El expresidente colombiano Álvaro Uribe fue sentenciado a 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal, en una decisión histórica que lo convierte en el primer exmandatario condenado y privado de la libertad en el país.

El líder de la derecha colombiana, de 73 años, recibió la máxima pena posible, en una audiencia a la que asistió de manera virtual y visiblemente molesto.

La jueza Sandra Heredia aseguró que la sentencia es de aplicación “inmediata” para evitar que Uribe quiera “eludir” la pena y abandone el país.

“¡Justicia arrodillada!”, “¡Jueza corrupta!”, gritaba una treintena de personas a las afueras del juzgado en Bogotá. El partido de Uribe, Centro Democrático, convocó a marchas el 7 de agosto en defensa de “un hombre inocente”.

Uribe también fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante más de ocho años y deberá pagar una multa equivalente a unos 837.000 dólares.

El popular expresidente, que gobernó Colombia entre 2002 y 2010, fue hallado culpable el lunes de obstruir a la justicia y manipular a testigos para evitar que lo vincularan con los paramilitares, escuadrones de ultraderecha responsables de numerosos crímenes atroces contra civiles durante el conflicto armado.

Te puede interesar: Congresistas salvadoreños dan vía libre para reelección indefinida de Bukele

Su defensa ya anunció que impugnará un fallo que considera politizado y bajo presión de la izquierda en el poder.

Horas antes de conocer su pena, Uribe aseguró en la red X que preparaba su apelación, refugiado en sus seres queridos y “fundamentalmente la oración”.

Al comienzo de la audiencia, la jueza se quejó de que el veredicto se hubiera filtrado a la prensa anticipadamente y aseguró que uno de los hijos del mandatario contribuyó a darla a conocer.

“Protesto enérgicamente por este tratamiento a mis hijos. Usted me ha tratado a mí de la peor manera. Se lo he respetado, pero no le acepto que se meta con mi familia”, arremetió el mandatario al cortar la intervención de la magistrada.

“¿Se puede callar, señor Uribe?”, le respondió Heredia

Cuando los abogados de la defensa apelen, el caso pasará al Tribunal Superior de Bogotá, que tiene hasta el 16 de octubre para ratificar la condena o revocarla y absolverlo. Si excede esa fecha, el proceso será archivado.

Todo inició en 2012, cuando Uribe demandó al senador de izquierda Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por asegurar que paramilitares encarcelados decían tener nexos con el exmandatario.

En 2018 la corte dio un giro y empezó a investigar al expresidente por manipular a testigos para perjudicar a Cepeda.

Dos años después, Uribe, que entonces era senador, renunció al Congreso en una maniobra que le hizo perder sus fueros, por lo que el caso pasó a la justicia ordinaria.

En 2024 empezó el juicio y finalmente la jueza determinó que Uribe estuvo detrás de una estrategia para que los testigos cambiaran sus versiones con presiones.

• Fuente: AFP

Lea más: Por derrumbe, gigantesca mina chilena buscan rescatar a cinco mineros

La investigación de la prensa argentina sobre presuntos fon­dos ocultos en islas Seyche­lles por valor de 21 millo­nes de dólares que tendrían como supuesto beneficiario final al expresidente Mario Abdo Benítez fue analizada por el abogado Ezequiel San­tagada y el periodista y ana­lista Ignacio Martínez en la última emisión de “La Caja Negra” por Unicanal. Ambos coincidieron en la credibili­dad periodística del informe y el desacierto de la oposición en intentar silenciar la grave­dad de la acusación.

“No damos idea cuánto daño le hace a un país que tenga­mos a expresidentes inves­tigados o condenados, even­tualmente, por corrupción”, comentó Santagada, quien destacó que el periodista argentino Luis Gasulla, fun­dador del portal Periodis­moyPunto, “no es un ignoto periodista, es un reconocido periodista, que llevó ade­lante varias investigaciones relevantes y escribe para La Nación de Argentina”.

El abogado indicó que “es importante que haya comu­nicaciones e información ins­titucional sobre todas las cau­sas de corrupción”.

A su turno, Martínez puso en balanza al mensajero y el mensaje: “Vos analizás al mensajero y tiene crédito por el nivel de trabajo que está haciendo. Y el mensaje es una preocupación nacional porque acá el tema no es un depósito con un banco X, sino la posibilidad de que un fun­cionario público, un expresi­dente de la república, tenga una cantidad enorme de plata que no está declarada. O sea, se supone que esto sería un tema de interés nacional, tanto para la prensa, tanto también para la gente que está en la política”.

“Desafía el discernimiento, poné en la balanza el mensajero y el mensaje, y yo creo que en este tema el mensaje es muy fuerte: estamos hablando de la presunción de 21 millones de dólares que no están declarados”, agregó el periodista. “Entonces debería preocupar porque si con el silencio nomás la oposición piensa cre­cer y fortalecerse, me parece que, al contrario, se está debilitando porque podría convertirse en cómplice en el hipotético caso que mañana se confirme que efectivamente es cierto lo que está diciendo el periodista argentino”.

“Escándalo en Paraguay: el expresidente Mario Abdo tiene 21 millones de dólares ocultos en las islas Seychelles” se titula la investigación firmada por Luis Gasulla, que publicó el pasado 20 de julio en PeriodismoyPunto, tras acceder, mediante una fil­tración de una fuente confidencial, a los registros bancarios que probarían la existencia de dos sociedades de responsabilidad limi­tada (LLC) con fondos millonarios a nombre de las empresas Star Capital Financial Services Limited y Exchange Contracts Interna­tional Finance Limited, siendo que supuestamente “sus únicos autorizados eran Silvana López Moreira y el mismo Mario Abdo Benítez”.

“Sumados los dos saldos offshore supera siete veces el patri­monio neto que Abdo declaró al dejar el cargo. Ni las utilidades ‘reservadas’ en sus empresas ni las cuentas en Seychelles figuran en su declaración, abriendo paso a posibles cargos por enriqueci­miento ilícito, lavado y evasión”, describe Gasulla en su artículo, con datos e imágenes de las pruebas a las cuales accedió.

La investigación de la prensa argentina sobre presuntos fondos ocultos en islas Seychelles por valor de 21 millones de dólares que tendrían como supuesto beneficiario final al expresidente Mario Abdo Benítez fue analizada por el abogado Ezequiel Santagada y el periodista y analista Ignacio Martínez en la última emisión de “Cara o cruz” por Unicanal. Ambos coincidieron en la credibilidad periodística del informe y el desacierto de la oposición en intentar silenciar la gravedad de la acusación.

“No damos idea cuanto daño le hace a un país que tengamos a expresidentes investigados o condenados, eventualmente, por corrupción”, comentó Santagada, quien destacó que el periodista argentino Luis Gasulla, fundador del portal PeriodismoyPunto, “no es un ignoto periodista, es un reconocido periodista, que llevó adelante varias investigaciones relevantes y escribe para La Nación de Argentina”. El abogado indicó que “es importante que haya comunicaciones e información institucional sobre todas las causas de corrupción”.

A su turno, Martínez puso en balanza al mensajero y el mensaje: “Vos analizás al mensajero y tiene crédito por el nivel de trabajo que está haciendo. Y el mensaje es una preocupación nacional porque acá el tema no es un depósito con un banco X, sino la posibilidad de que un funcionario público, un expresidente de la República, tenga una cantidad enorme de plata que no está declarada. O sea, se supone que esto sería un tema de interés nacional, tanto para la prensa, tanto también para la gente que está en la política”.

Lea más: Abdo y la Ruta del Dinero K: un mismo patrón de ocultamiento

“Desafía el discernimiento, poné en la balanza el mensajero y el mensaje, y yo creo que en este tema el mensaje es muy fuerte: estamos hablando de la presunción de 21 millones de dólares que no están declarados”, agregó el periodista. “Entonces debería preocupar porque si con el silencio nomás la oposición piensa crecer y fortalecerse, me parece que, al contrario, se está debilitando porque podría convertirse en cómplice en el hipotético caso que mañana se confirme que efectivamente es cierto lo que está diciendo el periodista argentino”.

“Escándalo en Paraguay: El ex Presidente Mario Abdo tiene 21 millones de dólares ocultos en las islas Seychelles” se titula la investigación firmada por Luis Gasulla, que publicó el pasado 20 de julio en PeriodismoyPunto, tras acceder, mediante una filtración de una fuente confidencial, a los registros bancarios que probarían la existencia de dos sociedades de responsabilidad limitada (LLC) con fondos millonarios a nombre de las empresas Star Capital Financial Services Limited y Exchange Contracts International Finance Limited, siendo supuestamente “sus únicos autorizados eran Silvana López Moreira y el mismo Mario Abdo Benítez”.

“Sumados los dos saldos offshore supera siete veces el patrimonio neto que Abdo declaró al dejar el cargo. Ni las utilidades ‘reservadas’ en sus empresas ni las cuentas en Seychelles figuran en su declaración, abriendo paso a posibles cargos por enriquecimiento ilícito, lavado y evasión”, describe Gasulla en su artículo, con datos e imágenes de las pruebas a las cuales accedió.

Lea también: Caso Abdooffshore podría anexarse a causa por inconsistencias en DDJJ, dice exfiscal

El expresidente está bajo sospecha por las serias irregularidades financieras detectadas en su patrimonio: USD 45 millones en reservas operativas sin respaldo, un crecimiento desmedido de inversiones y millonarias discrepancias en cuentas por cobrar con proveedores. Ahora se suman las cuentas offshore en Seychelles, que podrían anexarse a la causa por la Fiscalía

• LA CAJA NEGRA

El Ministerio Público sigue adelante con la investigación penal abierta en setiembre de 2024, tras las inconsistencias detec­tadas en las ganancias gene­radas por las empresas dis­tribuidoras de asfalto Aldia SA y Createc SA, vinculadas al expresidente Mario Abdo Benítez.

La pesquisa, que permanece en curso actualmente, apunta a determinar posibles delitos tras detectarse multimillo­narias ganancias por venta de asfalto a contratistas del Estado.

Un crecimiento exponencial de 70 veces más en la venta de asfalto desde que asumió el poder, las inconsistencias en los estados financieros y el misterioso destino de las uti­lidades registradas (USD 45 millones) en las empresas liga­das al exmandatario son los aspectos claves del lucrativo negocio.

El equipo de fiscales asignado a la investigación solicitó una serie de informes a la Contra­loría, a la Dirección de Ingre­sos Tributarios, a la Seprelad y a las empresas que realizaron transacciones comerciales con las empresas Aldia y Crea­tec SA. Así también se remi­tieron pedidos de informes específicos a estas últimas para que informen sobre las inconsistencias detectadas en sus estados financieros. La investigación apunta a los directivos de ambas empre­sas y al principal accionista de ambas, el expresidente Mario Abdo Benítez. La causa penal fue asignada por el fis­cal general del Estado, Emi­liano Rolón Fernández, a un equipo de fiscales especiali­zados en Delitos Económi­cos y Anticorrupción: Jorge Arce, María Verónica Valdez y la fiscal adjunta María Sole­dad Machuca. La causa fue iniciada luego de que la Con­traloría General de la Repú­blica (CGR), respaldada por un informe de la Dirección Nacional de Ingresos Tribu­tarios (DNIT), presentara evidencias de anomalías en las operaciones financieras de ambas empresas, que expe­rimentaron un crecimiento desproporcionado, superior a la media del mercado, en sus ingresos con la provisión de asfalto.

El expediente, identificado como causa n.º 82/2024, tiene como principal objetivo esclarecer los posibles deli­tos económicos derivados de las operaciones de Aldia SA y Createc SA, que experimen­taron un crecimiento finan­ciero sin precedentes durante el gobierno de Abdo Benítez. Las indagaciones se centran en analizar los movimien­tos financieros y la declara­ción patrimonial del expre­sidente, así como el destino de los USD 45 millones (G. 329.000 millones) que ambas empresas habrían acumu­lado en reservas operativas sin justificar su uso.

Entre las principales incon­sistencias detectadas figu­ran: discrepancias contables, cuando la DNIT identi­ficó diferencias en las cuen­tas de deudores por venta, que ascienden a G. 155.500 millones en proveedores locales. Incrementos abrup­tos en inversiones: Aldia SA pasó de tener G. 1.397 millo­nes en inversiones en 2022 a G. 40.515 millones en 2023. Utilidades no declaradas claramente: la Contraloría informó sobre ingresos des­proporcionados que habrían sido derivados a fondos opera­tivos, sin evidencia de un uso claro y transparente.

El permanente aumento del volumen destinado a esas reservas de ambas empre­sas, sin evidencia de las dismi­nuciones que corresponden según la legislación tributa­ria, sugiere la evidencia de que no fueron aplicadas para los fines previstos, sino más bien para otros.

La falta de un registro docu­mental que exponga el des­tino final del dinero enviado a la cuenta de “reservas” eleva las sospechas de que el mecanismo era utilizado aparentemente para la eva­sión de impuestos y el even­tual lavado de dinero.

Tras la denuncia realizada por el periodista argentino Luis Gasulla, de Periodismo y Punto, una nueva sospecha salpica al expresidente que ahondan las dudas sobre su patrimonio y el origen de su fortuna. Se refiere a cuentas bancarias en islas Seychelles de empresas que tendrían como beneficiarios finales a Abdo Benítez y a su esposa, Silvana López Moreira. Se trata inicialmente de unos 21 millones de dólares, que habrían sido producto de depósitos al momento de la habilitación y de remesas desde empresas aparente­mente fantasmas desde zonas como Hong Kong o Dubái.