Esta semana un grave accidente se registró en el departamento de Caaguazú, donde un niño de seis años cruzó la calle y fue arrollado por un motociclista. Hoy, desde el Hospital Distrital de la ciudad informaron que el pequeño sigue internado, pero que está fuera de peligro y estable.

Según el reporte policial, el hecho se registró durante la tarde de ayer lunes, sobre una transitada calle del barrio Empalado Ari de la ciudad de Caaguazú. Se vio involucrada una motocicleta que no detuvo la marcha para auxiliar a la víctima.

El percance quedó registrado en imágenes de cámaras de seguridad, en las que se puede ver cómo el niño iba de la mano de su abuela y acompañado de su hermana intentaban cruzar la calle, pero en un momento dado el menor se soltó de la mano de la mujer y cruzó.

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En se momento fue arrollado por la motocicleta en la que iban el conductor junto a su acompañante, quienes huyeron del sitio dejando abandonada a la víctima. El pequeño fue auxiliado por los vecinos, que salieron tras escuchar los gritos y bomberos lo llevaron de urgencia hasta el Hospital Distrital de Caaguazú.

“Pido Justicia para mi hijo, porque el motociclista no se quedó para ayudarlo. Mi hijo sigue hospitalizado, con varios golpes tras el fuerte impacto, pero está fuera de peligro y estable”, expresó Miguela Acosta, en entrevista con Telefuturo.

Vecinos del barrio confirmaron que desde hace tiempo vienen solicitando señalización en la zona porque en las inmediaciones hay una escuela y muchos niños. Además, comentaron que no se trata del primer accidente que se reporta sobre la calle ya que los conductores circulan a muy alta velocidad sin respetar a los peatones.

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Los mismos que antes callaban durante el gobierno de Mario Abdo Benítez ahora critican la austeridad de USD 1,5 millones.

Mario Abdo Benítez, por año, destinó alrededor de USD 11 millones a los medios ali­neados a su gobierno, donde no había críticas, una enorme cantidad de recursos públi­cos canalizados desde la Enti­dad Binacional Itaipú. Los mismos medios que antes callaban hoy critican la aus­teridad de USD 1,5 millones.

De acuerdo a los datos de la Dirección Nacional de Con­trataciones Públicas (DNCP), entre los años 2019 y 2022, esa cifra acumuló unos USD 44 millones, todos dirigi­dos a los medios alineados al gobierno de Abdo, haciendo vista gorda de las falencias en su administración. Esto reveló un esquema sostenido, voluminoso y funcional a una narrativa oficial que no gene­raba mayor resistencia en esos mismos sectores que eran los más beneficiados durante el periodo gubernamental.

Los medios de comunica­ción más “favorecidos” con los jugosos recursos estata­les fueron principalmente el Grupo Zuccolillo (Abc Color) y el Grupo Vierci (Telefuturo, Monumental, etc.), que eran bastante afines al anterior gobierno.

Tras asumir las nuevas auto­ridades en el año 2023, tam­bién se realizó un cambio de gestión de estos recursos en el área comunicacional y esto, además, tuvo consecuencias en los medios que dejaron de percibir millonarios montos del Estado. El asesor comuni­cacional de la Itaipú Binacio­nal, José Rodríguez Tornaco, señaló que existe una postura orquestada por los medios, y también la oposición para “pegar” a la binacional.

“Uno tiene que entender que la operación mediática, pero no podemos evitar salir a contar la narrativa oficia­lista”, había manifestado en su momento Tornaco en comunicación con radio Uni­verso 970 AM/Nación Media. Esto, teniendo en cuenta que la entidad adoptó una política de austeridad en relación con la utilización de estos recur­sos destinados a los medios de comunicación.

Actualmente, estos recur­sos no alcanzan ni un ter­cio de lo que se invertía en el gobierno anterior, lo que también emerge una insis­tente crítica desde los medios de comunicación, que en su momento fueron parte del circuito de financiamiento. En este periodo la inversión apunta a USD 1,5 millones de en concepto de campaña comunicacional, incluyendo estrategias contemporáneas como el uso de influencers.

Esta medida surge del pro­pio presidente de la Repú­blica, Santiago Peña, afir­mando que la comunicación es esencial para dar a conocer los programas y las acciones del Gobierno, desde todos los ámbitos y las áreas en los cua­les se trabaja.

Esta decisión del actual Gobierno deja entrever que la discusión no se centra en los gastos, sino más bien en los que ejecutan el gasto público y en cómo se distribuye, y esto se puede observar cuando los medios recibían un impor­tante caudal de recursos del Estado, del gobierno de Abdo, el silencio de los mismos era imperante.

Mientras tanto, con la dismi­nución de estos, y la diversifi­cación de los canales de comu­nicación, las objeciones se multiplican. Entre los USD 11 millones del gobierno de Abdo y los USD 1,5 millones la bre­cha es bastante grande, lo que representa un ajuste de cintu­rón importante, y esto denota una crítica interesada de cier­tos medios de comunicación.

La viceministra de Comunica­ción del Mitic, Alejandra Duarte, rechazó las publicaciones que intentan vincular al Gobierno con el activista Juan Villaverde Emate­gui, señalado de supuestas campa­ñas de ataques contra periodistas y opositores. Calificó dichas versio­nes como una “campaña orques­tada” y afirmó que el dirigente es un militante colorado sin cargos en el Estado ni relación con la adminis­tración de Santiago Peña.

“Hay un relato donde tratan de instalar vínculos que no existen, eso es una campaña orquestada”, dijo Duarte, quien explicó que Villaverde pertenece al sector pri­vado y que su presencia en actos políticos o fotografías con autoridades no implica nexos oficiales. Además, aseguró que el Gobierno ya realizó denuncias ante plataformas digitales por el uso indebido de redes y campañas consideradas “sucias”.

Con el objetivo de fortalecer el apoyo de jueces penales de Ejecución y de Garantías, el equipo técnico de la Coordinación de Supervisión Penitenciaria de la Corte Suprema de Justicia acompañó las jornadas de entrevistas realizadas a personas privadas de libertad en la Penitenciaría Regional de Misiones. La actividad fue organizada en el marco de una jornada interinstitucional, con el fin de garantizar la protección de los derechos humanos y el cumplimiento de las normativas vigentes para la correcta tramitación de los procesos de imputados y condenados.

En el marco de la jornada de trabajo se realizaron entrevistas a personas privadas de libertad, garantizando la protección de sus derechos y el cumplimiento de las normativas vigentes, así como la correcta tramitación de los procesos de imputados y condenados.

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Durante las audiencias, los jueces otorgaron medidas menos gravosas que la prisión preventiva, incluyendo libertades por cumplimiento de la pena mínima y por buena conducta. Además, participaron representantes del Ministerio de la Defensa Pública, quienes brindaron asesoramiento a sus representados sobre la situación actual de sus causas penales.

Las jornadas estuvieron a cargo de los jueces penales de Ejecución y de Garantías, los abogados Derlis Gustavo Rojas, de Misiones; Víctor Paredes, de San Juan; Blas Eduardo Montiel, de Ayolas; y Dora Maciel, de San Juan. Asimismo, acompañaron el presidente del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Misiones, magistrado Pedro Duarte, y los funcionarios de la Coordinación de Supervisión Penitenciaria.

Cabe mencionar que la visita se realizó en cumplimiento del artículo 23 de la Acordada Nº 222/01, que aprueba la Guía de Procedimientos del Sistema de Ejecución Penal, y conforme a lo dispuesto en el artículo 19 del C.E.P. (Ley Nº 5.162/2014), Código de Ejecución Penal de la República del Paraguay.

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Militantes detonaron un carro bomba en un puesto de control en el noroeste de Pakistán y abrieron fuego contra la policía, matando al menos a 15 agentes e hiriendo a cinco personas más, dijeron las autoridades de policía el domingo.

“Anoche, en el área de Fateh Khel de Bannu, un atacante suicida embistió con un vehículo cargado de explosivos un puesto de control policial, tras lo cual varios militantes ingresaron al puesto”, dijo a la AFP Muhammad Sajjad Khan, funcionario de la policía de Bannu.

Añadió que otro agente más seguía desaparecido en el último ataque en la provincia fronteriza de Khyber Pakhtunkhwa durante una ola de violencia militante que ha tensado las relaciones entre Islamabad y Kabul.

“Durante el asalto, los militantes utilizaron cuadricópteros junto con armamento pesado”, dijo a la AFP un alto funcionario administrativo de Bannu bajo condición de anonimato.

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La violencia militante en la región fronteriza entre Pakistán y Afganistán se ha intensificado desde el regreso de los talibanes al poder en Kabul en agosto de 2021.

Islamabad acusa de manera reiterada a grupos insurgentes, en particular al Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), de utilizar territorio afgano como refugio para planificar y lanzar ataques contra las fuerzas de seguridad pakistaníes, una acusación que las autoridades talibanes niegan.

La porosa frontera montañosa entre ambos países ha dificultado históricamente los esfuerzos de control y seguridad.

El aumento de los atentados ha deteriorado las relaciones diplomáticas entre Islamabad y Kabul en los últimos meses.

Pakistán ha llevado a cabo operaciones militares y bombardeos en zonas fronterizas que, según afirma, son utilizadas por militantes, mientras que el gobierno afgano ha condenado esas acciones por considerarlas violaciones de su soberanía.

Analistas regionales advierten que la persistencia de la violencia amenaza con desestabilizar aún más la zona y complicar la cooperación bilateral en materia de seguridad y lucha contra el extremismo.

Fuente: AFP

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