Los funcionarios involucrados en el caso de contrabando que afecta a la Armada Paraguaya serán sumariados y apartados del cargo para estar a disposición de la Justicia Militar, según dieron a conocer en conferencia de prensa. El ministro anticontrabando, Emilio Fúster, indicó que una vez que se dieron por enterado del caso, tomaron la decisión administrativa.
El sumario se inició el 12 de junio y finalizó el 5 del mismo mes. Los personales sancionados son 2 oficiales subalternos y 7 suboficiales; los superiores Tte. N MAQ Emigdio Zayas Britos y Tte. N MAQ Daniel Eduardo González da Costa fueron sancionados por un término de 20 días a ser cumplidos en sus respectivas unidades.
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Mientras que los suboficiales recibieron una sanción de 15 días de arresto a ser cumplidos. Los militares de la Armada son SO F Édgar Bauver, SO 2da. PF Gustavo Gómez, SO 2da. MAN Luis Ortega, SO 2da. AC Rubén Martínez, SO 2da. AC Alejandro Duarte Jara, SO 2da. AC Guillermo Martínez, SO 2da. AC Alejandro Duarte.
Las filmaciones que se dieron a conocer son de la Unidad Interinstitucional de Prevención y Contrabando (UIC), por un trabajo de inteligencia que vienen desarrollando. Luego de acceder a las imágenes, descubrieron que los contrabandistas operaban con funcionarios públicos de la Armada y de otras instituciones.
Fúster sostiene que ya estaban al tanto de estas irregularidades y que fueron comunicadas al comandante de la Armada Paraguaya, Carlos Velázquez, hermano del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. El proceso que se llevó a cabo incluía otros trabajos a llevarse adelante; sin embargo, están a disposición de la Justicia Militar, por lo que la Fiscalía General de Estado no intervino en el caso.
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Incautan 20.000 kilos de azúcar de contrabando
El cargamento cayó cuando era transportado a través de la ciudad de Arroyos y Esteros.
La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) sacó de circulación unas 399 bolsas de azúcar que presuntamente ingresaron de contrabando al país y estaban circulando en la ciudad de Arroyos y Esteros, departamento de Cordillera. El cargamento tendría un peso de 20.000 kilos.
Según los intervinientes, durante el proceso se logró detener al conductor del camión de la marca Mercedes Benz modelo Ateco 1823, quien no supo justificar de dónde provenía el cargamento. Además, no contaba con las documentaciones correspondientes para circular en territorio nacional.
En el camión hallaron 399 bolsas de azúcar correspondientes a 50 kilogramos cada una, totalizando 19.950 kilos. “El conductor manifestó que transportaba azúcar; sin embargo, no contaba con documentación que respalde el ingreso legal de la mercadería al país”, expresaron en el reporte.
CUATRO DETENIDOS
En total fueron detenidas cuatro personas. Los intervinientes dispusieron el traslado del camión y toda la carga al depósito privado de la DNIT, ubicado en la ciudad de Mariano Roque Alonso. En el sitio se realizó la verificación, cuantificación y resguardo de la mercadería incautada.
Mientras se trasladaba el convoy al depósito dos vehículos intentaron obstruir el procedimiento, tratando de cerrar el paso al camión retenido. La situación fue controlada con el apoyo de efectivos de la Policía Nacional, la cual brindó custodia hasta la llegada al depósito.
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Incautan cerca de 20.000 kilos de azúcar que habrían ingresado de contrabando
La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) sacó de circulación unas 399 bolsas de azúcar que presuntamente ingresaron de contrabando al país y estaban circulando en la ciudad de Arroyos y Esteros, departamento de Cordillera. El cargamento tendría un peso de 20.000 kilos.
Según los intervinientes, durante el proceso se logró detener al conductor del camión de la marca Mercedes Benz modelo Ateco 1823, quien no supo justificar de dónde provenía el cargamento. Además, no contaba con las documentaciones correspondientes para circular en territorio nacional.
En el camión hallaron 399 bolsas de azúcar correspondientes a 50 kilogramos cada una, totalizando 19.950 kilos. “El conductor manifestó que transportaba azúcar. sin embargo, no contaba con documentación que respalde el ingreso legal de la mercadería al país”, expresaron en el reporte.
En total fueron detenidas cuatro personas. Los intervinientes dispusieron el traslado del camión y toda la carga al depósito privado de la DNIT, ubicado en la ciudad de Mariano Roque Alonso. En el sitio se realizó la verificación, cuantificación y resguardo de la mercadería incautada.
Mientras se trasladaba el convoy al depósito dos vehículos intentaron obstruir el procedimiento, tratando de cerrar el paso al camión retenido. La situación fue controlada con el apoyo de efectivos de la Policía Nacional, la cual brindó custodia hasta la llegada al depósito.
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Contrabando de oro: juez tendrá que estudiar si jefe de Dinac seguirá preso
A las 08:30 de este martes se tendrá que realizar la audiencia de revisión de medidas cautelares para Gustavo Ismael Britos Orlando, funcionario de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), procesado por contrabando, cohecho pasivo y asociación criminal. La diligencia judicial se realizará ante el juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, quien deberá definir si confirma la prisión del funcionario.
El presente caso se enmarca en la incautación de 21,960 kilogramos de oro, realizada en noviembre de 2025 en el aeropuerto Silvio Pettitossi.
Se estima que el valor del cargamento podría superar los 3 millones de dólares en el mercado internacional. Asimismo deberán participar de la audiencia de revisión de medidas los fiscales del caso, quienes ya con anterioridad mencionaron que la conducta del funcionario de la Dinac es grave, debido a que el imputado ocupa un cargo de jefatura.
Otros imputados
De acuerdo con la carpeta fiscal, los hechos punibles imputados son considerados graves, agravados por la condición del procesado como funcionario de la principal terminal aérea del país.
En la misma causa también están imputados Fernando Antonio Peralta Zaván y Aquiles José Denis di Lascio, quienes presuntamente debían abordar el vuelo con destino a Panamá portando los lingotes de oro.
La Fiscalía sostiene que la responsabilidad de Gustavo Ismael Britos es de extrema gravedad, dado que contaba con acceso a todas las zonas restringidas del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.
Se presume que Britos, valiéndose de su cargo, logró burlar los controles de seguridad para introducir los lingotes que tenían como destino final Panamá. Este relato fáctico deberá ser evaluado por el juez Estigarribia para determinar si corresponde ratificar la prisión preventiva o conceder una medida menos gravosa para el imputado.
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Falleció Farías Kronawetter, imputado en caso de filtración de Seprelad
El abogado Daniel Alberto Farías Kronawetter falleció el sábado 28 de febrero, a los 41 años, debido a un paro cardiaco que sufrió durante una actividad deportiva. Al momento de su deceso era funcionario permanente de la Cámara de Senadores, tras su paso por varias instituciones estatales, y estaba procesado por supuesta filtración de datos de la Seprelad, en una causa que incluye al exmandatario Mario Abdo Benítez y el exministro Arnaldo Giuzzio, entre otros.
La noticia se difundió por redes sociales, el domingo 28 de febrero, y uno de los primeros en mencionarla fue el exministro anticontrabando Emilio Fúster y abogado defensor de Giuzzio, al igual que el exmandatario Abdo Benítez, quienes expresaron sus condolencias a la familia. El diputado abdista Mauricio Espínola, su colega Raúl Benítez, y el senador Rafael Filizzola también reaccionaron al informe periodístico.
Según datos de la función pública, entre junio de 2015 a noviembre 2023, Farías estuvo vinculado con la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET, que en agosto de 2023 pasó a ser DNIT), entonces dependiente del Ministerio de Hacienda (convertido en Ministerio de Economía y Finanzas, desde agosto de 2023). Luego pasó a la nómina del Senado, y figuraba como asistente en el despacho del senador Óscar Salomón.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia debe destrabar la causa penal mencionada para que las doce chicanas presentadas, desde abril de 2024, por la defensa de cada uno de los hoy acusados, puedan ser analizadas por la jueza penal de Garantías, Cynthia Lovera. De los nueve acusados, Abdo Benítez y Mauricio Espínola siguen escudados en sus fueros parlamentarios, defendidos por sus aliados que forman parte de la oposición.
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Vínculo con Giuzzio
En el ámbito del análisis financiero de la SET, Farías ya venía colaborando anteriormente con Arnaldo Giuzzio en sus tareas como fiscal (2004-2013), quien, tras su paso por el Senado (2013-2018), fue designado ministro de la Senad por el gobierno de Abdo Benítez, en agosto de 2018, y luego ministro del Interior, del 22 de enero de 2021 al 22 de febrero de 2022, cuando fue destituido por presuntos vínculos con el narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, por lo que afronta un juicio en curso.
En dicho contexto, Daniel Farías se convirtió en asesor de inteligencia financiera del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, desde marzo de 2021 y siguió comisionado hasta mediados de 2022 en este ministerio, tras la destitución del exfiscal. No obstante, en abril de 2022 fue presentado como nuevo integrante de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico de la Seprelad, aunque su traslado temporal se aceptó recién el 26 de junio del 2022.
Imputación
El 11 de marzo de 2024, el Ministerio Público imputó a Mario Abdo Benítez y otros ocho exfuncionarios de su gobierno: Carlos Adolfo Arregui Romero (extitular de Seprelad), Arnaldo Euclides Giuzzio Benítez (exministro del Interior), René Milciades Fernández Bobadilla (exministro de Senac y Seprelad), Carmen María Pereira Bogado (alta funcionaria de Seprelad), Daniel Alberto Farías Kronawetter (Seprelad), Guillermo Preda Galeano (Seprelad), Francisco Pereira Cohene (Seprelad) y Mauricio Fabián Espínola Núñez (exsecretario privado del presidente y actual diputado).
La Fiscalía, que presentó más de 206 elementos probatorios, apuntó los hechos punibles de Revelación de secretos de servicio (Art. 315 del CP), Revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial (Art. 148 del CP), Inducción a un subordinado a un hecho punible (art. 318 del CP), Denuncia falsa (Art. 289 del CP), Simulación de un hecho punible (Art. 291 del CP), Usurpación de funciones públicas (Art. 241 del CP) y Asociación criminal (Art. 239 del CP).
El acta fiscal describe que Abdo Benítez habría gestado en su gobierno (2018-2023) “un esquema que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado (Horacio Cartes y Santiago Peña)”, para lo cual conformó un equipo, en que se mencionan a Carlos Arregui (Seprelad), Arnaldo Giuzzio (Interior) y René Fernández, entonces ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), pero sustituyó a Arregui en Seprelad, en setiembre de 2022.
Entre diciembre de 2021 a mayo de 2022, en Seprelad se habría redactado el informe de inteligencia n.° 10/2022, referenciado como “MARA041922MP”, “introduciendo información tergiversada y falsa, en colaboración con personas ajenas a la institución”, dice la Fiscalía. Este informe de “carácter confidencial” se filtró intencionalmente a los medios de comunicación y a determinados referentes y aliados abdistas para su difusión en redes sociales.
El acta de imputación refiere textualmente: “En dicho contexto, Daniel Farías Kronawetter, asesor de inteligencia financiera del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio (marzo 2021 a junio 2022), comisionado recién a partir de junio del 2022 a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, y René Fernández Bobadilla, entonces ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (desde el año 2019), sin ser funcionarios de la Seprelad, habrían contribuido en la composición del Informe de inteligencia n.° 10/2022 referenciado como MARA041922MP, al elaborar el borrador de este informe”, que guardaba relación con el expresidente Horacio Cartes y la firma Tabesa.
Equipo paralelo en Seprelad
El Ministerio Público señala en el acta de imputación: “En el mes de abril del 2022, Carmen María Pereira Bogado, entonces secretaria adjunta de la Seprelad y encargada de despacho de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico, habría presentado a Daniel Farías Kronawetter ante los funcionarios de la mencionada dependencia institucional como nuevo integrante, específicamente con el cargo de director de análisis a efectos de apoyar en las investigaciones relacionadas al expresidente de la República, Horacio Cartes Jara”.
“Además, Carmen María Pereira Bogado habría creado una carpeta compartida en la web con archivos de carácter confidencial, de manera a que se le faciliten todos los datos que Daniel Farías Kronawetter pudiera requerir para su cometido. En aquel momento, Daniel Farias Kronawetter no era funcionario de la Seprelad sino de la Subsecretaría de Estado de Tributación, comisionado al Ministerio del Interior para prestar funciones con Arnaldo Giuzzio, en carácter de asesor de inteligencia financiera”, continúa el documento fiscal.
También expone: “Por consiguiente, entre el mes de abril al día 26 de junio del 2022, Carlos Arregui Romero y Carmen María Pereira Bogado habrían permitido que Daniel Farías Kronawetter se insertará laboralmente al sector de trabajo de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico de la Seprelad, utilizara equipos informáticos, y acceda a informaciones de inteligencia financiera”.
“En concreto, Daniel Farías Kronawetter habría creado el archivo denominado: “AAA_INFORME_DE INTELIGENCIA_AAA_MJ”13, editado por René Fernández Bobadilla”, puntualiza la Fiscalía. Como parte del operativo abdista, en enero de 2022, Giuzzio presentó una denuncia falsa contra Cartes ante la Seprelad, que recientemente fue ratificada su desestimación tras interponerse una apelación irregular por parte del exministro.
Igualmente, el Informe de inteligencia n.° 10/2022 fue incorporado en el informe final de la Comisión Bicameral de Investigación, en octubre de 2022, que presidió el exsenador Jorge Querey del sector opositor Frente Guazú. En julio de 2022, Estados Unidos emitió sanciones contra Horacio Cartes a partir de documentos proveídos por el gobierno abdista; sin embargo, en octubre de 2025, todas las sanciones fueron levantadas al demostrarse jurídicamente que la documentación sobre el exmandatario había sido falsa y tergiversada.