El exministro, excanciller y analista político Euclides Acevedo indicó que el argumento de la persecución política “no puede ser una coartada a la desprolijidad contable que pueda tener una administración“. Sus afirmaciones surgen ante el intento de salvataje de los parlamentarios de la oposición al intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, ante el pedido de intervención.

“Esto es una fosforescencia de la degradación política que hay en el Paraguay y la degradación del pensamiento en general. La soberanía radica en el pueblo y el pueblo a través del sufragio, esto es una parte elemental. La soberanía también radica en el tributo del ciudadano que tiene que ser honestamente administrado“, dijo Acevedo en una entrevista con el programa ”Fuego cruzado", emitido ayer domingo por el canal GEN/Nación Media.

Los parlamentarios opositores argumentan que el requerimiento realizado de auditar la gestión de Prieto obedece solo a una instrumentación política. Señalan que la Contraloría solo cuenta con la atribución de dictaminar si halla irregularidades en una administración municipal, pero que en el artículo 165 de la Carta Magna no se le habilita a solicitar la intervención de los municipios.

Asimismo, el también exministro de Relaciones Exteriores y exministro del Interior siguió sosteniendo: “Creo que hay opositores, pero no hay una oposición. Esto revela que nuestra democracia está absolutamente debilitada, carente de musculatura, cada vez pierde más masa muscular, porque no hace el ejercicio y no consume lo que tiene que consumir, que son ideas”.

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De acuerdo a la Contraloría, en la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, las irregularidades guardan relación con las transferencias de recursos financieros a la subcomisión distrital de Ciudad del Este en apoyo a la actividad llamada “Navidad sustentable” en el ejercicio del año 2023.

También hizo mención sobre el examen documental sobre la composición y aplicación de los gastos de capital de la Municipalidad de Ciudad del Este para los ejercicios del 2019 a 2022.

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“Si vos no tenés nada que ocultar no tendrías que temer a una investigación“, dijo el analista político y excanciller Euclides Acevedo sobre la solicitud de intervención de la Contraloría General de la República (CGR) a los municipios de Ciudad del Este y Asunción. Agregó que en el proceso existen tres frentes de batalla: jurídico, administrativo y político.

“El Estado a través de la Contraloría lo que hace es controlar la gestión pública y el manejo del dinero público de los ciudadanos, esto es una responsabilidad irreemplazable del Estado. No se puede obstruir el control del Estado sobre el manejo del dinero”, sostuvo Acevedo, este viernes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

De esta forma Acevedo echó por tierra el discurso esgrimido por el intendente de Cuidad del Este, Miguel Prieto, y sus aliados, que aseguran que el órgano extrapoder no cuenta con facultades para requerir la intervención y que el pedido obedece a una persecución política.

“No se le puede obstruir a la Contraloría su capacidad de intromisión ante comportamientos que pueden ser irregular o atenten contra la soberanía económica del ciudadano”, remarcó.

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De acuerdo a la Contraloría, en la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, las irregularidades guardan relación con las transferencias de recursos financieros a la subcomisión distrital de Ciudad del Este en apoyo a la actividad llamada “Navidad sustentable” en el ejercicio del 2023.

También hizo mención sobre el examen documental sobre la composición y aplicación de los gastos de capital de la Municipalidad de Ciudad del Este para los ejercicios del 2019 a 2022.

En lo que respecta a la administración del intendente capitalino, Óscar Rodríguez, detalla supuestas irregularidades que se dieron en la gestión presupuestaria de la institución entre el 2021 y el 2024. El contralor citó la emisión del bono G8 por G. 360.000 millones realizada en el 2022 para obras de desagüe pluvial, además de los bonos G9 por G. 195.000 millones en el 2023 que fueron emitidos para pagar deudas de emisiones en anteriores administraciones.

“Tanto Prieto como Nenecho Rodríguez son figuras políticas notables y electoralmente importantes, por lo tanto acá vamos a tener un buen entretenimiento de aquí a las elecciones municipales. Los que dicen que acá no existe nada político, no sé en que país viven, esto tiene una marcada connotación política”, sostuvo Acevedo.

Asimismo afirmó que “las batallas políticas hay que llevarlas sin miedo, sin angustias por eso creo que las renuncias habrían que descartarse”.

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El Jurado de Enjuicia­miento de Magistra­dos (JEM) se plan­teará reglamentar la Iniciativa 8, de la Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción, que restringe las comunicaciones de sus miembros con jueces o fiscales procesados. Esta reco­mendación formó parte de la declaración que realizara la Cumbre de Poderes que se realizó el lunes en Palacio de Gobierno, por iniciativa del presidente Santiago Peña.

El senador colorado Derlis Maidana, uno de los repre­sentantes del Senado ante el JEM, explicó a La Nación/ Nación Media que esta reco­mendación fue bien recibida y que incluso podría debatirse ya la próxima semana.

El planteamiento que sugiere el Punto 7 de la Declaración señalabásicamentequeseregla­mente y estipule normas para evitar las comunicaciones pri­vadas entre miembros del JEM con los magistrados encausa­dos, una práctica frecuente y que ha sido criticado abierta­mente tras la divulgación de los chats del caso Lalo Gomes “Tenemos un Código de Ética que se aplica a los directores generales y funcionarios que no pueden hablar con las per­sonas encausadas en el JEM. Yo creo que no habría mayo­res inconvenientes en que la mayoría del Jurado decida adoptar esa medida, tam­bién para los integrantes en el sentido que sean públicas las visitas, el derecho a la defensa garantizado en la Constitu­ción y que se prohíba el con­tacto directo entre el encau­sado y el miembro”, expuso el senador Derlis Maidana.

El legislador, representante de la Cámara Alta ante el JEM, manifestó que no ve obstácu­los en que los miembros apues­ten por reforzar sus normati­vas de modo de permitir una mayor transparencia y que la ciudadanía pueda tener cono­cimiento sobre el descargo de los jueces, fiscales, defensores, síndicos y todo aquel que tenga una causa abierta en el Jurado.

“Nosotros tomamos en cuenta esas recomendaciones y las tenemos que analizar como órgano extrapoder creado por la Constitución. Creo que nadie está ajeno en este momento a luchar para trabajar todos jun­tos y restaurar la credibilidad en el sistema de Justicia en gene­ral y en la institución en par­ticular. Esto lo trataríamos el próximo jueves a las 9:30 en sesión ordinaria”, adelantó.

“El llamado al diálogo entre los poderes es clave en cualquier país. Cuando se convoca a una cumbre hay que darse cuenta que esto refleja un compromiso institucional”, dijo el politólogo y consultor Víctor Genes, tras destacar el interés del gobierno del mandatario Santiago Peña en debatir sobre la problemática judicial. La reunión realizada el día lunes culminó con una declaración de siete ejes para la lucha contra la corrupción.

“Si no tenemos una solidez institucional con un respaldo político, no se podrá consolidar el Paraguay, y la corrupción estará desarro­llándose continuamente. Desde la voluntad política se consolidan las instituciones. La consolidación institucional genera buenas prác­ticas y las buenas prácticas se traducen en un ejercicio de buenas costumbres”, manifestó Genes, este martes, al programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM.

Las afirmaciones del analista surgieron ante el intento por parte de políticos opositores y disidentes colorados de desmeritar la iniciativa celebrada en el Palacio de Gobierno, calificándola como una “cumbre de la impunidad y un acto protocolar”, sin plantear propuestas para combatir la corrupción dentro del sistema judicial como consecuencia de la permeación del crimen organizado en las instituciones.

En el marco de la cumbre de poderes que convocó el Poder Ejecutivo el pasado lunes en Palacio de López, el presidente Santiago Peña hizo el anuncio de la próxima instalación del Consejo Nacional Anticorrup­ción, organismo que suplantaría a la Secretaría Nacional Anticorrup­ción (Senac), que quedó desmantelada porque no cumplía con los fines para los cuales había sido creada. La ley que crea este Consejo, que fue sancionado por el Congreso paraguayo en noviembre de 2024, establece que la Contraloría General de la República ejercerá la coordinación general de dicho consejo en conjunto con el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República. Se estipula, además, la creación de unidades de transparencia y anticorrupción en cada orga­nismo público, bajo la supervisión de la Contraloría General.

Camilo Benítez consideró que la declaración se enfoca en una idea común, el combate a la corrupción y el crimen organizado.

El contralor general de la República, Camilo Benítez, calificó la declaración de la Cumbre de Poderes como bastante relevante, seña­lando que aún sabiendo que puede haber diferen­cias entre sus integrantes, hay un aspecto en común: la lucha contra el crimen organizado. Por otra parte, destacó que la implementa­ción de la Iniciativa 28 de la Estrategia Nacional de Com­bate a la Corrupción podría traer más transparencia al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, según señaló a “Arriba hoy”, por GEN/Uni­verso 970.

Benítez recordó que esta reglamentación impone la restricción a los miembros del Jurado de mantener reunio­nes o comunicaciones priva­das con magistrados en gene­ral y que las comunicaciones de los miembros del JEM con cualquier magistrado debe­rán ser oficiales y públicas. Además, plantea sanciones a lo que considera una “falta grave” en el caso de la inob­servancia de esta disposición que ahora el Jurado deberá reglamentar.

“A mí me parece que el comunicado no es vacío, yo creo que contiene elemen­tos sustanciales de muchí­sima relevancia para aque­llos operadores de Justicia, para aquellas personas que pasamos alguna vez por el Poder Judicial, conoce­mos la presión que ejercen los miembros del Jurado de Enjuiciamiento sobre los jueces, fiscales, defen­sores y síndicos, y sabemos la enorme importancia que va a tener la reglamenta­ción”, destacó el funcionario.

La idea que se pretende con esta reglamentación es que no se vuelvan a repe­tir casos como el de Óscar González Daher o última­mente con Eulalio “Lalo” Gomes, en aparente con­nivencia con el ahora exdi­putado Orlando Arévalo, que actuaban como ope­radores o directamente influían sobre las decisio­nes que se tomaran desde este órgano.

El exministro del Interior, Euclides Acevedo, salió al paso de la divulgación de los supuestos chats intercambiados con el fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista, quien le habría requerido su intermediación para la liberación de Anderson Ríos Villalba, alias “Pepe”, detenido durante el operativo Alba en 2020, encabezado por el extinto fiscal antimafia Marcelo Pecci.

“Esta es una extracción selectiva y no sé si esto es de factura personal del juez Omar Legal o él está recibiendo instrucciones de poderes fácticos. No tengo nada que ocultar, hay algunas cosas muy confusas, esto no tiene ninguna lógica”, sostuvo Acevedo, este miércoles, en una entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Acevedo afirmó que “es probable que haya habido mensajes con Lalo Gomes, por eso yo no niego ni rechazo, ni afirmo. Lalo Gomes, como presidente de la Asociación Rural del Paraguay, regional de Amambay, me recibía siempre en Pedro Juan Caballero. Me resulta muy raro o por lo menos está bajo sospechas esta comunicación”.

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Los mensajes vía WhatsApp divulgados por un medio de comunicación local que involucran a Acevedo con Gomes Batista datan del año 2020. El parlamentario apuntaba a conseguir la prisión domiciliaria del presunto sicario detenido junto con otras 9 personas, tras 19 allanamientos en busca de los responsables del crimen del periodista Leo Veras, caso en el que estaba bajo la lupa Waldemar Pereira Rivas, alias “Cachorrão”.

Según los supuestos chats, la intervención de Acevedo en la justicia se concretaría mediante el juez Gustavo Amarilla y la entonces fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, por orden del exjefe de Estado, Mario Abdo Benítez. “Yo no conozco el expediente y nadie me pedirá a mí que opere sobre algo que desconozco. Hablar con Sandra Quiñónez para qué. En aquella época no tenía relaciones cordiales conmigo. Mario Abdo Benítez nunca me ordenó que hablará con Sandra Quiñónez y mucho menos sobre este tema. Por otra parte, Abdo Benítez tenía canal directo con Quiñónez, no iba a recurrir a mí. El expresidente no me dio ninguna instrucción y no habló con Sandra sobre ese tema”, comentó.

Señaló que la liberación de Ríos Villalba no estuvo a cargo del juez Amarilla, sino de un tribunal conformado por tres magistradas, a quienes aseguró no conocer. “No sé si la gente se acuerda lo que significada el covid en aquella época donde nos íbamos de aquí para allá creando los cordones sanitarios, comerciales”, mencionó. Por otra parte, dijo que nunca conoció personalmente al fiscal Pecci, a quien, en el mensaje, calificó de “mbóre”. “Me dan una especie de vinculación. Yo a (Marcelo) Pecci nunca le vi en mi vida. Lo conocía porque era muy mediático”, remarcó a Nación Media.

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