Paraguay. Su captura se realizó en la madrugada del pasado sábado 13 de setiembre en el barrio cerrado Surubi’i, de la ciudad de Mariano Roque Alonso, departamento Central. Rachid, afirmó que este periodo de tiempo no fue suficiente para que Bermúdez Requena, haya logrado instalar una red criminal en Paraguay.

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En sus redes sociales la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) difundió un audiovisual sobre el operativo a nivel internacional que derivó en la captura de Hernán Bermú­dez Requena, alias Coman­dante H o el Abuelo.

El hombre, de 72 años de edad, es considerado uno de los más importantes objeti­vos criminales de México y vinculado directamente al Cartel Jalisco Nueva Gene­ración (CJNG). El opera­tivo se ejecutó en la madru­gada de este sábado en el barrio cerrado Surubi’i, de la ciudad de Mariano Roque Alonso, departamento Cen­tral, donde el detenido resi­día en una lujosa vivienda que utilizaba como centro de res­guardo y ocultamiento.

En la vivienda, Bermúdez Requena se encontraba acompañado por su esposa, quien no posee orden de captura en Paraguay ni en México y una compatriota del interior, quien se des­empeñaba como servicio doméstico.

El operativo demandó un trabajo conjunto entre la Senad, la Secretaría Nacio­nal de Inteligencia (SNI), la Policía Nacional, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), el Ministerio Público, en estre­cha cooperación con el Cen­tro Nacional de Inteligencia (CNI) de México.

En el video se puede obser­var cómo los intervinien­tes descienden rápidamente de vehículos particulares, fuertemente armados, para abrir el portón principal del patio delantero y posterior­mente tumbar la puerta de la vivienda e ingresar. Al ins­tante lograron capturar a Bermúdez Requena, quien no mostró resistencia, ten­dido en el suelo.

En la vivienda se incautaron de celulares de alta gama, relojes inteligentes, entre otros. Bermúdez se encuen­tra recluido en la Senad y las autoridades paraguayas y mexicanas ya han iniciado el proceso de extradición.

En marzo de 2025, a partir del intercambio de informa­ción entre el CNI de México y la SNI, se obtuvieron indicios sólidos de la presencia irregu­lar de Bermúdez en Paraguay. Por esa trazabilidad habría abandonado México en enero del presente año, ingresado clandestinamente por Brasil y fijado residencia irregular en Mariano Roque Alonso.

Hernán Bermúdez Requena, alias Comandante H o el Abuelo, tiene un amplio historial delictivo en México, donde inicialmente se desempeñó como jefe policial en el estado de Tabasco. Su carrera en las fuerzas de seguridad estuvo marcada por acusaciones de corrupción, vínculos con el narcotráfico y uti­lización de su cargo para favorecer a estructuras criminales.

Tras dejar la función pública integró y lideró la organización criminal La Barredora, estructura que mantiene conexiones con el Cártel Jalisco Nueva Generación, una de las facciones más violentas y expansivas del narcotráfico mexicano. Según inteligen­cia, Bermúdez habría coordinado operaciones de tráfico internacional de drogas, además de estar vincu­lado a casos de homicidios, desapariciones forzadas y actividades de corrupción institucional en México.

Reducir el hacinamiento, revisar los miles de causas sin condena que ayudan a ese fenómeno e intentar poner en marcha un nuevo paradigma penitenciario son metas del Ministerio de Justicia. Desde allí se entiende que la puesta en marcha de prisiones modelo puede ir mejorando el cuadro de situación. Desde los organismos de derechos humanos se alienta a revisar la cuestión social y trabajar en la prevención del delito y entienden que de otra manera las nuevas cárceles repetirán el esquema vigente.

• Por Jorge Zárate
• jorge.zarate@nacionmedia.com
• Fotos Archivo / Gentileza

El país tiene 19.600 personas privadas de libertad, de las cuales unas 7.000 tienen condena y las restantes están bajo prisión preven­tiva, procesados en espera de una decisión de la justi­cia, que construye de esta forma un problema que ya es histórico y que llevará tiempo resolver.

La capacidad de todas las prisiones del país es de poco más de 10.000 pla­zas, por lo que reconoce el viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel Guerreño, que “estamos con una tasa de ocupa­ción crítica, lo que indica hacinamiento”.

Como respuesta a ello, asegura que se hace una verificación a través de una unidad especial de su cartera, que “viene comu­nicando a los juzgados competentes cuándo una persona que está bajo pri­sión preventiva ya com­purgó la pena mínima. Unas 300 personas en esta situación ya lograron su libertad”, dice sobre esta tarea.

También menciona que en mesas conjuntas con el Poder Judicial se tra­baja para que “mujeres que son infractoras pri­marias por hechos puni­bles que no son lesivos, en el sentido de que no hubo violencia, se vean bene­ficiadas ya con medidas alternativas”. La idea es que también madres y personas de la tercera edad que estuvieran enfermos puedan

acceder a arrestos domi­ciliarios en el caso de que cumplan penas leves.

La forma de alivianar la población entre los con­denados es apelando a la “pena discontinua” para quienes fueron conde­nados a 1 o 2 años, “aunque en esos casos todavía no tuvimos resoluciones favorables”.

Intentar desarmar la influencia de grupos cri­minales como el paraguayo Clan Rotela y los brasile­ños Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV) es otra acción fundamental para llevar “salud” al sistema penitenciario.

Maciel Guerreño des­taca en ese sentido la tarea del Opera­tivo Umbral y la puesta en marcha de prisiones modelo (ver aparte). “Ya pasamos una gran canti­dad de condenados bajo este nuevo modelo de ges­tión penitenciaria. Esta es una manera directa de reducir el poder que tie­nen los grupos criminales porque ellos se fortalecen con base en las debilidades del propio sistema”.

Lo explica ejemplificando que “hay muchas perso­nas de escasos recursos que no pueden acceder a una comida de calidad o al servicio de sanidad de una penitenciaría por el hacinamiento, la infraes­tructura inadecuada, por la corrupción de los funcio­narios, etc. Entonces, ellos son captados por estos gru­pos criminales que les faci­litan el acceso a eso”.

Entonces, la idea del nuevo modelo es intentar igualar las condiciones: “Por eso el tema del uniforme, que iguala a todos, ahí no va a haber diferencia en cuanto a la vestimenta. También todos van a comer lo que les provee el Estado por­que estas penitenciarías modelo ya no están pre­paradas para tener canti­nas u otras modalidades donde los propios inter­nos preparan su comida o acceden a insumos para cocinar”, describe admi­tiendo que esta realidad se da en muchas prisio­nes por “la falta de presu­puesto para dar de comer a todos”.

Se espera que la división modular de las prisiones ayude en la tarea, ya que permitirán “aislar” a los jerarcas de los grupos cri­minales. “Eso va a evitar que ellos, mezclados con el resto de la población, puedan ir bautizando, por ejemplo. Están, por otra parte, en otro módulo per­sonas también vinculadas a grupos criminales que tienen problemas de con­sumo, que ahora ya pasa­ron toda su etapa de abs­tinencia y están siendo tratados y ahí tenemos la ayuda por ejemplo de Remar, que es una fun­dación que tiene muchí­sima experiencia con el trabajo con personas que tienen problemas de consumo”, apunta.

Otro punto importante es que “no se permite la cir­culación de dinero porque es un elemento de extorsión tanto de parte de los funcio­narios hacia los privados de libertad como viceversa”.

El funcionario destaca que “en todas las requi­sas que se hicieron en las penitenciarías nuevas no se encuentran punzones, no se encuentran celula­res, que son algo muy usual en las requisas del sistema actual. Tampoco sustan­cias, aunque sí se encontra­ron cigarrillos, que también están prohibidos, ya que las nuevas penitenciarías son espacios libres de humo”, recuerda.

“Se busca también mejorar los controles de ingreso gra­cias a la tecnología imple­mentada con toda la inver­sión que hizo el Parque Tecnológico Itaipú (PTI) para el control del ingreso de personas y de mercade­rías. Faltan todavía muchas cosas por ajustar, pero haciendo una comparación con el modelo actual es infi­nitamente mejor”, apunta.

“La organización busca ser diferente e implica un organi­grama pensado en la funcio­nalidad del régimen peniten­ciario, también protocolos y procedimientos escritos, lo cual permite deslindar res­ponsabilidades cuando se da algún tipo de irregulari­dad, cosa que no tenemos en el modelo actual”.

Según explica, “es mucho más difícil implementar nuevos procedimientos en los penales antiguos ya por la cultura organizacional vigente, que es muy pro­clive a prácticas corruptas. La idea es tener organiza­ción, protocolos, procedi­mientos y personal aunados en la tarea”, señala.

Lo hace recordando que a partir de 2000 se cons­truyeron penitenciarías en Encarnación, Concep­ción, Misiones, San Pedro y Pedro Juan Caballero, “donde se empezaron a replicar igualmente esas prácticas que queremos erradicar. Entonces obvia­mente no es solamente la edificación la solución. La mejora viene con la organi­zación y el capital humano”, concluye.

Explicando que el Ser­vicio de Atención a los Adolescentes Infracto­res (Senai) es el respon­sable de los centros de rehabilitación, Maciel Guerreño dice que la misma idea de separar condenados de procesa­dos se trata de imple­mentar también en esa franja etaria.

“Esto se está haciendo porque es uno de los puntos de la senten­cia de la Corte Intera­mericana de Derechos Humanos en el caso del centro Panchito López, donde el país fue con­denado y en cuyo fallo se dispuso la consoli­dación de la jurisdic­ción penal adolescente, situación que nuestro país entiende debe ayu­dar a declarar cumplida la sentencia”.

Vale recordar que la pri­sión preventiva en ado­lescentes sigue siendo mayor con respecto a los adultos, con 8 de cada 10 adolescentes en situación de encierro preventivo y solo 2 con medidas definitivas.

La reciente convocatoria para 500 car­gos de agentes penitenciarios es un punto importante en la implementación del nuevo modelo: “Estuvo destinada exclusi­vamente para las nuevas penitenciarías de Minga Guazú, que ya empezó a funcionar en su totalidad, y para Martín Mendoza, en Emboscada. No llegamos a los 300 postulan­tes y luego del proceso de selección y ahora que ya están haciendo el curso de introduc­ción, el número se redujo a 133”, comenta Maciel Guerreño.

La situación se da porque “muchos no logran cumplir los requisitos y otros en el camino renuncian. Por eso en octubre se va a hacer otro llamado siempre persiguiendo que el ratio de agente penitenciario/personas privadas de liber­tad sea lo que establecen los estándares interna­cionales, que sería un agente por cada 10 perso­nas privadas de libertad”, explica el viceministro.

“El personal penitenciario es clave para la mejora del servicio. Están además el personal de blanco, administrativo, personal del Orga­nismo Técnico Criminológico (OTC), que son los que tienen ese contacto cotidiano con las personas privadas de libertad. Entonces, si se mejora la calidad del personal se va a mejorar la calidad del trato brindado”.

Para ello se establecieron algunos criterios mínimos que tienen que ver con “requisitos de edad, de índice de masa corporal, de esta­tura, tienen que tener todos por lo menos ter­minados el bachillerato y se solicitó también como un requisito que tengan un promedio de 3,5. Luego eso se bajó al mínimo porque hubo pocos postulantes”.

Enfatizó que se exige la educación secunda­ria concluida “porque todos tienen que cursar la tecnicatura superior impartida por el Insti­tuto Técnico Superior en Educación y Forma­ción Penitenciaria, responsable de formar a los nuevos agentes, a los directores, a los jefes de seguridad y también al personal de blanco y el personal administrativo que trabajan en las penitenciarías”, recuerda.

“Esta formación tiene una malla curricular de dos años, que comenzamos a revisar este año con apoyo de institutos como el ISEPOL de la policía, el de la Defensa Pública, el IAEE de los militares, porque ellos tienen mucho más know-how en todo este proceso”, apunta.

Para el viceministro de Política Criminal, el Operativo Umbral desa­rrollado en agosto pasado significó “el paso del viejo al nuevo modelo penitenciario, donde se busca cumplir con ese postulado constitucio­nal y convencional de que estén separados los procesados de los con­denados, que es una deuda histórica del Paraguay”, apunta.

“Se lo denominó así porque se cruza ese ‘umbral’ para la imple­mentación de un nuevo régimen de gestión en donde también se clasifica a los condenados por módulos con base en un análi­sis de riesgo, necesidad y amenaza”, explica sobre la importancia del traslado de 500 presos de Ciudad del Este al Centro de Rein­serción Social de Minga Guazú en que consistió el operativo.

En la nueva prisión “tenemos módulos donde están personas que ya están en el período de prueba que tienen salidas tran­sitorias, otro módulo donde están las personas que están ya cerca de compurgar. Entonces, estos dos módulos ayudan en tareas dentro de los servicios generales que hacen a la peni­tenciaría”, describe del funcionamiento de la penitenciaría de máxima seguridad de Minga Guazú.

“Luego tenemos el módulo 4 y el módulo 6, que son para personas que se encuentran en la etapa de tratamiento de sus respectivas condenas, en donde están instaladas 2 fábricas de maquila que emplean a los con­denados. Les pagan porque están bajo relación de dependencia y ade­más de eso reciben capacitación, formación, educación formal, etc”.

Estos reos pueden beneficiarse con la figura de la “redención”, que establece que “por tres días de trabajo o estudio se puede restar un día de la condena y eso se acumula. Entonces, en un año por las reglas actualmente vigentes se puede incluso hasta acumular 90 días de redención, lo cual ya es bastante significativo”, apunta el viceministro.

“Después está el módulo 7, que es de alta seguridad, en donde están las personas que ya arrojan un índice de riesgo superior al 70 %. Es un régimen intermedio entre el convencional y el de máxima seguridad, que son aquellos que se encuentran en el módulo 8”, describe.

En la máxima seguridad son todas celdas individuales, “en donde no existe un área común porque se les mantiene separados y ais­lados a los privados a libertad. Permanecen básicamente 22 horas encerrados y tienen 2 horas de recreación en un área otra vez res­tringida que se llama área de soleo”.

También en ese módulo 8 “las visitas son monitoreadas, restringi­das, para evitar que desde el establecimiento penitenciario pue­dan seguir dirigiendo su actividad ilícita”, apunta.

Las 42 personas privadas de libertad que se encontra­ban en Emboscada en las llamadas “celdas de privi­legio” fueron trasladadas recientemente al módulo 5 del nuevo penal Martín Mendoza bajo el régimen de máxima seguridad. “Ellos van a estar ahí provisoria­mente”, apunta explicando que luego se determinará su destino definitivo.

En tanto, ya se procedió a desmantelar esa parte “VIP” e ingresó una cons­tructora para restaurar y recuperar el espacio del viejo penal de Emboscada.

Además de este movi­miento, se sigue investi­gando cómo fue posible llegar a la consolidación de una estructura como esa en un penal: “Una cosa es derribar todos los lujos que puede tener una per­sona privada libertad, pero sin destruir el esquema que permitió eso. Esto va a hacer es que se vuelva a reproducir. La intención nuestra es eliminar ese sis­tema que permite estos pri­vilegios que no correspon­den en el que también hay funcionarios que se benefi­cian con eso”, apunta.

Para Orlando Castillo, comisionado del Meca­nismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), el sistema penitenciario “opera den­tro de la lógica de la corrupción. Esta impera en todas las penitenciarías del país y lastimo­samente goza de buena salud. Es un sistema de indignidad para las personas privadas de libertad, donde todo tiene precio y en el cual la reinserción se convierte en una utopía por­que no hay un plan nacional de reinserción. Las escasas oportunidades laborales que realizan únicamente las personas condenadas no for­man parte de un proceso implemen­tado por las penitenciarías, sino que es financiado con recursos de cada persona privada de libertad, convirtiéndolo por tanto en un privilegio al cual acceden muy pocos”, describe.

Para Castillo, “urge pensar un sis­tema penitenciario profesional, alta­mente calificado, despolitizado, sin injerencias políticas, sin directores políticos que convierten a las peni­tenciarías junto a fun­cionarios corruptos en centros de recaudación y no de reinserción”.

Al abordar el pro­blema de la falta de condenas, recuerda con datos de julio pasado que un 64 % de los presos está en esa condición: “¡6 de cada 10 personas! Esto ocu­rre cuando los operadores de justicia no aplican de manera estricta y respetuosa la legislación vigente, y el encierro se vuelve en la primera res­puesta y no en la última”.

El comisionado entiende que “el problema no pasa por la capacidad de las penitenciarías, sino por llevar adelante políticas públicas y sociales que aborden los distintos nudos de tensión antes que se conviertan en problemas. Si seguimos sin mirar lo social, terminaremos construyendo un muro en la frontera y encerrándonos todos dentro. Una problemática actual, por poner un ejemplo, es la del consumo de drogas. Esta problemática no tiene respuesta en el encierro, sino todo lo contrario. Con esta respuesta se agrava la situación, pues el consumo continúa dentro de la penitenciaría y fortalece un sistema de corrupción”, ejemplifica.

“La respuesta no es más cárceles, sino tener una visión de sociedad o seguiremos teniendo hacinamiento y sobrepoblación, por­que hoy tenemos una justicia mediá­tica, una crimino­logía mediática, donde en muchos casos las decisio­nes se toman no por el análisis objetivo de los hechos y las pruebas, sino más bien por el nivel de indignación social y presentación de la noticia en los medios de comuni­cación”, considera.

“El sistema penitenciario sigue en una crisis pro­funda”, describe Dante Leguizamón, secreta­rio ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), por lo que considera que “la construcción de nueva infraestructura o el ingreso de nuevos agentes penitenciarios no significa que cambie. El pro­blema central es que cada año ingresan un promedio de mil personas al sistema penitencia­rio, entonces siempre va a fal­tar espacio y nunca se va a poder superar la crisis”.

Para Leguizamón, otro pro­blema central lo consti­tuyen “las importan­tísimas redes de corrupción, que son sumamente rentables. La pre­cariedad de tra­bajo de los guar­dias, la fragilidad para caer en corrupción de los distintos actores, la falta de control y la impuni­dad que existen en torno a eso hacen que sea muy difícil. Por eso, si construimos nuevas cárceles o nuevos espacios, esos espacios rápidamente van a adquirir los mismos vicios”, considera.

“Hay una iniciativa de un nuevo sistema penitenciario, pero si no se aborda en profundidad los problemas no solo del abuso de la prisión preventiva, que por supuesto es un problema importantí­simo; pero si no se aborda efectivamente una política criminal, no solo desde la óptica de la reclusión, sino una que busque prevenir deli­tos, lo único que hace el sistema actual es que sea más fácil el reclutamiento de las redes cri­minales que funcionan en las cárceles”.