La diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN) y aspirante a la Presidencia de la República, Kattya González, expresó su rechazo a la solicitud realizada por la Coordinadora de Gremios de Funcionarios Públicos y entes descentralizados, encabezada por Porfiria Ocholasky, consistente en un aumento del 15% en el salario. La parlamentaria fue contundente en señalar que actualmente se habla de un Estado endeudado.
“No corresponde el pedido, no hay margen para ningún tipo de aumento salarial, nosotros no vamos a acompañar ningún aumento. Acá la ciudadanía tiene que ayudarnos porque no se justifica este margen del 15%. Acá se está hablando de un Estado endeudado”, mencionó mediante una entrevista realizada en la radio 680 AM.
Al respecto, dicha coordinadora emitió un comunicado en el que informaron que se estableció una mesa de trabajo con representantes del Ejecutivo, como la ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo; Mauricio Espínola, secretario privado de la Presidencia; el vicepresidente Hugo Velázquez, un representante del Ministerio de Hacienda, entre otros.
El comunicado detalla también los puntos solicitados como un reajuste salarial del 15% para todos los funcionarios públicos del Estado paraguayo mediante una ampliación presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal del 2023. También solicitan la desprecarización de los funcionarios contratados, la modificación del horario laboral, reposición de los beneficios adquiridos por cada institución para sus funcionarios.
Finalmente, en el documento emitido refieren que el primer encuentro entre los representantes de la coordinadora y del Ejecutivo se dará el próximo 29 de marzo, a las 9:00, en el local de la sede social de Jubilados Bancarios, ubicada sobre la avenida Santa Teresa.
“Comunicamos a todos los agentes interesados en la lucha. Dicha reunión es un hecho histórico que debemos acompañar para la obtención del beneficio y reivindicaciones señaladas”, puntualiza la nota publicada por los funcionarios públicos.
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Diputados evaluará penas más severas para funcionarios públicos por corrupción
La Cámara de Diputados tiene previsto analizar en su sesión ordinaria de este martes un proyecto de ley que busca modificar las penas por corrupción en el Código Penal Paraguayo, estableciendo castigos de hasta 25 años de prisión para funcionarios públicos que incurran en determinados delitos.
La exposición de motivos argumenta que la iniciativa responde a la necesidad de “disuasión legal para el combate frontal a la corrupción pública y privada”, señalando que “el crimen organizado nacional se nutre con el apoyo de funcionarios públicos, desangrando al Estado en su patrimonio”.
Asimismo, señala que la corrupción pública “atenta directamente contra los derechos humanos” y que “sus consecuencias son equiparables a crímenes de lesa humanidad”, al afectar servicios básicos como salud, educación y seguridad.
El proyecto que se encuentra en su primer trámite constitucional plantea la modificación de varios artículos del Código Penal, que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, lesión de confianza y otros delitos conexos.
El proyecto también incorpora medidas como el comiso especial de bienes obtenidos ilegítimamente y prohibiciones posteriores al ejercicio del cargo, estableciendo multas de mil días para funcionarios que se vinculen laboralmente con empresas beneficiadas por contratos administrativos dentro del año siguiente a su celebración. La iniciativa busca reforzar “la confianza de la ciudadanía y de la opinión pública en las Instituciones Republicanas”, según expresó el diputado en su fundamentación.
Principales modificaciones
Lesión de confianza (Art. 192)
Pena actual: Hasta 5 años o multa
Pena propuesta: hasta 25 años para funcionarios públicos (casos graves).
Exacción (Art. 312)
Pena actual: 10 años o con multa
Pena propuesta: 10 a 20 años
El artículo 2 del proyecto de ley presentado también establece modificaciones al Código penal en los artículos 239, 298, 300, 301, 302, 303 y 305, que quedan redactados de la siguiente manera:
Asociación criminal (Art. 239)
Pena actual: Hasta 5 años
Pena propuesta: 10 a 15 años para funcionarios públicos
Quebrantamiento del depósito (Art. 298)
Pena actual: Hasta 2 años o multa
Pena propuesta: 10 a 15 años para funcionarios públicos
Cohecho pasivo (Art. 300)
Pena actual: Hasta 3 años o multa para funcionarios / hasta 5 años o multa para jueces
Pena propuesta: 5 a 8 años para funcionarios / 5 a 10 años para jueces
Cohecho pasivo agravado (Art. 301)
Pena actual: Hasta 5 años para funcionarios / hasta 10 años para jueces
Pena propuesta: 5 a 10 años para funcionarios / 10 a 15 años para jueces
Prevaricato (Art. 305)
Pena actual: 2 a 5 años
Pena propuesta: 5 a 8 años (hasta 15 años en casos graves)
En el artículo 3 del proyecto presentado, se propone la modificación de los artículos 3, 4, 6, 7 y 8 de la ley n.º 2523/04, “Que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la función pública y el tráfico de influencias”, que quedan redactados de la siguiente manera:
Enriquecimiento ilícito (Art. 3)
Pena actual: 1 a 10 años
Pena propuesta: 10 a 15 años
Tráfico de influencias (Art. 7)
Pena actual: hasta 3 años
Pena propuesta: 10 años (15 años si la influencia es ejercida ante magistrados o fiscales / 20 años si el autor es funcionario público).
Administración en provecho propio (Art. 8)
Pena actual: hasta 10 años
Pena propuesta: 15 a 25 años.
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Innovadores públicos: la oportunidad de aprender haciendo
Silvia Morimoto
Silvia Morimoto
Representante Residente del PNUD
La innovación pública plantea desafíos significativos y requiere el compromiso de todos los sectores. En ese contexto, desde el Laboratorio de Aceleración del PNUD, en conjunto con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), impulsamos el Programa Innovadores públicos, buscando contribuir a una gestión pública más eficiente y centrada en las personas.
Desde sus inicios en el 2022, esta iniciativa tiene el propósito de generar una red de profesionales del sector público capacitados en metodologías y herramientas de innovación, que puedan identificar desafíos, diseñar y prototipar soluciones orientadas a optimizar el funcionamiento institucional, mejorando la experiencia de las personas usuarias y evolucionando hacia la prestación de servicios de mayor calidad.
Los resultados logrados en el programa son bastante alentadores: 200 funcionarios públicos, de 30 diferentes instituciones, implementaron 17 proyectos piloto pensados para brindar mejores servicios a la ciudadanía.
Entre ellos, podemos citar dos soluciones ganadoras de ediciones anteriores, como el Registro Único del Trabajador (RUT), una plataforma digital que permite a trabajadores del sector privado cargar su historial laboral y acceder a información oficial vinculada a distintas instituciones públicas y Kuña Arandu, un repositorio que brinda información para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
“Esto muestra otra realidad. Demuestra que hay calidad, que hay una innovación, algo que impacta, que logra nuevas cosas. Creo que eso es importante para la gente y para las instituciones”, Rubén González, funcionario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
El 22 de mayo de 2025 lanzamos la cuarta edición del programa, comprometiendo la participación de 40 servidores públicos, quienes participarán durante 8 semanas de espacios de capacitación y práctica con mentores expertos sobre metodologías y herramientas de innovación pública.
El estudio “Habilidades de Innovación en el Sector Público de Paraguay”, realizado en 2020 por la organización The GovLab, el BID y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), mostró que los servidores públicos en Paraguay tienen un conocimiento parcial de las habilidades de innovación y que la implementación de estas es limitada.
En ese sentido, este programa busca generar capacidad instalada dentro de las instituciones, ofreciendo a servidores públicos la oportunidad de “aprender haciendo” herramientas y metodologías para el diseño y gestión de políticas públicas centradas en el usuario.
El programa Innovadores Públicos se considera un caso de éxito en la región y fue premiado durante la Semana Iberoamericana de la Innovación Pública, en el marco de la XXVIII Cumbre Iberoamericana realizada en República Dominicana.
Desde el PNUD, estamos convencidos de que el sector público tiene un gran potencial para innovar y seguir generando impactos significativos.
Para más información sobre el programa, contáctenos al +595 992 443 874 o visite nuestra web en www.undp.org/es/paraguay.
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Abdo offshore: “Me interesa saber si un expresidente se llevó la mitad del país”, dice diputada
“No estamos para defender absolutamente a nadie”, dijo la diputada Rocío Vallejo, del Partido Patria Querida (PPQ), refiriéndose sobre las presuntas cuentas bancarias del expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, y su esposa Silvana López Moreira, en el paraíso fiscal de las islas Seychelles (África).
“Hacemos un llamamiento al Fiscal General del Estado para saber si está enterado sobre este hecho, que tome las medidas correspondientes, analizar sea quien sea, tiene que investigar”, indicó la legisladora, este miércoles, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El caso fue expuesto por el periodista argentino Luis Gasulla en el portal PeriodismoyPunto, con datos filtrados por una fuente de alto nivel con acceso directo a la documentación bancaria internacional, sobre una suma de USD 21 millones, en un hecho que configura posibles cargos por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión.
“Por supuesto que me interesa saber si un expresidente de la República se llevó la mitad del país. Si hay indicios, la Fiscalía tiene que abrir una investigación de oficio y que se llegue al fondo de la cuestión. A todos los paraguayos nos interesa que haya claridad”, refirió Vallejo.
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Antecedentes
La publicación periodística detalla que, con el número 3128614805, la primera cuenta se encuentra localizada en el banco MCB International y presenta la suma de USD 12.316.108,44. Esta cuenta fue abierta en noviembre del 2022, año en que el líder del movimiento Fuerza Republicana, Mario Abdo Benítez, aún se desempeñaba como presidente de la República.
Detalla que la cuenta figura a nombre de la firma Star Capital Financial Services Limited y sus únicos autorizados eran Abdo Benítez y López Moreira. Mientras que la segunda cuenta tiene el número 29478391 y fue abierta en setiembre del 2023 a nombre de Exchange Contracts International Finance Limited, un mes después de finalizar su periodo como jefe de Estado.
Según el informe confidencial al que accedió el medio argentino, en junio del 2025, la cuenta presentaba un balance de USD 8.716.581,02, también a nombres de Abdo Benítez y de su esposa.
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Comisión de Equidad participó en 32 proyectos aprobados con impacto en políticas sociales
“Seguiremos buscando la equidad social en el sector de la educación, salud, seguridad, empleo digno y tecnología a través de la inclusión digital”, dijo la diputada Rocío Abed, titular de la Comisión de Equidad Social e Igualdad de Derechos del Hombre y la Mujer, al diario La Nación/Nación Media, tras la presentación del informe de gestión del periodo 2024-2025.
La parlamentaria manifestó que la línea de acción del órgano asesor para esta nueva etapa legislativa se centrará en diseñar proyectos de leyes para la prevención de la violencia intrafamiliar y atención integral a las víctimas. Abed agregó que otro eje será el desarrollo de campañas de concienciación sobre la importancia de la equidad familiar y el respeto de los derechos de todos sus miembros, así como se apuntará a articular acciones interinstitucionales para garantizar respuestas rápidas en casos de vulneración dentro del hogar.
“El trabajo de la Comisión de Equidad es bastante transversal. El bloque suele ser, a veces, objeto de críticas porque emitimos dictámenes sobre proyectos de leyes de diferentes ámbitos, pero sabemos que la equidad difiere de la igualdad, ya que se trata de dar a cada sector social lo que realmente le corresponde. No todos los ciudadanos tienen las mismas necesidades y requerimientos, de esto se trata la equidad”, afirmó en una entrevista con LN. “Es por ello que la comisión puede dictaminar sobre leyes que impactan, por ejemplo, en lo financiero o en lo tributario, porque eso repercute directamente en la equidad social de los habitantes”.
Abed afirmó que otro eje de la comisión será fortalecer la participación ciudadana y familiar a través de audiencias públicas y mesas técnicas que incluyan diferentes sectores. “Como comisión asesora de Diputados buscamos que las familias del Paraguay estén bien, ese será siendo nuestra línea de trabajo”, puntualizó.
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Trabajo legislativo
Durante el 2024-2025, la Comisión de Equidad Social e Igualdad de Derechos entre el Hombre y la Mujer concretó 34 reuniones ordinarias y extraordinarias para el estudio de proyectos y tratamiento de casos relevantes, así como dictaminó sobre 82 iniciativas orientadas a promover la igualdad de derechos y oportunidades en las familias. Tuvo participación en 32 proyectos aprobados, con impacto directo en políticas sociales.
También impulsó la modificación de 24 proyectos buscando mejorar su alcance y efectividad, aconsejó a la plenaria el rechazo de 16 proyectos de leyes, en defensa de principios de igualdad y equidad. Propuso 5 resoluciones y 5 declaraciones sobre temas de relevancia nacional, concretó 5 mesas técnicas y 3 audiencias públicas, para un análisis profundo con la participación ciudadana, organizaciones sociales e instituciones.
A la vez se interiorizó en torno a 4 denuncias por casos de violencia, que fueron remitidas a las instituciones correspondientes para su atención y seguimiento. Desarrolló una mesa preparatoria para planificar acciones legislativas y de control. Remitió 147 notas oficiales a diferentes instituciones estatales solicitando informes técnicos para evaluar los proyectos con rigurosidad
Realizó tres campañas de sensibilización, orientadas a promover la protección integral de las familias y la erradicación de la violencia. Concretó 332 audiencias ciudadanas fortaleciendo el vínculo directo con la sociedad civil, impulsó 15 entregas de reconocimientos y realizó la presentación de 6 libros.