También fue realizada la solicitud de una sesión extraordinaria para el miércoles a las 10:30 con la finalidad de dar trámite al estudio del planteamiento. Foto: Gentileza.
Presentan libelo acusatorio contra la fiscala general del Estado
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El libelo acusatorio para impulsar el juicio político a la fiscala general del Estado (FGE), Sandra Quiñónez, fue presentado en la fecha por los diputados del sector opositor y el oficialismo colorado. También fue realizada la solicitud de una sesión extraordinaria para el miércoles a las 10:30 con la finalidad de dar trámite al estudio del planteamiento.
Las causales fueron presentadas por la legisladora encuentrista Kattya González. Con la presentación del libelo acusatorio se inicia formalmente el proceso para enjuiciar a la titular del Ministerio Público. Para el visto bueno en Diputados, se requieren 53 votos.
Desde el movimiento Honor Colorado ya sentaron la posición de rechazar rotundamente el pedido de juicio político, mientras que desde el bloque llanista del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el cual está conformado por 8 diputados, aún persiste la indefinición.
Días atrás, Quiñónez defendió su gestión al frente del Ministerio Público bajo el argumento de que llevan adelante varias sentencias e investigaciones emblemáticas. Agregó que su compromiso en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción continúa firme.
“Es político, pero yo tengo que seguir trabajando, apoyando el trabajo y las investigaciones que se están llevando. Mi compromiso firme siempre fue la lucha contra el crimen organizado, contra la corrupción. Por más de que haya muchas críticas, nosotros desde el Ministerio Público llevamos adelante varios y buenos trabajos”, había mencionado.
También sostuvo que pudo interiorizarse respecto a algunas acusaciones en su contra que plantean en el libelo acusatorio para impulsar su juicio político. “Puedo tener muchos detractores, pero los hechos hablan en todas las causas, tenemos sentencias y trabajos emblemáticos de investigación. La gente quiere resultados y dice si hoy llega un informe, para mañana ya debe estar listo, pero no es así. Algunos puntos del libelo acusatorio pude leer”, dijo en comunicación con la radio 1020 AM.
Diputados solicita informes por falta de pago de haberes
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El proyecto de resolución fue presentado por el diputado Alejandro Aguilera y tuvo acompañamiento del pleno durante su tratamiento en la última sesión.
La Cámara de Diputados solicita informes al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre la falta de pago de haberes jubilatorios a policías y militares retirados en el año 2025.
El proyecto de resolución fue presentado por el diputado Alejandro Aguilera y tuvo acompañamiento del pleno durante su tratamiento en la última sesión.
Se pide información oficial respecto a la situación de efectivos policiales y militares que se acogieron a la jubilación o retiro durante el año 2025 y que, hasta la fecha, no se encuentran percibiendo sus haberes jubilatorios.
El proyectista argumentó que, considerando que el haber jubilatorio constituye un derecho previsional de carácter alimentario, resulta necesario conocer las razones que explican la falta de pago, así como las medidas previstas para regularizar esta situación, expresa parte del documento.
Se precisan datos igualmente sobre la cantidad de jubilados y retirados afectados por esta situación, y en qué estado se encuentran los expedientes administrativos de los beneficiarios pendientes de cobro.
El MEF deberá responder además si existen impedimentos presupuestarios, administrativos o legales que estén causando falta de pago, y para cuándo se prevé regularizar el desembolso de los haberes jubilatorios pendientes.
Finalmente, los diputados piden la remisión del plan de pago previsto para los afectados, y las medidas a adoptarse por el MEF para garantizar el cobro de estos haberes.
La Fiscalía caracteriza el delito de rufianería con 35 denuncias registradas
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La rufianería consiste en la explotación económica de una persona que ejerce la prostitución, un delito que se sancionado con una pena privativa de libertad de hasta 5 años, según el Código Penal Paraguayo (Ley 1.160/97), según el artículo 129, inciso a, de la ley modificatoria 3440/08. La Fiscalía realizó la caracterización de este hecho punible basándose en 35 denuncias ingresadas entre 2021 y 2025.
Un informe elaborado por el departamento de Estadísticas del Ministerio Público, orientado a analizar el perfil del hecho punible de rufianería, evidencia que una proporción significativa del vínculo entre víctima y victimario es de carácter familiar, lo que implica la participación de personas del entorno cercano de las afectadas en el ilícito.
El reporte aclara que la prostitución en sí, no constituye un hecho punible en Paraguay. No obstante, cuando una persona obliga a otra a ejercerla, se configura un delito, el cual se agrava si el autor es un familiar de la víctima. La ley 5777/16 establece en su artículo 6, inciso d, que la violencia sexual comprende toda acción que vulnere el derecho de la mujer a decidir libremente sobre su vida sexual, mediante cualquier forma de amenaza, coacción o intimidación.
Asimismo, se identifica la participación de propietarios o responsables de establecimientos que, bajo la promesa de empleo digno, captan a las víctimas para posteriormente someterlas a situaciones de explotación. Este grupo representa el 29 % de las personas denunciadas. Por su parte, los conocidos, vecinos, amigos, allegados y personas desconocidas concentran en conjunto el 16 %, según datos del Observatorio del Ministerio Público.
Condiciones de vulnerabilidad
En relación con las condiciones de vulnerabilidad, el informe señala que el 40 % de las víctimas fue sometida a maltrato. Asimismo, el 30 % presenta adicción a sustancias y otro 30 % se encuentra en situación de pobreza. En cuanto al contexto de ocurrencia, se observa que los hechos se registran principalmente en residencias o viviendas particulares, las cuales son utilizadas como espacios de explotación.
Esta situación agrava el estado de vulnerabilidad, considerando que el entorno familiar se configura como un espacio de riesgo y no como un espacio de seguridad y protección como lo es el seno familiar. Otros ámbitos identificados incluyen: casas de citas; ofertas laborales engañosas; bares, cabarets y clubes; y situaciones de criadazgo.
Perfil de víctimas y victimarios
El 93 % de las víctimas corresponde al sexo femenino. El análisis revela además una alta incidencia en menores de edad, quienes deberían contar con protección en el ámbito familiar, pero se encuentran expuestos a contextos de riesgo bajo el control de sus victimarios. En cuanto a la edad, el 50 % de las víctimas tiene entre 0 y 17 años, el 40 % se ubica en el rango de 18 a 29 años y el 6 % corresponde a personas de 30 años o más, señala el informe de estadística de la Fiscalía.
La totalidad de las personas sindicadas como responsables supera los 30 años de edad. En cuanto al sexo, el 68 % corresponde a mujeres, mientras que el 32 % restante a hombres. El informe identifica además la concurrencia de otros hechos punibles vinculados, entre los que se destacan la trata de personas, que representa el 54 % y la coacción sexual y violación el 46 %, según el Observatorio del Ministerio Público.
Temporalidad de los hechos
La mayor cantidad de denuncias se registra en horas de la mañana, particularmente los días lunes y jueves, lo que sugiere que los hechos se producen con mayor frecuencia durante los fines de semana. En relación con la distribución temporal, se identifican como meses de mayor incidencia febrero, abril, octubre y noviembre.
El comportamiento de este hecho punible presenta características cíclicas, con incrementos asociados a periodos de mayor interacción social y consumo. Asimismo, factores climáticos inciden en la dinámica delictiva, dado que durante las épocas cálidas se intensifican las actividades nocturnas y los desplazamientos vinculados a las vacaciones. Finalmente, Asunción y los departamentos de Caaguazú, Itapúa, Central y Canindeyú son las áreas con mayor incidencia.
Expo Santa Rita: Latorre garantizó estabilidad tributaria para el sector productivo
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El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, expresó su respaldo al sector productivo al participar este viernes de la 32.ª edición de la Expo Feria Agronegocios Santa Rita 2026, desarrollada Alto Paraná. El parlamentario ratificó su rechazo a proyectos de leyes que planteen la suba de impuestos para el campo.
“El sector productivo tiene nuestro respaldo, la fortaleza de nuestro país respira en el campo. Debemos crecer en términos de industrialización, pero, sin lugar a dudas, la fertilidad de nuestra tierra en combinación con las calidez y la vocación del trabajo de nuestra gente, son las principales riquezas que tiene el Paraguay", sostuvo Latorre.
Durante su intervención, el parlamentario también se pronunció sobre la política fiscal y el uso de los recursos públicos: “No vamos a alzarle los impuestos. Los paraguayos no tienen por qué pagar más impuestos. Tenemos que mejorar la calidad del gasto”, dijo rechazando cualquier propuesta que plantee aumentar los tributos para el sector productivo.
Por otra parte, Latorre destacó el aporte de la comunidad de migrantes en el desarrollo del país. “Yo creo en un Paraguay que abre sus brazos al mundo, a la gente que quiere venir a trabajar y aportar”, expresó.
El evento que se consolida como uno de los espacios más importantes para el impulso del agronegocio en la región, es desarrollado en el Parque de Exposiciones del Centro de Tradiciones Gaúchas Indio José. Contó con la presencia del gobernador César “Landy” Torres, el vicepresidente primero de la Asociación Rural del Paraguay, Mario Apodaca, y el intendente local, Édgar Torres, entre otras autoridades locales referentes del sector productivo
Hay varios movimientos que comprometen a directivos de Atlas: Fiscalía presentó acusación
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Desde el Ministerio Público se presentó la acusación formal contra Miguel Ángel “Miki” Zaldívar Silvera y solicitaron que el caso por el cual es acusado junto a otras ocho personas sea elevado a juicio oral y público. El año pasado la Conmebol describió el sistema que facilitó movida de dinero a Banco Atlas.
El comunicador Camilo Soares, en su momento, detalló que los argumentos fueron presentados por la querella, en este caso la Conmebol, quien recibió un perjuicio que supera los USD 44 millones y que hoy fue confirmado por el Ministerio Público.
Los argumentos presentados por el abogado de la Conmebol resaltaron que no fue un error administrativo, sino que se trató de un sistema estructurado que permitió que Nicolás Leoz moviera millones de dólares sin ningún control.
En la acusación presentada este 30 de abril por el Ministerio Público indican que: “En efecto, Nicolás Leoz Almirón, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, garante del patrimonio de esa entidad, entre el año 2000 y el mes de abril de 2013, ordenó –sin justificación alguna– transferencias de sumas de dinero desde las cuentas de la Conmebol a las cuentas vinculadas a él".
Miguel Ángel “Miky” Zaldívar se encuentra imputado por lavado de dinero. Foto: Archivo
Posteriormente, ese dinero reapareció dentro de Banco Atlas SA convertido en certificados de depósito de ahorro (CDA), depósitos a plazo, renovaciones sucesivas y finalmente fideicomisos millonarios estructurados aun cuando Leoz ya enfrentaba causas abiertas en Estados Unidos.
“Corresponde indicar que los señores Miguel Ángel Zaldívar Silvera, Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte y Eduardo Queiroz García, como integrantes del directorio del Banco Atlas S.A., el 04 de febrero de 2016, aprobaron y ratificaron la suscripción de los contratos de fideicomiso de administración de valores y fuente de pago. Además, aceptaron la calidad del Banco Atlas como fiduciario”, dicta parte del documento.
Nicolás Leoz Almirón, expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Foto: Archivo
Soares agregó que Lovera recordó que el 7 de enero de 2016, el Ministerio Público allanó la sede de la Conmebol a pedido de autoridades estadounidenses, en el marco de una cooperación internacional. La situación era pública, ampliamente difundida por medios nacionales e internacionales.
Aun así, sostiene la querella, el banco Atlas no solo mantuvo su vínculo con Leoz, sino que lo profundizó, utilizando CDAs sospechosos como garantías y pasando por alto advertencias de la Superintendencia de Bancos (SIB).
Otro punto cuestionado por la Conmebol es la documentación presentada por el banco, que, siempre según los datos difundidos por Soares, incluía fechas incompatibles, perfiles de riesgo inexistentes en el sistema al momento de su supuesta emisión y formularios confeccionados a posteriori para dar soporte formal a operaciones previas.
“Así, los directivos del Banco Atlas S.A., Miguel Ángel Zaldívar Silvera, Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez Duarte y Eduardo Queiroz García recibieron activos provenientes de la actividad ilícita desarrollada por Nicolás Leoz, y aprobaron el 04 de febrero de 2016, en la ciudad de Asunción, la celebración de los contratos de fideicomiso de administración de valores y fuente de pago”, dice la acusación.
Finalmente, se estima que todas estas maniobras, omisiones y mecanismos internos ocasionaron un perjuicio al patrimonio de la Conmebol cuantificado en USD 44.953.601.
Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez presentaron acusación por lavado de dinero y pidieron juicio oral y público contra el presidente de Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, y otros procesados. Así también, se solicitó el comiso de 718 mil dólares, lo cual deberá ser embargado de los bienes de Banco Atlas.
Se solicitó el comiso de 718 mil dólares, lo cual deberá ser embargado de los bienes de Banco Atlas. Foto: Archivo