El senador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Fernando Silva Facetti se sumó a la postura de rechazo esgrimido por varios de sus colegas de las distintas bancadas ante la exigencia de campesinos en derogar la ley que eleva la pena por invasiones a la propiedad privada. Al respecto, el legislador señaló que algunos sectores políticos apuntan a utilizar el flagelo como una promesa electoral con miras a las elecciones generales del 2023.

“La ley no debe ser derogada teniendo en cuenta que demostró ser una herramienta de estabilidad en el campo, generando las garantías a todos los propietarios de inmuebles tanto rurales como urbanos, y sean pequeños o grandes. Durante la aún corta vigencia de la misma, se han reducido, hasta casi su totalidad, los casos de las invasiones en las zonas rurales, incluso en periodo electoral, época en la que proliferan este tipo de hechos punibles”, escribió el senador en su cuenta de Twitter.

Las declaraciones del parlamentario surgen ante la intención de los senadores del Frente Guasu (FG), quienes buscan que la derogación de la normativa sea analizada en el transcurso de los días teniendo en cuenta las protestas tanto en la capital como en varios puntos del país como una herramienta de presión tanto al Congreso Nacional como al Ejecutivo.

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“Derogar una ley para utilizar la invasión como promesa electoral, disponiendo de inmuebles ajenos como suyos. No se debería cambiar lo que generó la estabilidad en la sociedad en su conjunto, para retroceder a antiguos medios de “reivindicaciones” con falsas promesas electorales”, sostuvo Silva Facetti.

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La intención de los senadores izquierdistas se centró en aprovechar la marcha de los labriegos realizada el día de ayer y plantear la convocatoria a una sesión extraordinaria, posicionamiento que no prosperó ante la falta de votos. Al respecto, el senador Hugo Richer reconoció incluso que su sector cuenta con la intención de derogar la norma y volver a la versión anterior; es decir, que la invasión a la propiedad privada sea solo un delito.

La ley fue promulgada el 30 de setiembre del 2021 y contempla penas de entre 6 y 10 años para las personas que ingresen de manera individual o colectiva a propiedades ajenas. La pena máxima se aplicaría en caso de constatarse agravantes.

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