El diputado de la bancada de Patria Querida Sebastián García sostuvo que preocupa que no exista un respaldo técnico para tratar el proyecto de ley “que crea el fondo de estabilización del precio de los combustibles derivados del petróleo en la República del Paraguay y se establecen medidas transitorias de contingencia para la importación del diésel/gasoil tipo III/tipo C y la nafta virgen”.

En este sentido, el legislador mencionó que incluso no se cuenta con una estimación de lo que se estaría pagando por la creación del fondo para subsidiar el combustible al sector privado. “Preocupa que sin un respaldo técnico se busque aprobar a las apuradas. No se sabe cuánto menos estaríamos pagando con el fondo de estabilización”, indicó en entrevista a la 1020 AM.

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García mencionó además que existe una fuerte presión del sector de camioneros para que el proyecto de ley no sea tratado en la Cámara de Diputados. “La propuesta de los camioneros y de muchas asociaciones es frenar el tratamiento de la ley”, indicó.

En este contexto, hay que recordar que la semana pasada se dieron dos intentos para tratar esta iniciativa, para este lunes fue convocada una sesión extraordinaria, adelantando la sesión ordinaria del miércoles; sin embargo, no fue incluido en el orden del día para la sesión de la fecha.

Por otra parte, el diputado cuestionó que se trata de un proyecto con tinte meramente político, y este estaría beneficiando al actual vicepresidente de la República y candidato a la Presidencia, Hugo Velázquez. “Tiene 100% tinte político (subsidio de combustibles a emblemas privados) y probablemente va para la campaña de Hugo Velázquez. Por la manera en que buscan aprobar el proyecto”, cuestionó.

La ley que plantea la creación de un fondo de estabilización que incluye a los emblemas privados expendedores de combustibles ya fue aprobada el martes por la Cámara de Senadores, y con esta se aguarda que los diputados definan la sanción para que la misma sea remitida al Poder Ejecutivo para su posterior promulgación o veto.

Esta propuesta plantea la derogación de la Ley Nº 6900 del 25 de marzo del 2022, que se puso en vigencia en medio de las manifestaciones y cierres de rutas por parte de gremios de camioneros, y pese al rechazo manifiesto de los empresarios del sector de los carburantes. La normativa vigente establece un subsidio por un plazo máximo de 90 días para el gasoil común y la nafta de 93 octanos que vende el emblema estatal Petróleos Paraguayos (Petropar), pero no incluye a las gasolineras privadas, generando una distorsión del mercado y atentando contra el libre mercado.

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