El diputado Arnaldo Valdez, representante del departamento de Misiones, presentó un proyecto de declaración por el cual insta al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a incluir el tramo Yabebyry - Panchito López, del departamento de Misiones, en el proyecto de construcción del Corredor de Integración Suroeste.

Con la iniciativa busca atender una necesidad concreta de conectividad que afecta a los pobladores del distrito de Yabebyry y, particularmente, a la comunidad de Panchito López, donde las dificultades de transitabilidad constituyen una problemática recurrente y limitan las posibilidades de desarrollo de la población.

De hecho, días atrás el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, ya había anunciado que desde el Gobierno están evaluando la ampliación del proyecto del Corredor Suroeste, en dicho tramo, dependiendo del presupuesto cuya financiación será mediante el préstamo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (Jica) por un monto de hasta 36.380 millones de yenes japoneses (286 millones de dólares).

Al respecto, el legislador argumentó que el Corredor de Integración Suroeste es una infraestructura estratégica para fortalecer la conexión vial entre los departamentos de Misiones y Ñeembucú.

Indicó que favorecerá la movilidad de personas y productos, la reducción de los costos de transporte y el acceso de las comunidades a servicios esenciales, además de generar mejores condiciones para el desarrollo de las actividades productivas, comerciales y turísticas.

Señaló que la incorporación del tramo que une Yabebyry con Panchito López permitiría extender los beneficios de esta infraestructura a una comunidad que históricamente enfrentó dificultades para contar con una conexión vial adecuada.

“La incorporación de aproximadamente 9 kilómetros al corredor constituye una medida orientada a completar la conectividad de la zona y brindar una respuesta de carácter permanente a una necesidad largamente planteada por los pobladores”, señala un segmento de las fundamentaciones.

Una comitiva legislativa liderada por el senador Derlis Maidana se trasladó hasta el distrito de Juan E. O´Leary, departamento de Alto Paraná, para verificar la situación de pobladores de un loteamiento.

La visita se realizó considerando que en la Comisión de Legislación presidida por Maidana obra un proyecto de ley que plantea la derogación de la Ley Nº 6852 “Que modifica y amplía el artículo 2º de la Ley Nº 823/96, que declara de utilidad social y expropia a favor del Instituto de Bienestar Rural (IBR) un inmueble de 1.000 hectáreas para ser loteado a los campesinos sin tierra del distrito de Juan E. O’Leary2.

Durante la jornada, el parlamentario mantuvo encuentros con habitantes y autoridades locales.

Según los proyectistas, se busca evitar que la indemnización sea calculada conforme al valor actual de mercado, debido a que esto podría afectar a los aproximadamente 300 ocupantes que ya pagaron sus lotes al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).

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La exposición de motivos señala, además, que diez ocupantes ya cuentan con sus títulos de propiedad y que los adjudicatarios realizaron sus pagos conforme al precio de G. 700.000 por hectárea, establecido mediante la Resolución Nº 207/99 del Indert.

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Representantes de la Federación Nacional Campesina, la Multisectorial, la Coordinadora por la Reforma Agraria y comisiones vecinales apoyaron la propuesta del Ejecutivo para eliminar el pago previo del 3 % y ampliar los plazos de pago de los lotes.

El proyecto del Ejecutivo plantea flexibilizar las condiciones para acceder a la titulación, eliminando la barrera económica que implica el pago inicial del 3 % y estableciendo un régimen de pago diferido. La iniciativa recibió respaldo de representantes campesinos durante una audiencia pública que se llevó a cabo este viernes en el Congreso Nacional.

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El titular de la Cámara de Senadores, y presidente del Congreso, Basilio Núñez, convocó una audiencia pública para analizar el proyecto de ley que modifica disposiciones del Estatuto Agrario y la normativa del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), con el objetivo de facilitar el acceso a la titulación de tierras para las familias campesinas. El debate estuvo acompañado del presidente del ente agrario, Francisco Ruiz Díaz.

Durante las deliberaciones los representantes del sector campesino, autoridades y legisladores, señalaron que están a favor de las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo. El objetivo del diálogo fue recoger las inquietudes y promover el tratamiento del proyecto de ley el próximo 16 de septiembre.

El titular del Indert presentó el proyecto con los puntos específicos que se plantea modificar. Brindó una amplia explicación a los participantes sobre la propuesta del gobierno. Explicó que el proyecto plantea eliminar el pago previo del 3 % del valor de la tierra como requisito para acceder al título de propiedad y establecer un régimen de pago diferido.

Señaló que de aprobarse, los beneficiarios podrían recibir primero la titulación y posteriormente abonar el valor de la tierra mediante cuotas anuales, con el inicio de los pagos 12 meses después de la entrega del título. El plazo previsto sería de hasta 30 años para las mujeres y 20 años para los hombres.

La audiencia se realizó en la sala de sesiones del Congreso Nacional y contó con la presencia de los senadores Natalicio Chase, Líder Amarilla, Óscar Salomón, Enrique Salyn Buzarquis, Arnaldo Samaniego, Patrick Kemper e Ignacio Iramain. El proyecto de modificación contó con un fuerte respaldo de los representantes campesinos, así como también de los parlamentarios.

Al inicio del encuentro, el presidente del Senadores, Basilio Núñez, destacó la importancia de escuchar a los distintos sectores involucrados, a fin de que el proyecto responda a las necesidades del campesinado. “Necesitamos conocer sus opiniones para establecer una respuesta que se traduzca en este proyecto de ley, que verdaderamente beneficie principalmente al campesinado”, expresó.

Marcial Gómez, dirigente de la Federación Nacional Campesina, confirmó el apoyo de la FNC a la eliminación de las barreras económicas que impiden al campesinado acceder al título de propiedad.

En ese sentido, dijo que están de acuerdo en eliminar el pago previo del 3 % y la ampliación de plazos. De igual forma, la Multisectorial, la Coordinadora por la Reforma Agraria, así como las comisiones vecinales de diferentes departamentos, brindaron su apoyo a la iniciativa de cambios en el Estatuto Agrario.

Pulciano Sánchez sostuvo que la iniciativa representa a un sector importante del país que merece ser escuchado y que las decisiones adoptadas deben contemplar las necesidades reales de las familias campesinas.

El monseñor Mario Melanio Medina, representante de la Delegación del Comité de Iglesias, resaltó la importancia de abordar el problema de fondo y encontrar una respuesta que favorezca efectivamente a las familias campesinas.

En la misma línea, Alejandro Colmán, beneficiario de San Pedro y representante de la Comisión de Fomento y Desarrollo Yvype, sostuvo que la regularización de las tierras constituye una responsabilidad del Estado y remarcó la importancia de garantizar soluciones que permitan a las familias campesinas consolidar su propiedad y mejorar sus condiciones de vida.

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El proyecto de modificación del sistema de gobernanza del Instituto de Previsión Social (IPS) fue presentado en la Cámara de Diputados con el cual se pretende limitar, de cinco a tres, los miembros del Consejo de la previsional. El diputado Daniel Centurión indicó que el objetivo es la eliminación de la representación política.

“El proyecto de ley que se inicia acá en la Cámara de Diputados con respecto a declarar en emergencia al Instituto de Previsión Social, continúa por un carril paralelo a lo que nosotros hemos presentado con Rocío Vallejo, que es un proyecto para modificar la gobernanza del Instituto de Previsión Social”, dijo en conversación con los medios de prensa.

Indicó que el documento ahora pasa a las comisiones asesoras correspondientes, y que también cuenta con el apoyo de los jubilados del IPS, con quienes ya programaron una audiencia para analizar el documento para el próximo miércoles 2 de setiembre.

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“Quedamos en trabajar el miércoles próximo en una mesa técnica con nuestros asesores y representantes que ellos también van a designar para poder alimentar ese proyecto y creemos nosotros que tenemos que seguir impulsándolo y después poner a consideración del pleno”, indicó el legislador.

Agregó que los jubilados reclaman la designación de la representación, “la designación politizada de la representación” en este caso. “Es lo que nosotros también alertamos cuando planteamos la modificación, por eso nosotros reducimos de 5 miembros del consejo a 3 miembros, dejamos de lado la representación del Ministerio de Salud, del Ministerio de Trabajo, que finalmente son representantes del Poder Ejecutivo, y ya se tiene al representante del Ejecutivo que es el presidente del Instituto”, apuntó.

Mientras tanto, refirió que “los 3 representantes de la esencia del instituto, los representantes de los trabajadores, los empleadores y de los jubilados, y esas representaciones ellos están planteando que sea en forma directa, a través del voto, eso se va a trabajar y se va a analizar, pero ya no una designación política”.

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