El senador Antonio Barrios dijo estar de acuerdo con el proyecto que plantea sanciones más severas a los que cortan rutas en las manifestaciones. Foto: Archivo.
Senador Antonio Barrios apoya sanciones contra quienes cierren rutas
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El senador Antonio Barrios dijo estar de acuerdo con el proyecto que plantea sanciones más severas a los que cortan rutas en las manifestaciones. Agregó que están realizando las modificaciones al proyecto conforme a las indicaciones de penalistas.
El presidente de Congreso, Óscar “Cachito” Salomón, consideró la posibilidad de que se pueda incluir en el orden del día de la sesión del jueves 28 de abril, el proyecto de ley que plantea el aumento de las penas para los que obstaculicen el libre tránsito en las rutas.
El proyecto ley en cuestión surge en momentos en que se han intensificado las protestas con bloqueos de las principales rutas en diferentes zonas del país por parte de los gremios de los camioneros, situación que ya ha afectado enormemente a la producción nacional y que se enmarca en el denominado “modelo Moyano”.
Ese conocido modelo se caracteriza por intransigentes piquetes o bloqueos de ruta por largos periodos, promovido principalmente por uno de los más conflictivos líderes sindicales de la Argentina y vicepresidente primero de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF), Pablo Moyano, quien desde hace años ofrece asesoramiento a los camioneros paraguayos para realizar ese tipo de medidas de fuerza, según lo reconocieron, incluso, algunos dirigentes locales.
Reglas claras
El abogado Eduardo González fue otro de los que manifestó su postura sobre el proyecto en cuestión, sostuvo que se trata de una propuesta interesante para poner reglas claras sobre esta problemática. Indicó que si bien se encuentra en vigencia la ley del marchódromo; la misma no establece sanciones para los que se extralimiten en las marchas y manifestaciones afectando los derechos de terceros, como el cierre del tránsito y libre circulación de los ciudadanos.
El proyecto de ley que modifica el artículo 216 de la Ley Nº 1.160/1997 del Código Penal fue presentado por los senadores Enrique Riera, Enrique Bacchetta, Antonio Barrios, Georgia Arrúa y Stephan Rasmussen.
Proyecto de pago de deudas a vialeras sería tratado recién en dos semanas en Diputados
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El proyecto de ley “que autoriza el pago de intereses por certificados de obra y autoriza la emisión de títulos de deuda pública”, que ya cuenta con media sanción del Senado, podría ser tratado recién la próxima semana en la Cámara de Diputados.
El diputado Miguel del Puerto indicó que la mesa directiva, en su reunión habitual de este miércoles, decidió no incluir el proyecto en la sesión del próximo martes a fin de realizar un análisis más profundo y responsable sobre la propuesta.
“El proyecto de ley a las vialeras no está incluido, hay todavía algunos artículos que las bancadas quieren analizar y seguramente se va a incluir en la siguiente semana. Eso es lo que se está analizando (el mecanismo) por eso finalmente la mesa directiva decidió postergar una semana más, y para analizar el análisis de varias instituciones”, indicó a los medios luego de la reunión de la mesa directiva de esta jornada.
El diputado mencionó que uno de los puntos que debe ser analizado es el pago de los intereses, como así también definir cuáles son las deudas que se deben incluir concretamente en este proyecto. Recordó que son dos proyectos, y la idea es unificar ambas propuestas.
“Creo que amerita analizar con responsabilidad y en forma transparente este proyecto de ley. Se pretende incluir algunas deudas del gobierno anterior y también del actual, y se habla de un monto aproximadamente de entre USD 40 a 50 millones. Hay dos proyectos de ley, uno habla de montos y el otro no, y es por eso que queremos unificar eso y esperar una semana para definir”, sentenció.
El proyecto busca autorizar al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones al pago de intereses moratorios derivados de obligaciones no canceladas dentro de los plazos contractualmente establecidos, correspondientes a certificados de obras de infraestructura ejecutadas para entidades de la administración central. Igualmente, contempla el reconocimiento de intereses moratorios hasta una tasa máxima del 9,9 % anual, aplicable a obligaciones mantenidas con proveedores, consultores y contratistas.
Gobierno de Chile propone endurecer penas a menores por delitos graves
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El gobierno del presidente chileno, el ultraderechista José Antonio Kast, propondrá al Congreso que los mayores de 16 años que cometan delitos graves como homicidios o violaciones puedan ser juzgados como adultos, informó el ministro de Seguridad.
El reciente asesinato de un niño de 12 años durante un robo a su familia en el que participaron adolescentes conmovió al país y revivió un proyecto de ley para endurecer las sanciones que estaba paralizado en el Congreso desde 2022.
En Chile, los adolescentes a partir de 14 años tienen responsabilidad penal, pero los castigos que enfrentan en el sistema juvenil son menos severos que los de los adultos.
En junio pasado, por ejemplo, un joven de 19 años recibió cadena perpetua por el asesinato de un ciudadano francés, mientras que sus cómplices adolescentes fueron condenados por el mismo delito a 10 años de reclusión en un centro de menores.
El ministro de Seguridad de Kast, Martín Arrau, dijo a la prensa que modificarán el proyecto legislativo para que los adolescentes a partir de 16 años que cometan delitos graves como “homicidios, daños, incendios, violaciones (...) puedan ser juzgados como adultos”.
Para ello, un fiscal deberá solicitarlo y un juez autorizarlo.
El gobierno, que no precisó cuándo presentará la solicitud, imprimirá urgencia inmediata al proyecto, que establece que cada cámara del Congreso tendrá seis días para aprobar o rechazar la iniciativa.
Impulsan creación de una circunscripción judicial electoral para Paraguarí
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Un proyecto de ley que “crea la circunscripción judicial electoral del departamento de Paraguarí” se encuentra en estudio en la Cámara de Diputados. El documento está siendo analizado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el diputado José Rodríguez.
Se busca descentralizar la Justicia Electoral, atendiendo que actualmente el departamento depende de los tribunales electorales con sede en Asunción. Esto, según el proyectista, dificulta el acceso de los ciudadanos a este servicio y genera mayores costos de traslado.
Es por ello que la propuesta sostiene que la creación de una circunscripción judicial electoral en Paraguarí responde a los principios de descentralización e igualdad de acceso a la Justicia establecidos en la Constitución Nacional, además de considerar el crecimiento poblacional de la zona.
Para ese fin se plantea la creación de un Tribunal Electoral en el departamento, cuya implementación quedará sujeta a la disponibilidad de recursos del Presupuesto General de la Nación, conforme prevé el documento.
Asimismo, autoriza al Tribunal Superior de Justicia Electoral a realizar los ajustes necesarios para su organización y funcionamiento. El texto cuenta con el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia Electoral y actualmente está para ser dictaminado por la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja.
Tuma califica de retroceso el proyecto de divorcio exprés: “Tocamos algo que funciona bien”
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El abogado Óscar Tuma califica de “retroceso” el proyecto de Ley que plantea el divorcio exprés. Indicó que se está tocando “algo que funciona bien”. El exdiputado cuestionó la iniciativa que se debate en el Senado y advirtió que introduce plazos y requisitos que ya fueron eliminados.
En conversación con el programa “Arriba Hoy” de Gen y Universo 970Am/Nación Media, explicó que la ley actual (vigente desde hace años, de la que él fue proyectista) ya permite el divorcio de común acuerdo de forma rápida, sin plazos mínimos de matrimonio y en una sola presentación ante el juez.
Mencionó que cuando se presentó el proyecto contenía varios errores, partiendo del hecho que se basaba en modificaciones de la Ley del año 1991, la cual ya había sido derogada con otra legislación que había sido proyectista y no tuvieron en cuenta la ley vigente, por lo tanto todo el texto contenía errores.
“La propuesta establecía plazos, cuando que la ley vigente no contempla plazos. La ley del año 91 establecía que para un divorcio de común acuerdo debía esperar 3 años. Con la Ley vigente no es necesario esperar un día, es decir, al día siguiente del matrimonio ya se pueden divorciar si es que hay común acuerdo. Con la modificación que ellos estaban planteando de vuelta establecía que se tenía que esperar un año; esto es porque se fijaban en la ley derogada”, comentó.
El Dr. Oscar Tuma aclaró que el verdadero gasto no está en el divorcio; sino en la disolución, donde se hacen la liquidación de bienes, hijos y sociedad conyugal. Foto: Archivo
Indicó que los asesores del Senado se le acercaron y se realizó algunas modificaciones al proyecto; pero aun así hoy considera que existen algunas dudas con respecto a la gratuidad del proceso.
“No estamos ante un proceso de espera, la Ley vigente es prácticamente exprés, no tiene casi la intervención de un abogado. Pero el proyecto que plantea habla de la no necesidad de presentación de un abogado. Aclaro que hoy en día para un abogado, un divorcio no representa un dinero importante, porque prácticamente es un trámite administrativo. Acá en la capital no se cobra más de dos millones y medio por divorcio y en el interior tengo amigos abogados que cobran hasta 1 millón por divorcio de común acuerdo”, precisó.
Apunta a la disolución de bienes
Por lo tanto, señaló que la cuestión no es el dinero, el problema es que no se puede divorciar sin plantear la disolución. “Este proyecto plantea que se pueden plantear ante el juez sin abogado para que se resuelva el divorcio. Pero cómo hará con la disolución. Se le está diciendo a la pareja que puede ir ante el juez sin abogado, pero no se le advierte que para la disolución si deben contar con abogados”, acotó.
Explicó que la disolución es un trámite que se realiza abogado de por medio, para la repartición de bienes y otras cuestiones y por más que no existan bienes en común debe llevarse a cabo y tienen que seguirse los trámites. “Entonces, todavía no se está redondeando la idea de lo que se pretende con el proyecto de modificación. Por eso, no veo la necesidad de modificar algo que está funcionando, para generar una complicación mayor para mí”, indicó.
Tuma sostuvo que como abogado incluso como legislador, trabajó siempre en la premisa que cuando se plantean modificaciones a leyes vigentes deben generar una incidencia importante en el sistema legislativo, no solamente hacer cambios que simplemente signifiquen pasar el proceso de espera de 10 días a reducir a 3 días.
“Yo plantearía otros cambios de la ley vigente, como es el tema de disolución. Lo que no pude conseguir en el 2010, porque eso se testó en ambas cámaras, es dividir el divorcio de la disolución, porque lo que dificulta siempre en los divorcios son la disolución que en términos sencillos es saber qué le toca a cada uno. Esto es lo que lleva tiempo, genera conflictos, porque se tienen que tazar los bienes, se tienen que poner de acuerdo, si no hay acuerdo se remata, es un trámite que dura un año y medio con suerte”, concluyó.