“En este momento no es una opción“, manifestó el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Óscar Lovera, al ser consultado sobre la posibilidad de que el gobierno del mandatario Santiago Peña concrete el pago de la deuda histórica que mantiene el Estado con el Instituto de Previsión Social (IPS).

“Estamos hablando de más de 70 años de deuda y entendemos nosotros que no se encuentran dadas las condiciones para que actualmente cerremos esa deuda en un solo ejercicio”, afirmó Lovera, este martes, tras acudir a una reunión conjunta entre las comisiones de Presupuesto y Salud de la Cámara Alta.

A la vez, el titular del MEF sostuvo que actualmente el Poder Ejecutivo no se encuentra evaluando la posibilidad de emitir bonos para zanjar una parte de la deuda de la previsional equivalente a USD 800 millones, tal como se plantea desde el Senado.

El alto funcionario de Estado habló en torno a mecanismos de reingeniería financiera y refinanciación de deudas con bancos para priorizar compras de medicamentos e insumos. “Estamos acompañando el trabajo del IPS que esta haciendo un proceso de reordenamiento para identificar las prioridades . Esa propuesta que pasa por una iniciativa impulsada desde el Congreso Nacional actualmente no es considerada“, indicó a los medios de comunicación.

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Semanas atrás, el senador colorado Juan Afara presentó el proyecto que declara en emergencia al Fondo de Enfermedad-Maternidad del IPS e incorpora mecanismos de financiamiento específicos, entre ellos, la emisión de bonos, empréstitos con organismos multilaterales y otros instrumentos financieros con el propósito exclusivo de adquirir medicamentos, insumos médicos, equipamientos y contratación de personal, sin usarse para el pago de deudas.

La propuesta plantea que el Estado honre su aporte pendiente al sistema de salud, equivalente al 39 % de los recursos, unos USD 304 millones. El proyecto de ley propone obtener esos fondos mediante emisión de bonos u otros mecanismos gestionados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). “Estamos trabajando con el Consejo de Administración del IPS a través de la presidencia del doctor Isaías Fretes para ver un diagnostico y un cierre de las necesidades de la previsional para poder acompañar ese proceso de gestión que actualmente él está llevando adelante”, puntualizó.

Al ser consultado por la emisión de bonos para la construcción de rutas, Lovera comentó que “estamos priorizando una visión de desarrollo en este momento”.

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El ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, participó la mañana de este lunes en el lanzamiento del Estudio de Integridad Pública de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organizado por la Contraloría General de la República en sede de la Cancillería Nacional.

Durante el acto, el canciller destacó que esta iniciativa representa mucho más que un ejercicio técnico, ya que constituye una oportunidad para que el Paraguay evalúe su sistema de integridad pública conforme a los estándares y mejores prácticas internacionales. Señaló que este proceso contribuirá a fortalecer las instituciones, perfeccionar las políticas públicas y consolidar una cultura de integridad en toda la administración pública.

Asimismo, subrayó que la realización del estudio coincide con el proceso de modernización institucional que impulsa el país, acompañado de reformas orientadas a fortalecer el régimen nacional de integridad, transparencia y prevención de la corrupción. “Las recomendaciones que surjan de este proceso constituirán una valiosa hoja de ruta para seguir consolidando un Estado más íntegro, eficaz y cercano a la ciudadanía”, refirió.

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El ministro recordó además que esta iniciativa se enmarca en la política de Estado que busca profundizar la relación del Paraguay con la OCDE e incorporar las mejores prácticas internacionales para fortalecer la calidad de las instituciones y generar mayores oportunidades para el desarrollo del país.

Indicó que, desde su incorporación al Centro de Desarrollo de la OCDE en 2017, Paraguay ha fortalecido progresivamente este vínculo mediante la adopción de instrumentos internacionales, la participación activa en diversos órganos de trabajo y, más recientemente, la implementación del Programa País.

El canciller expresó su reconocimiento a la OCDE por el acompañamiento permanente brindado al Paraguay y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por su apoyo para la realización del estudio.

Asimismo, destacó el liderazgo de la Contraloría General de la República como punto focal de esta iniciativa, que marca un hito en el fortalecimiento de la integridad pública al someter el sistema nacional a una evaluación conforme a altos estándares internacionales y basada en evidencia.

Durante esta semana, especialistas de la OCDE desarrollarán una intensa agenda de trabajo con instituciones públicas, organismos de control y representantes de distintos sectores de la sociedad paraguaya. Este proceso permitirá elaborar un diagnóstico basado en evidencia sobre el sistema nacional de integridad y formular recomendaciones adaptadas a las necesidades, prioridades y desafíos del país.

Del acto participaron el contralor general de la República, Camilo Benítez; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón; la presidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Alicia Pucheta; el representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Paraguay, Alonso Chaverri Suárez; así como otras autoridades nacionales y representantes de organismos internacionales.

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Tras el ataque que dejó dos policías y un civil fallecidos en Canindeyú, el ministro del Interior, Enrique Riera, afirmó que el Estado responderá con firmeza para identificar y capturar a los responsables. Señaló que las investigaciones avanzan bajo dos líneas principales, un posible accionar del EPP o de organizaciones del crimen organizado.

Durante una conferencia de prensa que brindó desde su despacho, lamentó la pérdida de dos suboficiales de la Policía Nacional y un civil, durante el ataque al puesto policial n.º 4 de la colonia Naranjito, distrito de Ybyrarobaná, departamento de Canindeyú. Señaló que la institución se encuentra de luto ante este terrible atentado. Además, aseguró que ya están brindando toda la contención necesaria a los familiares de los fallecidos.

Confirmó que pasado las 23:15 se registró este ataque cobarde y cruel contra esta subcomisaría un grupo de personas que contaban con mayor poder de fuego, sin necesidad de búsqueda de interés económico.

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“Esto fue un ataque al Estado paraguayo y será respondido con la misma fuerza y con todo el peso del Estado y de la ley, porque este hecho no quedará impune. Lastimosamente existen este tipo de incidentes, pero ya se encuentra en el lugar el comandante de la Policía Nacional, anoche hablé con el ministro de Defensa y se le informó de inmediato al presidente de la República que nos dio todo el respaldo y vamos detrás de ellos”, enfatizó.

Informó que se activó en el lugar un inmediato rastrillaje, con apoyo de las Fuerzas Militares junto a lo mejor que se tiene en la Policía Nacional; además de llevar adelante una inspección en el lugar del atentado con el equipo de Criminalística, forenses, para un análisis de los casquillos, tomando las declaraciones del sobreviviente herido y del que logró escapar para obtener todos los datos sobre lo sucedido.

“Todavía no queremos calificar quiénes fueron los responsables del ataque, por razones de investigaciones en curso y porque también tenemos que cerrar algunos elementos que se está investigando en el terreno. Las dos hipótesis que se está manejando como posibilidad es que uno podría ser miembros del grupo terrorista EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo)”, remarcó.

Enfatizó que es una posibilidad no confirmada aún, aunque existe algunos elementos que señala a este grupo criminal, como uso de artefactos explosivos “molotov”, que ha sido un cobarde sistema para incendiar comisarías y una patrullera. La segunda cuestión que se analiza es que este grupo de atacantes llegaron a pie, ya que hasta este momento no se identificó ningún vehículo que haya transportado a estas personas.

Como terceros elementos que está siendo evaluado es que aparentemente estas personas estaban uniformadas. “No podemos hablar todavía si se trataba de uniformes camuflados. Por de pronto esperaremos a que se analicen los casquillos encontrados, las balas que fueron extraídos de los cuerpos de las víctimas, y con eso probablemente se tenga un panorama más claro”, indicó.

Mencionó igualmente, que la otra hipótesis que se maneja claro está dirigida hacia el crimen organizado; sabiendo que en el departamento de Canindeyú se han llevado a cabo fuertes golpes al crimen organizado y narcotráfico, teniendo en cuenta que recientemente cayó en la zona 9 toneladas de drogas, en un operativo conjunto y coordinado con la Prefectura Naval, las fuerzas de la Policía Nacional.

Indicó además que recientemente se llevaron a cabo intervenciones en campamentos, además de otros allanamientos que se realizaron a propiedades privadas, además de que se detuvieron a líderes que están instrumentados con el crimen organizado.

“Hace rato que estamos viniendo en una confrontación diaria y en este caso particular, lastimosamente nos tocó a nosotros. Es un mensaje que se ha dejado, y a lo mejor faltaría para saber si se trata de uno u otro grupo es el famoso panfleto que comunica algo. Pero atacar a una institución del Estado no va a quedar impune, vamos a responder con la misma fuerza y los pondremos a disposición de la Justicia y no vamos a descansar hasta que los agarremos”, remarcó.

Por otra parte, el ministro Riera reconoció que el desafío para los dos años que resta de este Gobierno, será invertir en mejorar las infraestructuras. Resaltó que si bien, cuando arrancó el proceso de transformación y mejoramiento de la Policía Nacional, lo que se priorizó fue la movilidad y comunicación, por eso las primeras inversiones fue la adquisición de 600 patrulleras nuevas y 2800 radios, 1500 motocicletas, se triplicó el número de Lince, además de la compra de chalecos antibalas.

“Nuestra deuda con la Policía Nacional y la ciudadanía es fortalecer nuestra infraestructura, hay 1200 comisarías, subcomisarías y puestos policiales. Este fue un puesto policial de menor rango, de los más chicos. Hay un esfuerzo y desafío para invertir en infraestructura en los próximos dos años. Además, al incorporar 15 mil policías más se complica más, ya que no se puede construir una comisaría como la que estaba, sino que se debe hacer mucho más grande”, acotó.

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La Ley n.º 7.593 de Protección de Datos Personales marca un cambio significativo en la forma en que empresas, instituciones y organizaciones recopilan, almacenan y utilizan información de los ciudadanos. La normativa establece nuevos derechos para las personas, crea obligaciones más estrictas para quienes administran datos y pone en marcha una autoridad especializada de control que podrá aplicar sanciones ante incumplimientos.

Según explicó a La Nación/Nación Media, Adriana Ramos, asesora jurídica del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), el principio central de la ley es que los ciudadanos recuperan el control sobre sus datos personales.

En la práctica, esto significa que cualquier persona podrá exigir información clara sobre qué datos se recopilan, para qué serán utilizados, cuánto tiempo serán conservados y si serán compartidos con terceros o transferidos al exterior.

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La legislación incorpora derechos como el acceso a la información almacenada por una empresa, la rectificación de datos incorrectos, la eliminación de registros cuando ya no exista una justificación para conservarlos, la oposición al uso de información para fines comerciales o publicitarios y la portabilidad de los datos entre distintos proveedores. También contempla la posibilidad de cuestionar decisiones tomadas exclusivamente por algoritmos o sistemas automatizados.

Para el sector privado, la normativa introduce nuevas exigencias operativas. Las empresas ya no podrán solicitar información sin una justificación válida y deberán contar con una base legal para hacerlo, ya sea mediante consentimiento del usuario, obligaciones contractuales o disposiciones legales.

Además, deberán aplicar el principio de minimización, limitándose a pedir únicamente los datos necesarios para la prestación de un servicio o la ejecución de una actividad determinada.

La ley tendrá impacto directo en sectores como el comercio electrónico, las aplicaciones móviles, los programas de fidelización, los servicios financieros, las aseguradoras, las telecomunicaciones y cualquier organización que maneje bases de datos de clientes.

También obliga a reforzar los mecanismos de ciberseguridad y establece que, en caso de filtraciones o incidentes que comprometan información personal, las empresas deberán informar a la autoridad competente en un plazo máximo de 72 horas.

Uno de los aspectos más relevantes es la creación de la Agencia Nacional de Protección de Datos Personales, que funcionará dentro de la estructura del Mitic con autonomía funcional. Este organismo tendrá facultades para recibir denuncias, realizar auditorías, emitir reglamentaciones, supervisar transferencias internacionales de datos y aplicar sanciones cuando se detecten incumplimientos.

Para los ciudadanos, el procedimiento será gratuito. En caso de considerar que una empresa utilizó indebidamente sus datos, primero deberá presentar un reclamo ante la propia organización. Si no obtiene respuesta o esta resulta insuficiente, podrá acudir a la Agencia o recurrir a la garantía constitucional del hábeas data.

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