El ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, aclaró que existe una propuesta en la cual se estipulan las diferentes remuneraciones para funcionarios del Estado, de acuerdo a la meritocracia, como respuesta a un pedido de aumento salarial que se impone por parte de la Coordinadora de Gremios de Funcionarios Públicos.
La propuesta que estaba incluida dentro del paquete de la reforma del Estado, estaría siendo presentada nuevamente en el mes de abril, según comentó el ministro luego del conversatorio del Banco Central del Paraguay (BCP) por su celebración de 70 años de vida institucional.
El proyecto de ley se había preparado en el 2020, cuando la pandemia del COVID-19 empezaba a azotar al mundo, fue en ese entonces que el Poder Ejecutivo, a través del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, empezó a socializar esta propuesta. El planteamiento nunca se estudió en el Congreso Nacional, había tenido bastante resistencia porque también se enfocaba con la Ley de Función Pública y del servicio civil.
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Uno de los puntos principales es que el acceso a la función pública será mediante la meritocracia, y se limitará también a los futuros ministros o los directores de entes públicos a disponer de 4 lugares para los famosos cargos de confianza. En cuanto al Poder Legislativo, cada parlamentario solo podrá tener hasta 3 asesores que seguirán la misma suerte que el legislador; es decir, en el caso de que dejen de ser autoridades electas, sus funcionarios serán desvinculados y de esa forma evitar el aumento de empleados estatales.
Otra de las propuestas que también se abarcó durante el inicio de la pandemia fue el proyecto de ley de compras públicas, que ya cuenta con media sanción del Congreso y desde el Gobierno aguardan su aprobación en el primer semestre de este año. A partir de ahí se avanzará en su implementación para concretar el paquete de reformas para mejorar el gasto público.
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Remuneración en función a la responsabilidad y no a la antigüedad
- Por el Dr. Juan Carlos Zárate Lázaro
- MBA
- jzaratelazaro@gmail.com
Se dan casos de entidades en los que dentro de la estructura de su faja salarial cuentan con un escalafón, en donde están insertos los niveles de remuneraciones que los funcionarios deberían estar percibiendo año a año, y en forma adicional las bonificaciones extraordinarias que pudieran darse como el caso de título académico, por ejemplo.
Hay conceptos que muchas veces se confunden, pues creemos que por el solo hecho de tener una antigüedad dentro de la organización, superior a la de otro colega, ya deberíamos estar recibiendo una mejor remuneración, lo cual es erróneo, dado que una buena política salarial del capital humano, siempre deben basarse en la responsabilidad del puesto y no en la antigüedad.
Por ejemplo: Enrique podría tener 3 años dentro de la empresa, pero está ocupando una posición laboral con niveles de responsabilidades que los hacen acreedor a un determinado salario. En cambio, Juana, que quizás tenga más de 10 años dentro de la organización, en todo ese tiempo estuvo ocupando posiciones medias para abajo, lo cual no le permite poder tener el mismo salario que Enrique.
Siendo más descriptivo mencionemos que un chofer dentro de la empresa que estuvo estudiando, se hizo acreedor a una bonificación por grado académico, pero por ese solo hecho no deja de seguir siendo chofer, a no ser que demuestre ser merecedor de una promoción.
Los funcionarios deben tener entre sus objetivos y metas capacitarse permanentemente y así poder acceder a posiciones superiores con niveles de responsabilidad diferentes, con lo cual podrían verse beneficiados con un mejor nivel salarial, pues en Talento Humano, lo que se premia y se remunera es la RESPONSABILIDAD EN EL PUESTO y no SIMPLEMENTE LA ANTIGÜEDAD.
La tarea de los jefes de dar a sus subordinados retroalimentación, en función a su performance hace que puedan visualizar en dónde “están parados” y de ser necesario ir fortaleciendo sus puntos débiles, pero si no se les da resulta muy complicado.
En muchas oficinas del Estado, hasta ahora si bien cuentan con un Departamento de Capital Humano, a diferencia de las empresas del sector privado, los funcionarios no reciben retroalimentación en tiempo y forma como debería ser, con lo cual se torna difícil poder corregir errores.
Es por ello que los concursos de oposición tienen su cuota de importancia, pues es la oportunidad que tienen los funcionarios de poder demostrar que se sienten capaces para ir escalando posiciones dentro de la organización, con lo cual se estaría dando la oportunidad de crecimiento personal y profesional a los que conforman la plantilla de personal de la casa.
Esperemos que el Ministerio de Economía, que tiene a su cargo la Dirección de la Secretaría de Capital Humano, pueda poner en marcha en forma más profesional todos los mecanismos necesarios utilizados dentro del campo de Recurso Humano, para que los funcionarios independientemente al salario que posean, también puedan tener acceso a compensaciones no monetarias (participación en congresos, reuniones, capacitaciones, etc.), que les permitan un valor agregado a su formación y así tener la posibilidad potencial de ir escalando posiciones, para poder acceder a mejores salarios, pues aquel que tiene ganas de capacitarse para seguir creciendo siempre tendrá oportunidades de ocupar puestos de mayor relevancia, lo cual va acompañado de niveles salariales superiores, en función a la responsabilidad que está estipulada para cada uno de los cargos gerenciales y de supervisión.
El Departamento de Capital Humano y los supervisores deberían estar en estrecho contacto con los funcionarios, y mostrarle las herramientas que la organización tiene a su disposición para que puedan ir perfeccionando sus conocimientos y capacitarse, que les permitan en un momento dado crecer económica y profesionalmente.
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Opaci considera justa las modificaciones a la ley de patentes vehiculares
El Congreso sancionó sin modificaciones el proyecto de ley que plantea cambios a la ley n.° 7.447 que regula el costo del impuesto de la patente vehicular, la cual establece la nueva fórmula por la que deberán regirse las municipalidades. Desde la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) celebraron lo resuelto por el Parlamento y aguardan el visto bueno por parte del Ejecutivo.
“Por fin pudimos culminar el ciclo en el Congreso de este proyecto que habíamos presentado la Opaci, la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial y Diputados, después de una serie de reuniones para modificar nuevamente la ley n.° 7.447″, manifestó Nelson Peralta, director ejecutivo de la mencionada institución.
Para Peralta, el texto sancionado es mucho más justo, dado que deja atrás el porcentaje que estaba fijado inicialmente que ascendía 0,5% sobre el valor impositivo y que posteriormente fue modificado fijándose en el jornal mínimo diario. El porcentaje del 0,3% sobre el valor imponible que, entraría en vigencia si el presidente Santiago Peña promulga esta ley, permitiría que lo abonado por los contribuyentes se adapte a un monto cercano a lo que ya se venían pagando.
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“Se planteó que para ayudar y bajar el costo y adaptar a lo que se venía cobrando, creímos prudente que el impuesto se calcule sobre el valor impositivo, pero al 0,3%, eso haría que los vehículos más económicos estén pagando entre G. 100.000 y 170.000, pero a eso hay que cargar los costos de las tasas que las respectivas municipalidades vienen cobrando”, explicó Peralta a la 780 AM.
El valor imponible lo determina la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNIT) y será la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial la encargada de recolectar esta información y realizar el cálculo para el costo de las patentes por cada categoría de vehículos, información que a su vez será entregada a las municipalidades una vez que esta ley tenga la promulgación de la Presidencia.
“Hay un nuevo punto importante que dice que el intendente será multado por cada habilitación mal concedida con un jornal mínimo diario por cada habilitación, la responsabilidad es personal porque los jefes comunales son los responsables de lo que ocurre en su oficina”, enfatizó. Uno de los objetivos de estas modificaciones también apuntaba a evitar la fuga de contribuyentes, quienes terminaban acudiendo a otras municipalidades debido a la diferencia abismal entre comunas para el pago de patentes.
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Latorre insta a una transformación del sistema de salud
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, sostuvo que es momento de trabajar en una transformación del sistema de salud en el Paraguay, ya que el sistema de salud del Paraguay es obsoleto en su propio diseño y lleva décadas estando desfasado. Las palabras del legislador se dieron en referencia a la muerte de un bebé prematuro por la presunta falta de terapia intensiva en el Hospital de Villarrica y que fue trasladado al Hospital Materno Infantil de Trinidad, en Asunción.
“Tenemos que ir por la integración de un sistema de salud, nosotros tenemos que ir verdaderamente por la atención universal, el acceso universal a los servicios de salud de calidad, una cobertura universal y buscar disminuir el gasto de bolsillo que todavía es un pendiente para nuestro país”, expresó Latorre, este martes, en conversación con los medios de comunicación antes del inicio de la primera sesión de este año.
El diputado refirió que esta reforma debe trascender los cambios de ficha, y que se requiere de un esfuerzo importante de todos los sectores políticos. “Un gran consenso de los diferentes actores espectros políticos para generar esa transformación en el sistema de salud, que los paraguayos no solo sueñan, sino que los paraguayos merecen”, señaló.
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Realizar una investigación seria
Latorre expresó que es importante llevar adelante una investigación seria de lo que habría ocurrido con las unidades de terapia intensiva que fueron anunciadas, y quienes fueron los responsables de habilitar este sistema sin haber estado preparado. “Lo que pasó está mal y nunca debió haber sucedido. Yo creo que debe haber una investigación seria con respecto a las condiciones en la cual esa terapia fue inaugurada, y si no estaba en condiciones de funcionar, que es lo que parece a todas luces, quiénes fueron los responsables de autorizar su inauguración”, refirió.
Agregó que el servicio de terapia es un servicio altamente requerido: “Era evidente que una vez que eso se inauguraba iba a tener una demanda muy importante de pacientes. Entonces, ¿por qué se inauguró si no estaba en condiciones? Quiénes tenían conocimiento de esto y quiénes dieron la orden de que se procesada a pesar de que no estaba en condiciones, son las cosas que tenemos que investigar”.
Por otra parte, Latorre lamentó la exposición del presidente Santiago Peña y sostuvo que se debe investigar quiénes fueron los responsables de llevar adelante la inauguración sin que el área de terapia intensiva esté en condiciones. “En términos políticos yo lamento cómo expusieron al presidente de la República, porque yo veo un esfuerzo muy grade del presidente Santiago Peña por la salud de nuestro país, y de un esfuerzo muy grande por dotar de mejor infraestructura y mejor capacidad a los servicios de salud, que tienen que ver con la salud pública”, sentenció.
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Expresidente de la CAP rechaza que miembros del JEM sean electos por voto popular
El expresidente del Colegio de Abogados del Paraguay (CAP), Manuel Riera, acudió este jueves a la audiencia pública impulsada en el Congreso Nacional para debatir sobre proyectos que plantean la reforma del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). En la ocasión rechazó la propuesta de que los miembros del órgano extrapoder sean electos mediante el voto popular.
“En mi opinión esto no corresponde por que la legitimidad de una sentencia no reposa en la cantidad de sus votos, sino en su apego a la ley y la Constitución Nacional”, sostuvo en una entrevista con los medios de prensa.
La propuesta es presentada por el senador opositor José Oviedo, quien sugiere que los representantes del Poder Legislativo deberán ser quienes hayan obtenido la mayor cantidad de votos en comicios generales y ser de profesión abogados.
A la vez, el parlamentario propone que el proceso del sufragio afecte a los representantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), excluyendo de unas elecciones generales a los representantes del Consejo de la Magistratura (CM), quienes seguirán siendo designados por sus pares.
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Otro punto que propone Oviedo se centra en que los integrantes del JEM podrán permanecer en sus cargos por un periodo de 5 años y deberán presentar informes cada un año sobre sus actuaciones ante la Cámara Alta. En caso de que sus acciones no sean aprobadas dos veces consecutivas por la plenaria del Senado, terminarán siendo removidos de sus cargos.
“Debemos limitar el poder público del juzgador, darle garantía a los que están siendo juzgados y la objetivación de las causas para ingresar al esquema del juzgamiento. Darle 5 años me parece una locura, cuando en un año ya se corrompen. Yo pensaría por ejemplo en esquemas de rotación, de sorteos”, puntualizó.
Con relación a la iniciativa impulsada por el también senador liberal Ever Villalba, consistente en la eliminación de la oficiosidad en el JEM, Riera argumentó que “es un paso, pero es insuficiente”. El concepto de oficiosidad se refiere a la capacidad del jurado de iniciar investigaciones y juzgar sin una denuncia previa, lo que es considerada por el legislador como una metodología inquisitiva que otorga un poder excesivo a dicho organismo.