El senador Natalicio Chase se refirió al decreto firmado por el presidente de la República, Santiago Peña, por el cual “dispone el empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas de la Nación en operaciones de defensa interna y define su ámbito territorial en la Región Oriental”. Para el legislador, será una herramienta para la lucha frontal contra el crimen organizado y la delincuencia.

“Yo le tengo más miedo al crimen organizado y al terrorismo que exista un abuso de poder. Las Fuerzas Armadas están preparadas para cumplir una función específica de acuerdo a lo que dice el decreto y va ser la lucha frontal contra la delincuencia”, señaló en conversación con los medios de prensa en el Senado.

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Indicó que el Ejecutivo tomó esta decisión por hechos que ocurrieron últimamente. “Existen nuevos secuestros, existen informes de inteligencia que habrá tenido en cuenta el Poder Ejecutivo, nosotros en particular no tenemos los detalles de los análisis que han hecho el sistema de seguridad del país”, apuntó.

Por otra parte, sobre las críticas de algunos sectores, principalmente de opositores, que señalan que el despliegue de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) requiere de mucho presupuesto y poco resultado, respondió que la FTC es responsable de detener el avance de los grupos criminales como el Ejercito del Pueblo Paraguayo (EPP), Ejercito del Mariscal López (EML), y otros.

“Creo que los grupos narcoterroristas, porque así funcionan estos grupos, han casi desaparecido y ese es un logro, principalmente de las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales, y la Fuerza de Tarea Conjunta, es decir, sí ha habido resultados a diferencia de momentos anteriores cuando el EPP, el grupo Mariscal López y todos estos grupos armados tenían un dominio que no tenía alcance la fuerza de seguridad”, sentenció.

Con relación al decreto, refirió que probablemente al inicio de las actividades parlamentarias, la próxima semana, el Ejecutivo podría remitir el documento al Congreso para su debate.

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El titular del Congreso Nacional, el senador Basilio “Bachi” Núñez, garantizó este miércoles a los gremios afectados por la reforma de la Caja Fiscal que no se producirá la sanción ficta del proyecto, cuyo plazo legislativo fenecerá en mayo próximo. La propuesta ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados y deberá ser tratada por la Cámara Alta el próximo 25 de marzo.

“La sanción automática en el Senado está totalmente descartada, ya que con la postergación de su estudio en el Senado, ya estábamos hablando de hacer modificaciones. Es más, una sanción automática del proyecto hablará de que las cámaras no están trabajando y mal haríamos que eso suceda", dijo el parlamentario a los medios de comunicación.

Núñez no descarta que la iniciativa pueda tratarse antes del 25 de marzo, siempre y cuando haya un acuerdo entre los gremios y el Congreso Nacional. Este miércoles celebran el segundo encuentro de una mesa de trabajo. “Se están teniendo en cuenta sus propuestas”, refirió.

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El legislador incluso manifestó que al retomar sus funciones el próximo 1 de marzo, como titular del Congreso Nacional, convocará en los siguientes días a los líderes de las diferentes bancadas de la Cámara Baja con la finalidad de asegurar que los cambios planteados desde el Senado, en consenso con los diferentes gremios, para que sean acompañados por los Diputados cuando el proyecto sea devuelto a dicha institución.

El proyecto aprobado por los Diputados y rechazado por los gremios establece que, para los docentes y magistrados, se plantea una edad mínima de 57 años para la jubilación ordinaria, con un aporte mínimo de 25 años, y una tasa de sustitución de 70 % hasta llegar a un 85 %. Mientras que, para la extraordinaria, se dispone de una edad mínima de 55 años, con un aporte mínimo de 30 años, además de una tasa de sustitución de 70 %.

El cálculo promedio tendría como base los últimos 5 o 10 años de aporte, dependiendo de cada caso. Para las fuerzas públicas se propone una edad mínima de 57 años, con 25 años de aporte y tasas de 60 % a 85 %. Sus haberes serían promediados con base en los últimos cinco años de servicio.

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El presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado, Silvio “Beto” Ovelar, reconoció que la búsqueda del consenso sobre el proyecto de reforma de la Caja Fiscal se encuentra avanzando lentamente a raíz de las diferencias que predominan en el ámbito legislativo.

Detalló que incluso un grupo de diputados realizó lobby ante el Ejecutivo con la finalidad de lograr la sanción del proyecto aprobado por la Cámara Baja el pasado 5 de febrero, versión que es fuertemente rechazada por los sectores afectados.

“Vamos a seguir debatiendo, esto no es tan sencillo en medio de un enorme quilombo existencial. Acá hay varias posiciones, no una sola. Yo sé que varios diputados solicitaron al Ejecutivo que se mantenga su versión y otros quienes plantean la sanción ficta, de no aprobarse el proyecto aprobado por la Cámara Baja”, refirió Ovelar a los medios de comunicación.

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Este miércoles seguirá el desarrollo de la mesa técnica con los representantes del sector docente y las Fuerzas Públicas. “Luego estamos otros quienes queremos una versión mejorada en la Cámara de Senadores, que implique unas modificaciones a lo hecho en Diputados, por esa razón estamos conversando de manera permanente. La otra alternativa es directamente el rechazo, que significará no reformar absolutamente nada y seguir aumentando el déficit fiscal año tras año. Esto será lo peor que le puede pasar a la economía paraguaya“, comentó.

Ovelar incluso expresó su preocupación sobre el futuro de la iniciativa al requerir a sus colegas priorizar en este momento el debate sobre la reforma para luego abordar otras crisis como la situación financiera y sanitaria del Instituto de Previsión Social (IPS).

“Primero debemos resolver la Caja Fiscal en su conjunto. Yo creo que tenemos en puerta el estudio de este proyecto y lo peor que le puede ocurrir a este país es que llegáramos con una sanción ficta, desde mi punto de vista. Hablaría muy mal del Congreso y de nosotros. Quedaría muy mal”, sentenció.

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Tras la primera reunión de la mesa técnica instalada para analizar el proyecto de la Caja Fiscal, desde el sector docente destacaron la apertura del Senado en busca de un consenso que permita la sanción de la reforma promovida por el Ejecutivo. A la vez, reiteraron que está asegurado el inicio de las clases para el 23 de febrero, pero que seguirán impulsando otras medidas de protesta.

“Hay un avance en el sentido de que ahora sí los senadores se sientan a escuchar nuestras propuestas, lastimosamente eso se tuvo que haber hecho antes, ya que estamos con el tiempo apresurado, pero es importante analizar detalladamente el proyecto", dijo Blanca Caballero, miembro de la Organización de Trabajadores de la Educación-Sindicato Nacional (OTEP-SN), al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Caballero acotó: “Los senadores se comprometieron a hacernos llegar antes de la reunión del próximo miércoles los informes que pedimos. Se iniciarán las clases, pero nosotros seguimos haciendo otras medidas de protesta, como la realización de asambleas, pegatinas y escraches”.

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Durante el encuentro los docentes solicitaron a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), informes actuariales y financieros actualizados que permitan dimensionar el impacto real de la propuesta de reforma.

Entre los principales requerimientos plantearon conocer la edad de jubilación proyectada de los docentes, si se retirarían a los 50, 51, 52 o 58 años, con el objetivo de analizar la sostenibilidad del sistema jubilatorio.

Pidieron informe de cuánto representaría en términos monetarios cada punto porcentual de aporte adicional que propone el Ejecutivo, que prevé elevar del 16 % al 19 % el descuento para el sector docente y universitario.

Otro de los puntos se centra en el detalle de los intereses generados por los fondos depositados en entidades bancarias, así como el impacto de los denominados cargos vacantes, que de acuerdo a lo que manifestaron, desde el 2014 no se transfieren a la Caja Fiscal.

“No bajamos la guardia, estamos preparando dos días de movilizaciones que serán grandes, que se hará a través de la intersindical que agrupa a un total de 24 organizaciones", expresó Caballero.

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