La Organización de Estados Americanos (OEA) prevé la apertura de una oficina regional de su comisionado para Asuntos de Discapacidad en Asunción, según anunció hoy el expresidente de Ecuador Lenín Moreno, quien se encuentra de visita en el país. Moreno, que preside dicho comisionado de la OEA desde noviembre último, realizó el anuncio luego de reunirse con el jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, en sede del Palacio de López.
El exmandatario detalló que gracias a los trabajos y programas desarrollados en Ecuador, su país se erigió como uno de los referentes mundiales en materia de atención a las personas con discapacidad y que buscará a través de su gestión que esa realidad se extienda a toda la región.
“Que Latinoamérica sea un referente y hemos decidido iniciar el trabajo en Paraguay (…). Esperamos poder dar el asesoramiento para que ustedes logren bastante más que aquello que logramos en el Ecuador”, expresó el exjefe de Estado ecuatoriano.
Lenín Moreno, quien se había desempeñado como enviado especial de las Naciones Unidas para temas de discapacidad en Ginebra, fue designado como nuevo comisionado por el propio secretario general de la OEA, Luis Almagro, en noviembre del 2021.
“Para nosotros que haya decidido estar en Asunción para trabajar desde aquí con toda la región en un área tan importante y sensible como son los derechos de los discapacitados y construir políticas públicas que permitan mayor inclusión es una gran satisfacción”, expresó, por su parte, el presidente paraguayo tras el encuentro en la sede gubernativa.
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Ecuador: condenan al expresidente Lenín Moreno a cinco años de cárcel
La justicia de Ecuador condenó el viernes a cinco años de prisión al expresidente Lenín Moreno en un caso de corrupción en torno a la construcción de la mayor central hidroeléctrica del país, a cargo de la china Sinohydro, informó la Fiscalía. La Corte Nacional de Justicia “declara culpable del delito de cohecho al exvicepresidente de la República, Lenín M.” y le impuso la condena de cinco años de cárcel junto a otras cuatro personas, incluido un exembajador chino, informó la entidad acusadora por la red X.
El exgobernante de 73 años ya anticipó que apelaría el fallo de primera instancia, en el que también fueron condenados su esposa y otros familiares a dos años y seis meses de prisión por complicidad. De confirmarse la condena, la justicia deberá resolver si Moreno cumple la pena en su casa, considerando su avanzada edad y que se mueve en silla de ruedas.
La Fiscalía había pedido seis años y seis meses de cárcel para el exmandatario (2017-2021) y también exvicepresidente. La esposa Rocío González, una hija, dos hermanos y una cuñada del exgobernante fueron declarados cómplices dentro de una trama de corrupción en la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, que empezó a operar en 2016.
Mientras era vicepresidente del exmandatario socialista Rafael Correa, entre 2007 y 2013, la familia de Moreno captó alrededor de un millón de dólares de los sobornos de Sinohydro para favorecer la obra, según la Fiscalía.
“No he recibido un solo centavo por parte de Sinohydro”, dijo tras ser declarado culpable Moreno, quien acudió a la audiencia de juzgamiento en Quito junto a su esposa.
De acuerdo con la Fiscalía, la empresa china habría pagado coimas por 76 millones de dólares (un 4 % del costo de la obra).
En el caso están involucradas una veintena de personas, entre ellos varios ciudadanos chinos como un exembajador en Quito.
Dos ecuatorianos, exgerentes de la hidroeléctrica, también fueron declarados autores directos de cohecho, pero el tribunal les impuso una pena menor de tres años de prisión.
Moreno desempeñó los cargos de enviado especial para temas de discapacidad de las Naciones Unidas en Ginebra y de representante de la OEA para las personas con discapacidades en Asunción.
Correa gobernó Ecuador durante una década hasta 2017 e impulsó la elección de Moreno como presidente.
Pero Moreno se distanció al dar un giro hacia la derecha y acercarse a Estados Unidos.
Correa vive en Bélgica desde que dejó el poder y fue condenado en ausencia en 2020 a ocho años de cárcel, por otro hecho de corrupción que involucró a empresas como la constructora brasileña Odebrecht.
Fuente: AFP.
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Ecuador despliega operaciones militares contra el narco con apoyo de EE. UU.
Estados Unidos sostiene operaciones militares contra el narcotráfico en el norte de Ecuador, cerca de la frontera con Colombia, informó el gobernador regional. Washington y Quito mantienen operaciones conjuntas desde hace meses para doblegar a los grupos ilegales en el país sudamericano, sumido en una ola de violencia.
“Estamos con el séptimo grupo del ejército de los Estados Unidos (...) estamos trabajando en conjunto en la lucha contra el narcoterrorismo”, dijo el miércoles el gobernador de la provincia de Esmeraldas, Juan Jaramillo, que se negó responder cuántos militares estadounidenses están desplegados en la zona y desde cuándo.
Las operaciones se llevan a cabo con hermetismo y hacen parte del acuerdo del Escudo de las Américas, una coalición antidrogas integrada por una veintena de países de Latinoamérica y el Caribe, liderada por el presidente estadounidense Donald Trump. La costera provincia de Esmeraldas está azotada por asesinatos, secuestros y extorsiones de cuenta de grupos del narcotráfico, que usan los puertos del Pacífico para exportar droga hacia Estados Unidos y Europa.
El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, anunció este jueves la llegada de dos barcos de guerra y tres helicópteros Black Hawk estadounidenses para controlar puntos marítimos y ciudades costeras, como la violenta Manta. “Vamos a aumentar por tres nuestras capacidades de interdicción en la zona marítima”, dijo en un video compartido en redes sociales con música de guerra de fondo.
El derechista Daniel Noboa intenta reducir el crimen con una política de mano dura desde que llegó a la presidencia en 2023. Pero los índices de homicidios no dan tregua, con un récord de 52 por cada 100.000 habitantes el año pasado.
El gobierno ecuatoriano publicó esta semana un decreto que permite a los militares estadounidenses estar en suelo ecuatoriano hasta 180 días sin visa y les da inmunidad migratoria.
Trump, aliado regional de Noboa, promueve una política antidrogas con bombardeos y ataques en tierra en el continente americano.
En 2025, el mandatario estadounidense lanzó una campaña de bombardeos contra presuntas lanchas de narcotráfico en el Caribe y el océano Pacífico, que hasta la fecha ha dejado al menos 215 muertos.
En un referendo en 2025, los ecuatorianos votaron en contra de la implantación de bases militares estadounidenses en el país.
Human Rights Watch y medios internacionales denuncian que Estados Unidos estaría detrás de bombardeos a lanchas pesqueras en Ecuador que dejan al menos ocho desaparecidos. Según un comunicado del Departamento de Estado el jueves, el país embargó diez pesqueros ecuatorianos por tráfico drogas. También anunció sanciones contra 15 personas de una red de narcotráfico ecuatoriana.
Fuente: AFP.
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Juez ordena arresto domiciliario con tobillera electrónica para Bataglia
El juez Rodrigo Estigarribia decretó este jueves el arresto domiciliario para Vicente Bataglia, expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), con el uso de tobillera electrónica, debido a su aparente ingreso irregular al país procedente de Italia, donde se encontraba cuando se produjo su imputación por lesión de confianza y por presunto perjuicio a la previsional por G. 61.000 millones. El exfuncionario compareció junto a sus abogados ante el Juzgado de Delitos Económicos para la audiencia de imposición de medidas cautelares.
Tras su retorno, que no tendría registro oficial de reingreso, el 12 de agosto se puso directamente a disposición del fiscal Julio Ortiz, quien prefirió levantar la orden de detención antes que ponerlo a disposición del juzgado.
Según la imputación, Bataglia, en su rol de presidente del IPS y firmante de las adendas número 3 y 4, habría otorgado, junto con otros funcionarios, condiciones favorables a la empresa Neighpart S.A., permitiendo pagos por aproximadamente G. 61.000 millones y ocasionando un supuesto perjuicio patrimonial a la previsional.
Junto con Vicente Mario Bataglia Araujo está imputado otro extitular de IPS, Jorge Brítez, además de funcionarios identificados como Vicente Mario Bataglia Araujo, Hugo Enrique Aranda, José Raúl Coronel Acosta, Juan Manuel Villar López, Rosa Colman, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, Marcelo Bordón Leiva y Verónica Alexandra Blanco Bogado. Todos ellos se encuentran bajo la sospecha de haber participado en conductas tipificadas y sancionadas por el Artículo 192 incisos 1º y 2º del Código Penal paraguayo, en concordancia con las reglas de autoría y participación legalmente establecidas.
El 14 de agosto, representantes del Ministerio Público realizaron un recorrido por el depósito del Departamento de Materiales y por el predio del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS), en el marco de la investigación relacionada con el llamado para la construcción de quirófanos modulares, cuya ejecución se encuentra paralizada ante presuntas irregularidades que son objeto de investigación.
El proyecto contempla la construcción de 11 quirófanos modulares, cuya puesta en funcionamiento representaría un refuerzo para la capacidad quirúrgica y la cobertura sanitaria de la institución.
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Cancilleres de la OEA debatirán medidas ante eliminación de las elecciones en Nicaragua
La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó el miércoles una resolución impulsada por Estados Unidos para convocar a una reunión “urgente” de cancilleres que debata acciones frente al plan del gobierno de Nicaragua de eliminar las elecciones competitivas. El Consejo Permanente de la OEA adoptó la propuesta a pocos días de que el Congreso de Nicaragua, controlado por los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, apruebe una reforma constitucional que excluye a la oposición de los comicios y establece un mandato presidencial de siete años “renovables”.
Ortega, exguerrillero izquierdista de 80 años, y su esposa, cinco años menor, gobiernan con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad nicaragüense, tras las protestas de 2018, cuya represión dejó unos 350 muertos según la ONU, y cientos de miles de exiliados.
La reunión extraordinaria de cancilleres -en fecha aún no anunciada- fue aprobada con 29 votos a favor, uno en contra de Brasil y la abstención de México, luego de que el pasado 5 de agosto no se reunieron los apoyos necesarios.
Todo cambió después de un llamamiento que lideró Estados Unidos a “tomar acciones reales” frente al régimen de los copresidentes, sin especificar qué tipo de medidas.
“La repetición de condenas sin una acción institucional significativa enseña a Murillo y Ortega que pueden simplemente esperar a que nos cansemos”, dijo Michael Kozak, responsable de la oficina para América Latina en el Departamento de Estado.
La OEA ha celebrado en los últimos años decenas de sesiones sobre Nicaragua que solo terminaron en comunicados de condena, pero una reunión de cancilleres podría promover rupturas o degradación de nexos diplomáticos o presión económica.
La decisión en la OEA fue aplaudida por la oposición en el exilio. El exprecandidato presidencial y expreso político, Juan Sebastián Chamorro, la calificó como una “apabullante victoria de la democracia en Nicaragua”.
Presión internacional
Ortega gobernó en la década de 1980 tras la insurrección que derrocó al dictador Anastasio Somoza, volvió al poder en 2007 y se mantiene en él acusado por sus críticos de elecciones fraudulentas y de instaurar una “dictadura dinástica”.
En 2021 encarceló a los candidatos con opción de vencerlo y, al señalarlos de “traición a la patria”, los desterró y despojó de su ciudadanía, al igual que a medio millar de activistas políticos, humanitarios, intelectuales, periodistas y sacerdotes.
El gobierno de Ortega y Murillo, que no se ha referido hasta ahora a las acciones de la OEA, retiró a Nicaragua del foro en noviembre de 2023, por lo que una expulsión, como ocurrió con Cuba en 1962, no procede.
“Todos estamos a favor de los derechos humanos. Pero no queremos que ningún medicamento mate al paciente”, sostuvo el embajador de Brasil ante la OEA, Benoni Belli, que votó en contra, en referencia a eventuales sanciones que adopten miembros del foro.
Para el embajador de Argentina ante la OEA, Carlos Cherniak, la situación de Nicaragua es “urgente”. “Todos nuestros países están preocupados por organizaciones criminales. ¿No es acaso un régimen que cancela la democracia una plataforma para organizaciones criminales?”, expresó.
Pese a la presión del gobierno de Donald Trump, Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua, que también recibe crédito de bancos internacionales y del FMI, por lo que la oposición ha pedido a la comunidad internacional acciones económicas concretas.
En vísperas de la aprobación de la reforma constitucional -prevista para septiembre-, una docena de grupos opositores acordó un plan de transición política, que incluye la excarcelación de opositores y la renovación de instituciones electorales, judiciales, policiales y militares, controladas por el gobierno. Ortega camina con dificultad, padece lupus y problemas renales. La oposición en el exilio advierte que la eliminación de los comicios busca garantizar la sucesión del poder en la familia Ortega-Murillo.
Fuente: AFP.