El gran déficit que hoy presentamos como sociedad es el de la memoria, de ignorar el camino andado por nuestros mayores. En ese trayecto habrá que separar con puntillosa habilidad las virtudes que deben ser exaltadas y los vicios que tienen que ser combatidos y desterrados.

Las experiencias negativas que se suceden continuamente son el producto de un sistemático rechazo a la historia, como si fuera un lastre que nos impide vivir el presente. Entonces, la reproducción constante de la ausencia de escrúpulos y la corrupción, como un círculo incapaz de romper sus vínculos con las lacras del pasado, termina siendo normalizada y hasta le resulta indiferente a determinadas franjas generacionales, porque esa descomposición moral es un asunto exclusivo de la clase política, y de la que se considera que no forma parte ni directa ni tangencialmente. Grave error.

En realidad, es un crédito sin límites el que se concede a quienes administran temporalmente el poder, pues, quienes tienen la responsabilidad de analizar y juzgar los actos públicos, prefieren mantenerse al margen.

Ante esta realidad, la rueda del infortunio continúa girando en la misma perversa dirección, arrastrando sus mismos males, castigando a las clases menos agraciadas por la economía y que sobreviven en la pobreza hasta tocar sus puntos extremos.

A esto debemos añadir que todas las decisiones que se adoptan en las esferas del Estado, en cualquiera de sus funciones, terminan siempre afectando a quienes optan por no participar de estas actividades al considerarlas sucias y repugnantes. Pero sus olas, a veces depredadoras, también tocan sus playas, erosionando su vivir cotidiano y condicionando su porvenir.

Es una cruel paradoja, por ejemplo, que un amplio espectro de la juventud esté permanentemente conectado con el mundo, favorecido por el avance irrefrenable de la tecnología, pero, al mismo tiempo, se encuentra aislado de su propio entorno. Entonces, sin percatarse siquiera, se convierte en una víctima del sistema, desinteresado en romper las rígidas estructuras que amoldan su presente y determinan su futuro. La palabra involucrarse no aparece en su lexicografía. Ni siquiera en el momento de un voto consciente y responsable.

Las nuevas figuras, aquellas que no están contaminadas con el manejo turbio de la política, tienen que empezar a romper los diques que encierran esos vicios y que dañan, desde adentro, la administración ética de la cosa pública. No se vislumbra otro camino más que ese. Observar los acontecimientos desde el pedestal de la indiferencia solo contribuirá a perpetuar las injusticias, la inequidad social, la exclusión y el latrocinio, esto es, el saqueo a los bienes y recursos del Estado para provecho personal o de círculos.

En estas condiciones, la condena a la corrupción se agota en la mera declaración de intenciones, cuando que la situación exige una acción de fondo, de raíz, un compromiso con el país, con el pueblo y con la honestidad mediante una participación política patriótica, coherente y desprendida de las inmoralidades que tanto daño ya han ocasionado a la nación.

Por todo lo expuesto, es imperativo retornar a una escuela cultivadora de valores, donde la educación cívica no se agote en los textos aprendidos de memoria, sino que se proyecte en prácticas reales dentro y fuera de las aulas, para que los alumnos y futuros egresados tengan una visión clara de lo que están obligados a realizar como ciudadanos: un firme contrato con la sociedad para defender los valores de la democracia, previo conocimiento de lo que ello implica, y proceder en consecuencia.

Solo entonces, la repetición imparable de los vicios habrá de trastrocarse en la visibilización consecuente de los méritos y virtudes como armas que rindan sus frutos en la perseverante construcción de un nuevo modelo de gestión pública. ¿Terminará definitivamente la corrupción? Está claro que no, porque sus efectos ya permearon todas las capas sociales, tanto públicas como privadas.

Pero, encarándola con coraje y decisión logrará que se repliegue hacia sus mínimos más ínfimos, obviamente, con algunos coletazos que seguirán siendo condenables, aunque sin el impacto catastrófico que solía tener sobre el uso correcto del dinero que es de todos.

El sistema educativo no solo debe promover nuevamente las buenas prácticas en la vida diaria. También debe buscar un punto de equilibrio entre la tecnología y las humanidades, para que las innovaciones sean de utilidad para el hombre y la mujer, y no un elemento más que rompa y corrompa su relación con los demás. Las autoridades tienen un panorama bien claro de lo que hay que hacer para que el Paraguay vuelva a reencontrarse con su destino de grandeza.

El director de Financiamiento Político del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Christian Ruiz Díaz, comunicó que desde este jueves corre el plazo de 7 días hábiles para que las dos empresas cuyas ofertas fueron rechazadas presenten sus protestas ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) en el proceso licitatorio de 28.000 máquinas de votación electrónica.

“Desde hoy corre el plazo que vencerá el próximo viernes (8 de agosto). Las protestas deben ser presentadas ante la DNCP, que luego nos notificará dentro del plazo de 3 días. A partir de la notificación, el TSJE tendrá un periodo de 5 días para contestar las protestas. A partir de ahí quedará de vuelta en campo de la DNCP, que tendrá 35 días para resolver”, comentó en el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

De las tres empresas oferentes, el Consorcio Paraguay Democrático, compuesto por SmartMatic, Excelsis y Celex, superó el análisis técnico. En tanto, las ofertas de las firmas Consorcio Comitia - Msa y Miru Systems Co. Ltd fueron rechazadas por incumplimientos documentales y técnicos en las pruebas de funcionalidad exigidas.

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Si ninguna de las descalificadas presenta protesta, la apertura del sobre dos está prevista para el sábado 30 de agosto. Las citadas firmas han sido rechazadas por el TSJE por cuestiones sustanciales, formales y técnicas, señaló Ruiz Díaz. Una de las exigencias establecidas en la licitación para la provisión de las máquinas de votación es que tenga una pantalla LCD táctil que no necesite calibración. Sin embargo, Comitia S. A. presentó un dispositivo que requiere calibración.

Otra de las fallas es que los boletines de voto podían volver a imprimirse, es decir, la máquina carecía de elementos de seguridad para que un boletín usado vuelva a ser utilizado. Respecto a la firma coreana Miru System, tuvo ciertas dificultades con la exposición al calor.

“A todas le sometimos a pruebas de calor, teniendo en cuenta el clima en Paraguay, tenemos un cuarto acondicionado por el INTN (Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología), ahí introducimos una máquina de votación, la coreana no resistió el calor, lo que implicó que salgan borrosos los boletines”, mencionó Ruiz Díaz.

El pasado 15 de julio, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) confirmó oficialmente el calendario electoral rumbo a las elecciones municipales de 2026. Según lo resuelto, las elecciones internas simultáneas de las organizaciones políticas se llevarán a cabo el domingo 7 de junio de 2026, mientras que las elecciones municipales se realizarán el domingo 4 de octubre del mismo año.

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Los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Bogarín y Jaime Bestard, justificaron la decisión de adquirir nuevas máquinas de votación, argumentando que la medida representa una inversión estratégica que permitirá al Estado ahorrar más de USD 100 millones en los próximos procesos electorales.

Jorge Bogarín sostuvo que las elecciones municipales y generales pasadas se realizaron con máquinas alquiladas, lo que implicó un costo de entre USD 30 y 33 millones por cada proceso. En cambio, con la compra actual estimada en USD 93 millones, se podrán cubrir al menos diez elecciones, lo que generaría un ahorro considerable para las arcas públicas.

“Estamos en presencia de un ahorro para el país de más de USD 100 millones y creo que es una inversión fundamental para lograr la autonomía e independencia de la institución y para la credibilidad de las autoridades que son electas en estas condiciones”, aseguró.

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En la misma línea, el ministro Jaime Bestard señaló que depender del alquiler limita la soberanía del TSJE sobre los procesos electorales. “Cuando se alquila, las máquinas se retiran al terminar el evento. Incluso, durante una interna o elección general, la empresa puede llevárselas por otros compromisos, generando desconfianza en la ciudadanía”, explicó.

Bestard también destacó que ser propietarios de las máquinas y de la tecnología brinda tranquilidad y permite reaccionar con agilidad ante eventuales elecciones imprevistas. Afirmó ante la 1020 AM que, si se audita y fiscaliza adecuadamente, el sistema electrónico ofrece mayor seguridad que el voto con papeletas dado que el acta no se puede alterar.

Ambos ministros coincidieron en que la adquisición busca fortalecer la institucionalidad electoral, aumentar la credibilidad del sistema y garantizar mayor transparencia en el desarrollo de los comicios.

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El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) informó este miércoles que concluyó la evaluación técnica de las ofertas para la adquisición de 28.000 máquinas de votación electrónica, en cumplimiento de la Ley 6318/19. Las mismas serán usadas en los comicios internos partidarios, en las elecciones generales municipales del 2026 y en las presidenciales del 2028.

De las empresas oferentes, el Consorcio Paraguay Democratico, compuesto por SmartMatic, Excelsis y Celex, superó el análisis técnico. Las ofertas de las firmas Consorcio Comitia - Msa y Miru Systems Co. Ltd fueron rechazadas por incumplimientos documentales y técnicos en las pruebas de funcionalidad exigidas.

Desde el ente electoral detallaron que se establecerá un plazo de 7 días hábiles para que las empresas puedan formular sus protestas. Luego, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas tendrá un periodo de 35 días para expedirse sobre las eventuales protestas. Las citadas empresas han sido rechazadas por cuestiones “sustanciales, formales y técnicas”.

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Superado el citado proceso, se pasará al analisis de las ofertas económicas presentadas por las empresas que finalmente deberán ser analizadas para la etapa de adjudicación. El precio de referencia establecido en la licitación es de USD 93 millones.

El TSJE aguardaobtener para este año un total de 5.000 máquinas de votación par iniciar el proceso de capacitación a la ciudadanía y a los miembros de los partidos políticos, además de avanzar en la capacitación interna de sus funcionarios.

El pasado 15 de julio, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) confirmó oficialmente el calendario electoral rumbo a las elecciones municipales de 2026. Según lo resuelto, las elecciones internas simultáneas de las organizaciones políticas se llevarán a cabo el domingo 7 de junio de 2026, mientras que laselecciones municipales se realizarán el domingo 4 de octubre del mismo año.

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