Ciudad del Este. Agencia Regional.

La Dirección de Bienestar y Reinserción Social del Ministerio de Justicia viene desarrollado un ciclo de lectura entre personas privadas de libertad, dentro de recintos penales de varones, y el viernes fue la clausura en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este. De 30 inscriptos inicialmente, 10 concluyeron con el trabajo, según la titular de esta dirección, la doctora María Rosalía González.

La actividad se realizó a propósito de la semana del libro, pero el trabajo empezó hace un mes porque el proyecto tiene dos fases: primero la lectura, luego hacer un ensayo literario, de acuerdo a las posibilidades de cada uno, para presentarlo en un acto final de clausura, que fue lo realizado el viernes al mediodía en el penal de Ciudad del Este, con presencia de autoridades del Ministerio de Justicia.

“Iniciamos esta semana una serie de actividades de lectura y ensayos literarios, haciéndonos cargo del aspecto cultural, como una opción, en el marco de una reinserción integral de las personas privadas de libertad”, expresó la directora María Rosalía González. Indicó que se les dio tiempo a las personas porque se requería de la lectura y luego presentar un ensayo.

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“Lo que queremos es promover lectores autóctonos que puedan adquirir el hábito de la lectura que es lo que más ayuda a una persona que está en situación de encierro, distraerse un poco, no estar ocioso y en el caso de no realizar ninguna actividad de estudio o de capacitación dentro de los planes que se les ofrece, puedan también tener que es del ámbito cultural”, María Rosalía González.

La directora de Bienestar y Reinserción Social dijo que se inscribieron unos 30 aproximadamente y culminaron 10, pero consideró válido todo trabajo que ayude a las personas a aprovechar su tiempo para luego tener condiciones de reinserción social. En el acto final fueron premiados los mejores trabajos y recibieron incentivos “para que adquieran el hábito de la lectura y no estar ociosos”, según González.

El mismo acto de clausura del ciclo realizado en Ciudad del Este, ya fue hecho igualmente en el penal de mujeres Buen Pastor y en la Unidad Industrial Esperanza, ambos de Asunción, luego prosiguió en el Centro Educativo de Itauguá y culminará en el penal de Tacumbú el 30 de abril.

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• Comentario de Pepa Kostianovsky

No consigo entender este empecinado reclamo de estudiantes, al que adhieren profesores y muchas personas supuestamente informadas, por la derogación del Fonacide.

Ni reunidos con el presidente de la República o el ministro de Educación han conseguido enterarse de que la Ley del Fonacide es un desastre burocrático que por casi diez años viene abortando su función originaria que consistía en que una considerable tajada de las regalías de Itaipú que ingresan en las arcas del Estado fueran asignadas a mejorar las graves deficiencias de la estructura educativa.

Fonacide no consideraba salarios ni cambios de curriculum, iba dirigida exclusivamente a mejorar las instalaciones y mobiliarios de las escuelas y colegios públicos y a enfrentar el problema de desnutrición infantil que afecta aún a varios millones de niños mediante los almuerzos escolares.

Así enunciado, el propósito era auspicioso. Cualquiera que conozca la situación de los edificios y sus equipamientos en los que desde los sanitarios a los techos muchos siguen en condiciones tercermundistas. Y si en la capital y otras ciudades es vergonzoso, en el interior llegan al extremo de calamidad.

Y nadie desconoce la extendida necesidad de mejorar la alimentación de un alto porcentaje de la población infantil.

A la comisión que redactó el proyecto de Ley de Fonacide fueron convocados, conocedores teóricos y prácticos, doctos y legos, algo así como la flor y la nata de la intelectualidad. Lo que se olvidaron de incluir es alguien que conociera los vicios del Estado. Y fue así como le endosaron procedimientos absurdamente burocráticos, que no solo demoraban, muchas veces impedían los trabajos a pesar de que el dinero estaba allí, listo…pero no dispuesto.

Por ejemplo, a alguien se le ocurrió incluir una cláusula por la cual la gobernación o municipio adjudicados estaban impedidos de retirar el dinero SI TENÍAN ALGUNA DEUDA PENDIENTE CON EL ESTADO.

¿Hay algún municipio o gobernación que no adeude al Estado, ya sea por obras públicas o cualquier tipo de servicio? No, por supuesto que no. No pensaron en corregir la ley. Decidieron simplemente que con la venia de la Corte Suprema de Justicia la condición podía ser desplazada. Por supuesto, eso exigía un trámite anual de cada gobernación y municipio ante la Corte.

No sé qué les pasaba a los otros municipios, lo que puedo contarles es que desde el año 2017 duermen en algún cajón de la Corte los sucesivos expedientes de Asunción. Nunca les dieron curso.

Cuando los municipios reclamaban anualmente por las demoras en acceder a sus cuotas anuales, Hacienda respondía que era porque no rendían cuentas del manejo de los fondos de años anteriores. No sé si en los otros era cierto. Pero Asunción concretamente no recibía los fondos porque la Corte cajoneaba sus expedientes.

Cien y doscientas veces, la intendencia y la Junta Municipal de Asunción denunciaron la situación, pero nadie se dio por enterado. Hablamos con el entonces ministro de Educación, con senadoras integrantes de la Comisión de Educación, nos recibieron muy amablemente, pero nadie se inmutó.

Solo tengo espacio para relatar, una vez más, esta desgraciada historia. Pero alguna vez tendríamos que hacer una recopilación de las " penas y quebrantos” que ocasionó Fonacide. Con la esperanza de que los iracundos estudiantes lo lean y se den por enterados de que más que derogada, debería haber sido fusilada hace mucho tiempo.

Desde el Ministerio de Justicia informaron que durante el incidente registrado dentro de la Penitenciaría de Pedro Juan Caballero fallecieron cuatro personas privadas de su libertad. Fue una gresca entre las facciones criminales Primer Comando Capital (PCC) y el clan Rotela.

El incidente se habría iniciado luego de que un grupo de reclusos pertenecientes al clan Rotela ingresó a uno de los pabellones donde se encuentran recluidos miembros del PCC. De esta manera se originó el disturbio incluyendo disparos con armas de fuego.

Los fallecidos fueron identificados como Pedro Javier Cabañas Florenciano, Jonathan David Melida Gómez, Ignacio Jesús Barrios Brítez y Oscar David Riquelme. Los cuerpos serán sometidos a una pericia por un médico forense antes de ser entregados a sus familiares.

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“La riña se inició a las 15:20 y las autoridades carcelarias intervinieron inmediatamente. Se solicitó la ayuda de la Policía Nacional que actuó con celeridad y en menos de una hora y media la situación fue totalmente controlada”, confirmaron desde el ministerio.

Afirmaron que están trabajando para separar a los reclusos de acuerdo a sus antecedentes e incluso buscarán lugar en otros penales para el traslado. ”Se procederá al traslado de varias personas privadas de su libertad a otras penitenciarías”, señalaron.

Agregaron que durante la violenta gresca hubo cuantiosos daños materiales. “El enfrentamiento también arrojó daños importantes en el cuadrilátero central y en los dos pabellones de los grupos enfrentados”, concluyeron.

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Un total de 124 jóvenes egresaron este viernes como nuevos agentes penitenciarios que pasarán a desempeñar funciones en la Penitenciaría Regional de Minga Guazú (Alto Paraná), próxima a habilitarse. La ceremonia se realizó en el Comando de Artillería de las Fuerzas Armadas de la Nación, en la ciudad de Paraguarí, presidida por el ministro de Justicia, Ángel Ramón Barchini.

“Son 124 egresados que hoy culminan esta etapa. Ustedes son el futuro del nuevo sistema penitenciario y el pilar sobre el cual se sostendrá este nuevo modelo de gestión”, expresó el viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Rodrigo Nicora, e instó a los egresados “a llevar el compromiso, el valor, la responsabilidad, honestidad y la ética en cada una de sus acciones”.

Los nuevos agentes penitenciarios culminaron la primera etapa de un entrenamiento intensivo de seis semanas con la cooperación de las Fuerzas Armadas, que facilitaron sus instalaciones y personal, instructores y especialistas de la Policía Nacional y de cuerpos de bomberos.

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“Su labor será trascendental en el respeto, los derechos de las personas privadas de libertad; así como en la implementación de los programas educativos y laborales que promueven la reinserción y rehabilitación social, que es el fin principal de la imposición de una condena”, dijo Nicora.

La segunda etapa corresponde a la adquisición de conocimientos teóricos del manejo jurídico, la gestión documental y judicial, así como el respeto a los derechos humanos, en cuanto al tratamiento y bienestar de las personas privadas de libertad, pilares en los cuales se fundamenta el nuevo modelo penitenciario del Gobierno.