Con el propósito de blindar las finanzas públicas, nace una iniciativa del Poder Ejecutivo para estas épocas electorales en las que se plantean no aumentar gastos rígidos que puedan sobrecargar la administración estatal. El viceministro de Administración Financiera, Marco Elizeche, destacó la presentación de este proyecto.
Los alcances del proyecto de ley son para poner trabas a cualquier iniciativa parlamentaria de aumentar los gastos rígidos y reducir los ingresos tributarios en épocas electorales. Con este objetivo, desde la presidencia de Mario Abdo apuntaron a un acuerdo político para sobrellevar esta legislatura.
Primeramente busca implementar reglas para el manejo financiero en épocas electorales, surge de la preocupación de iniciativas que aumentan gastos corrientes y reducen impuestos, dijo en contacto con la 1020 AM. Esto podrá regir para todas las entidades del Estado; es decir, los tres poderes del Estado.
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La ley regirá para los tres poderes del Estado, los Organismos y Entidades del Estado (OEE) y las sociedades anónimas accionarias del Estado. “Hay que tener en cuenta casos emblemáticos de años anteriores, por eso se busca que este proyecto permanezca para las próximas elecciones. Queremos que en años electorales se cuide las finanzas públicas”, sostuvo.
En esa línea avanza esta propuesta dentro de un consenso entre los tres poderes, donde por 15 meses no se podrá aprobar normas que incrementen los gastos y reduzcan los ingresos tributarios. Teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos dentro de estas circunstancias se dejan de lado los análisis técnicos y se empieza a jugar con los pedidos.
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Cifarma avanza con la cesión de créditos mientras Capaco busca otra alternativa
El Gobierno avanza en conversaciones con la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (Cifarma), para implementar un esquema de cesión de créditos por USD 300 millones, con el objetivo de cancelar parte de la deuda que mantiene con las empresas proveedoras de medicamentos e insumos del sistema público de salud, pasivo que ronda actualmente los USD 1.000 millones.
La propuesta consiste en que las empresas puedan ceder sus derechos de cobro a entidades financieras, obteniendo liquidez inmediata sin tener que esperar los plazos de pago del Estado. Posteriormente, el Gobierno cancelaría esas obligaciones directamente a la entidad que adquirió los créditos.
En conversación con La Nación/Nación Media, el secretario de Cifarma, Luis Ávila, señaló que el gremio considera que esta herramienta financiera representa una alternativa viable para aliviar la situación de las empresas del sector, que desde hace varios años enfrentan importantes retrasos en los pagos por parte del Estado.
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Explicó que el mecanismo permitiría recuperar liquidez, cumplir con proveedores internacionales y mantener el abastecimiento de medicamentos mientras continúa el proceso de regularización de la deuda pública.
No obstante, la propuesta no cuenta con el respaldo de todos los sectores. Desde la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco) sostienen que la cesión de créditos o factoraje no constituye una solución adecuada para las empresas constructoras, ya que implica trasladarles el costo financiero de una obligación que corresponde exclusivamente al Estado.
El presidente de Capaco, José Luis Heisecke, explicó a La Nación que, si bien la cesión de créditos es una herramienta financiera válida en determinados escenarios, en este caso obliga a las empresas a aceptar descuentos sobre el valor de las acreencias para obtener liquidez inmediata, absorbiendo pérdidas derivadas de los atrasos en los pagos estatales.
En ese sentido, el gremio constructor insiste en que la salida debe pasar por un cronograma de pagos claro, transparente y sostenible, que contemple tanto la deuda principal como los intereses generados por la mora. Según Heisecke, contar con previsibilidad permitirá a las empresas normalizar su situación financiera, cumplir con proveedores y trabajadores, acceder nuevamente al crédito y reactivar las inversiones. La deuda del gobierno con las constructoras ronda los USD 350 millones, incluyendo el certificado de obras más los intereses acumulados.
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Bancop reabre su renovada sucursal en Naranjal para fortalecer la atención al sector productivo
Bancop reabrió su renovada sucursal en la ciudad de Naranjal, departamento de Alto Paraná, ubicada sobre la ruta PY10 San Cristóbal. La entidad informó que la remodelación forma parte de su estrategia de mejora continua y de fortalecimiento de la cercanía con sus clientes.
Las nuevas instalaciones fueron adaptadas para ofrecer mayor comodidad, seguridad y eficiencia en la atención, con el objetivo de responder a las necesidades de los productores, pequeñas y medianas empresas (pymes) y emprendedores de una de las principales zonas productivas del país.
El gerente general de Bancop, Dimas Ayala, señaló a La Nación/Nación Media que la reapertura de la sucursal refleja el compromiso de la entidad con la comunidad y con los sectores que impulsan la actividad económica de la región.
Apoyo
Ayala agradeció a los directivos de la Cooperativa Naranjal por el respaldo brindado durante el proceso de renovación, especialmente por facilitar un espacio dentro de su propiedad para mantener la atención a los clientes de la zona mientras se desarrollaban las obras.
Según indicó, el acompañamiento de una de las cooperativas accionistas del banco, sumado al esfuerzo institucional de Bancop, permitió concretar la renovación de la sucursal.
Atención a la región
La entidad destacó que las nuevas instalaciones permitirán continuar atendiendo de manera eficiente las necesidades de los clientes de Naranjal y su área de influencia, además de contribuir al desarrollo sostenible de la zona. Con esta reapertura, Bancop ratificó su compromiso con el crecimiento económico de la comunidad y el acompañamiento al sector productivo.
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Sector inmobiliario ve potencial para expandir Che Róga Porã en todo el país
La Cámara Paraguaya de la Primera Vivienda (Caprivi) considera que el programa gubernamental Che Róga Porã atraviesa por una etapa de consolidación y que el próximo desafío será ampliar el acceso al crédito para que más familias puedan incorporarse a la iniciativa que gestiona el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).
El gremio sostiene que el crecimiento de la iniciativa dependerá de una mayor inclusión financiera, la participación de más entidades de crédito y la disponibilidad sostenida de recursos para financiar nuevas viviendas.
El presidente de Caprivi, Sebastián Pérez, afirmó que el programa ya demostró su potencial para dinamizar el mercado habitacional y generar oportunidades tanto para las familias como para los desarrolladores inmobiliarios. Sin embargo, señaló que todavía existe margen para ampliar significativamente su alcance.
Según explicó, uno de los principales objetivos es aumentar la cantidad de personas que logran calificar como sujetos de crédito. Aunque el programa ofrece condiciones de financiamiento favorables, el acceso sigue dependiendo de la evaluación realizada por bancos, financieras o cooperativas habilitadas.
En ese contexto, destacó el trabajo conjunto entre el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) y las entidades financieras para identificar mecanismos que permitan incorporar a más beneficiarios.
Para el sector, otro aspecto clave es fortalecer la participación de las instituciones financieras. Actualmente, Che Róga Porã opera a través de una red de 34 entidades que canalizan los recursos de la AFD, pero Caprivi considera que la incorporación de más bancos, financieras y cooperativas contribuirá a generar mayores opciones para las familias interesadas en adquirir su primera vivienda.
Pérez destacó además que las mejoras introducidas en la versión 3.0 del programa abrieron nuevas oportunidades para el mercado inmobiliario. La ampliación del rango de ingresos de los beneficiarios y el aumento de los montos financiables permiten incorporar más tipologías de viviendas, incluyendo departamentos y proyectos de mayor valor, ampliando la oferta disponible para distintos segmentos de la población.
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Moody’s ratifica a Paraguay en grado de inversión con perspectiva estable
La agencia calificadora Moody’s confirmó la calificación soberana de Paraguay en Baa3, dentro del grado de inversión, con perspectiva estable.
La decisión se sustenta en el sólido desempeño de la economía, el bajo y estable nivel de deuda pública y la continuidad del marco de responsabilidad fiscal de mediano plazo, según informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
En su evaluación, la firma destacó que el perfil crediticio del país también está respaldado por una política monetaria creíble, una trayectoria de estabilidad de precios y del sector externo, además de la estabilidad política, factores que contribuyen a mantener una baja exposición a riesgos que puedan afectar la capacidad de pago del Estado.
Moody’s señaló que el crecimiento económico continúa siendo uno de los principales pilares de la calificación y proyectó una expansión del 4,5 % para 2026.
La agencia considera que las inversiones en infraestructura pública y los proyectos privados en ejecución favorecerán actividades de mayor valor agregado y una mayor diversificación de la economía paraguaya.
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Equilibrio entre los factores positivos y los riesgos
La perspectiva estable responde a que la calificadora observa un equilibrio entre los factores positivos y los riesgos.
Entre las fortalezas mencionó la diversificación gradual de la economía, las inversiones públicas y privadas y la efectividad de las políticas fiscal y monetaria.
No obstante, advirtió que la dependencia de la agricultura y de la generación hidroeléctrica mantiene al país expuesto a eventos climáticos.
En el ámbito fiscal, Moody’s resaltó el nivel relativamente bajo y estable de la deuda pública, aunque señaló como desafíos la limitada base de ingresos del Gobierno y la proporción de obligaciones denominadas en moneda extranjera.
Asimismo, recomendó continuar fortaleciendo la gestión financiera pública y las instituciones.
Medidas para regularizar las obligaciones
La calificadora también valoró las medidas impulsadas por el Gobierno para regularizar las obligaciones pendientes reconocidas en 2026 y mejorar la administración de las finanzas públicas mediante una mayor articulación entre el presupuesto y la programación financiera, así como un seguimiento más estricto del gasto.
Con esta decisión, Paraguay conserva el grado de inversión otorgado por Moody’s. Actualmente, el país también cuenta con la calificación BBB- con perspectiva estable de Standard & Poor’s, mientras que Fitch Ratings mantiene la nota BB+ con perspectiva positiva.
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