La primera familia de criminales del norte que será beneficiada con la construcción de una vivienda sería la de Elizandro Balbuena Mariz, uno de los terroristas abatidos del ACA-EP. Según informaciones que se manejan, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, estaría ordenando que sean beneficionarios de planes habitacionales.
La señora Liduvina Mariz, de 47 años, es la madre de Elizandro Balbuena Mariz, de 22 años, quien había sido abatido en el último enfrentamiento entre miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y el grupo criminal Agrupación Campesina Armada-Ejército del Pueblo (ACA-EP) en la zona conocida como Puentesiño.
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En ese último suceso también fueron detenidas tres personas, los hermanos Sergio y Francisco Mariz Domínguez y Merardo Florenciano, quien sería familiar del suboficial Edelio Morínigo, secuestrado hace años por el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). No se descarta que se sumen a la lista de beneficiados con viviendas.
La versión que trascendió es que se están agudizando las gestiones desde la Presidencia de la República, donde se dio la orden de construir viviendas para familiares de terroristas de la ACA-EP. La noticia cuando se dio a conocer desató polémica que se visualizó en las redes sociales.
Desde el Poder Ejecutivo no responden los cuestionamientos que se dan sobre esta decisión del Gobierno. La semana pasada, el presidente de la República hacía referencia a que manejaban la posibilidad de cambiar estrategias para combatir el crimen organizado.
Reconoce que se necesita mayor inversión y tecnología, así como la necesidad de actualizar estrategias. Por eso apuntan a un abordaje integral para darle oportunidades a las comunidades a través de una fuerte presencia de las diferentes instituciones.
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Brasil: megaoperación antilavado golpea al crimen organizado en el sector de combustibles
Sumas multimillonarias blanqueadas a través de gasolineras y colocadas en instituciones financieras: las autoridades brasileñas golpearon ayer jueves al crimen organizado en una megaoperación policial. El gigantesco esquema de fraude y lavado de dinero operaba en toda la cadena productiva de combustibles, incluyendo distribuidores, transportistas, refinación y almacenamiento, así como en la red de gasolineras y sus tiendas, según las autoridades.
Los tentáculos de la compleja red penetraron el sector financiero legal. La organización utilizó plataformas digitales de servicios financieros (fintechs) y unos 40 fondos de inversión para ocultar activos. La megaoperación es “la mayor respuesta del Estado brasileño al crimen organizado en nuestra historia hasta el momento”, escribió en X el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Las autoridades apuntaron como cabeza del esquema al Primeiro Comando da Capital (PCC), una de las principales bandas criminales de Brasil, que opera enviando cocaína producida en Suramérica hacia Europa. La organización blanqueó al menos 52.000 millones de reales (9.600 millones de dólares) entre 2020 y 2024. El ministro de Economía, Fernando Haddad, se refirió a un mecanismo “extremadamente sofisticado” que exigió “descifrar la ruta del dinero”. La investigación se prolongó durante dos años, dijo en rueda de prensa en Brasilia.
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Fuerte despliegue
En total, 1.400 agentes de diversos organismos públicos participan en la operación en el país. La policía cumple órdenes de detención contra 350 personas y empresas en una decena de estados del país, incluidos Sao Paulo y Rio de Janeiro. La institución divulgó imágenes que muestran un gran despliegue de agentes y patrullas en la avenida Faria Lima de Sao Paulo, el principal centro financiero de Brasil, que alberga las sedes de numerosas instituciones.
Las investigaciones apuntan que el esquema controlaba un terminal portuario, 1.000 gasolineras, cuatro refinerías y 1.600 camiones, además de un centenar de inmuebles. Las prácticas fraudulentas incluían la venta de combustible adulterado y otra conocida como “surtidor bajo”, por la que los consumidores pagaban por volúmenes inferiores a los que mostraban los surtidores.
Otra práctica se refiere a la importación irregular de metanol. El producto que entra a Brasil “es desviado y transportado clandestinamente, poniendo en riesgo a conductores, peatones y el medio ambiente”, según el Ministerio Público de Sao Paulo. El metanol, “altamente inflamable y tóxico”, es enviado después a estaciones de servicio para adulterar los combustibles, “generando lucros millonarios”, agregó.
Brasil es el mayor productor de petróleo y otros combustibles líquidos de Suramérica y el noveno del mundo, según un informe de 2023 de la Administración de Información Energética de Estados Unidos. Además, es el segundo mayor productor de biocombustibles del planeta.
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Banco paralelo
El dinero obtenido con el esquema era colocado en plataformas digitales de servicios financieros (fintechs) en lugar de en bancos tradicionales, lo que “dificultaba el rastreo de los valores”, según Hacienda. Los indicios apuntan a que los administradores de los fondos involucrados “eran conscientes y contribuían con el esquema”, agregó el fisco.
Una de estas empresas, cuya identidad no fue revelada por las autoridades, funcionaba como un “banco paralelo” y recibió más de 11.000 depósitos en efectivo sospechosos entre 2022 y 2023. Las firmas investigadas implementaron “una contabilidad paralela”, que permitía “transferencias de dinero entre empresas y particulares sin que los beneficiarios finales fueran identificados”, explicó el Ministerio Público de Sao Paulo.
El fisco dijo haber “identificado al menos 40 fondos de inversión controlados” por el PCC, por un monto total de 30.000 millones de reales (unos 5.500 millones de dólares). Estos fondos eran reinvertidos en el sector de combustibles, en particular en la compra de plantas para producir etanol que luego era vendido en las estaciones de servicio controladas por la organización criminal.
Fuente: AFP.
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Brasil golpea al crimen organizado que blanqueaba en el sector de combustibles
Sumas multimillonarias blanqueadas a través de gasolineras y colocadas en instituciones financieras: las autoridades brasileñas golpearon el jueves al crimen organizado en una megaoperación policial.
El gigantesco esquema de fraude y lavado de dinero operaba en toda la cadena productiva de combustibles, incluyendo distribuidores, transportistas, refinación y almacenamiento, así como en la red de gasolineras y sus tiendas, según las autoridades.
Los tentáculos de la compleja red penetraron el sector financiero legal. La organización utilizó plataformas digitales de servicios financieros (fintechs) y unos 40 fondos de inversión para ocultar activos.
La megaoperación es “la mayor respuesta del Estado brasileño al crimen organizado en nuestra historia hasta el momento”, escribió en X el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Las autoridades apuntaron como cabeza del esquema al Primeiro Comando da Capital (PCC), una de las principales bandas criminales de Brasil, que opera enviando cocaína producida en Suramérica hacia Europa. La organización blanqueó al menos 52.000 millones de reales (9.600 millones de dólares) entre 2020 y 2024.
El ministro de Economía, Fernando Haddad, se refirió a un mecanismo “extremadamente sofisticado” que exigió “descifrar la ruta del dinero”. La investigación se prolongó durante dos años, dijo en rueda de prensa en Brasilia.
Fuerte despliegue
En total, 1.400 agentes de diversos organismos públicos participan en la operación en el país. La policía cumple órdenes de detención contra 350 personas y empresas en una decena de estados del país, incluidos Sao Paulo y Rio de Janeiro.
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La institución divulgó imágenes que muestran un gran despliegue de agentes y patrullas en la avenida Faria Lima de Sao Paulo, el principal centro financiero de Brasil, que alberga las sedes de numerosas instituciones.
Las investigaciones apuntan que el esquema controlaba un terminal portuario, 1.000 gasolineras, cuatro refinerías y 1.600 camiones, además de un centenar de inmuebles.
Las prácticas fraudulentas incluían la venta de combustible adulterado y otra conocida como “surtidor bajo”, por la que los consumidores pagaban por volúmenes inferiores a los que mostraban los surtidores.
Otra práctica se refiere a la importación irregular de metanol. El producto que entra a Brasil “es desviado y transportado clandestinamente, poniendo en riesgo a conductores, peatones y el medio ambiente”, según el Ministerio Público de Sao Paulo.
El metanol, “altamente inflamable y tóxico”, es enviado después a estaciones de servicio para adulterar los combustibles, “generando lucros millonarios”, agregó.
Brasil es el mayor productor de petróleo y otros combustibles líquidos de Suramérica y el noveno del mundo, según un informe de 2023 de la Administración de Información Energética de Estados Unidos.
Además, es el segundo mayor productor de biocombustibles del planeta.
Banco paralelo
El dinero obtenido con el esquema era colocado en plataformas digitales de servicios financieros (fintechs) en lugar de bancos tradicionales, lo que “dificultaba el rastreo de los valores”, según Hacienda.
Los indicios apuntan a que los administradores de los fondos involucrados “eran conscientes y contribuían con el esquema”, agregó el fisco.
Una de estas empresas, cuya identidad no fue revelada por las autoridades, funcionaba como un “banco paralelo” y recibió más de 11.000 depósitos en efectivo sospechosos entre 2022 y 2023.
Las firmas investigadas implementaron “una contabilidad paralela”, que permitía “transferencias de dinero entre empresas y particulares sin que los beneficiarios finales fueran identificados”, explicó el Ministerio Público de Sao Paulo.
El fisco dijo haber “identificado al menos 40 fondos de inversión controlados” por el PCC, por un monto total de 30.000 millones de reales (unos 5.500 millones de dólares).
Estos fondos eran reinvertidos en el sector de combustibles, en particular en la compra de plantas para producir etanol que luego era vendido en las estaciones de servicio controladas por la organización criminal.
- Fuente: AFP
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Concepción: rinden homenaje a militares que fallecieron en atentado perpetrado por el EPP
Este 27 de agosto se cumplen 9 años del atentado atribuido al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), en el que fallecieron ocho militares de la Fuerza de Tareas Conjunta (FTC) en el departamento de Concepción. Autoridades inauguraron un monolito en conmemoración a los héroes caídos.
En la localidad de Arroyito del departamento de Concepción autoridades castrenses, departamentales, familiares y allegados de los fallecidos participaron de la solemne ceremonia para honrar la memoria de los militares que perecieron aquel 27 de agosto del 2016, a manos del grupo criminal EPP.
Al finalizar, la ceremonia en la base del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), las autoridades inauguraron un monolito en conmemoración a los héroes caídos.
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Han pasado 9 años, de aquel atentado en el Núcleo 6 de Arroyito, donde se cuenta con un Memorial en honor a los uniformados, sitio en el que se reunieron sus familiares para recordarlos.
Los militares habían sido emboscados cuando iban en un camión de la Base Nº 2 de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), quienes estaban haciendo su recorrido de rutina entre los núcleos 6 y 7. Esto fue aprovechado por los atacantes que detonaron explosivos, provocando la caída de la patrulla, que posteriormente fue ejecutada.
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Familia de Óscar Denis exige respuestas y quieren “negociar” información de su paradero
La familia del exvicepresidente y referente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Óscar Denis, nuevamente pidió noticias sobre su paradero. Beatriz Denis, una de las hijas, expresó que hasta el momento no existe una respuesta por parte de las autoridades de seguridad sobre el avance de las investigaciones para encontrar a su padre y señaló que la familia quiere negociar con los secuestradores para obtener información.
Denis fue secuestrado por el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), por el 9 de setiembre de 2020 cuando se encontraba en un camino interno de su estancia Tranquerita, ubicada en la zona de Yby Yaú, en el departamento de Concepción, cuando tenía 74 años. A casi 5 años del plagio, sus familiares nuevamente piden respuestas para dar con su paradero.
“El día 9 de setiembre para nosotros es un día que no podemos olvidar, se cumplen 5 años del secuestro sin tener a papá, sin saber nada de él, que nos arrebataron de la nada. Seguimos esperando, seguimos reclamando, seguimos exigiendo, seguimos gritando para que tengamos un eco, un grito en medio de la inseguridad, en medio del caos, en medio de la impotencia que sentimos”, expresó en entrevista para GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
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Recordó la reunión que la familia mantuvo con el ministro del Interior Enrique Riera, hace dos años, donde él se comprometió a seguir en la búsqueda del exvicepresidente, y donde se elaboró un plan de trabajo y un plan de acción. Entre estas acciones existió el compromiso de crear un grupo especializado para la búsqueda con herramientas tecnológicas, lo que hasta hoy día no se está dando, de acuerdo al reclamo de la familia.
“Se comprometió con la parte de tecnología, siempre estamos diciendo que hay que solicitar a organismos internacionales las cosas que no tenemos o no podemos, por eso es que no avanzamos, nosotros estamos limitados en hacer algún trabajo, en eso quedamos, que se iba a solicitar, y todavía no tenemos esa parte tecnológica que habíamos solicitado”, reclamó Beatriz Denis.
Ante esta situación, indicó que la familia está dispuesta a negociar nuevamente con el grupo criminal, para conocer el paradero de Óscar Denis. “Es demasiado tiempo, queremos saber algo, por eso es que pedimos si alguien del grupo o ese apoyo logístico que tiene esa gente que le sigue, quieran darnos alguna información de papá, nosotras estamos dispuestas a volver a negociar”, sentenció.
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